POLITICA
La Justicia le permite a Cristina Kirchner acceder a la terraza, pero hace más rígido el régimen de visitas
El juez federal Jorge Gorini, encargado de hacer cumplir la pena de la causa Vialidad por la que Cristina Kirchner cumple prisión en su casa, introdujo modificaciones en el régimen de domiciliaria. Uno de los cambios es que la expresidenta podrá acceder y permanecer por dos horas a la terraza de su edificio.
El juez, sin embargo, rechazó algunos de los nombres propuestos por la expresidenta para formar parte del círculo de personas que pueden visitarla sin un pedido expreso.
La renovación de las condiciones de su domiciliaria ocurre en el marco de la segunda revisión trimestral de la domiciliaria, realizada por la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal, y también en medio de una escalada con el Tribunal, luego de que la expresidenta hiciera pública la reunión que mantuvo con nueve economistas en San José 1111, subiendo una foto a su red social X.
Tras ello, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 modificó algunas las medidas adoptadas. Dispuso, por caso, un tiempo máximo de dos horas por visita, las cuales podrán ser concedidas solo dos veces por semana y con un límite de tres personas al mismo tiempo. Ya estaba establecida la necesidad de una autorización individual, expresa y previa para cualquier persona que no forme parte de su círculo cercano, integrado por familiares y profesionales que la asisten.
La expresidenta apeló esas condiciones y ahora deberá resolver la Sala IV de la Casación. Para escuchar a las partes, el juez Mariano Borinsky fijó una audiencia para el próximo lunes. “Durante la audiencia, las partes tendrán un tiempo de exposición de 10 minutos y la misma se llevará a cabo de forma presencial en la sede de este Tribunal, salvo que la parte solicite fundadamente -en el plazo antes señalado- que se celebre de manera virtual”, dice la resolución de la Sala.
La expresidenta fue condenada a 6 años de prisión por fraude al Estado en 2022. La Corte Suprema rechazó en junio de este año su último recurso y el TOF 2 puso en marcha la ejecución de la pena, que incluye un decomiso de los bienes de todos condenados.
La expresidenta seguirá con tobillera electrónica en su departamento de San Jose 111.
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El jefe político de Misiones, Hugo Passalacqua, anunció el martes que su administración tomó la decisión de concesionar la operación y explotación de la terminal fluvial ubicada en la capital misionera a la vera del río Paraná. “Llegó el momento de que el puerto de Posadas dé un salto y despliegue todo su potencial. Por eso dispuse el llamado a licitación”, sostuvo en un posteo publicado en sus redes sociales.
“Después de muchos años de esfuerzo, nuestro puerto ha demostrado su capacidad para consolidarse como un nodo logístico estratégico para Misiones y la región”, consignó. En ese sentido, detalló que la terminal fluvial maneja “volúmenes crecientes que ya superan las 36.000 toneladas transportadas”. Además, es un puntal para impulsar “exportaciones de productos misioneros como madera, té y yerba mate”.
“Con una operatoria en manos privadas, el Puerto de Posadas seguirá siendo de todos los misioneros y al mismo tiempo podrá multiplicar por diez su capacidad”, auguró. Asimismo, dijo que la central portuaria ampliará su escala y fortalecerá “nuestra presencia en los mercados nacionales e internacionales”.
El pase a manos privadas permitirá “reducir costos logísticos y de producción”, argumentó el mandatario. Passalacqua adelantó que la medida beneficiará “directamente a quienes invierten, producen y generan empleo”. En esta línea anotó a ”pequeñas, medianas y grandes empresas”. “En definitiva: a toda la provincia de Misiones”, redondeó.
Tras una convocatoria a participar lanzada en redes a los actores interesados, el Gobernador anticipó que el llamado a licitación se publicará los días 9, 10 y 11 de abril. A partir de entonces estarán disponibles los pliegos correspondientes.
Qué se busca
Misiones enfrenta un escenario de estrechez económica y financiera. Concesionar el puerto de Posadas le permitirá redirigir recursos y generar ingresos a través del canon. El proceso no fue dejado al azar. Ya hay contactos con probables inversores.
Fuentes de primera línea indicaron a Infobae que la embajada de una nación europea mostró interés en el puerto. Asimismo, un grupo de empresas chilenas adelantaron que comprarán el pliego para evaluar las condiciones. En la misma sintonía, altos funcionarios del Ejecutivo provincial tomaron contacto con empresarios argentinos ligados al negocio del transporte y la logística. Aquí también hay intención de participar en la puja.
La medida se enmarca en una serie de decisiones que fue tomando el Gobierno provincial para enfrentar la crisis. A fin de año desdobló el pago de aguinaldos. Además, congeló las contrataciones de personal temporario. También canceló la compra de vehículos. En paralelo, lanzó una moratoria para recuperar parte de los saldos impagos del impuesto automotor.
Lo que sigue, comentan en los pasillos del poder en Posadas, es la venta de MisioPharma. La empresa fue creada en 2020, es una sociedad del Estado y, su fin, es la producción de cannabis medicinal. El esquema completaba todo el circuito, desde el cultivo hasta la elaboración de aceite.
En paralelo, el Estado misionero retrocederá posiciones de incentivo a empresas privadas que se han formado en el último tiempo y que tienen al subsidio público como su principal ventaja comparativa.
Cuáles son las consecuencias
Detrás de toda medida administrativa hay una decisión política. Con esta batería de acciones, Passalacqua quiere mostrar que recuperó el control.
El mandatario misionero pasó un 2025 complicado por motivos de salud. Buena parte del año estuvo fuera a raíz de los cuidados médicos que requería. Esta situación derivó en que la dinámica de su gestión sea la interrupción.
El Frente Renovador, el oficialismo misionero, tiene una mecánica particular. El Gobernador se encarga de administrar. La política y la estrategia están en manos del hombre fuerte del espacio: Carlos Rovira. El esquema tiene 20 años de vigencia.
Passalacqua se siente ahora en plenitud física. Y para demostrarlo avanzó en cambios que dejaron en claro cuál es su rango de acción. La decisión de concesionar el puerto de Posadas, por caso, es un recorte a la influencia de su vice, Lucas Romero. La terminal está bajo su égida y manejada por gente de su confianza.
Otro caso fue el desplazamiento del subsecretario de Seguridad, Milton Astroza. El exfuncionario era uno de los protegidos de Ramiro Rovira, el hijo del mandamás de la Renovación. En su lugar ingresó Víctor Maj, un excomisario de la Policía misionera.
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POLITICA
La Iglesia le reclama a Lugones una respuesta “concreta y urgente” a la crisis del sector de la discapacidad
A través de una carta enviada por el Episcopado al ministro de Salud, Mario Lugones, la Iglesia insistió en su preocupación por la crisis que atraviesan las instituciones dedicadas al cuidado y acompañamiento de personas con discapacidad y reclamó “una respuesta concreta, visible y urgente”. El reclamo se produce en medio de la negativa del Gobierno de aplicar la ley de emergencia en discapacidad, que recompone subsidios, vetada por el presidente Javier Milei y ratificada por el Congreso.
Se trata de una crisis que pone en riesgo a unas 250.000 personas que enfrentan problemas de discapacidad en todo el país y que eleva los afectados a casi un millón si se suma a las familias, trabajadores y proveedores de las instituciones, según un relevamiento del sector.
“Muchas de esas instituciones se encuentran hoy en una crisis económica de extrema gravedad, debido al retraso y la insuficiencia de los aportes estatales, lo que ha generado déficits que comprometen aspectos esenciales de la atención, como la alimentación, los medicamentos y el pago de los salarios de quienes dedican su vida al cuidado de las personas con discapacidad”, expresa la carta firmada por el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina y arzobispo de Mendoza, monseñor Marcelo Colombo.
Como signo de esta preocupación, monseñor Colombo celebrará la misa central de este Jueves Santo en la parroquia Nuestra Señora del Carmen, de Mendoza, donde tiene su sede el Hogar Don Orione, seriamente comprometido por la crisis del sector.
Como dato complementario, surgido de fuentes vinculadas con las entidades afectadas, el financiamiento de las prestaciones se encuentra gravemente comprometida. “El PAMI no interrumpía su cadena de pagos de esta forma desde 2002”, graficaron a .
La carta de los obispos al ministro Lugones expresa que “en estos días se ha hecho visible, de manera especialmente dolorosa, la situación de muchas instituciones, en las que se sostiene una tarea silenciosa y generosa que expresa lo mejor de nuestra tradición solidaria: el cuidado cotidiano de quienes más necesitan de la comunidad”.
“Entre las muchas que podríamos nombrar señalamos, por ejemplo, los Cottolengos Don Orione, obra con un profundo arraigo en la vida social y comunitaria donde la continuidad del cuidado de 1200 personas con discapacidad se encuentra hoy en riesgo real e inmediato”, sostiene el Episcopado.
Frente a este panorama, la Iglesia advierte que “los compromisos de organismos nacionales no se regularizan desde finales de 2025, mientras las instituciones deben afrontar costos actualizados de funcionamiento y personal”.
El Episcopado señala que “las consecuencias ya comienzan a hacerse sentir”, al describir un cuadro de “endeudamiento creciente, riesgo de cierre de hogares, imposibilidad de incorporar nuevas personas y deterioro en la calidad de los servicios”. Añade que “en muchos casos, además, se trata de residentes que requieren atención integral para alimentarse, higienizarse y realizar las actividades más básicas de la vida cotidiana”.
La carta firmada por monseñor Colombo recuerda que en mayo de 2025 el Episcopado había advertido que “las personas con discapacidad no pueden esperar”. Y, ante la angustiante situación actual, reclama el cumplimiento de la ley 24.901, que establece el sistema de prestaciones básicas para las personas con discapacidad”.
La Iglesia entiende que las obras que hoy se encuentran en peligro de continuidad constituyen “un verdadero patrimonio social de nuestra patria”. Agrega en la carta que “el respeto de la vida humana y el cuidado de los más frágiles, en especial de las personas con discapacidad, son cimientos sobre los que se edifica toda sociedad”.
“Por eso suplicamos que pueda encontrarse una respuesta concreta, visible y urgente que permita dar estabilidad a este sector tan vulnerable. La discapacidad no puede quedar expuesta a recortes, ni las personas que viven esta realidad pueden ser sometidas a disputas administrativas o coyunturas políticas. En nombre de tantas instituciones, familias y personas que hoy viven con angustia esta situación, nos urge pedir que el Estado pueda ofrecer una pronta respuesta que asegure la continuidad de estos servicios indispensables”, dice el Episcopado en la nota enviada a Lugones.
Como integrantes de la comisión ejecutiva del Episcopado, firman la carta junto a Colombo el cardenal Ángel Rossi, arzobispo de Córdoba y vicepresidente primero del organismo; monseñor César Daniel Fernández, obispo de Jujuy y vicepresidente segundo, y monseñor Raúl Pizarro, obispo auxiliar de San Isidro y secretario general de la Conferencia Episcopal Argentina.
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POLITICA
Fuerte reclamo de Jorge Macri a Axel Kicillof de pago de $27.000 millones por la atención de bonaerenses en situación de calle en CABA
Jorge Macri le exigió a Axel Kicillof el pago de $27.000 millones por la atención de los bonaerenses en la Ciudad. El reclamo se basa en un cambio legal que determinó que las provincias son responsables de las personas en situación vulnerable y en riesgo. El mandatario porteño le envió un fuerte mensaje al gobernador bonaerense: “Es hora de que se hagan cargo”. El reclamo se basa en un cambio legal que determinó que las provincias son responsables de las personas en situación vulnerable y en riesgo.
Jorge Macri hizo el anuncio a través de su cuenta de X, en un fuerte mensaje dirigido a Kicillof: “Es hora de que los porteños dejen de pagar tu desgobierno. Dejá de mirar para otro lado y cumplí la ley: la Provincia tiene que dar alojamiento y asistencia a las personas en situación de calle de PBA. Es hora de que se hagan cargo”.
El reclamo formal lo hicieron los ministros de Desarrollo Humano de CABA, Gabriel Mraida, y de Hacienda y Finanzas porteño, Gustavo Arengo Piragine, a su par de Economía bonaerense, Pablo López, con la referencia: “Reclamo por deudas que en materia de asistencia social mantiene la Provincia de Buenos Aires con la Ciudad”. La exigencia es “en relación a la deuda histórica que la provincia de Buenos Aires mantiene en materia de asistencia social con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
El documento destacó que “en el marco de la política pública de la Ciudad orientada a la atención y acompañamiento de personas en situación de calle, la Ciudad cuenta con 61 Centros de Inclusión Social (CIS) que funcionan las 24 horas del día durante los 365 días del año y brindan atención integral (alimentación, servicios de higiene. atención psicológica, etc.)”.
La nota mencionó que “a través de la ley 27.654, se establecen los derechos de las personas en situación de calle y en riesgo a la situación de calle” y que la norma “fue modificada a través del Decreto 373/2025 del Gobierno Nacional, donde se detalla que las provincias son responsables inmediatas de la atención de personas en situación de calle y en riesgo de sus jurisdicciones”.
Mencionaron que “de la población total asistida en estos CIS, al menos 2327 personas son residentes de la Provincia de Buenos Aires”: “La prestación integral de la asistencia referida implica un costo mensual por persona de $51.163.135, lo que representa para esta jurisdicción un costo total de $527.066.151.450, considerando el período transcurrido desde la entrada en vigencia del Decreto 373/2025″.
Destacaron que “la erogación mencionada se solventa con recursos de la Ciudad, provenientes del esfuerzo de los porteños y genera un ahorro para la Provincia de Buenos Aires», lo que advirtieron que “implica un perjuicio para los residentes de la Ciudad ya que, dichos recursos se podrían destinar a reforzar el presupuesto de otras áreas del Gobierno de la Ciudad”.
Concluyeron: “Por todo lo expuesto, se insta al Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires a disponer la inmediata transferencia de los recursos necesarios para saldar el monto actualizado de los costos, incluidos los que se generen en adelante, sin perjuicio de la deuda correspondiente a períodos anteriores».
Jorge Macri, Axel Kicillof
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