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La Justicia le prohibió a García-Mansilla intervenir en las causas que estén en trámite en la Corte Suprema

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En línea con el rechazo del Senado de los pliegos dictados por el Poder Ejecutivo, el juez federal Alejo Ramos Padilla dictó una medida cautelar donde le prohibió al juez de la Corte, Manuel García-Mansilla, intervenir en las causas en trámite del máximo tribunal.

También le prohibió al juez Ariel Lijo asumir como juez de la Corte “en los términos del artículo 99, inc. 19 de la C.N., aun cuando se decidiera concederle licencia como juez de primera instancia o el magistrado renunciara a su actual cargo que ocupa en la justicia federal”.

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El fallo, al que tuvo acceso TN, resolvió que “Manuel José García-Mansilla se abstenga del conocimiento y decisión de todas aquellas causas jurisdiccionales y actuaciones administrativas en trámite por ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación mientras actúe como juez “en comisión” de dicho tribunal, bajo apercibimiento de las sanciones penales y/o pecuniarias que pudieren corresponder a quienes no cumplieran con este mandato judicial”.

La Justicia le prohibió a García-Mansilla intervenir en las causas que estén en trámite en la Corte Suprema. (Foto: captura TN)

Para Ramos Padilla, con la decisión del Senado, se encuentra cuestionada la legitimidad de García-Mansilla y cualquier acto al que suscriba “podrían ser considerados ilegítimos, nulos o incluso inexistentes, dañando la seguridad jurídica. En definitiva, el dictado de sentencias que luego podrían ser declaradas inválidas podría resquebrajar el sistema judicial”.

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El juez desestimó los argumentos de García-Mansilla en cuanto sostuvo que solo puede ser removido a través de un juicio político de su cargo y explicó que “lo que aquí se discute no es la remoción de un juez por otro juez, sino la legitimidad, constitucionalidad y alcances de un decreto del Poder Ejecutivo Nacional”.

“Este caso no se trata de un juez que remueve a otro, sino de un juez que ejercita su función de controlar la constitucionalidad de un acto del Poder Ejecutivo. Es incongruente presentar este control como un conflicto de competencias entre los tribunales, el presidente o el Congreso”, advirtió el juez federal al respecto.

“Por tratarse de un mecanismo que busca evadir la falta de acuerdo del Senado y forzar con los hechos la designación de las personas propuestas, el decreto 137/2025 produjo una afectación de la división de poderes, de la independencia e imparcialidad judicial y, en síntesis, del debido proceso constitucional”, destacó el fallo.

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Ramos Padilla también rechazó lo expuesto por García-Mansilla donde señaló que la Corte Suprema de Justicia enfrenta una acumulación de más de 90.000 expedientes, por lo que su presencia resulta necesaria en el cuerpo, y aseguró que el tribunal “tiene mecanismos para funcionar adecuadamente e incluso dictó una Acordada para atender la situación y garantizar el adecuado servicio de justicia”.

El magistrado comparó la cantidad de resoluciones emitidas por la Corte desde la salida de Juan Carlos Maqueda, cuando el tribunal quedó con tres miembros, y la asunción de García-Mansilla y afirmó que “no se observa la paralización de dicho órgano ni una afectación de su correcto funcionamiento. Ello más allá de la conveniencia de completar prontamente los cargos vacantes en el Máximo Tribunal la Nación, de conformidad con los principios estipulados en la Constitución Nacional”.

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Tal como adelantó días atrás, Ramos Padilla esperó la decisión del Senado para resolver en la causa que busca que se declare la inconstitucionalidad de los nombramientos en comisión de Lijo y García-Mansilla.

La causa fue iniciada por el Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS), Poder Ciudadano, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), además del abogado Luis Fernando Cabaleiro, donde se busca impugnar los nombramientos realizados por Milei.

También se incluyó a la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, que había asegurado que el decreto del Presidente es “inconstitucional y nulo de nulidad absoluta e insanable”.

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Ramos Padilla decidió tratarlo como un amparo colectivo. Desde entonces, el Gobierno presentó múltiples recursos para frenar el proceso, sin éxito.

Ariel Lijo, Manuel García-Mansilla, Ramos Padilla

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El Gobierno declaró al Cártel de los Soles venezolano como organización terrorista

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El gobierno argentino declaró al Cártel de los Soles venezolano como organización terrorista e informó su incorporación al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET). La decisión, coordinada entre Cancillería, Seguridad y e Justicia, se enmarca en los compromisos internacionales asumidos por el país en la lucha contra el terrorismo y su financiamiento.

“Cártel de los Soles” es el nombre con el que organismos internacionales identifican a una red criminal integrada por altos mandos militares venezolanos acusados de participar en el tráfico de cocaína hacia Estados Unidos y Europa. El término alude a los soles que llevan como insignia los generales de la Guardia Nacional Bolivariana y que simbolizan la protección estatal que permitió el despliegue de estas actividades ilícitas.

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Informes de la DEA y del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sostienen que el grupo se consolidó a partir de la década del 2000 como un entramado dentro de las Fuerzas Armadas de Venezuela, dedicado no solo al narcotráfico sino también al contrabando y la explotación ilegal de recursos naturales.

En los últimos años, esta organización se convirtió en un eje del enfrentamiento entre el gobierno de Nicolás Maduro y la administración de Donald Trump. Washington acusó al propio mandatario venezolano y a miembros de su cúpula militar de utilizar esta estructura como fuente de financiamiento y como herramienta de control político, llegando incluso a presentar en 2020 cargos por narcoterrorismo. Maduro rechazó esas acusaciones y las consideró parte de una campaña para aislar a su gobierno e imponer sanciones.

Dicha tensión se intensificó el pasado mes de julio cuando, al igual que la Argentina, la administración Trump declaró al “Cártel de los Soles” como organización terrorista. Junto a ello, incrementó además su presencia militar en el Caribe con el envío de destructores Aegis, un grupo anfibio y unos cuatro mil marines.

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La decisión argentina de inscribir a esta red en el RePET habilita la aplicación de sanciones financieras y restricciones operativas con el objetivo de limitar su capacidad de acción y proteger al sistema financiero local de operaciones vinculadas al terrorismo y al crimen organizado. Al mismo tiempo, fortalece la cooperación internacional en materia de seguridad y justicia y reafirma el compromiso del país con la estabilidad regional.

La medida fue celebrada por la titular de la cartera de Seguridad, Patricia Bullrich, que escribió en X: “Declaramos al Cártel de los Soles como organización terrorista y narcocriminal. Maduro y su séquito son narcoterroristas. Ni en la Argentina ni en ningún lugar del mundo van a poder llevar a cabo sus actividades criminales”.

Noticia en desarrollo.

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Funcionarios del Gobierno no fueron a Diputados a dar explicaciones por el escándalo en la Agencia de Discapacidad

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En un plenario de comisión que estuvo marcado por la ausencia del oficialismo, la Cámara de Diputados de la Nación comenzó el debate sobre los audios del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) que revelaría supuestos pagos de coimas.

El plenario de Acción Social y Salud Pública, y de Discapacidad había citado para hoy al ministro de Salud, Mario Lugones, y al flamante interventor de la Andis, Alejandro Vilches. Ninguno de los dos funcionarios respondió a la invitación y no estuvieron presentes.

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El diputado de Unión por la Patria, Pablo Yedlin, presidente de la comisión de Salud, adelantó que van a pedir el emplazamiento a la comisión de Asuntos Constitucionales para poder avanzar con los pedidos de informes, las comisiones investigadoras y los pedidos de interpelaciones. Esta comisión es presidida por el libertario Nicolás Mayoraz y es donde la Presidencia de la Cámara, a cargo de Martín Menem, remitió los giros de los proyectos como parte de la estrategia para ralentizar los pedidos.

Con la reunión ya iniciada, y con la ausencia de los funcionarios confirmada, los otros bloques que confirmaron su ausencia fue La Libertad Avanza y el PRO. En la comisión de Discapacidad se ausentaron Karina Bachey, Héctor Baldassi, Emmanuel Bianchetti, Alejandro Bongiovanni y Sergio Capozzi por el bloque amarillo y Carlos García, Gerardo Huesen, Lilia Lemoine y Guillermo Montenegro por LLA. En el caso de la comisión de Salud, los ausentes del bloque libertario fueron Manuel Quintar, Pablo Ansaloni, Beltrán Bendit, Rocío Bonacci y Cecilia Ibañez. Por el sector amarillo los ausentes fueron Sofía Brambilla, Silvia Lospennato, Martín Maquieyra y María Sotolano.

Una situación particular fue protagonizada por Brambilla y Patria Vázquez que se hicieron presentes en la Comisión pero, al darse cuenta de que no estaba ninguno de sus compañeros de bloque ni del sector libertario, se fueron y no dieron el presente.

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Sillas vacías de Lugones y Vilches

Con la ausencia de los funcionarios nacionales, los legisladores de Unión por la Patria, Democracia, Encuentro Federal, la CC y la izquierda fueron tomando la palabra y mezclaron el reclamo para que el presidente Menem gire el proyecto de Emergencia en Discapacidad al Senado que lleva varios días a la espera.

“Escuchamos audios que suben 500.000 dólares y estamos hablando de los sueldos de los acompañantes terapéuticos. Los transportistas cobran 500 pesos el litro de nafta y el litro sale $1500 entonces reducen la cantidad de días que pueden llevar a las personas mientras escuchan que hay kioscos de 20000 dólares. El sistema de discapacidad está detonado. Tenemos que poner en marcha la ley de emergencia apenas el Senado rechace el veto“, dijo Daniel Arroyo.

Luego de varios discursos que apuntaron a los audios de Spagnuolo y a la defensa del Ejecutivo, los diputados que estuvieron presentes en el plenario de comisiones acordaron que avanzarán en la próxima sesión para emplazar y sumar todos los proyectos que hay hoy en la Cámara Baja para crear una nueva comisión investigadora, interpelar a la primera línea del Ejecutivo.

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Buena parte de lo que hoy buscaban preguntarle los diputados de la oposición que se hicieron presentes en el segundo piso del Anexo de la Cámara de Diputados a los funcionarios nacionales quedarán para mañana.

A partir de las 12 del mediodía comenzará el informe de Gestión del Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, que una vez que culmine su presentación recibirá las preguntas de los diputados presentes.

Francos recibió más de mil preguntas pero ninguna está relacionada con las pensiones ni con las denuncias que se están presentando en la justicia respecto de los audios del ex titular de Andis, Diego Spagnuolo, y los titulares del laboratorio Suizo Argentina.

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Kicillof contó que analizó ser candidato testimonial: “Está en peligro la democracia”

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El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, volvió a mostrarse a favor de las candidaturas testimoniales este martes y hasta dijo que pensó en postularse en las legislativas como un gesto contra la administración de Javier Milei.

“A mí me parece que es un gobierno que tiene como modalidad insultar a las instituciones de la democracia cuando no está de acuerdo con él. Cuando están de acuerdo con él, se convierten en genios, héroes, patriotas. Ante esta situación creo que, por lo menos los que somos oposición de Milei, vemos que hay un cuadro de mucha gravedad. Yo mismo me estoy cargando la campaña al hombro y no soy candidato. Me ofrecieron, y se habló de que yo fuera, estuve dispuesto a serlo porque lo que está en juego es muy complejo», reveló en CNN Radio.

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Además, recordó que su par de Tucumán, Osvaldo Jaldo, optó por esa opción, ya que competirá como primer candidato a diputado nacional por su provincia, incluso escoltado en la lista por su vice, Miguel Acevedo.

“Lo entiendo y lo justifico. Me parece que está en peligro la democracia y la soberanía”, dijo Kicillof sobre la postura de Jaldo, que sin embargo fue durante todo el primer tramo de gestión libertaria un aliado de Milei entre los mandatarios territoriales.

En tanto, Kicillof dijo que finalmente optó por no competir como candidato, pero sí encarar la campaña “como si lo fuera”.

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“Estamos en un momento en que, si Milei gana estas elecciones, lo que va a hacer… Ya no puedo dar mi opinión, es de una gravedad que me complica contarlo. La dirigencia política tiene que poner el cuerpo, dentro de lo legal», indicó, debido a que las testimoniales no están prohibidas, más allá de que son vistas como un engaño por una parte de la sociedad.

Esta estrategia fue adoptada por un buen número de intendentes que están dentro de su vertiente del peronismo, conocida como Movimiento Derecho al Futuro (MDF). Jefes comunales como Mario Secco (Ensenada), Juan José Mussi (Berazategui) o Fabián Cagliardi (Berisso) decidieron competir para el Concejo Deliberante de sus ciudades, más allá de que no van a asumir.

También funcionarios de la administración de Kicillof se postulan, pero sin intenciones de tomar el mando que consigan a través de las urnas. La vicegobernadora Verónica Magario, cabeza de lista de Fuerza Patria en la tercera sección electoral; y el ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis, en la primera, son dos ejemplos de eso.

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