La Libertad Avanza impulsará a Lilia Lemoine como presidenta de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, un movimiento que marca un giro en la estrategia parlamentaria del oficialismo tras más de dos años en los que ese órgano clave permaneció paralizado.

La decisión, que deberá ser convalidada por el pleno de la comisión para completar su constitución formal, fue adoptada en la cúpula del poder libertario, con aval de Karina Milei y el impulso político del presidente de la Cámara baja, Martín Menem. No se trata de un nombramiento administrativo: implica ocupar un espacio institucional que el propio Gobierno había decidido mantener inactivo durante la etapa de mayor debilidad parlamentaria.

Durante los primeros meses de gestión, el kirchnerismo impulsó pedidos de juicio político contra el Presidente. En ese contexto, y con un bloque que no alcanzaba siquiera a un tercio propio, el oficialismo optó por no constituir la comisión. El riesgo era concreto: habilitar su funcionamiento implicaba poner en marcha el ámbito parlamentario por el que debía tramitar cualquier intento de remoción del jefe de Estado, en un escenario donde la oposición lograba construir mayorías circunstanciales.

Ese cálculo político se sostuvo en el tiempo. En esos dos años, La Libertad Avanza acumuló decenas de derrotas en el Congreso y enfrentó dificultades para sostener vetos presidenciales. La comisión, en ese marco, permaneció virtualmente clausurada como mecanismo de autoprotección.

El único intento por activarla terminó en un conflicto interno. La disputa por la presidencia, con la diputada Marcela Pagano como protagonista, derivó en un enfrentamiento abierto con la conducción del oficialismo y con el propio Presidente. Ese episodio no solo frustró la conformación del cuerpo, sino que dejó otra consecuencia política se convirtió en una de las primeras rupturas formales dentro del bloque libertario.

Con el paso del tiempo, esa fractura se profundizó. El episodio más reciente fue el caso de Agostina Páez -la abogada detenida en Brasil por gestos de violencia racial- donde Pagano intervino por fuera de los canales diplomáticos, se presentó como garante en el expediente y articuló gestiones con contactos paralelos, entre ellos los del ex presidente Alberto Fernández. Desde el Gobierno, la respuesta fue inmediata. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, cuestionó esa intervención, denunció un intento de capitalización política y defendió la actuación del canciller Pablo Quirno y del consulado argentino.

En La Libertad Avanza, además, vinculan esa dinámica opositora a una red más amplia. Señalan a Franco Bindi, pareja de Pagano, como uno de los actores detrás de varios episodios que generaron costos políticos al Gobierno estos dos años. En ese contexto, la disputa dejó de ser un desacuerdo interno para transformarse en una confrontación abierta.

Una comisión clave

La decisión de poner en funciones la Comisión de Juicio Político de la Cámara baja se da en un escenario nuevo, tras la elección de octubre. Con una base parlamentaria ampliada —más de 110 votos entre legisladores propios y aliados—, el oficialismo ya dejó atrás la etapa de mayor vulnerabilidad. Sin alcanzar mayoría propia, pero con capacidad para bloquear ofensivas, el Gobierno decidió impulsar a Lemoine, una diputada de alineamiento pleno con la conducción del espacio y con un perfil que contrasta con el de figuras de negociación parlamentaria.

En el oficialismo destacan su disposición a sostener posiciones sin concesiones, en un ámbito donde el conflicto institucional puede escalar rápidamente.

La Comisión de Juicio Político, en ese marco, cambia de lugar dentro de la estrategia oficial. Deja de ser un riesgo a evitar para convertirse en un espacio a controlar. La conducción del cuerpo ya no estará orientada a administrar tensiones, sino a garantizar la defensa del Gobierno frente a eventuales iniciativas opositoras.

Ese mismo criterio se replica en otra decisión clave dentro del Congreso. Según pudo confirmar Infobae, el oficialismo impulsará a Sebastián Pareja como presidente de la Comisión Bicameral de Inteligencia. Se trata del titular de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires y uno de los dirigentes de mayor confianza de Karina Milei dentro del armado partidario.

Su eventual designación implica ubicar a un referente karinista en un ámbito particularmente sensible: el control parlamentario sobre el sistema de inteligencia. En el oficialismo consideran que se trata de un movimiento lógico en una etapa donde buscan consolidar el control político sobre áreas estratégicas.

La decisión fue recibida sin resistencias dentro del núcleo de poder. Fuentes con acceso a ese círculo —que incluye al asesor presidencial Santiago Caputo— señalaron que la designación responde a la necesidad de garantizar conducción política en un espacio clave. “Es un hombre de mucha confianza de La Libertad Avanza para estar en un lugar sensible como ese”, dijeron a Infobae fuentes oficiales.

Repliegue, defensa y contraataque

El ordenamiento del Congreso se produjo en el tramo final de una semana en la que el Gobierno pasó del repliegue a la ofensiva política.

El jefe de Gabinete atravesó dos días consecutivos de respaldo explícito y cerrado de todo el oficialismo. Recibió en su despacho a los ministros Juan Bautista Mahiques, Sandra Pettovello y Diego Santilli; y a la presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich. Según pudo confirmar Infobae, esos encuentros formaron parte de una estrategia definida en la Casa Rosada para remover cualquier especulación sobre su continuidad en el cargo.

El respaldo se había iniciado el día anterior, cuando los otros ministros y Santiago Caputo lo acompañaron en la conferencia de prensa en la que brindó sus primeras explicaciones públicas, donde hubo fuertes cruces con los acreditados en Casa Rosada.

Adorni quedó bajo cuestionamiento tras la revelación de su viaje en avión privado junto a Marcelo Grandío, periodista y dueño de ImHouse, una productora que tenía contratos con la TV Pública, que no fueron renovados tras la irrupción del caso.

Mientras el Gobierno consolidaba su respaldo político, la investigación judicial avanzaba. Declaró el piloto que intervino en la contratación de los vuelos, el juez Ariel Lijo requirió los contratos con la productora y unificó en su juzgado la causa patrimonial que hasta entonces tramitaba María Servini. Anoche, Infobae pudo confirmar que Adorni prevé presentar en su declaración jurada y ante la Justicia, si así lo requiere, la documentación que acredita que la compra del departamento de la calle Miró, en el barrio porteño de Caballito, fue realizada mediante una hipoteca.

En ese mismo contexto, el asesor presidencial volvió a mostrar actividad en el núcleo de decisiones. Según pudo saber Infobae, Santiago Caputo estuvo en la Quinta de Olivos la mañana del jueves, donde presumiblemente mantuvo un encuentro con el Presidente, en una jornada en la que Javier Milei concentraba su agenda en recomponer la iniciativa política del Gobierno, sostener la defensa de su jefe de Gabinete y ordenar el frente interno tras el impacto del caso.

La señal política continuará este viernes, cuando el jefe de Gabinete acompañe al Presidente en un acto del Ministerio de Capital Humano, encabezado por Pettovello. No habrá contacto con la prensa, pero la escena funcionará como una ratificación pública del respaldo presidencial.

Ese esquema de refuerzo del control político, sin embargo, no abarca la totalidad del sistema. Días atrás, según pudo confirmar Infobae, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, mantuvo un diálogo reservado con su antecesor, Horacio Rodríguez Larreta, que activó un plan político para regresar al Ejecutivo de la Ciudad. Fue un primer contacto, aún embrionario, atravesado por diferencias sobre la relación del PRO con La Libertad Avanza.

La reactivación del partido, impulsada por Mauricio Macri, abrió una instancia de diálogo, sobre todo, porque ambos sectores comparten un objetivo: evitar que los libertarios conquisten electoralmente la Ciudad de Buenos Aires. Los últimos tropiezos del oficialismo —por ahora reversibles— alentaron a los emisarios.

Mientras tanto, la vicepresidenta Victoria Villarruel también se mueve con agenda propia. El 2 de abril volverá a Río Grande para el acto por Malvinas, en un contexto de creciente hostilidad con el Presidente. El mensaje publicado por Milei en Instagram, en el que aludió a la “traición”, se inscribe en ese marco.

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Tras declarar como organización terrorista al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Gobierno procedió con su inscripción y la de sus miembros en el Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), a traves de Boletín Oficial.

Mediante una resolución conjunta entre el Ministerio de Seguridad Nacional y el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, se formalizó con la medida anunciada días atrás mediante un comunicado difundido por la Casa Rosada. El texto publicado destacaba el trabajo conjunto entre el Ministerio de Justicia y la Secretaría de Inteligencia de Estado, además de las dos carteras mencionadas, sobre la base de informes oficiales que acreditaban actividades ilícitas de carácter transnacional y vínculos con otras organizaciones terroristas.

A su vez, la reciente resolución 2/2026 se fundamentó en lo dispuesto por la Convención Internacional contra la Delincuencia Organizada Transnacional, la Convención Interamericana contra el Terrorismo, el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo y varias resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Estas normas establecen la obligación de los Estados Parte de implementar marcos jurídicos y administrativos para prevenir, combatir y erradicar la financiación del terrorismo, así como promover la cooperación internacional y el intercambio de información en la materia. Con este pronunciamiento, el país se “ha comprometido a promover la cooperación para prevenir y combatir más eficazmente la delincuencia organizada trasnacional”.

El documento responde a cada uno de los organismos mencionados anteriormente dejando en claro su postura y reafirmando su compromiso con erradicar “los delitos de financiación del terrorismo, así como también a sancionar esos delitos con penas adecuadas en las que se tenga en cuenta su carácter grave”.

En paralelo el Gobierno solicitó la intervención del Ministerio de Justicia para que actúe a los fines de la inscripción en el RePET, asegurando que los requisitos se encuentran reunidos. Se trata de un procedimiento que responde a los motivos fundados que el Poder Ejecutivo tiene para sospechar que el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) es una amenaza externa real o potencial a la seguridad nacional. El avance habilita la aplicación de sanciones financieras y restricciones operativas orientadas a limitar la capacidad de acción.

Entre los argumentos citados por las carteras que conducen Alejandra Monteoliva y Pablo Quirno, respectivamente, figura el modus operandi de la organización la cual “incluye la utilización del terror para coaccionar a las autoridades gubernamentales y a la población en general, a través de diversas modalidades, en convergencia con terrorismo”.

Ambos funcionarios resaltaron que la inclusión “se presenta como una herramienta necesaria, proporcional y adecuada para fortalecer los mecanismos de prevención, detección temprana y represión del terrorismo y su financiamiento”.

El Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) es una organización criminal originada en México a principios de la década de 2010, tras la fragmentación de los principales cárteles del país. Su surgimiento está relacionado con una división interna del Cártel de Sinaloa y la influencia de estructuras previas como el Cártel del Milenio, en un periodo de transformación del tráfico de drogas mexicano.

En pocos años, el CJNG amplió su influencia desde una base regional a una red de alcance internacional. Su crecimiento se sostuvo en el tráfico de drogas, en particular metanfetaminas y fentanilo, la toma de rutas clave y la formación de alianzas con grupos locales en diferentes países. Esta expansión permitió que el cártel mantenga operaciones en América, Europa, Asia y Oceanía, tanto en mercados de consumo como en circuitos logísticos.

La organización combina una conducción centralizada con una estructura territorial descentralizada, operando a través de células autónomas que facilitan su adaptación ante operativos y cambios internos. Durante más de diez años, Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, encabezó el grupo, hasta su muerte en un operativo policial en México el 22 de febrero de este año. Bajo su liderazgo, el CJNG diversificó sus actividades hacia la extorsión, secuestro, tráfico de migrantes, robo de combustible y lavado de dinero.

El cártel se caracteriza por acciones violentas y ataques dirigidos contra fuerzas de seguridad, así como el uso de armamento pesado.

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