El peronismo afronta el comienzo de una nueva discusión interna de cara a las elecciones del año que viene. Pero esta vez no hay conflictividad incesante en el medio. Al menos, por ahora. Frente a la decisión del gobierno nacional de eliminar las PASO -aunque aún no hay un proyecto de ley en el Congreso-, dentro de la principal fuerza de la oposición existen distintas miradas sobre la continuidad o no de las elecciones primarias.

El año pasado hubo un consenso mayoritario en el Congreso para suspender las PASO. Pero este año, con el recambio de las cámaras y las necesidades políticas y electorales de cada gobernador, puede haber un ajuste en las posiciones parlamentarias. Lo cierto es que la Casa Rosada tiene la decisión de avanzar con su eliminación mientras que una parte importante de la oposición las quiere conservar.

Todavía no hay un poroteo tan fino frente a una posible votación. Por eso el primer paso que debe dar el peronismo es alinear internamente su postura y saber hasta dónde tiene capacidad de generar acuerdos por fuera del bloque justicialista.

“Si hay que ir a una PASO, vamos. Si se llega a una amplitud que pueda ganar en primera vuelta, vamos. No hay problema”, aseguró un funcionario de primera línea del gobierno bonaerense que trabaja en el armado político de Axel Kicillof. En La Plata no ponen trabas para participar de una eventual primaria, pero creen que la verdadera extensión en la representación la pueden lograr si esa disputa es contra un representante de otro sector de la oposición.

Una de las hipótesis que trazan en la gobernación tiene que ver con formar parte de una PASO y que el rival directo, bajo el techo de una misma coalición, sea un representante de Provincias Unidas, donde se nuclea una parte importante de la oposición que no tiene vinculación con Unión por la Patria.

Para Kicillof las PASO no son un problema. Así como el año pasado presentó un proyecto para suspenderlas en la provincia, no pondrá trabas en la discusión que se dé dentro del peronismo para unificar una postura, teniendo en cuenta que el gobierno de Javier Milei tiene en su hoja de ruta eliminarlas antes de que culmine este año.

“Hay que ampliar porque sino no llegamos. Discutir entre peronistas no amplía. En definitiva, somos los mismos que estuvimos juntos en el 2023 y en el 2019″, reflexionó un dirigente bonaerense de estrecha relación con el Gobernador. En el kicillofismo advierten que antes de pensar en una eventual PASO, lo que hay que hacer es romper las fronteras del armado político que tuvo el peronismo en las últimas dos elecciones ejecutivas, porque sino no tendrán potencial para competir en un mano a mano con Milei.

Kicillof cree que una gran interna opositora sería con candidatos que representen otras fuerzas que no sean el peronismo. Sino es una interna partidaria abierta, tal como planteó el senador sanjuanino Sergio Uñac. De todas formas, el Gobernador no tiene reparos en competir, sino logra ser un candidato de consenso que aglutine a la mayor parte del frente opositor.

Un puñado de días atrás, el mandatario de La Rioja, Ricardo Quintela, aseguró que el gobernador bonaerense “es el compañero más preparado para gobernar el país”, en lo que fue una clara señal de apoyo al principal precandidato a presidente que tiene el peronismo.

El “Gitano” también dio una postura sobre unas eventuales PASO. Aseguró que el peronismo debe definir a través de los votos sus candidaturas, ya sea con elecciones primarias o con una interna partidaria. Consideró que en una eventual PASO se pueden presentar candidatos bajo el lema partidario o el lema de una coalición que contenga a otros sectores de la oposición. “Queda el mejor y el resto nos encolumnamos tras el mejor”, sostuvo.

Quintela está dentro de un grupo de gobernadores de la oposición que bancan la continuidad de las PASO. Ahí también están incluidos Gildo Insfrán (Formosa) y Sergio Ziliotto (La Pampa). En una sintonía diferente está Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Gustavo Melella (Salta), que están a favor de la eliminación de las primarias. El salteño no es parte de Unión por la Patria, pero en su partido provincial contiene a una parte importante del peronismo salteño.

El tucumano Osvaldo Jaldo y el catamarqueño Raúl Jalil no se expresaron sobre el tema aún, pero ambos tienen posturas históricas vinculadas a la eliminación de las PASO. Por el gasto, por el desgaste de la gente o por su utilidad, nunca han defendido las primarias a rajatabla. Ambos, como ha pasado en los primeros dos años de gestión libertaria, juegan tácticamente cerca del Presidente.

Sergio Massa, en tanto, mantiene una postura intermedia. Está de acuerdo con que haya Primarias Abiertas y Simultáneas, sin obligatoriedad. Entiende que las PASO no siempre sirven para dirimir diferencias internas, pero advierte que es una de las opciones que hoy tiene el frente opositor para ordenar la propuesta electoral.

El espacio que concentra a legisladores del interior, y que tiene en primera plana a Miguel Pichetto, Guillermo Michel y Victoria Tolosa Paz, empuja con absoluta decisión la idea de pelear para que haya PASO en todo el país. Están convencidos que es la principal herramienta para poder aglutinar a varios sectores de la oposición, ordenar las candidaturas y legitimar el proceso político.

El esquema que conduce Juan Grabois apoya la continuidad de las PASO, al igual que La Cámpora, que históricamente respaldó el formato electoral que comenzó durante la gestión de Cristina Kirchner. Incluso, el año pasado, los diputados camporistas votaron en contra de la suspensión de las primarias, marcando una continuidad en su postura respecto a esa herramienta electoral.

Algunos días atrás Uñac presentó una carta al PJ Nacional para que el peronismo tenga una interna partidaria abierta y que esa elección sea antes de que culmine el año. La propuesta está trazada sobre la hipótesis de que el gobierno nacional va a reunir las voluntades suficientes para poder voltear las PASO en el corto plazo.

El peronismo tiene distintas miradas respecto a qué hacer con las elecciones primarias. Así como también existen en Provincias Unidas, un bloque legislativo importante para definir el futuro de la iniciativa libertaria en el Congreso. El PJ debe unificar una postura para resolver el mecanismo que tendrá la coalición que intentan conformar. En definitiva, esa también será una herramienta para asegurarse apoyos de otros sectores de la oposición de cara a las elecciones del 2027.

El montaje y puesta en funcionamiento de la planta de hidrógeno verde en Paysandú no traerá consecuencias negativas a Colón y al resto de las ciudades costeras argentinas, de acuerdo a una de las conclusiones que arroja el estudio de impacto ambiental de la empresa HIF, desarrolladora del proyecto. El dato fue confirmado a Infobae por una fuente con acceso directo al escrito.

El documento incluye un modelo 3D de la planta y de su visual desde la costa argentina. Según ese esquema, “no habría afectación al paisaje”. El escrito se presentó ante la Dirección Nacional de Medio Ambiente de Uruguay.

El dossier completo, que consta de unas 2.800 fojas, será hecho público en las próximas semanas. Luego, se abrirá un período de estudio y análisis por parte de la cartera de Ambiente uruguaya. Este esquema incluye una ronda de consultas públicas sobre el emprendimiento. El proceso podría extenderse entre 6 y 8 meses. El lapso comenzó a correr el 13 de marzo, cuando la empresa presentó el informe.

Recién entonces, y si el Ministerio de Ambiente da luz verde, podría comenzar la obra civil del proyecto. La inversión rondará los USD 5,8 mil millones. La producción final de e-combustibles ya fue preubicada en otros países. El complejo se ubicará al norte de Paysandú, a la vera del río Uruguay.

La planta se desarrollará en cuatro etapas o “trenes de producción”, avanzando de manera gradual. En su totalidad, el proyecto requerirá una inversión de USD 5.385 millones y produciría hasta 876.000 toneladas de e-Metanol por año. En el proceso productivo reciclará 900.000 toneladas de CO₂. Esta cantidad equivale a las emisiones anuales de casi 200.000 vehículos.

Hasta ahora, HIF cuenta con la aprobación de la viabilidad ambiental de la planta. Es un primer paso. El segundo es el más complejo.

La empresa, controlada por capitales chilenos, mantendrá la línea de responder los requerimientos del Estado uruguayo. Y no intervendrá en la disputa que, hasta ahora, mantienen Argentina y el país vecino.

En rigor, el proyecto de Paysandú fue hecho por el Estado uruguayo. HIF es solo la firma que ganó la licitación. El proceso se inició durante la gestión de Luis Lacalle Pou, del partido Blanco. La actual administración del Frente Amplio heredó el esquema en marcha.

Qué pasará con los planteos argentinos

El Gobierno de Entre Ríos y la Cancillería argentina cuestionan el lugar de emplazamiento original. Esto provocaría un impacto visual que afectaría en forma directa al turismo, la principal industria de la región.

Ante este escenario, las autoridades del país vecino exigieron a la empresa que, en el estudio ambiental, incluyeran a Colón y sus alrededores dentro de la zona de impacto. ()

“Se deberán detallar los elementos más relevantes del medio natural, prestando especial atención al área Protegida Islas del Queguay, los cuerpos de agua y los montes nativos, así como los principales elementos del medio antrópico en el entorno de cada componente, tales como centros poblados del área de influencia (incluyendo a la ciudad transfronteriza de Colón), instituciones educativas y vías de tránsito”, planteó como condición el Ministerio de Ambiente.

La respuesta a la que habría arribado la empresa al realizar las mediciones es que no el impacto visual sobre los balnearios no se produciría. Tampoco se registraría un efecto ambiental en el río.

Ahora la cuestión pasa por lo formal. El curso de agua es un recurso compartido entre ambos países. Un tratado de 1960 estableció que cualquier acción de uno de los dos Estados que lo afecte debe ser notificada y consultada con el otro. Hasta el momento, no hay elementos para constatar que este paso se haya dado.

Un problema de esta naturaleza estuvo detrás del conflicto por Botnia a principios de siglo. Argentina denunció a Uruguay por incumplimiento del acuerdo. La Corte de La Haya le dio la razón a nuestro país. Pero entendió además que la instalación de la pastera no violaba normas de protección ambiental.

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, adelantó que la posibilidad de una nueva demanda internacional está dentro de la estrategia. Pero una intervención del presidente uruguayo Yamandú Orsi calmó las aguas.

Cómo marcha la causa penal en Entre Ríos

En paralelo, la Justicia Federal de Entre Ríos avanzó con la demanda por contaminación. La denuncia fue promovida por la fiscal Josefina Minatta. El juez Hernán Viri la recepcionó y decidió tomar las riendas de la investigación. Por eso, encargó una serie de informes que Fiscalía pidió.

El magistrado le solicitó saber si se observaron los procedimientos de consulta del acuerdo binacional. El organismo encargado de esto es la CARU (Comisión Administradora del Río Uruguay). Viri la emplazó a que haga llegar esta respuesta a su despacho en un plazo perentorio.

Además, le pidió a la Secretaría de Turismo de Entre Ríos que le haga llegar estudios o evaluaciones sobre la influencia de la planta en la actividad turística de Colón y la zona.

Por otro lado, también involucró a la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Entre Ríos. En concreto, le solicitó un estudio de impacto ambiental sobre la costa argentina de la instalación de HIF en Paysandú.

Asimismo, requirió información por vía diplomática al Estado uruguayo. Esto incluye la que es de acceso público y la que tiene carácter reservado o confidencial. El pedido de Viri alcanza datos técnicos como tipo y cantidades de producción, personal y fecha de inicio de actividad. Además, la identificación de los responsables de HIF.

Uno de los puntos más conflictivos del exhorto es la solicitud para acceder a una copia íntegra del memorándum que el Gobierno uruguayo y la empresa firmaron en diciembre. Se trata de la hoja de ruta del proyecto. Viri quiere conocer la letra oficial y también “aquella información que revista carácter reservado o confidencial, en la medida en que su ordenamiento jurídico interno lo permita”.

Si bien terminaron las audiencias públicas por la Ley de Glaciares, La Libertad Avanza decidió hacer una instancia informativa más y convocar a los gobernadores de las provincias mineras, a funcionarios del Poder Ejecutivo y a integrantes del IANIGLA (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales). Después de eso sí buscarán firmar los dictámenes y enviarlos al recinto de Diputados.

Los mandatarios que concurrirán al Congreso están referenciados con las denominadas mesas del Cobre y del Litio. Sin embargo, en la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, pidió la presencia del resto de los gobernadores. Mientras que Nicolás del Caño, del Frente de Izquierda, le solicitó a José Peluc, titular del plenario, sumar a especialistas.

Esto dilata el debate, mientras el presidente de la Cámara, Martín Menem y Gabriel Bornoroni, jefe del oficialismo, hacen números buscando las mayorías para dictaminar la iniciativa y aprobarla en el recinto. “Buscamos que el proyecto que sancionó el Senado no se toque, asó lo convertimos en ley”, le dijo a TN un libertario de la mesa de conducción.

En una primera instancia se planificó en las oficinas del oficialismo firmar los dictámenes la próxima semana y llevar al recinto el 8 de abril el debate, pero la incorporación de estos gobernadores podría atrasar el cronograma.

La segunda audiencia

Con algunos inconvenientes técnicos, lo que llevó a suspender por momentos la palabra de los participantes, se concretó este jueves la segunda Audiencia Pública por los cambios a la Ley de Glaciares. La participación ciudadana se realizó en formato virtual, con comunicaciones desde distintos puntos del interior del país.

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El plenario de las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Medio Ambiente y de Asuntos Constitucionales, presididas por los oficialistas José Peluc y Nicolás Mayoraz, respectivamente, conectó con fuertes cuestionamientos a la iniciativa por parte de ambientalistas y con apoyo de los sectores mineros.

Con la presencia de pocos legisladores, tanto del oficialismo como de la oposición la reunión comenzó después de las 10 y se extendió hasta pasadas las 20.

La exdiputada nacional, del peronismo federal, Graciela Camaño hizo uso de la palabra en el plenario y cuestionó el procedimiento llevado adelante por el oficialismo en la convocatoria de Audiencias Públicas: “Claramente la no realización de la audiencia obligatoria conforme a las pautas constitucionales determina la nulidad absoluta del acto que se emita en estas condiciones por configurar una violación en el elemento formal del acto al no haberse cumplido con los procedimientos esenciales previstos para la emisión del mismo”.

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Sobre la modificación a la Ley de Glaciares sostuvo: “Este proyecto cuyo objeto no es la minería, si no el ambiente, claramente viola el artículo 41 de la Constitución Nacional, y pretende transformar una ley que tiene características científicas de protección mínima uniforme para todo el territorio de los reservorios de agua dulce, en una ley de carácter político donde cada provincia va a definir qué ambiente periglacial va a proteger o no, conforme a su explotación minera”.

Los puntos de la norma

Las modificaciones a la Ley de Presupuestos Mínimos para la protección de los glaciares, sancionada en 2010, tienen como objetivo alterar la protección total que hoy tienen los glaciares y el ambiente periglacial. El Gobierno busca darles mayor margen a las provincias para determinar qué geoformas proteger y en cuáles habilitar actividades como la minería en función de su aporte hídrico.

Los cambios propuestos permitirían la actividad industrial, como la minería y la exploración petrolera en zonas periglaciales, otorgando el poder de decisión a los gobiernos provinciales y mayor flexibilidad para el desarrollo económico.

Los gobernadores de Catamarca, Raúl Jalil, y de San Juan, Marcelo Orrego, participaron activamente del debate en las comisiones de Minería, Energía y Combustibles, y de Medio Ambiente del Senado. Sus diputados acompañarían los cambios cuando el debate llegue al recinto de la Cámara baja. El pasado 26 de febrero el Senado aprobó el proyecto por 40 votos a favor, 31 en contra y una abstención.

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