La Libertad Avanza presentará una batería de reformas en la Legislatura porteña con cambios en empleo público, estructura del Estado, vivienda, Banco Ciudad, seguridad, sistema impositivo e inversiones. El paquete fue impulsado por el bloque que encabeza Pilar Ramírez y busca trasladar a CABA una agenda alineada con la que el Gobierno viene promoviendo en el Congreso.

Uno de los ejes centrales está en la reforma del Estado porteño. La Ley Bases para la Ciudad habilita reestructuraciones, revisiones de competencias, supresión de organismos y cambios administrativos. También incorpora un régimen de disponibilidad para el personal con estabilidad afectado por cierres de dependencias, reducción de dotación o eliminación de funciones, con la posibilidad de desvinculación si no se concreta una reubicación dentro del plazo previsto por la norma.

El mismo proyecto plantea además revisar concesiones, permisos y licencias sobre bienes del dominio público y privado de la Ciudad, junto con la adecuación de “cánones a valores de mercado”. Habilita además la transformación de empresas y sociedades con participación estatal en sociedades anónimas, siempre que no se trate de entes excluidos expresamente por la norma.

El bloque promueve una iniciativa para eliminar el Instituto de la Vivienda de la Ciudad. El proyecto propone derogar la ley que creó el organismo y transferir sus funciones, bienes, personal y partidas presupuestarias a la Jefatura de Gabinete. Todos los movimientos de LLA en CABA cuentan con el respaldo de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Otro de los proyectos apunta al Banco Ciudad. La propuesta modifica la Carta Orgánica para que el remanente de utilidades, una vez asegurado el patrimonio de la entidad, se destine exclusivamente a bonificar tasas o reducir costos administrativos de créditos hipotecarios para residentes de la Ciudad.

En materia de seguridad y espacio público, LLA presentó una reforma sobre trapitos que agrava sanciones y suma penalidades más altas en eventos masivos. El texto prevé además sanciones para jefes, coordinadores u organizadores y contempla multas y clausuras para estadios cuando se acredite participación directa o indirecta de personas vinculadas a clubes, instituciones u organizadores. Ese capítulo se complementa con cambios en el Código Contravencional y en el régimen de faltas.

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La batería también incluye cambios fiscales. Entre otras medidas, propone eliminar artículos del Código Fiscal vinculados al Impuesto a Sellos sobre operaciones inmobiliarias, derogar la Unidad de Sustentabilidad Contributiva y modificar el cálculo del impuesto inmobiliario y de la tasa de ABL.

Se suman la adhesión local al RIGI y la creación del RIMICABA, un régimen para inversiones medianas con exenciones de Ingresos Brutos, Sellos, Impuesto Inmobiliario y ABL para proyectos alcanzados por la normativa nacional. Con ese paquete, La Libertad Avanza busca delinear la hoja de ruta con la que impulsará la campaña por la Ciudad en las elecciones de 2027.

La Libertad Avanza, reforma, trapitos

El Gobierno todavía no terminó de elaborar el decreto reglamentario de la Ley 27.802 de Modernización Laboral, por lo que hay artículos clave que aún no pueden aplicarse, como la instrumentación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) o el procedimiento que facilitará la creación de sindicatos de empresa.

Fuentes oficiales confirmaron a Infobae que el decretp reglamentario se está preparando en la Secretaría de Trabajo, la Secretaría Legal y Técnica de Presidencia y el Ministerio de Desregulación, e incluso en el Ministerio de Economía, que tiene que reglamentar el FAL y lo relacionado con impuestos o rebajas impositivas.

Aun así, según las fuentes consultadas, la intención oficial es “reglamentar lo mínimo posible porque las leyes laborales normalmente no se reglamentan mucho”.

En la Casa Rosada interpretan que algunos artículos de la flamante Ley 27.802, que se promulgó el 6 de marzo pasado, no requieren reglamentación, como la finalización de la ultraactividad de los convenios, la reglamentación del derecho de huelga en los servicios esenciales y el tope del 2% para la cuotas solidarias, que limita el financiamiento de los sindicatos, pero hay otros que sí exigen un desarrollo reglamentario para aplicarse.

La CGT tenía expectativas de incidir en la redacción del decreto reglamentario para tratar de atenuar algunos artículos que afectan a los trabajadores o al poder sindical, pero en la central obrera admitieron que “por ahora” no fueron convocados para hacer su aporte.

La demora en reglamentar la ley ocasionó algunos inconvenientes: cuando se negociaban las paritarias del Sindicato de Camioneros, por ejemplo, algunas cámaras empresariales del interior pidieron al Gobierno que se abrieran las negociaciones a nivel de región o de empresa -tal como está contemplado en la reforma laboral- para no tener que aplicar aumentos que rigen en toda la actividad y que no podrían pagar, pero la respuesta oficial fue negativa. “La ley no está reglamentada, con lo cual no es plenamente operativa”, fue la contestación de los funcionarios libertarios.

Otro de los artículos que aún no se pudo instrumentar es el que crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que representa una transformación estructural en el sistema de indemnizaciones al imponer un mecanismo de ahorro obligatorio y acumulativo para cubrir despidos en el sector privado, con el objetivo de limitar la litigiosidad y fortalecer el mercado de capitales local.

Como anticipó Infobae, la normativa vigente establece que el FAL debe estar operativo en junio próximo y la Comisión Nacional de Valores (CNV) trabaja contrarreloj para definir sus parámetros, pero el Ministerio de Economía sigue elaborando la reglamentación de ese punto, uno de los ejes de la flamante reforma laboral.

¿Qué artículos de la Ley de Modernización Laboral son de aplicación inmediata, sin necesitad de reglamentarlos? Marcelo Aquino, abogado laboralista que asesora a empresas, dijo a Infobae que “uno de esos puntos vigentes es el que modifica el principio de irrenunciabilidad y que ahora permite la negociación individual de aquellas cláusulas acordadas en forma voluntaria entre empleador y trabajador o en forma unilateral dadas por el empleador, la posibilidad de que el trabajador se considere despedido y no que pida la reinstalación en el puesto de trabajo en caso de ejercicio abusivo del cambio de condiciones laborales o el otorgamiento de vacaciones en todo el año».

Para Aquino, “entre las normas de la Ley de Contrato de Trabajo que requieren de una reglamentación figura, por ejemplo, la eliminación del artículo 52, que es el libro de registro de sueldos y jornales porque ahí dice que se va a establecer un sistema de registración exclusivamente por ARCA, sujeto a las disposiciones que dicte la reglamentación”. “Hoy existe un libro digital de ARCA, pero no sé hasta dónde eso es considerado suficiente para la entidad recaudatoria”, agregó.

Aquino afirmó que “el otro aspecto que también está vigente pero igual sería bueno que se reglamente para que sea más operativo es la posibilidad de que el trabajador tenga su certificado de trabajo en forma virtual por medio del sitio web de la ANSES o de ARCA y así eximir al empleador de tener que entregarlo”.

Para este abogado, los artículos vinculados con la regulación de los fomentos de empleo, modalidades de contratación donde se permite una reducción de contribuciones, están sujetos a una reglamentación que todavía no salió, pero van a estar vigentes desde abril».

De la misma forma, sostuvo Aquino, “hay otras normas sobre asociaciones sindicales de la reforma laboral que ya están vigentes desde el 6 de marzo y de los convenios colectivos también, como algunas cláusulas que por estar ultraactivas no resultan exigibles y por ende, algunas empresas tienen que dejar de retener alguna cuota de aporte solidario o alguna contribución que hacían las empresas hacia los sindicatos”.

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Diego Santilli retomó la agenda de reuniones con gobernadores con el objetivo de asegurar los votos necesarios para las reformas que la Casa Rosada enviará al Congreso en las próximas semanas. La reactivación de esos encuentros se produce en un momento de tensión política para el oficialismo y apenas un día después de su reunión con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, atravesado por cuestionamientos sobre viajes oficiales y la evolución de su patrimonio.

El ministro del Interior viene de mantener reuniones con dos mandatarios considerados clave en el esquema de apoyos del Gobierno, Ignacio Torres (Chubut) y Marcelo Orrego (San Juan). Este viernes viajará a Mendoza para reunirse al mediodía con Alfredo Cornejo, uno de los aliados más firmes del oficialismo.

Sin mayoría propia en el Congreso, La Libertad Avanza depende de una red de acuerdos con las provincias que hasta ahora le permitió avanzar con iniciativas sensibles y sostener una dinámica legislativa favorable. Ese esquema, sin embargo, enfrenta señales de desgaste.

El presidente Javier Milei busca dejar atrás las polémicas que rodean a Manuel Adorni y recuperar la iniciativa política con foco en la gestión. En ese marco, el viaje de Santilli a Mendoza se inscribe como un movimiento clave para sostener esa estrategia.

Gobernadores, recursos y votos en negociación

El vínculo con los gobernadores se volvió más complejo en las últimas semanas. La caída de la recaudación y el impacto sobre las transferencias automáticas generaron una presión creciente sobre las cuentas provinciales, que dependen cada vez más de la asistencia nacional.

Los giros de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) sumaron $47.000 millones entre el 19 y el 20 de marzo para 11 distritos, según datos oficiales. El monto representó el envío más alto del año, aunque en las provincias lo relativizaron frente a una caída de la recaudación en términos reales que implicó una pérdida cercana a $1 billón en el primer bimestre por coparticipación, de acuerdo con un informe del diputado massista Guillermo Michel.

A eso se suma que, según esas estimaciones, en marzo las transferencias automáticas registraron una baja real de 14%, lo que profundiza la presión sobre las finanzas provinciales.

Esa ecuación condiciona las negociaciones políticas. Los gobernadores aliados y dialoguistas sostienen al oficialismo en el Congreso, pero al mismo tiempo reclaman mayor previsibilidad en los envíos de fondos y avances concretos en obras de infraestructura. En ese equilibrio se mueve Santilli, que articula las conversaciones junto a la mesa política que integran Karina Milei, Adorni y Santiago Caputo.

A la discusión fiscal se suma al debate por la reforma electoral que impulsa el Gobierno, con la eliminación de las PASO y el intento de unificar los calendarios provinciales, otro frente sensible para los gobernadores. La propuesta genera resistencias incluso entre aliados, que buscan preservar autonomía en sus distritos.

Mendoza, obras y señal política

El viaje a Mendoza se inscribe en esa dinámica. La provincia aparece entre las más beneficiadas por los ATN en lo que va del año y mantiene un canal de diálogo fluido con la Nación. En ese contexto, el encuentro con Cornejo combinará agenda política y gestión.

Sobre la mesa estarán los reclamos por obras clave para la conectividad, en especial la Ruta Nacional 7, un corredor estratégico para el vínculo con Chile, y tramos pendientes de la Ruta 40. El Gobierno nacional ya avanzó con procesos licitatorios en esos proyectos, que forman parte de los pedidos reiterados de la administración mendocina.

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La visita incluirá además actividades con sectores productivos y la participación del ministro en un foro del sector asegurador. Más allá de la agenda formal, en la Casa Rosada buscan que el viaje sea un gesto hacia uno de los socios clave en medio de una coyuntura política adversa.

El movimiento de Santilli coincide con una semana atravesada por cuestionamientos al oficialismo, en particular por las denuncias que rodean a Adorni. En ese escenario, el Gobierno apuesta a reforzar su principal activo político, que se inscribe en la capacidad de tejer acuerdos con las provincias para sostener su agenda legislativa.

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