POLITICA
La Justicia penal económico pidió al Gobierno postergar la implementación del nuevo código acusatorio por falta de jueces y tecnología
La Justicia en lo Penal Económico, especializada en delitos financieros, tributarios, de contrabando o lavado, le reclamó al Gobierno que postergue la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal Penal, previsto inicialmente para el 11 de agosto, ante la falta de camaristas y problemas de infraestructura tecnológica.
A pesar del reclamo, el Ministerio de Justicia, a cargo de Mariano Cúneo Libarona, sigue adelante con lo previsto, sin que se contemplen modificaciones, dijeron fuentes de esa cartera a .
El Gobierno anunció que desde el 11 de agosto próximo la justicia federal comenzará a funcionar de manera diferente, con un nuevo procedimiento, en el que las causas serán impulsadas por los fiscales que estarán a cargo de las investigaciones y los jueces oficiarán de árbitros entre la acusación y la defensa.
Se abandona el expediente escrito y se pasa a un sistema de audiencias públicas, grabadas, en las que se resuelven las incidencias, acusaciones, excarcelaciones, juicios abreviados y las condenas o absoluciones.
En Salta y Jujuy desde 2019 y el Ministerio de Justicia extendió su implementación a Mendoza, Rosario, Santa Fe, General Roca, Comodoro Rivadavia y Mar del Plata.
En Comodoro Py 2002, los jueces tiene sus reservas y los fiscales, aunque lo apoyan, dicen que no van a dejar que les echen la culpa del fracaso del sistema, si es que no les dan más recursos.
El Gobierno se comprometió a dotarlos con salas de audiencias, y computadoras, aunque aún hay dudas sobre cómo se irá haciendo la implementación de manera progresiva.
El personal es un tema clave aún irresuelto, ya que debe haber más gente en las fiscalías que en los juzgados y hoy la ecuación es cuatro empleados en el Poder Judicial por cada una en el Ministerio Público Fiscal. Lo mismo ocurre con los Defensores Oficiales.
Además de implementarse desde el 11 de agosto en Comodoro Py 2002, donde está la Justicia federal de la Capital Federal, se comenzará a implementar en la Justicia en lo Penal Económico, que funciona en el vecino edificio de Avenida de los Inmigrantes 1950, ambos en Retiro.
La Justicia Penal Económico es un fuero federal especializado en delitos de contratando, financieros, lavado, delitos tributarios, evasión fiscal, fraude impositivo, delitos cambiarios o fraude contra la administración pública, cuando involucra a funcionarios.
En la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico, debería haber seis camaristas, pero solo hay dos. Los otros cuatro cargos están vacantes.
Los dos camaristas que quedan son Carolina Robiglio y Roberto Hornos, quienes enviaron una nota a la Corte Suprema de Justicia para que se la eleve al Ministerio de Justicia. Allí se pidió posponer la fecha de entrada en vigor del nuevo Código procesal, entre otras cuestiones, debido a la falta de Integración de la cámara, la falta de operatividad de las oficinas judiciales, y la falta de infraesctructura.
Los jueces dijeron que solo hay dos de los camaristas jueces previstos legalmente (33% de la planta), lo que dificulta el funcionamiento adecuado, especialmente en el nuevo sistema acusatorio que requiere oralidad y presencia activa de jueces de revisión.
Allí enumeraron los faltantes y reclamaron cubrir las cuatro vacantes. El Consejo de la Magistratura terminó los concursos y envió al Poder Ejecutivo las ternas para cubrir tres de estas cuatro vacantes el 30 de octubre de 2024.
Hay un cuarto concurso en trámite, done se tomaron exámenes y resta compulsar los antecedentes de los postulantes.
Señalaron los camaristas que las Oficinas Judiciales no están en funcionamiento, aunque son esenciales en el nuevo modelo procesal. Son órganos administrativos que asisten a los jueces en la gestión de los procesos judiciales, liberándolos de tareas administrativas y permitiéndoles enfocarse en la toma de decisiones.
Estas oficinas se encargan de la tramitación de expedientes, gestión de audiencias, distribución de casos y coordinación entre las partes. Son las que van a decidir como se distribuyen los casos de los fiscales entre los jueces y la agenda.
Los camaristas se quejaron de que hay “infraestructura insuficiente”, pues solo tres de las cuatro salas de audiencia necesarias están en proceso de acondicionamiento.
Dijeron que faltan equipos informáticos actualizados y describieron problemas en la red de internet inalámbrica del edifico de Inmigrantes 1950.
“Una situación que ha generado dificultades desde hace tiempo y no se ha logrado solucionar, respecto de la que solo se nos ha informado acerca de la dificultad que presenta resolverla, es que la instalación de red inalámbrica de internet del edificio de Av. de los Inmigrantes 1950 no se encuentra completa”, dijeron los magistrados.
Explicaron que “la posibilidad de mantener comunicaciones y/o videocomunicaciones utilizando wi-fi no reviste seguridad en cuanto a la calidad del sonido y a las interrupciones” y que a pesar de los reclamos no pudo solucionarse para tener más ancho de banda.
“Esta carencia podría constituirse en un obstáculo para el normal funcionamiento del sistema en los casos en los cuales alguna de las partes en el marco de una audiencia necesite acceder a una red inalámbrica disponible y la señal no resulte suficiente, lo cual tendría aptitud para afectar los actos jurisdiccionales”, señalaron los jueces.
Por eso pidieron, una postergación temporal de su implementación en el fuero hasta que se cuente con los recursos humanos, materiales y tecnológicos necesarios.
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POLITICA
Con audiencias semanales y lectura de acusaciones, se reanuda el juicio por la causa Cuadernos
El juicio por la denominada Causa Cuadernos, se reanudará el martes 3 de febrero, tras la feria judicial, con un ritmo de audiencias que buscará agilizar su desarrollo a pesar de su gran magnitud.
La causa que tiene a Cristina Kirchner como presunta jefa de una asociación ilícita, cohecho y maniobras de recaudación ilegal durante el período 2003-2015, contará con ampliaciones progresivas durante esta etapa, que incluirá algunas exposiciones presenciales, tras las quejas por las pocas audiencias que podrían demorar años la duración del proceso.
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El proceso está a cargo de los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero, Germán Castelli y Néstor Costabel, mientras que la acusación es liderada por la fiscal, Fabiana León.
Las sesiones serán virtuales, excepto las indagatorias, que serán presenciales. Los martes empezarán a las 13:30 y los jueves a las 9.
Según lo informado en la última audiencia antes de la feria judicial, el 3 de febrero será el turno de las defensas de la expresidenta, del exministro de Planificación Federal Julio De Vido; del exsubsecretario de Coordinación y Control de Gestión Roberto Baratta; del exasesor del secretario general de la Presidencia Julio Daniel Álvarez; del empresario Jorge Juan Mauricio Balán; y del financista Ernesto Clarens, titular de la firma Inverness S.A.
En tanto, el jueves 5 de febrero expondrán los abogados defensores de Nelson Javier Lazarte y José María Olazagasti, exsecretarios privados de Baratta y De Vido, respectivamente. Ese mismo día será el turno de los empresarios Gerardo Luis Ferreyra —exvicepresidente y accionista de Electroingeniería S.A. y representante de Grupo Eling S.A. y Vialco S.A.—; Juan Carlos Lascurain, expresidente de la Unión Industrial Argentina y dueño de Fainser S.A.; Carlos José Mundín, presidente de BTU S.A.; y Alberto Ángel Padoán, exdirectivo de Vicentin SAIC y expresidente de la Cámara de Comercio de Rosario.
El 10 de febrero se escucharán los planteos de las defensas de Rodolfo Armando Poblete y Benjamín Gabriel Romero, gerente general y titular de Hidrovía S.A.; del empresario Jorge Alberto Tasselli, presidente de Faraday SAICF y de General Plastic Corp S.A.; del exdirector ejecutivo de la Entidad Binacional Yacyretá, Oscar Alfredo Thomas; del presidente del Grupo Albanesi S.A., Armando Roberto Loson; y de Aznar.
Las audiencias continuarán el 12 de febrero, con las exposiciones de las defensas de Jorge Sergio Benolol (JCR S.A.); Guillermo Escolar (Cleanosol Argentina S.A.); Eduardo Luis Kennel, gerente administrativo financiero de José Chediack S.A.I.C.A.; Silvio Mion (Equimac S.A.); Roberto Juan Orazi, presidente de Hidraco S.A.; y Juan Bautista Pacella, representante de Constructora Dos Arroyos.
El tribunal informó que los días martes 17 y jueves 19 de febrero no habrá audiencias, y que el debate se retomará el 24 de febrero con los planteos de las defensas de Mario Ludovico Rovella, responsable de Rovella Carranza S.A.; Oscar Abel Sansiñena, representante de Cleanosol Argentina S.A. y del exsecretario de Transporte de la Nación, Ricardo Jaime.
El juicio
El proceso comenzó el 6 de noviembre pasado, con la lectura del primer requerimiento de elevación a juicio formulado por el fiscal Carlos Stornelli, centrado en las imputaciones por asociación ilícita, cohecho pasivo y admisión de coimas atribuidas a los principales exfuncionarios acusados, entre ellos la expresidenta.
La lectura de esa primera acusación continuó durante las audiencias del 13, 20, 25 y 27 de noviembre, cuando se concluyó con ese tramo y se avanzó con el segundo requerimiento, que abordó imputaciones por cohecho activo, cohecho pasivo, admisión y recepción de dádivas.
El 27 de noviembre también se inició la lectura del tercer requerimiento de elevación a juicio, cuya exposición finalizó el 4 de diciembre, luego de que una de las audiencias fuera destinada a tratar un planteo de recusación presentado por la defensa de De Vido, que finalmente fue rechazado por el tribunal.
Posteriormente, en las audiencias de los días 9, 11, 16 y 18 de diciembre, se dio lectura al cuarto requerimiento de elevación a juicio del Ministerio Público Fiscal y se comenzó con la acusación de la Unidad de Información Financiera (UIF) en la causa conocida como “La Camarita”, vinculada a la presunta cartelización de la obra pública civil a través de la Cámara Argentina de Empresas Viales.
Finalmente, en la última audiencia realizada, el tribunal avanzó con la lectura del quinto requerimiento de elevación a juicio, correspondiente a la causa “Trenes”, que investiga supuestas maniobras ilícitas en la adjudicación de contratos ferroviarios, además de la presentación efectuada por la UIF en ese expediente.
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La acusación sostiene que la expresidenta y funcionarios de su gobierno llevaron adelante “un plan integral en el cual implementaron una logística ceñida a la recaudación de dinero que empresarios de la construcción, de energía y del transporte, entre otros/ entregaban a modo de contraprestación, a cambio de beneficios que le eran otorgados a las compañías que representaban”.
“El sistema de recaudación ilegal contó con, cuanto menos, dos canales independientes, aunque complementarios y funcionales entre sí. En el primero eran los propios funcionarios públicos los que recaudaban el dinero en efectivo garantizado por los empresarios“.
Cuadernos de la coima, cristina kirchner, Justicia
POLITICA
Tierra de Fuego: un subsidio al gas envasado y la intervención del puerto ponen en jaque la alianza de Melella y Vuoto
USHUAIA -. En medio de la intervención del puerto de Ushuaia y las dificultades económicas en la provincia, se reactiva el conflicto entre dos aliados de Fuerza Patria en Tierra del Fuego. La decisión del gobierno de Gustavo Melella de retener un mayor porcentaje de los fondos que suelen coparticiparse a los municipios y el silencio del intendente de la ciudad capital, Walter Vuoto, respecto de la intervención del puerto, tensionan el vínculo entre ambos mandatarios.
En Tierra del Fuego, miles de familias carecen de conexión a la red de gas y dependen del gas envasado (también conocido como GLP). Debido a su elevado costo, el gobierno provincial ofrece un subsidio sobre este servicio a través del Fondo de Prestaciones Prioritarias (FPP), que se financia con parte de Ingresos Brutos, el mismo impuesto que se coparticipa en un 46% a sus tres ciudades: Ushuaia, Río Grande y Tolhuin. Hasta este mes, la alícuota representaba el 7% del tributo en cuestión.
La semana pasada, a través de la resolución 40/2026, el ministro de Economía fueguino dispuso un aumento de dicho porcentaje que -según señalan en la municipalidad de Ushuaia- escaló al 8,75% y derivó en un recorte de los fondos que reciben las ciudades tanto para el pago de salarios como para inversión pública.
“Calculá que una familia en Ushuaia te puede usar hasta 30 garrafas por mes. Eso está subsidiado, financiado con Ingresos Brutos. La alícuota subió del 7% al 8,75% y ese 1,75% más implica cerca de $1500 millones que se le va a recortar a los municipios”, explicó a el secretario de Gobierno de Ushuaia, Sebastián Iriarte.
Hasta ahora, solo su municipio cuestionó públicamente los cambios impulsados por la administración provincial: a diferencia de Vuoto, ni Martín Pérez (Río Grande) ni Daniel Harrington (Tolhuin) salieron a cruzar al gobernador.
“Hoy la provincia decidió, por decreto, hacer un recorte de los recursos que recibe Ushuaia. Esta medida impacta de manera directa en la capacidad del Municipio para sostener servicios esenciales y políticas públicas destinadas a los vecinos y vecinas de la ciudad», aseguró el intendente de la capital provincial en su cuenta de X.
Y agregó: “Resulta particularmente llamativa la forma en que se adoptó esta decisión: sin instancias de consulta, sin diálogo previo y sin conversaciones con las autoridades municipales que gestionan cotidianamente la ciudad”.
En el gobierno de Tierra del Fuego desmienten que la medida haya sido inconsulta y apuntan contra la gestión de Ushuaia. “En el año 2022, se aprobó una ley que cada vez que hay un aumento del GLP que es el gas envasado, se puede aumentar el índice de fondos que vienen a la provincia previo a la distribución de la coparticipación”, dijo Melella a .
El mandatario provincial destacó que Ushuaia es el municipio más favorecido por el subsidio -3591 vecinos contra 1832 de Río Grande y 471 en Tolhuin- y que el aumento cuestionado no se utiliza para gastos generales de la provincia, sino que regresa como contraprestación para sus residentes.
“El monto que significa de quita en Ushuaia es de $32 millones por mes, para el municipio de Río Grande son $48 millones por mes, que tiene menos vecinos y no dijeron nada, y Tolhuin $4 millones y tampoco dijo nada. El municipio de Ushuaia debe estar con alguna complicación”, continuó el gobernador.
En la municipalidad de Ushuaia aseguran que la obra pública es una prioridad en el distrito y que el recorte que -según Iriarte, “deben ser como diez cuadras de asfalto”- podría afectar, entre otras cuestiones, la inversión en salud, educación y pavimentación de calles. Todo ello en un contexto en el que vecinos de la capital fueguina se quejan por el mal estado de las veredas y calzadas.
La semana pasada, maquinaria municipal trabajaba en el centro comercial para repavimentar algunas de las calles que recorren de manera asidua los turistas. Es una obra que -según los comerciantes y residente de la zona- se repite todos los años, mientras los senderos de zonas más alejadas continúan sin mejoras y desgastan el tren delantero y los neumáticos de sus vehículos.
La disputa entre Melella y Vuoto por los fondos abrió un nuevo foco de conflicto para los aliados de Fuerza Patria. En 2025, Melella, de origen radical y referente de FORJA en la provincia austral, y el intendente kirchnerista habían llegado a un acuerdo para trabajar en unidad para fortalecer el armado peronista en la provincia frente al crecimiento de La Libertad Avanza (LLA). En las últimas elecciones nacionales, el sello violeta cosechó un 39,66%, frente al 30,63 de Fuerza Patria.
El silencio por el puerto
Ahora, ese acuerdo empieza a mostrar signos de debilidad. A la batalla por el envío de fondos coparticipables se suma el silencio de la intendencia de Ushuaia tras la intervención del puerto provincial que opera sobre sus costas. Las instalaciones portuarias fueron intervenidas el 20 de enero por fallas en materia de infraestructura e irregularidades en el uso de los fondos de la Dirección Provincial de Puertos (DPP).
La decisión del gobierno nacional generó un inmediato rechazo de la gestión de Melella, que denunció una violación a autonomía provincial. “Esta intervención constituye un avasallamiento, sin ningún tipo de argumento ni hecho que la avale, a la autonomía de nuestra provincia, garantizada por la Constitución Nacional. El Puerto de Ushuaia es un pilar fundamental para nuestro desarrollo económico y logístico”, sostuvo el gobierno fueguino.
En los municipios de Río Grande y Tolhuin se hicieron eco de las críticas a la intervención libertaria. “Intervinieron el puerto de Ushuaia, sin claridad en los justificativos y atentando contra la autonomía provincial”, expresó Gonzalo Ferro, secretario de Gestión Ciudadana de Río Grande en una publicación que compartió luego el intendente Pérez. Harrington, en tanto, advirtió: “No creo que la intervención sea el camino. Creo que la soberanía y en administraciones estables que den previsibilidad, cuiden las instituciones y los recursos públicos”.
Vuoto, en cambio, no se refirió el tema en sus redes sociales. “La actividad turística depende 100% de ahí, ya sean los catamaranes o los cruceros, con lo cual o puede no operar el puerto. Pero también entendemos que había cosas que solucionar. Lo de la auditoría lo conocemos hace tiempo”, aseguró su secretario de gobierno durante la visita de a la municipalidad.
intervención del puerto de Ushuaia,January 28, 2026,fueron intervenidas,#PuertoDeUshuaia,pic.twitter.com/8FL0AAj7qD,January 22, 2026,Abigail Contreiras Martínez,Ushuaia,Gustavo Melella,Conforme a,Ushuaia,,Tierra del Fuego. Un puerto intervenido, protestas y empleo en recesión en una provincia dominada por la grieta entre el peronismo y Milei,,»Es un atropello». Tierra del Fuego lleva a la Justicia Federal la intervención del puerto de Ushuaia,,Denunciante y empoderado. Quién es el sindicalista que el Gobierno dejó a cargo de la operación del puerto de Ushuaia
El presidente Javier Milei fue anunciado como invitado de honor de la primera Gala Hispana de Latino Wall Street, que se realizará el 10 de febrero en el club Mar-a-Lago, en Palm Beach, Florida, la residencia privada de Donald Trump. El anuncio fue difundido por la organización a través de la red social X. Milei aún no confirmó si asistirá.
Según la publicación, la presencia del mandatario argentino marca “un momento sin precedentes” para el evento, que reunirá a referentes del liderazgo y la representación hispana en uno de los espacios más emblemáticos de Estados Unidos.
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La gala tendrá acceso limitado, dado que se podrá participar únicamente mediante aplicación previa, de acuerdo con la información oficial difundida por la organización.
El anuncio se conoció en medio de la agenda internacional de Milei y volvió a ubicar al presidente en un escenario de alta visibilidad política y simbólica en su alineamiento con su par de Estados Unidos.
El anuncio y las características del evento
“¡Anuncio histórico! Nos honra anunciar al Presidente de Argentina Javier Milei como Invitado de Honor en la primera Gala Hispana en Mar-a-Lago. Su presencia marca un momento sin precedentes para esta noche que reunirá liderazgo, visión y representación hispana de alto nivel en uno de los escenarios más emblemáticos del mundo», indicó Latino Wall Street en su posteo de X.
La publicación agregó que se trata de “una experiencia exclusiva que congregará a referentes globales en un entorno verdaderamente extraordinario”.
Milei fortalece su alianza con Trump
Desde que asumió la presidencia, Milei hizo 14 viajes a Estados Unidos (uno cada dos meses), en los que ratificó su alianza con Trump. El último paso en ese sentido fue la incorporación de la Argentina al Board of Peace, el organismo internacional creado por el mandatario estadounidense.
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“Me complace anunciaros que el presidente de Argentina Javier Milei estará en nuestra gala en la residencia de Trump en Mar a Lago el próximo 10 de febrero. Va a ser un día histórico. Viva la libertad carajo!“, escribió en su cuenta de X Javier Negre, director de La Derecha Diario, que se anunció como host (anfitrión) del evento.
En su viaje a Mar-a-Lago, Milei podría encontrarse con Trump por primera vez en 2026.
Javier Milei, Mar-a-Lago, Donald Trump
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