POLITICA
La Justicia penal económico pidió al Gobierno postergar la implementación del nuevo código acusatorio por falta de jueces y tecnología
La Justicia en lo Penal Económico, especializada en delitos financieros, tributarios, de contrabando o lavado, le reclamó al Gobierno que postergue la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal Penal, previsto inicialmente para el 11 de agosto, ante la falta de camaristas y problemas de infraestructura tecnológica.
A pesar del reclamo, el Ministerio de Justicia, a cargo de Mariano Cúneo Libarona, sigue adelante con lo previsto, sin que se contemplen modificaciones, dijeron fuentes de esa cartera a .
El Gobierno anunció que desde el 11 de agosto próximo la justicia federal comenzará a funcionar de manera diferente, con un nuevo procedimiento, en el que las causas serán impulsadas por los fiscales que estarán a cargo de las investigaciones y los jueces oficiarán de árbitros entre la acusación y la defensa.
Se abandona el expediente escrito y se pasa a un sistema de audiencias públicas, grabadas, en las que se resuelven las incidencias, acusaciones, excarcelaciones, juicios abreviados y las condenas o absoluciones.
En Salta y Jujuy desde 2019 y el Ministerio de Justicia extendió su implementación a Mendoza, Rosario, Santa Fe, General Roca, Comodoro Rivadavia y Mar del Plata.
En Comodoro Py 2002, los jueces tiene sus reservas y los fiscales, aunque lo apoyan, dicen que no van a dejar que les echen la culpa del fracaso del sistema, si es que no les dan más recursos.
El Gobierno se comprometió a dotarlos con salas de audiencias, y computadoras, aunque aún hay dudas sobre cómo se irá haciendo la implementación de manera progresiva.
El personal es un tema clave aún irresuelto, ya que debe haber más gente en las fiscalías que en los juzgados y hoy la ecuación es cuatro empleados en el Poder Judicial por cada una en el Ministerio Público Fiscal. Lo mismo ocurre con los Defensores Oficiales.
Además de implementarse desde el 11 de agosto en Comodoro Py 2002, donde está la Justicia federal de la Capital Federal, se comenzará a implementar en la Justicia en lo Penal Económico, que funciona en el vecino edificio de Avenida de los Inmigrantes 1950, ambos en Retiro.
La Justicia Penal Económico es un fuero federal especializado en delitos de contratando, financieros, lavado, delitos tributarios, evasión fiscal, fraude impositivo, delitos cambiarios o fraude contra la administración pública, cuando involucra a funcionarios.
En la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico, debería haber seis camaristas, pero solo hay dos. Los otros cuatro cargos están vacantes.
Los dos camaristas que quedan son Carolina Robiglio y Roberto Hornos, quienes enviaron una nota a la Corte Suprema de Justicia para que se la eleve al Ministerio de Justicia. Allí se pidió posponer la fecha de entrada en vigor del nuevo Código procesal, entre otras cuestiones, debido a la falta de Integración de la cámara, la falta de operatividad de las oficinas judiciales, y la falta de infraesctructura.
Los jueces dijeron que solo hay dos de los camaristas jueces previstos legalmente (33% de la planta), lo que dificulta el funcionamiento adecuado, especialmente en el nuevo sistema acusatorio que requiere oralidad y presencia activa de jueces de revisión.
Allí enumeraron los faltantes y reclamaron cubrir las cuatro vacantes. El Consejo de la Magistratura terminó los concursos y envió al Poder Ejecutivo las ternas para cubrir tres de estas cuatro vacantes el 30 de octubre de 2024.
Hay un cuarto concurso en trámite, done se tomaron exámenes y resta compulsar los antecedentes de los postulantes.
Señalaron los camaristas que las Oficinas Judiciales no están en funcionamiento, aunque son esenciales en el nuevo modelo procesal. Son órganos administrativos que asisten a los jueces en la gestión de los procesos judiciales, liberándolos de tareas administrativas y permitiéndoles enfocarse en la toma de decisiones.
Estas oficinas se encargan de la tramitación de expedientes, gestión de audiencias, distribución de casos y coordinación entre las partes. Son las que van a decidir como se distribuyen los casos de los fiscales entre los jueces y la agenda.
Los camaristas se quejaron de que hay “infraestructura insuficiente”, pues solo tres de las cuatro salas de audiencia necesarias están en proceso de acondicionamiento.
Dijeron que faltan equipos informáticos actualizados y describieron problemas en la red de internet inalámbrica del edifico de Inmigrantes 1950.
“Una situación que ha generado dificultades desde hace tiempo y no se ha logrado solucionar, respecto de la que solo se nos ha informado acerca de la dificultad que presenta resolverla, es que la instalación de red inalámbrica de internet del edificio de Av. de los Inmigrantes 1950 no se encuentra completa”, dijeron los magistrados.
Explicaron que “la posibilidad de mantener comunicaciones y/o videocomunicaciones utilizando wi-fi no reviste seguridad en cuanto a la calidad del sonido y a las interrupciones” y que a pesar de los reclamos no pudo solucionarse para tener más ancho de banda.
“Esta carencia podría constituirse en un obstáculo para el normal funcionamiento del sistema en los casos en los cuales alguna de las partes en el marco de una audiencia necesite acceder a una red inalámbrica disponible y la señal no resulte suficiente, lo cual tendría aptitud para afectar los actos jurisdiccionales”, señalaron los jueces.
Por eso pidieron, una postergación temporal de su implementación en el fuero hasta que se cuente con los recursos humanos, materiales y tecnológicos necesarios.
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POLITICA
El camarista Borinsky pidió que “se complete la Corte” y que se nombre un procurador general de la Nación
El juez de la Cámara Federal de Casación Penal Mariano Borinsky se pronunció a favor de que “se complete la Corte Suprema” de Justicia, que cuenta con solo tres integrantes, y que “se nombre un procurador general de la Nación, un puesto actualmente ejercido por un extenso interinato a cargo de Eduardo Casal.
“Es fundamental que se complete la Corte Suprema y se nombre un procurador general de la Nación para trabajar como la Constitución marca”, sostuvo Borinsky en diálogo con el programa A confesión de parte, que se emite los domingos por FM Milenium.
La Corte Suprema funciona con tres integrantes, el presidente Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. El Gobierno y un sector de la oposición iniciaron conversaciones, por ahora informales, para proponer dos nuevos candidatos a jueces supremos.
El pronunciamiento del camarista adquiere relevancia porque se trata de un jurista que participó de la elaboración del nuevo Código Penal, convocado por el Poder Ejecutivo, para que lo trate el Congreso, posiblemente el próximo período de sesiones extraordinarias.
“Tenemos un Código Penal de hace 105 años. Con el nuevo Código, las penas para los funcionarios públicos van a pasar de 1 o 2 años a mínimo 6 u 8”, remarcó Borinsky, pero reconoció: “No es popular poner plata para hacer un nuevo Código Penal para meter gente en la cárcel”.
Borinsky también consideró una posibilidad que se baje la edad de imputabilidad de 16 a 15 años, pero advirtió que en forma paralela debe aplicarse una “política de Estado” y además reclamó la cobertura de vacantes en todo el Poder Judicial, estimadas en más de 600 en todo el país, al afirmar que las designaciones son necesarias para “el valor justicia”.
Corte Suprema de Justicia,Poder Judicial,Conforme a,Corte Suprema de Justicia,,Gobierna Formosa desde 1995. La Corte deberá resolver si Insfrán puede ser candidato a gobernador por novena vez,,Moreno, un matón al que la Justicia le puso un límite,,Caso Cuadernos. La Corte rechazó planteos para apartar a la UIF como querellante
POLITICA
La Casa Rosada afronta una semana clave por el Presupuesto y Caputo evalúa los pedidos de los gobernadores
El Gobierno se enfrenta a una semana clave para el avance de la negociación con los gobernadores por el Presupuesto 2026. Ahora, el ministro de Economía, Luis Caputo, deberá evaluar los pedidos de los jefes provinciales, le acercaron a Diego Santilli.
En las reuniones que mantuvo el ministro del Interior con los mandatarios de las distintas provincias, hubo dos reclamos que se repitieron: la reactivación de la obra pública y cambios en la distribución de los ATN. Luego, un grupo en particular está interesado especialmente en la coparticipación del Impuesto a los Combustibles.
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En varias oportunidades, tanto el jefe de Economía como el propio Milei remarcaron que el superávit fiscal no se pondrá en riesgo, con lo cual el Gobierno tiene que evaluar contrarreloj si los pedidos de los gobernadores cumplen con ese requisito.
Con respecto a reforma laboral y tributaria, los jefes provinciales están dispuestos a dar la discusión, pero exigen conocer la letra chica de los proyectos que el Gobierno quiere tratar en extraordinarias.
Un dato importante es que el Ejecutivo tiene tiempo hasta el 10 de diciembre, para convocar a sesiones extraordinarias.
En ese sentido, además, la Cámara de Diputados, por su parte, deberá hacer un nuevo despacho para tratar el Presupuesto 2026, porque los plazos de las sesiones ordinarias vencen este viernes 28 de noviembre.
Los legisladores electos en octubre ya tienen fecha para su jura. La convocatoria oficial para la sesión preparatoria será el 3 de diciembre, a las 13 , y Martín Menem será reelecto como presidente de la Cámara baja.
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Santilli sale a buscar consensos con el resto de los gobernadores
En busca de los consensos para lograr la aprobación del Presupuesto y las reformas, el ministro del Interior, Diego Santilli, continuará en la última semana de noviembre con su agenda federal en los próximos días.
Esas conversaciones deberán tener el visto bueno del jefe de Hacienda, Luis Caputo. En varias oportunidades, tanto el jefe de Economía como el propio Milei remarcaron que el superávit fiscal no se pondrá en riesgo, con lo cual la evaluación pasará por el costo sobre las cuentas públicas que implicaría acceder a los pedidos de lso mandatarios.
El raid de reuniones de Santilli con los gobernadores continuará este martes 25 de noviembre con Hugo Passalacqua, en Misiones.
Esta semana, el jefe de Interior recibió en su despacho a Leandro Zdero (Chaco) y Alberto Weretilneck (Río Negro).
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Santilli todavía tiene pendiente los encuentro con Claudio Vidal (Santa Cruz); Gustavo Valdés (Corrientes); Sergio Ziliotto (La Pampa); Claudio Poggi (San Luis); Maximiliano Pullaro (Santa Fe); Gustavo Valdés (Corrientes) y Jorge Macri (CABA). Y estima finalizarlos antes del 10 de diciembre.
Mientras resta conocer si desde la Rosada convocarán a negociar a los cuatro gobernadores peronistas antes del 10 de diciembre: Axel Kicillof (Buenos Aires), Ricardo Quintela (La Rioja), Gildo Insfrán (Formosa) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego).
Gobernadores, Diego Santilii, Luis Caputo, Presupuesto 2026, Javier Milei
El Gobierno nacional y la CGT acercan posiciones para una negociación en torno a la reforma laboral antes que se conozca la versión oficial del proyecto y sea presentado en el Congreso.
Hasta el momento, la iniciativa, que apunta a modernizar en lo jurídico el mercado de trabajo cuenta con un fuerte rechazo del sindicalismo.
Los encargados de la negociación por parte del Ejecutivo son el ministro de Interior, Diego Santilli, y los hermanos Martín Menem y Eduardo “Lule” Menem.
En la previa a este diálogo, Santilli habló con dos de los co-titulares de la CGT, Cristian Jerónimo (del gremio de empleados del vidrio) y Jorge Sola (del gremio de Seguros), y les comunicó sobre la convocatoria a dialogar así como también les pidió que no hicieran caso a los trascendidos extraoficiales.
Sturzenegger defendió la reforma laboral: “Argentina hace 15 años que no crea trabajo”
Desde el lado de la CGT se preparan para el encuentro. En ese sentido, presentarán una contrapropuesta en base al punteo del último borrador que trascendió desde el Ejecutivo.
Derechos colectivos y aportes compulsivos
La central intersindical buscará tirar abajo algunos de los artículos que más conflicto generan ene l sindicalismo, como la reglamentación del derecho de huelga en los servicios esenciales, los convenios por empresa, la restricción de las cuotas solidarias, la limitación de la ultra-actividad de los convenios colectivos de trabajo, la regulación de las asambleas de trabajadores en las empresas y otros aspectos que limitan el poder de los sindicatos.
La CGT advierte que la reforma laboral está “viciada” y pide bajar los impuestos
Desde el Gobierno están al tanto de los resquemores que generan dichas iniciativas contenidas en el proyecto, pero consideran que la preocupación no es la misma respecto a los derechos de tipo individual, como el banco de horas y el fraccionamiento de las vacaciones, por ejemplo.
Lo que más obsesiona a la CGT es la posibilidad de que, con la reforma laboral, pierdan la caja que implica el control de las cuotas solidarias, conformadas por aportes compulsivos de los trabajadores a los gremios, y que son el corazón del financiamiento de los gremios.
La entrada El Gobierno negociará con la CGT para evitar que fracase la reforma laboral se publicó primero en Nexofin.
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