POLITICA
La Justicia pide el desafuero de un diputado provincial acusado de violencia de género
Un fiscal penal de la provincia de Buenos Aires pidió el desafuero de un diputado bonaerense porque quiere indagarlo en una causa por violencia de género. Lo imputó por el delito de “lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género”. De acuerdo con las pruebas reunidas por la investigación, el legislador habría golpeado y lastimado el rostro de su ex pareja en medio de una discusión que tuvieron en una camioneta 4×4.
Según el pedido judicial al que accedió Clarín, se trata del diputado Ricardo Lissalde (UxP), exfuncionario de Trenes Argentinos Infraestructura y expresidente de Aubasa, ligado al Frente Renovador. La denuncia la presentó su ex pareja -cuyos datos se preservan, pero lleva las iniciales V.F.- y la agresión se habría registrado el 8 de febrero en la calle Los Nogales al 5.900 de Saladillo, donde residen ambos.
La instrucción estuvo a cargo de Roberto Javier Berlingieri, al frente de la UFI 1 de Cañuelas (una dependencia descentralizada del departamento Judicial de La Plata). Y pidió que la cámara de Diputados bonaerense le quite los fueros para poder avanzar con la investigación.
Tal como lo prevé el artículo 299 del Código de Procedimiento, la jueza de Garantías que recibió este requerimiento debe enviar las actuaciones a la Cámara para que se evalúe el desafuero. La jueza de Saladillo, Patricia Altamiranda, es quien debe hacer un control de legalidad de lo pedido por el fiscal: o sea, establecer si el requerimiento está formalmente bien, si los hechos que describe son un delito y si no están prescriptos.
Clarín se contactó con el diputado Lissalde, quien explicó que va a “ejercer su derecho de defensa en el debido proceso». Y agregó: «Por supuesto no me voy a amparar en ningún fuero, porque soy inocente, no los necesito. De ser necesario, voy a renunciar a mis fueros para estar, tal como lo estoy, a total derecho”. Además, rechazó las imputaciones y dijo que se trata de un “intento de extorsión” por parte de una ex pareja.
También dijo que no estaba al tanto de esta instancia del proceso judicial. En Tribunales explicaron que los pedidos de desafuero “no se notifican a las partes”. O al menos no resulta una obligación de quien lo requiere.
El fiscal Berlingieri asegura tener “semiplena prueba” de la imputación. En el expediente reunió el testimonio de la víctima, informes médicos de quienes la atendieron después de la agresión, registros fotográficos de las secuelas en un ojo y otros elementos de prueba. Además, está el testimonio de la hija de la mujer, quien asegura que existían antecedentes de situaciones violentas en la relación entre su madre y el diputado.
Sostiene como indicio declaraciones de V.F. en las que “refirió haber sufrido situaciones de violencia física y verbal por el sujeto activo en varias oportunidades a lo largo de los años -estando en pareja y separados-pero solo lo denunció en una oportunidad temiendo el impacto que ello pudiese ocasionar le a la hija de ambos”.
El fiscal también solicitó que se envíe toda la actuación judicial al Consejo de la Magistratura, porque Lissalde es vocal en ese cuerpo que se encarga de la selección y examinación de los postulantes a jueces y fiscales de la Provincia.
Berlingieri deja aclarado que si bien la denuncia por “lesiones leves” constituye un delito de acción privada; o sea que la víctima debe instar la “acción penal”, en este caso existe “interés público” para avanzar con el proceso. Y argumenta la postura en los tratados y las políticas de Estado suscriptas por el país, que buscan erradicar la violencia contra las mujeres.
El fuero platense tiene antecedentes de causas de presunta violencia de género que terminaron con los acusados presos. Berlingieri pide el desafuero porque pretende convocarlo a una indagatoria y eventualmente solicitar “medidas de coerción” de las que están eximidos los legisladores por su inmunidad que otorga la representación legislativa.
Lissalde estuvo en Trenes Argentinos durante la primera etapa de la gestión de Alberto Fernández. Luego pasó a presidir la empresa estatal que administra la autopista La Plata-Buenos Aires y la Autovía 2. En Aubasa fue cuestionado por empleadas a las que dejó cesantes luego de denunciar presuntos maltratos o abusos en el ámbito laboral. Aun cuando la empresa tenía un área para plantear situaciones de irregularidades por cuestiones de género.
Violencia de Género,Provincia de Buenos Aires
En medio de su viaje a Estados Unidos para promover inversiones para la Argentina y en medio de la escalada bélica en Medio Oriente, el presidente Javier Milei analizó el panorama mundial, elogió el trabajo de la administración de su par estadounidense Donald Trump y adelantó que para mitad de este año los conflictos habrán llegado a su fin, incluso lo que él mismo definió como “el régimen cubano”.
“Es de esperar que la guerra tenga un corto alcance. Y, en paralelo, el gobierno de Estados Unidos está trabajando por la paz entre Ucrania y Rusia. Al mismo tiempo que por decantación caerá Cuba“, consideró el jefe de Estado.
En una entrevista radial que brindó desde Nueva York, a donde viajó para participar de la Cumbre “Escudos de las Américas” y de la inauguración de la Argentina Week 2026, Milei explicó que los procesos bélicos van a haber “encontrado su final” para la segunda mitad de 2026. “Incluida la liberación de Cuba”, detalló.
“En ese contexto, es muy probable que los precios se acomoden. Así es que cuando la Argentina, por una cuestión estacional dada el invierno, pueda tener algún faltante de gas, no pague precios exorbitantes”, explicó en diálogo con Radio Now y añadió: “Esto no es ni más ni menos una situación transitoria, un deterioro transitorio que puede tener la economía mundial, pero en donde la consecuencia va a ser un reordenamiento político muy fuerte: básicamente China va a quedar más aislado en términos de que muchos de sus socios, la situación va a ser más pura y limpia».
viaje a Estados Unidos para promover inversiones para la Argentina,Javier Milei,Cuba,Estados Unidos,Conforme a,,»Dejen de mentir». Un ministro de Kicillof criticó a los concejales de LLA que proponen bajar tasas en 116 municipios,,Con Milei y medio gabinete en EE.UU, el Gobierno opera en modo remoto y Adorni delegó funciones en Pettovello,,Recambio. Schmid deja la conducción de Dragado y Balizamiento después de 33 años,Javier Milei,,Minuto a minuto. Javier Milei: las últimas medidas del Gobierno,,Gira. Milei expone en una universidad y esta noche será agasajado en una cena con tickets que van de 3600 a 500.000 dólares,,$LIBRA. El jubilado que recibió un millón de dólares figura en sociedades del exterior y conduce autos de alta gama
POLITICA
Las impactantes multas que el Gobierno aplicará contra dos gremios por haber adherido al paro de la CGT
El Gobierno aplicará multas millonarias contra los sindicatos La Fraternidad y Unión Tranviarios Automotor (UTA) por incumplir la conciliación obligatoria en sus conflictos y adherir al paro nacional de la CGT el 19 de febrero pasado. Según afirmaron a Infobae fuentes oficiales, el gremio de conductores de locomotoras deberá pagar 21 mil millones de pesos, y el de choferes de colectivos, 70 mil millones de pesos.
Consultados por Infobae, en ambos sindicatos aseguraron que hasta el momento no les llegó la notificación oficial de las sanciones y prefirieron no opinar hasta que puedan analizar esa comunicación.
La medida establece un precedente relevante en materia de sanciones por no cumplir con la conciliación obligatoria y podría escalar en un enfrentamiento de mayor intensidad entre el Poder Ejecutivo y el sindicalismo.
La CGT ya anticipó su rechazo a las multas contra los dos gremios del transporte y atribuyó la medida del Gobierno a un acto de “persecución política y sindical”.
“Lejos de perseguir las legítimas acciones gremiales de los sindicatos, amparadas por la Constitución Nacional y propias de un país donde se ejerce la libertad sindical, el Gobierno debería preocuparse mejor en reaccionar ante la escalada indetenible del cierre de empresas, del aumento escandaloso del desempleo y la caída brutal del valor adquisitivo del salario y las jubilaciones”, agregó.
Además, la CGT resaltó: “Si a las autoridades del Gobierno les preocupa la altísima adhesión al último paro convocado por esta central obrera, tienen que saber que es con trabajo que se disminuye la conflictividad social, no con persecución política y sindical”.
Por su parte, la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) también condenó la sanción impuesta y se solidarizó con los dos sindicatos. En la entidad conducida por Juan Carlos Schmid advirtieron que “estas acciones constituyen un grave antecedente de presión sobre las organizaciones sindicales y una señal preocupante de avance sobre derechos fundamentales de los trabajadores, entre ellos el derecho constitucional a la organización y a la huelga”.
La Secretaría de Trabajo, que encabeza Julio Cordero, verificó el desacato de ambos sindicatos a la conciliación obligatoria el 19 de febrero pasado y dio inicio a sumarios administrativos. El comunicado de Capital Humano para anunciar esta decisión dijo que “las infracciones tipificadas en el artículo 4° del régimen general de sanciones por infracciones laborales, ratificado por Ley N° 25.212, conllevan una sanción de multa del 50% al 2000% del valor mensual del salario mínimo, vital y móvil por cada trabajador afectado».
Las multas económicas, que se graduarán según la fecha exacta de la infracción y el universo de trabajadores implicados, serían solo una de las consecuencias. La ley prevé además la posibilidad de quitar la personería a los sindicatos que violen la conciliación obligatoria.
Según Capital Humano, la aplicación de estas sanciones busca “resguardar el interés general y garantizar el cumplimiento de la normativa laboral vigente”.
La Fraternidad, encabezada por Omar Maturano, interpretó que la conciliación obligatoria sólo regía para su propio conflicto salarial y no podía aplicarse a una protesta general de la CGT por otros motivos.
Por su parte, la UTA, bajo la dirección de Roberto Fernández, argumentó que en esos días la conciliación obligatoria había sido dispuesta únicamente para el conflicto salarial de los choferes de colectivos del interior y no para los trabajadores del AMBA.
La conciliación obligatoria, de acuerdo con la ley, impone que sindicatos y empleadores abran una instancia de negociaciones durante 15 días—prorrogables por otros cinco—en la Secretaría de Trabajo. Durante ese plazo, ambas partes deben retroceder al estado anterior al conflicto, absteniéndose de tomar o continuar medidas de acción directa, bajo pena de sanción.
La última vez que el Estado impuso multas de este tipo fue durante el gobierno de Mauricio Macri, cuando el entonces ministro de Trabajo Jorge Triaca sancionó al Sindicato de Camioneros, liderado por Hugo Moyano, con una multa de $809.790.710 mediante la Resolución N° 27.768 del 19 de julio de 2018. En ese caso, la infracción correspondió a la violación de la conciliación obligatoria en un conflicto salarial por un bono de fin de año para 182.797 trabajadores camioneros.
El sindicato de Moyano rechazó el pago y cuestionó el proceso, lo que derivó en que ya bajo la gestión de Alberto Fernández, el entonces ministro de Trabajo Claudio Moroni declarara en 2020 la “nulidad” del expediente. Según esa resolución, “no se identificó clara ni concretamente el número de los trabajadores afectados a la infracción imputada”.
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POLITICA
Un ministro de Kicillof criticó a los concejales de LLA que proponen bajar tasas en 116 municipios
El ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, hombre de máxima confianza del gobernador Axel Kicillof, criticó el movimiento coordinado de los concejales de La Libertad Avanza que presentaron proyectos para reducir o eliminar tasas en 116 municipios bonaerenses.
Les pidió que “dejen de mentir” y subrayó que esos cargos que definen los municipios tienen un impacto menor al 1% sobre la carga tributaria de la producción agrícola e industrial.
“Le pedimos al gobierno nacional y a los concejales de La Libertad Avanza que dejen de mentir, que dejen de llevar adelante operaciones de distracción. Les pedimos que se pongan a trabajar con proyectos que tengan como objetivo favorecer la producción, no destruir la producción”, subrayó Bianco en una conferencia de prensa que ofreció este lunes por la mañana, junto a los ministros Augusto Costa (Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica) y Estela Díaz (Mujeres y Diversidad).
El funcionario consideró que el gobierno nacional impulsa “permanentes ataques, operaciones de prensa e intentos judiciales de limitar la autonomía de los municipios en materia de fijar sus tasas”, con el argumento “de que en la Argentina los problemas de los comercios, de la producción agropecuaria e industrial tienen que ver con la excesiva aplicación de tasas municipales”. Y resaltó: “Queremos desmentir que esto sea una causa importante”.
Para cuestionar la iniciativa libertaria, motorizada por Sebastián Pareja (diputado nacional y presidente del partido La Libertad Avanza bonaerense), Bianco tomó un índice elaborado por la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA). “El 93,6% de la carga impositiva sobre la producción agropecuaria tiene que ver con los impuestos nacionales, que ¡Oh, casualidad!, mayoritariamente son impuestos nacionales no coparticipables. Es decir, que la recaudación se la queda [el presidente Javier] Milei. El 56,5% son impuestos no coparticipables; el 37,1%, impuestos coparticipables. Solo el 5,7% de la carga tributaria sobre la producción agropecuaria es de impuestos provinciales. Apenas el 0,7% corresponde al impacto de las tasas municipales», dijo el ministro de Gobierno provincial.
En su cruzada contra la avanzada de los concejales libertarios, Bianco apeló también a un dato relevado por la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). “El otro indicador que estuvimos analizando es del Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata. El profesor Agustín Lódola [que dirige ese laboratorio] muestra que las tasas municipales explican solo el 0,9% del valor agregado bruto, a precios de mercado, en el promedio de las cadenas productivas de la Argentina”, indicó el funcionario kicillofista.
La Libertad Avanza presentó proyectos en los municipios en los que tiene representación con ediles con el objetivo de eliminar 138 tasas municipales, reducir otras 120 y simplificar 11. Según la información que difundieron usinas libertarias para apuntalar la seguidilla de iniciativas, Buenos Aires es el distrito con el promedio de tasas más alto del país. “El 81% de esas tasas no tienen una contraprestación clara”, afirmó Pareja al justificar el movimiento coordinado de los concejales mileístas.
Bianco, por su parte, subrayó que los inconvenientes productivos del país se derivan de las políticas nacionales y no del peso de las tasas municipales. “Es una mentira que el problema de la competitividad, de la producción y la generación de empleo en la Argentina tiene que ver con las tasas municipales; eventualmente, tendrá que ver con el sistema tributario nacional. Pero sabemos que el problema de la producción tiene que ver con otra cosa: con la apertura importadora, con la apreciación cambiaria, con la destrucción del mercado interno, con la caída de los ingresos de la población en la Argentina”, afirmó el ministro de Gobierno bonaerense.
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