Los jueces que investigan a los máximos dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) están pendientes de una decisión judicial trascendental tras el final del receso judicial de enero. Un camarista debe definir el futuro de la denuncia que hizo el empresario Guillermo Tofoni contra los jerarcas de la AFA. No es una causa más. En ese expediente, radicado en el fuero penal ordinario, se presentaron todos los registros bancarios sobre la empresa TourProdEnter, propiedad de Javier Faroni y su mujer Erica Gillette. Tanto en Campana como en Lomas de Zamora, donde tramitan otras causas vinculadas a la AFA, están atentos al destino final de esos documentos.

El 29 de diciembre, apenas 24 horas después de que reveló que TourProdEnter recaudó más de US$260 millones durante los últimos cuatro años y que al menos US$42 millones terminaron en cuatro sociedades constituidas en el estado de Florida que no tienen empleados, ni actividad comercial declarada, Tofoni acudió al fuero criminal y correccional para denunciar al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, al tesorero Pablo Toviggino, a Faroni y a su esposa por los delitos de administración fraudulenta y asociación ilícita. El empresario decidió esquivar el fuero federal, donde ya había perdido otras batallas judiciales.

El martes 30 de diciembre, apenas un día después de la denuncia, la fiscal Silvana Russi planteó que la causa debía tramitar en el juzgado federal 2 de Lomas de Zamora, a cargo del juez Luis Armella, que esa misma madrugada había allanado la casa de Faroni en Nordelta, tras un llamativo episodio en Aeroparque, donde el empresario no pudo abordar un avión privado rumbo a Punta del Este. Justo antes de ser interceptado por los efectivos de la PSA en el control migratorio, Faroni logró descartar su celular. ¿Tenía información previa? En Tribunales aseguran que no se pudo determinar pese a todas las imágenes secuestradas.

Ese mismo día, Armella allanó la sede de la AFA en la calle Viamonte y secuestró el contrato entre TourProdEnter y la entidad que preside Claudio Tapia. El documento reveló que la empresa de Faroni se quedó con el 30% de todos los ingresos comerciales de la AFA en el exterior. No solo eso: también embolsó el 10% de todas las salidas de dinero vinculadas a tareas de “logística” en los contratos que intervino desde diciembre de 2021.

Con el argumento de los allanamientos, la fiscal planteó que la denuncia de Tofoni debía enviarse al fuero federal, justo al revés de la hoja de ruta que había ideado el empresario junto a sus abogados. “Atento a la naturaleza y complejidad de los hechos denunciados no corresponde llevar a cabo investigaciones paralelas, en tanto se requiere una visión conjunta de los movimientos financieros, los vínculos contractuales y las estructuras societarias involucradas”, argumentó la fiscal.

La investigación efectivamente se frenó el 2 de enero: la jueza Paula Petazzi decidió declinar la competencia en el juzgado de Armella para no generar “superposiciones innecesarias”. Pero Tofoni apeló la decisión y la causa pasó a la Sala V de la Cámara Criminal y Correccional.

Durante la feria de enero, el expediente tuvo algunos movimientos, casi imperceptibles. El juez que reemplazó a Petazzi notificó a Tapia y Toviggino a través del área de legales de la AFA y como no proponían abogados particulares, les designó un defensor oficial. La decisión duró apenas 24 horas. El 21 de enero, tanto el presidente de la AFA como el tesorero nombraron a Alejandro Higa, el mismo abogado que promovió una medida cautelar en 2024 para suspender la parte del DNU 70/23 que autorizaba a los clubes a convertirse en sociedades anónimas deportivas (SAD).

En la designación de Higa como abogado, los jerarcas de la AFA declararon el polémico domicilio de Mercedes 1366, en la localidad de Pilar, utilizado para esquivar los controles de la Inspección General de Justicia (IGJ).

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) impugnará ese cambio de domicilio luego de que funcionarios del organismo fueron al lugar y solo encontraron un cartel que reza “Próximamente, sede social y museo de los campeones del mundo”.

El futuro de la denuncia de Tofoni depende de una decisión del camarista Ignacio Rodríguez Varela. Los abogados que analizan el enjambre de causas en torno a la AFA coinciden que es un decisión trascendente. En ese expediente se presentaron más de 3000 páginas de registros bancarios de TourProdEnter obtenidos a través de dos discoveries en la Justicia de Estados Unidos. Si la Cámara confirma la incompetencia, las pruebas deberían irse al juzgado de Lomas de Zamora.

Armella avanzó durante la primera quincena de enero, a otro ritmo, con medidas patrimoniales sobre Faroni, su mujer, y las cuatro personas de Bariloche que fueron utilizadas para crear cuatro sociedades fantasma que recibieron al menos US$ 42 millones: Soagu Services LLC, Marmasch LLC,Velp LLCyVelpasalt LLC. En las próximas horas, según pudo saber de fuentes judiciales, el juez ordenaría una batería de medidas para avanzar en esa línea de investigación. No tiene mucho tiempo. Durante febrero, la Cámara Federal de La Plata definirá si sigue a cargo del juzgado 2 de Lomas de Zamora o si se debe sortear un nuevo juez.

El otro juez que mira de reojo la decisión de la Sala V es Adrián González Charvay, a cargo del juzgado federal de Campana. Ese magistrado recibió hace dos semanas el expediente donde se investiga la mansión de Pilar, adjudicada a Toviggino. El cambio de jurisdicción había sido pedido por los presuntos testaferros: el monotributista Luciano Pantano y su madre jubilada Ana Conte.

Fue una jugada en varios tiempos. El objetivo final de los abogados que asesoran a los jerarcas de la AFA es que esa causa, que hasta ahora se concentró en las sociedades y personas vinculadas a la mansión, absorba todos los expedientes que incomodan a Tapia y Toviggino. Eso incluye el capítulo internacional. De esa manera, los registros bancarios de TourProdEnter podrían pasar al juzgado de Armella y luego a Campana. Sería jaque mate.

Los negocios entre la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y empresas a nombre de personas que ocuparon cargos en ella se repiten. En este caso, se trata de Juan Pablo Beacon, quien formó parte del Consejo Federal y durante años fue cercano al tesorero Pablo Toviggino, y la compañía Recomi SA, que le brindó asesoramiento a la entidad presidida por Claudio “Chiqui” Tapia, según documentos comerciales y facturas analizadas por .

El 9 de junio de 2022, Beacon se convirtió en el principal beneficiario final de Recomi SA, tal como muestra documentación presentada ante la Inspección General de Justicia (IGJ). Por entonces, el beneficiario minoritario era Cristian Brian Prendes, vocal titular del Comité Ejecutivo de AFA. Dos meses después, la empresa comenzó a facturarle a la casa madre del fútbol argentino. Según los documentos que obtuvo y que cotejó con fuentes fiscales, la primera factura fue el 8 de agosto de ese año, por $544.500, y la segunda, del 5 de septiembre siguiente, tenía el mismo monto. “Servicio de asesoramiento”, escribió en el detalle del producto/servicio comercializado.

consultó, por separado, a representantes de la AFA y de Recomi sobre el vínculo de la entidad con la empresa, pero al momento de publicación de esta nota no obtuvo respuesta.

Beacon fue accionista de otra empresa, Malte SRL, entre mayo de 2021 y el mismo mes de 2022 que también le facturó a la AFA. En enero de 2022 emitió una factura de $4,8 millones por 3000 test de coronavirus para la Liga Profesional, según los documentos que obtuvo este diario y que cotejó con fuentes fiscales. Otro punto en común entre las dos empresas del exmiembro del Consejo Federal es que ambas alcanzaron acuerdos de gerenciamiento del club Arsenal, tal como analizó a partir de documentos judiciales, cartas y contratos.

El universo de empresas de Beacon, quien supo ser un hombre de confianza del tesorero Pablo Toviggino, se entrelaza con los problemas judiciales del financista cercano a “Chiqui” Tapia, Ariel Vallejo. La empresa Construcciones TAR, que es el centro de una causa por lavado de dinero, le transfirió fondos a una de las firmas del exmiembro del Consejo Federal de AFA, según reconstruyó a partir de registros bancarios y expedientes judiciales.

El 14 de diciembre de 2022, Construcciones TAR le envió $2.500.000 a Recomi SA. La transferencia no movió una cifra elevada de dinero, sin embargo, funciona como un punto de conexión entre las empresas de hombres cercanos a Tapia y los que mantuvieron relación con Toviggino.

Según una denuncia realizada por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) en la que Vallejo aparece como acusado, Construcciones TAR, creada por dos personas que se sospecha que actuaron como testaferros, recibió más de $6000 millones en sus cuentas bancarias entre septiembre de 2022 y julio de 2023. Esta es una cifra que no guarda relación con su actividad ni su nivel de facturación.

En paralelo, la constructora envió dinero, sin ninguna justificación clara -según los investigadores- a casas de cambio, clubes de fútbol, sociedades agrícolas-ganaderas, droguerías y agencias marítimas.

Del universo de casas de cambio, sobresale Centro de Inversiones Concordia, de la que Vallejo y su madre fueron accionistas. Recibió $65.498.745, un monto superior al de la transferencia dirigida a Recomi SA, la firma de Beacon. La denuncia de la Procelac no mencionó al exladero de Toviggino. Tampoco a su firma.

Las pelotas del Consejo Federal

El 1 de septiembre de 2022, el Consejo Federal resolvió mediante el Despacho 12628, al que accedió , que el balón “Kagiva C11 Pro” sea la pelota oficial para todos los torneos que se encuentren bajo la órbita organizativa de ese organismo. Entre ellos, el Torneo Federal A, la Copa Femenino Federal, el campeonato de Futsal y la Copa Federal Regional Amateur. El documento lleva la firma de Toviggino, como presidente ejecutivo del Consejo Federal del Fútbol, y del secretario general, Javier Treuque.

Apenas unos meses después, Recomi vendió estas pelotas. Le facturó 250 balones a Prosetec SRL el 17 de noviembre de 2022. ¿El monto total? $6.050.000 y en la factura se lee: “Compra social de balones Oficiales Kagiva”, tal cual surge de los documentos comerciales analizados por .

Menos de un mes después, el 12 de diciembre, Recomi volvió a facturarle a Prosetec. Esta vez fueron 267 pelotas y el total ascendió a 6.500.000 de pesos. Prosetec es una empresa con domicilio en Rosario, Santa Fe. Según su información comercial, pertenece al sector industrial.

Los registros bancarios también reflejan al menos una transferencia del club Estudiantes de Río Cuarto, en Córdoba, y Recomi. El club cordobés le envió $3.000.000 el 22 de agosto del 2022. El comprobante contiene “varios” en la descripción del concepto.

Precisamente, el presidente de Estudiantes de Río Cuarto, Alicio Dagatti, posee un cargo en el Consejo Federal de la AFA. Se desempeña como secretario del Departamento del Federal “A”. Este año su club transita la Primera División del fútbol argentino, tras el ascenso conseguido en 2025.

Actualmente, Recomi está incluida en el listado de sociedades con CUIT limitado, según información de ARCA. ¿Qué significa esto? El fisco toma ese tipo de decisiones cuando un sujeto no registra altas en impuestos o cuando observa falta de presentación de declaraciones juradas, entre otros motivos.

La sociedad registró movimientos antes de fin de año. Denunció el extravío de su propio Libro de Registro de Acciones ante el Juzgado Comercial 14. Mientras la Justicia indaga qué documentación posee la firma, los próximos pasos de Recomi tienen signo de interrogación.

USHUAIA (De una enviada especial)-. Era cerca de la medianoche del 20 de enero cuando trabajadores de la Dirección Provincial de Puertos (DPP) empezaron a notar un movimiento inusual en la inmediaciones del puerto de Ushuaia. A los efectivos de la Prefectura Naval que acostumbraban a custodiar la zona, se habían sumado equipos antimotines y, entre todo el gentío, uno de los empleados alcanzó a reconocer a un representante de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (Anpyn).

Ni los llamados urgentes en plena madrugada, ni la llegada del presidente de la DPP, Roberto Murcia, y de la vicegobernadora de Tierra del Fuego, Mónica Urquiza, alcanzaron para revertir lo que los empleados ya habían advertido más temprano. Después de meses de rumores, el gobierno de Javier Milei finalmente se había hecho con el control de las instalaciones.

Así comenzaba la intervención del puerto de Ushuaia, oficializada ese mismo 20 de enero, a través de la resolución 4/2026 de la Anpyn a cargo de Inaki Arreseygor. El despliegue de aquella noche terminó de sellar un nuevo conflicto entre la Casa Rosada y el gobierno fueguino de Gustavo Melella, con quien La Libertad Avanza mantiene un tenso vínculo signado por los reclamos de fondos, las diferencias ideológicas y la colisión de dos modelos antagónicos: el del proteccionismo comercial y el del libre mercado.

A nueve días de esa intervención, la mayor parte del personal de la DPP sigue acudiendo a la entrada del puerto, pero ya no ingresa. Solo 20 personas registradas en un listado publicado junto a la resolución nacional tiene permitido el ingreso al predio portuario. El resto, que antes cumplía tareas operativas en el lugar, permanece afuera de las oficinas del organismo provincial, donde protestan contra lo que consideran una violación a la soberanía fueguina. El gobierno de Melella presentó un amparo para frenar la intervención, pero la Justicia Federal lo rechazó.

Son las 11 de la mañana y la circulación sobre la Avenida Prefectura Naval Argentina, a la altura del ingreso vehicular al puerto, está interrumpida. Como todos los días desde hace más de una semana, alrededor de 30 trabajadores de la DPP reclaman por el cese de la intervención y su reincorporación al área operativa del puerto, donde cumplían tareas desde hace años. Sofocados por un calor inusual para la ciudad austral, incluso en verano, no dejan de tocar sus bombos para hacer oír sus demandas, mientras esperan la llegada de una abogada que los asesore sobre las alternativas que tienen por delante.

Es una de las primeras postales que se llevan los turistas que llegan en los cruceros que ahora, en plena temporada alta, recalan en las costas de Ushuaia o en los micros que se detienen sobre el paseo costero. Atraídos por el paisaje que ofrece el canal de Beagle, los visitantes apenas parecen prestar atención a la protesta, pero los residentes de la capital fueguina lamentan que aquella imagen sea la bienvenida a su ciudad. Es que, a pesar de la intervención del puerto y las medidas de fuerza en la calle, el arribo de turistas no sufrió aún interrupción alguna.

“¿Por qué tenían que hacer esto (la intervención) en temporada alta? La gente llega y ve un grupo de personas con bombos. Capaz que en sus países no están acostumbrados a ver eso», plantea la empleada de un restaurante sobre la avenida San Martín, la calle principal del centro comercial. Desde allí, a dos cuadras del puerto, también se oye la percusión constante de la protesta, que se pierde entre las conversaciones en inglés, francés y chino de turistas que debaten sobre dónde almorzarán antes de continuar su visita.

El reclamo de la DPP tampoco encuentra eco entre los vecinos del centro de Ushuaia, que, aunque con ciertos reparos, no dejan de mostrarse favorables a la intervención impulsada por la administración libertaria. “El puerto se estaba cayendo a pedazos”, resume Ana, empleada de un comercio gastronómico.

Coincide con ella Mónica, que atiende uno de los puestos que ofrece excursiones por el canal de Beagle cerca del puerto. Advierte sobre el mal estado de los baños, que utilizan los turistas y trabajadores del paseo costero, pero, ante todo, por el deterioro de la estructura, incluso las tarimas y puentes que usan los visitantes para acceder a embarcaciones. Es lo mismo que señalan en la Anpyn y el oficialismo nacional como uno de los motivos de la intervención.

“Mientras la infraestructura se cae, los números gritan: más del 85% del gasto fue a sueldos y préstamos a otros organismos y solo el 1,3% volvió al puerto en obras. Esto no es una disputa partidaria. Es una decisión para proteger a quienes trabajan y garantizar las condiciones mínimas de seguridad que la gestión provincial no supo o no quiso garantizar”, argumentan en LLA de Tierra del Fuego, en línea con lo planteado por el gobierno nacional en la resolución que dispuso la intervención.

En la DPP no niegan las falencias del puerto. Reconocen, por ejemplo, problemas en el sitio tres, donde la auditoría de la Anpyn que justificó la intervención relevó el deterioro de pilotes y cabezales, aunque aseguran que para su uso actual -operaciones con barcos chicos en lugar del amarre de embarcaciones de gran porte- no suponen riesgo.

Además de las fallas estructurales, la intervención impulsada por el gobierno nacional atendía a irregularidades en el uso de los fondos del puerto. En julio de 2025, la Legislatura fueguina aprobó la ley 1596, que en su artículo 12 establece la creación de un “fondo específico para el pago de la deuda de la obra social” del estado (OSEF) financiado “de manera excepcional” con el superávit financiero de la DPP.

La inclusión de esa cláusula generó malestar entre los trabajadores del organismo portuario, que resolvieron presentar al gobernador un escrito -al que pudo acceder – en el que le pedían que vetara parcialmente esa parte del proyecto, aprobado por unanimidad en el parlamento local. Aunque el veto no se formalizó -recuerda Franco Castillo, director administrativo del puerto-, la caja no se tocó.

En tanto, el sindicalista Juan Avellaneda presentaba una denuncia por el uso indebido de los fondos del puerto, lo que abrió la puerta para la intervención del gobierno nacional, pese a que la ley que habilitaba el movimiento de dinero había tenido el aval de los legisladores libertarios. Para entonces, la posibilidad de enfrentar una intervención cobraba fuerza entre la planta portuaria.

“Todos sabíamos que de alguna manera iba a poder llevarse adelante una intervención administrativa, pero nos imaginábamos que iba a ser con los trabajadores dentro de la institución”, explica Valeria Barría, directora de Recursos Humanos, con los ojos llorosos. Teme, como muchos de sus compañeros -que pernoctan afuera de las oficinas durante la madrugada, al calor de un improvisado fogón sobre la calzada- por la continuidad laboral y el eventual cese del pago de salarios.

Sucede que, desde la intervención, los pagos de cruceros y buques del puerto se trasfieren a una cuenta del Banco Nación y la provincia, encargada de abonar sus salarios, perdió el control sobre los fondos. “El puerto hoy tiene plata [de años anteriores] que se va a ir gastando en sueldos. ¿Y cuando no tengamos nada, ¿de dónde va a venir la plata si ellos se la están llevando? Nos están echando encubiertamente“, agregó Castillo.

La preocupación salarial se agudiza en una provincia que enfrenta problemas financieros. En vísperas de Año Nuevo renunció el ministro de Economía y gran parte de su equipo y, el año pasado -según reconstruyeron residentes de la ciudad- docentes acostumbraban a movilizarse fuera de la Casa de Gobierno para reclamar por el pago de salarios y la actualización de paritarias. Prevén que este año se reeditará ese mismo conflicto. En el centro comercial, la presencia de locales vacíos o en venta es un reflejo de esa misma economía intermitente.

Otras fuentes de trabajo en Tierra del Fuego, como la industria electrónica, tampoco representan ya una salida laboral atractiva para los residentes como lo hacía hace 15 años. Vecinos señalan que, desde hace años, las empresas ofrecen contratos temporales de pocos meses -conocidos como “contratos basura”– lo que fomenta la inestabilidad laboral en la provincia.

No es un fenómeno nuevo y atiende, en parte, a las dificultades que atraviesa la industria local. En casas de electrónica de Ushuaia señalan que la venta de celulares y dispositivos electrónicos se contrajo ante la escalada inflacionaria de hace unos años y la pérdida de poder adquisitivo que se extendió con la gestión libertaria, lo que redundó en despidos en fábricas de este rubro que se erige como la principal rama industrial de la provincia.

Ahora, con la quita de aranceles para la importación de celulares, que rige desde el 16 de enero pasado, y la caída del acuerdo entre empresarios y la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) para conservar empleos pese a la pérdida de competitividad, en Tierra del Fuego esperan nuevos despidos. “Ya no hay trabajo en Río Grande, donde todo se asociaba a la industria de ensamble y electrónica. Los contratos terminaron a fin de año y están todos con la incógnita de si este año los van a volver a llamar o no”, cuenta Laura, vendedora ambulante.

Vive en esa ciudad del norte de la provincia, pero trabaja en Ushuaia por la temporada, para aprovechar el flujo de turistas que, como ahora, se detiene delante de su carro para consultar por el precio de algunos imanes. La venta ambulante se convirtió en una salida laboral bastante prolífica entre quienes no encuentran otra alternativa en el mercado formal.

“La perdida de empleo ha sido brutal. De casi 15.000 trabajadores industriales de fábrica, hoy debemos de estar en los 6000″, asegura Sebastián Iriarte, secretario de Gobierno de la municipalidad de Ushuaia. “Eso puso en tensión muchísimo la economía, con las grandes manifestaciones que tuvimos el año pasado, cuando se sacaron beneficios a la industria electrónica”, agrega.

El modelo proteccionista que acompañó a Tierra del Fuego y que defienden en la intendencia de Ushuaia y en la gobernación colisiona de manera directa con el modelo liberal que busca apuntalar Javier Milei. Es una diferencia ideológica que no solo se refleja en el escaso diálogo entre ambos niveles de gobierno -Melella aún no se reunió con el ministro del Interior, Diego Santilli-, sino también en la quita de fondos para la provincia que denuncian sus autoridades.

El 21 de enero -un día después de la intervención del puerto- el gobierno nacional anunció la eliminación de las contribuciones empresariales (del 15% de sus ingresos) al Fondo de Ampliación de la Matriz Productiva (FAMP) fueguina como alivio por la quita de aranceles. La iniciativa se encamina a dejar al gobierno provincial sin otra fuente de ingresos para diversificar y estabilizar su economía.

“Eliminar el aporte del FAMP es frenar proyectos, inversión y empleo en Ushuaia, Río Grande y Tolhuin. No son medidas aisladas: es un plan contra Tierra del Fuego”, denunció Cristina López, senadora nacional de Fuerza Patria cercana a Melella. En la ciudad de Ushuaia, los carteles con su rostro y el logo de su alianza son moneda corriente, tanto como los carteles que anuncian obras públicas de la gobernación y la simbología peronista.

El despacho municipal por el que se mueve Iriarte encierra ese mismo espíritu peronista que acompaña otros edificios públicos como la Casa de la Mujer, que lleva el nombre de Cristina Kirchner. En muebles y paredes cuenta con cuadros de la expresidenta y también referencias a Néstor Kirchner. Es un síntoma de su afiliación política y de la trama ideológica que -entiende- se esconde detrás de la cruzada entre Javier Milei y Tierra del Fuego. Al igual que el intendente Walter Vuoto, el gobernador Melella militó la boleta de Fuerza Patria en las últimas elecciones como estrategia para enfrentar a Milei.

Y, la semana pasada, su gobierno apuntó contra el Presidente por la llegada de un avión estadounidense a la capital provincial, a la que vincularon con la intervención del puerto y plantearon como un avance sobre la soberanía provincial. Entre los vecinos, sin embargo, la visita de los congresistas norteamericanos no suscitó mayor interés ni preocupación.

Su atención está puesta en el día a día, en conseguir el ingreso suficiente para hacer frente al elevado costo de vida en la ciudad y los altos alquileres que -según señalan varios vecinos- ya restringen el acceso a la vivienda. Es por eso y, por las dificultades para hallar y retener un empleo, que algunas personas se han instalado sobre la ladera de la montaña, donde proliferaron asentamientos precarios en los que el acceso a servicios básicos como agua corriente y gas son la excepción.