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La Justicia postergó la decisión sobre la reimpresión de boletas en la provincia de Buenos Aires por un error procesal

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La controversia en torno a la posible reimpresión de 14 millones de boletas únicas para los electores de la provincia de Buenos Aires sumó este sábado un nuevo capítulo, al quedar el proceso judicial en suspenso por un trámite procesal omitido. La Cámara Nacional Electoral (CNE), presidida por Daniel Bejas, devolvió la apelación presentada por La Libertad Avanza (LLA) a la Junta Electoral Nacional Distrito Buenos Aires, al considerar que no se había solicitado la opinión de las demás fuerzas políticas involucradas, un paso considerado esencial para garantizar el derecho de defensa y el principio de bilateralidad.

La decisión de la Cámara Nacional Electoral se dio un rato después del fallo que habilitó a que Diego Santilli sea quien encabece la lista de candidatos de diputados de La Libertad Avanza en territorio bonaerense. El tribunal revocó un fallo de primera instancia que había dispuesto que sea Karen Reichardt quien reemplace aJosé Luis Espert, que renunció en medio del escándalo por sus vínculos con un empresario condenado por narcotráfico.

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La medida de la CNE implica que la resolución sobre la reimpresión de las boletas, reclamada por LLA, se demorará aún más. Según la providencia firmada por Bejas, la Junta —integrada por el juez federal de La Plata Alejo Ramos Padilla, el presidente de la Cámara Federal Jorge Di Lorenzo y la presidenta de la Corte provincial Hilda Kogan— deberá ahora dar traslado de la apelación a los apoderados de los 15 partidos que comparten la boleta única en el distrito bonaerense. Solo una vez cumplido este trámite, el fiscal ante la Cámara, Ramiro González, podrá emitir su dictamen, tras lo cual la Cámara estará en condiciones de fallar.

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En el escrito al que accedió Infobae, Bejas fundamentó la devolución de la apelación señalando que “el presente caso constituye una cuestión de orden público, toda vez que para su tratamiento en la instancia anterior se trabó un proceso contencioso al cual quedaron integradas —como partes— las agrupaciones políticas del distrito que participan del proceso electoral en curso, corresponde sustanciar el recurso de apelación concedido, en resguardo del principio de bilateralidad y para asegurar el derecho de defensa”.

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La controversia se originó cuando la Junta Electoral rechazó el pedido de LLA para reimprimir las boletas, argumentando que, además de la “imposibilidad material y temporal”, la solicitud resultaba “jurídicamente improcedente, en tanto contradice el régimen de plazos, etapas y competencias establecido por el Código Electoral Nacional, las acordadas de la Cámara Nacional Electoral y la doctrina reiterada de ese Tribunal en materia de orden público electoral”. La Junta también advirtió que la reimpresión implicaría un gasto superior a 12.100 millones de pesos, no contemplado en el presupuesto, lo que supondría un uso extraordinario de recursos públicos.

Santilli será el primera candidato a diputado por La Libertad Avanza y lo secundará Karen Reichardt

Frente a esta negativa, los apoderados de La Libertad AvanzaAlejandro Carranzio, Juan Osana y Luciano Gómez Alvariño— presentaron una apelación en la que sostuvieron que, durante la audiencia celebrada ante la Junta, “quedó demostrado a juicio de esta Alianza, que la reimpresión resulta técnicamente posible y presupuestariamente viable, siempre que medie una decisión judicial urgente, ello sostenido en las sólidas garantías ofrecidas por el Ministerio del Interior de la Nación durante su exposición”. Además, los representantes de LLA manifestaron su disconformidad con los plazos del proceso, al afirmar que “se notificó finalmente su fallo a las 19:28 del día siguiente, jueves 9 de octubre del corriente”.

La postura de LLA es que la reimpresión de las boletas “resulta materialmente posible y jurídicamente procedente”. Por su parte, el Gobierno reiteró que existen las condiciones necesarias para que se “habilite la reimpresión del instrumento electoral a fin de garantizar la expresión genuina de la voluntad popular como derecho político y electoral básico”.

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La Junta Electoral había sido enfática al señalar que el Código Electoral establece reglas precisas para todas las etapas del proceso —presentación, aprobación, impresión, control y distribución de boletas— y que modificar esos plazos en este momento representaría “un riesgo institucional”.

No obstante, los apoderados de LLA argumentaron que la disponibilidad de las boletas ya impresas garantiza la realización de los comicios ante cualquier eventualidad, y que corresponde a la Justicia Electoral asegurar que el derecho al voto se ejerza en condiciones óptimas de información, imparcialidad y libertad. Según su planteo, “el fin último perseguido por la normativa electoral es asegurar la expresión genuina de la voluntad del pueblo a través del cuerpo electoral”.

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Tierra del Fuego: denuncian que un diputado libertario les pedía a sus empleados parte del sueldo para gastos partidarios

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El diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA) por Tierra del Fuego Santiago Pauli quedó en el centro de una controversia tras la filtración de presuntos audios que revelarían que exigía a asesores legislativos del bloque provincial libertario que devolvieran el ítem de “desarraigo” de su salario para cubrir gastos del partido en Río Grande. El adicional salarial que se abona por “desarraigo” es de aproximadamente $500.000.

En las presuntas grabaciones, una voz atribuida a Pauli hablaría con un puntero sobre la utilización de parte de su sueldo para solventar gastos del local partidario en Río Grande, en el norte de la isla de Tierra del Fuego.

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El denunciante es Rolando Correa, autodenominado puntero del frente La Libertad Avanza en Tierra del Fuego, quien ha mencionado en declaraciones a medios locales que en un principio trabajó con Pauli como asesor en Diputados y luego pasó al bloque libertario de la Legislatura provincial, integrado por los legisladores Natalia Gracianía y Agustín Coto.

Los audios difundidos contienen recortes de conversaciones entre el diputado Pauli y Correa, en los que este último expresa su negativa a realizar el “retorno” del ítem de desarraigo argumentando su necesidad del dinero.

Santiago Pauli, diputado nacional de La Libertad AvanzaFacebook: Santiago Pauli

Pauli, en respuesta, le indicaría que de no concretarse el retorno del monto darían de baja los contratos: “Es simple de entender, es un viático por un trabajo que alguien no hace, en vez de exigir un porcentaje de un contrato que es lo que cualquier partido hace, dijimos, quedate con el 100% del contrato, pero danos los viáticos que no estás usando”.

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Pauli no respondió ayer a las consultas de . En la justicia fueguina no se presentó aún una denuncia formal. Correa apuntó solamente contra Pauli en los medios de comunicación.

El denominado ítem “desarraigo” es un plus salarial destinado a cubrir los gastos de traslado y residencia de los empleados que cumplen funciones en la Legislatura provincial, cuya sede central se encuentra en Ushuaia, y deben viajar desde Río Grande, a 200 kilómetros de distancia.

Finalmente, fuentes cercanas al partido Republicanos Unidos – que conforma la Alianza en Tierra del Fuego y del cual Correa es afiliado- dijeron que se trataría de un aporte voluntario de parte de un afiliado, que “esta persona se apartó por diferencias políticas y dejó de aportar”.

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El Ejecutivo promulgó las leyes de emergencia pediátrica y financiamiento universitario, pero postergó su aplicación

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El Gobierno promulgó dos leyes clave: la de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente, y la de Emergencia Sanitaria de la Salud Pediátrica y de las Residencias Nacionales en Salud.

Ambas normas fueron sancionadas por el Congreso, pero su ejecución quedó postergada hasta que se determinen las fuentes de financiamiento y se incluyan las partidas correspondientes en el presupuesto nacional, tal como establece el artículo 5° de la Ley 24.629.

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Financiamiento universitario: recursos y salarios garantizados

La Ley 27.795 busca asegurar la continuidad y sostenimiento de la educación universitaria pública. Entre sus principales medidas se destacan:

  • Actualización automática de los presupuestos universitarios según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC.
  • Recomposición salarial de docentes y no docentes, que debe garantizarse con carácter remunerativo y bonificable, incluyendo la plena incorporación de sumas no remunerativas.
  • Convocatoria obligatoria a paritaria nacional, con actualización mensual no inferior a la inflación.
  • Revisión y fortalecimiento de programas de becas estratégicas y apoyo a estudiantes en situación de vulnerabilidad.

A pesar de estas disposiciones, la aplicación de la ley quedó condicionada a que el Congreso defina cómo se financiarán los gastos adicionales, tal como ocurre con la ley de emergencia pediátrica.

Emergencia pediátrica: atención garantizada, pero sin ejecución inmediata

La Ley 27.796 declara la emergencia sanitaria en salud pediátrica y residencias nacionales de salud por un año. Sus objetivos son:

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  • Garantizar acceso equitativo y de calidad a servicios de salud pediátrica, incluyendo hospitales de referencia y prácticas de alta complejidad.
  • Asegurar continuidad y condiciones laborales dignas para residentes y profesionales de la salud, con recomposición salarial mínima equivalente a noviembre de 2023.
  • Priorizar recursos para programas críticos como neonatología, trasplantes, oncología pediátrica y cirugía cardíaca infantil.

Sin embargo, según el decreto 760/2025, la ley queda suspendida hasta que el Congreso incluya partidas específicas en el presupuesto nacional, debido a que la actual situación financiera del Ministerio de Salud no permite afrontar el gasto sin afectar otros programas esenciales.

Qué implica la suspensión en la puesta en marcha de las leyes

  • La promulgación formal significa que las leyes existen y están vigentes.
  • La postergación impide que se asignen fondos, se actualicen salarios o se implementen programas hasta garantizar el financiamiento.
  • Esta medida se justificó en evitar desfinanciar otros programas sanitarios y educativos esenciales mientras se resuelven los recursos necesarios.

En la práctica, tanto universidades públicas como hospitales pediátricos deberán esperar la asignación presupuestaria antes de recibir los beneficios que las leyes establecen.

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Boleta Única: ¿tengo que llevar mi lapicera para las elecciones 2025?

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En las elecciones legislativas nacionales 2025 que se llevan a cabo este domingo 26 de octubre se implementa por primera vez a nivel nacional la Boleta Única de Papel (BUP), en la cual se agrupa toda la oferta electoral. Esta incluye todos los candidatos a diputados y senadores nacionales, según lo que se define en cada provincia. Para que los electores indiquen su sufragio, deben marcar la opción que elige en uno de los casilleros blancos que se podrá ver junto a la lista de cada fuerza política. En ese sentido, muchas personas se preguntan si es necesario llevar una lapicera al momento de acercarse a las urnas.

¿Cómo se vota en las elecciones legislativas nacionales 2025?

De acuerdo a lo informado por la Cámara Nacional Electoral (CNE), a los electores se les proveerá la BUP y una lapicera por las autoridades de mesa al momento de votar. Por lo tanto, no es necesario que cada uno de ellos cuente con algo para escribir para sufragar.

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El organismo destacó que las lapiceras con las que se votará este domingo son “indelebles”. Esto significa que la tinta no se puede borrar. Por lo tanto, cada votante debe asegurarse de marcar la opción que desea con sumo cuidado.

Si se comete un error, la CNE explica que el elector debe doblar la boleta y acercarse e a las autoridades de mesa para informar las circunstancias. Luego, debe entregar la papeleta, que se repondrá por otra. Se dejará constancia del cambio en una acta labrada al efecto, la que será remitida con el resto de la documentación al cierre del acto electoral.

¿Cómo se vota con la Boleta Única de Papel?Ignacio Amiconi

Las elecciones legislativas de 2025 introducen la Boleta Única de Papel (BUP) en todo el territorio nacional, un instrumento que busca modernizar y transparentar el proceso electoral. Su objetivo primordial es garantizar la presencia de la totalidad de la oferta electoral en cada centro de votación, y así eliminar la posibilidad de que falten boletas de algún partido.

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El diseño de la BUP se concibió para facilitar la visualización y la elección por parte del electorado. Los partidos políticos se organizan verticalmente en columnas, mientras que las categorías de cargos a elegir se presentan horizontalmente en filas. Al lado de cada cargo, se dispondrá una casilla en blanco para que el votante marque con una tilde a su candidato o lista de preferencia. Este formato busca simplificar la identificación de las opciones disponibles.

Es importante destacar que habrá dos modelos de Boleta Única de Papel, según la jurisdicción, debido a la variación de cargos a elegir. Por un lado, los candidatos a senadores nacionales estarán identificados con nombre y apellido, y su fotografía color. Para el caso de la lista de diputados, tendrán como máximo los nombres y apellidos de los primeros cinco candidatos de la lista, a excepción de los distritos que elijan un número inferior. En todos los casos se incluirá la fotografía color de los primeros dos postulantes.

El proceso de votación con la BUP es el siguiente:

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Cómo se vota con la Boleta Única de Papel
Cómo se vota con la Boleta Única de Papel

El elector debe entregar su DNI para que se verifique su identidad y si puede votar. Una vez chequeado esto, el votante recibirá la boleta, firmada por la autoridad de mesa, y una lapicera

En la cabina de votación, marcar el casillero del candidato o lista elegida (una marca por categoría).

Doblar la boleta por la línea punteada y depositarla en la urna. Finalmente, firmar el padrón y recibir la constancia de voto y el DNI.

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