POLITICA
La Justicia rechazó un recurso de la comunidad mapuche y es inminente el desalojo de tierras usurpadas en Neuquén
SAN CARLOS DE BARILOCHE.- A través de una reciente resolución, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Neuquén rechazó una presentación de la comunidad mapuche Paicil Antriao, de Villa La Angostura, y el desalojo sería inminente.
Si bien las diversas causas vinculadas a la comunidad están en la Corte Suprema, lo cierto es que la queja presentada por su abogado ante el máximo tribunal no suspende la ejecución de la sentencia del año pasado, que ordenaba el desalojo. Una de las acciones había sido iniciada por el exbasquetbolista Emanuel Ginóbili por una propiedad que compró en 2004 en el cerro Belvedere, en Villa La Angostura.
En septiembre de 2025, el juez Francisco Astoul Bonorino consideró acreditado el título de propiedad de Ginóbili y dio un plazo de 30 días para el desalojo de la comunidad mapuche. Cuando se quiso ejecutar esa sentencia, el juez de Junín de los Andes se declaró incompetente y el abogado del lof Paicil Antriao, Luis Virgilio Sánchez, cuestionó esa competencia. “El tema llegó al Tribunal Superior de Justicia. Estábamos discutiendo la ejecución de esa sentencia y ahora el tribunal rechazó mi recurso de casación y le da la causa a Bonorino, juez de Villa La Angostura, para llevar adelante el desalojo”, explicó Sánchez.
Sumó que, en paralelo, mantenían una instancia de diálogo con el municipio de esa localidad neuquina, que “a esta altura parece que está quebrada”. De todas formas, está pendiente que el abogado de la comunidad mapuche presente un recurso extraordinario contra el reciente fallo del TSJ.
El conflicto con Ginóbili comenzó por un terreno de alrededor de 20 hectáreas. Según los integrantes de la comunidad mapuche, el reconocido deportista no estaba al tanto de que esas tierras eran usadas por la comunidad para pasear el ganado ovino. La comunidad Paicil Antriao aseguró que Ginóbili “fue estafado” al comprar los lotes. De acuerdo con el lof Paicil Antriao (que administra un camping en el lago Correntoso), esas tierras fueron históricamente de su propiedad desde 1900, cuando el general Julio Argentino Roca les entregó la posesión de 625 hectáreas del histórico lote número 9, que incluye al cerro Belvedere, sobre el lago Correntoso.
El juez Bonorino sostuvo en su sentencia que “no hay informe oficial alguno que determine que esas tierras gozan de la protección de la propiedad comunitaria indígena”, y que los informes del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) resultan “contradictorios” y “preliminares”, por lo que no constituyen prueba suficiente para acreditar ocupación tradicional.
“La argumentación de este juez en su sentencia plantea que hay carencia de soporte científico, tirando por la borda los informes de peritajes antropológicos presentados por la comunidad. No consideró los numerosos testimonios de mayores mapuches presentados en la causa, quienes son los que poseen y tienen la memoria y la historia de este territorio como nadie. Además, en el fallo Bonorino hace mención a la ‘autoproclamada comunidad Paichil Antriao’, cuando tenemos Personería Jurídica otorgada por el mismo Estado. Esto es discriminatorio y racista por donde se lo mire”, señalaron desde la comunidad tras conocerse el fallo.
Las comunidades mapuches también consideraron que el municipio de Villa La Angostura “coordina maniobras para volver a la carga” con diversos desalojos, como los que enfrentan los lof Quintriqueo y Melo. “Todavía quedan recursos para presentar. En la causa de Quintriqueo y Melo, inicié una acción contra la familia Broers. Y el juez integró la litis con el gobierno de la provincia de Neuquén, dijo que ellos estaban interesados en la causa y que eran demandados, por lo que nos ordenó notificar. Estoy haciendo los oficios para frenar el desalojo. Porque, por otro lado, el particular en el expediente madre trata de llevar adelante la ejecución de la sentencia”, explicó Sánchez.
En el caso de la comunidad Quintriqueo, el conflicto se originó a finales de 2011, cuando María Cristina Broers denunció que las personas de esa comunidad ingresaron en su lote, ubicado sobre el lago Nahuel Huapi, a unos 35 kilómetros de Villa La Angostura, y recurrió a la justicia para recuperar la posesión. En 2016, un juez ordenó el desalojo, pero la ejecución se encuentra frenada tras la intervención el año pasado del Ministerio de Gobierno neuquino.
Finalmente, Sánchez advirtió que la comunidad Paicil Antriao enfrenta millonarias multas por parte del municipio: “Como no tienen licencia comercial (que no la tienen porque la municipalidad no se las quiere dar), les aplican multas de 1 millón de pesos por vender tortas fritas. Ya hemos apelado varias multas. Les han clausurado el camping para que no puedan llevar adelante actividades y también apelé esa clausura”.
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En medio de su viaje a Estados Unidos para promover inversiones para la Argentina y en medio de la escalada bélica en Medio Oriente, el presidente Javier Milei analizó el panorama mundial, elogió el trabajo de la administración de su par estadounidense Donald Trump y adelantó que para mitad de este año los conflictos habrán llegado a su fin, incluso lo que él mismo definió como “el régimen cubano”.
“Es de esperar que la guerra tenga un corto alcance. Y, en paralelo, el gobierno de Estados Unidos está trabajando por la paz entre Ucrania y Rusia. Al mismo tiempo que por decantación caerá Cuba“, consideró el jefe de Estado.
En una entrevista radial que brindó desde Nueva York, a donde viajó para participar de la Cumbre “Escudos de las Américas” y de la inauguración de la Argentina Week 2026, Milei explicó que los procesos bélicos van a haber “encontrado su final” para la segunda mitad de 2026. “Incluida la liberación de Cuba”, detalló.
“En ese contexto, es muy probable que los precios se acomoden. Así es que cuando la Argentina, por una cuestión estacional dada el invierno, pueda tener algún faltante de gas, no pague precios exorbitantes”, explicó en diálogo con Radio Now y añadió: “Esto no es ni más ni menos una situación transitoria, un deterioro transitorio que puede tener la economía mundial, pero en donde la consecuencia va a ser un reordenamiento político muy fuerte: básicamente China va a quedar más aislado en términos de que muchos de sus socios, la situación va a ser más pura y limpia».
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POLITICA
Las impactantes multas que el Gobierno aplicará contra dos gremios por haber adherido al paro de la CGT
El Gobierno aplicará multas millonarias contra los sindicatos La Fraternidad y Unión Tranviarios Automotor (UTA) por incumplir la conciliación obligatoria en sus conflictos y adherir al paro nacional de la CGT el 19 de febrero pasado. Según afirmaron a Infobae fuentes oficiales, el gremio de conductores de locomotoras deberá pagar 21 mil millones de pesos, y el de choferes de colectivos, 70 mil millones de pesos.
Consultados por Infobae, en ambos sindicatos aseguraron que hasta el momento no les llegó la notificación oficial de las sanciones y prefirieron no opinar hasta que puedan analizar esa comunicación.
La medida establece un precedente relevante en materia de sanciones por no cumplir con la conciliación obligatoria y podría escalar en un enfrentamiento de mayor intensidad entre el Poder Ejecutivo y el sindicalismo.
La CGT ya anticipó su rechazo a las multas contra los dos gremios del transporte y atribuyó la medida del Gobierno a un acto de “persecución política y sindical”.
“Lejos de perseguir las legítimas acciones gremiales de los sindicatos, amparadas por la Constitución Nacional y propias de un país donde se ejerce la libertad sindical, el Gobierno debería preocuparse mejor en reaccionar ante la escalada indetenible del cierre de empresas, del aumento escandaloso del desempleo y la caída brutal del valor adquisitivo del salario y las jubilaciones”, agregó.
Además, la CGT resaltó: “Si a las autoridades del Gobierno les preocupa la altísima adhesión al último paro convocado por esta central obrera, tienen que saber que es con trabajo que se disminuye la conflictividad social, no con persecución política y sindical”.
Por su parte, la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) también condenó la sanción impuesta y se solidarizó con los dos sindicatos. En la entidad conducida por Juan Carlos Schmid advirtieron que “estas acciones constituyen un grave antecedente de presión sobre las organizaciones sindicales y una señal preocupante de avance sobre derechos fundamentales de los trabajadores, entre ellos el derecho constitucional a la organización y a la huelga”.
La Secretaría de Trabajo, que encabeza Julio Cordero, verificó el desacato de ambos sindicatos a la conciliación obligatoria el 19 de febrero pasado y dio inicio a sumarios administrativos. El comunicado de Capital Humano para anunciar esta decisión dijo que “las infracciones tipificadas en el artículo 4° del régimen general de sanciones por infracciones laborales, ratificado por Ley N° 25.212, conllevan una sanción de multa del 50% al 2000% del valor mensual del salario mínimo, vital y móvil por cada trabajador afectado».
Las multas económicas, que se graduarán según la fecha exacta de la infracción y el universo de trabajadores implicados, serían solo una de las consecuencias. La ley prevé además la posibilidad de quitar la personería a los sindicatos que violen la conciliación obligatoria.
Según Capital Humano, la aplicación de estas sanciones busca “resguardar el interés general y garantizar el cumplimiento de la normativa laboral vigente”.
La Fraternidad, encabezada por Omar Maturano, interpretó que la conciliación obligatoria sólo regía para su propio conflicto salarial y no podía aplicarse a una protesta general de la CGT por otros motivos.
Por su parte, la UTA, bajo la dirección de Roberto Fernández, argumentó que en esos días la conciliación obligatoria había sido dispuesta únicamente para el conflicto salarial de los choferes de colectivos del interior y no para los trabajadores del AMBA.
La conciliación obligatoria, de acuerdo con la ley, impone que sindicatos y empleadores abran una instancia de negociaciones durante 15 días—prorrogables por otros cinco—en la Secretaría de Trabajo. Durante ese plazo, ambas partes deben retroceder al estado anterior al conflicto, absteniéndose de tomar o continuar medidas de acción directa, bajo pena de sanción.
La última vez que el Estado impuso multas de este tipo fue durante el gobierno de Mauricio Macri, cuando el entonces ministro de Trabajo Jorge Triaca sancionó al Sindicato de Camioneros, liderado por Hugo Moyano, con una multa de $809.790.710 mediante la Resolución N° 27.768 del 19 de julio de 2018. En ese caso, la infracción correspondió a la violación de la conciliación obligatoria en un conflicto salarial por un bono de fin de año para 182.797 trabajadores camioneros.
El sindicato de Moyano rechazó el pago y cuestionó el proceso, lo que derivó en que ya bajo la gestión de Alberto Fernández, el entonces ministro de Trabajo Claudio Moroni declarara en 2020 la “nulidad” del expediente. Según esa resolución, “no se identificó clara ni concretamente el número de los trabajadores afectados a la infracción imputada”.
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POLITICA
Un ministro de Kicillof criticó a los concejales de LLA que proponen bajar tasas en 116 municipios
El ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, hombre de máxima confianza del gobernador Axel Kicillof, criticó el movimiento coordinado de los concejales de La Libertad Avanza que presentaron proyectos para reducir o eliminar tasas en 116 municipios bonaerenses.
Les pidió que “dejen de mentir” y subrayó que esos cargos que definen los municipios tienen un impacto menor al 1% sobre la carga tributaria de la producción agrícola e industrial.
“Le pedimos al gobierno nacional y a los concejales de La Libertad Avanza que dejen de mentir, que dejen de llevar adelante operaciones de distracción. Les pedimos que se pongan a trabajar con proyectos que tengan como objetivo favorecer la producción, no destruir la producción”, subrayó Bianco en una conferencia de prensa que ofreció este lunes por la mañana, junto a los ministros Augusto Costa (Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica) y Estela Díaz (Mujeres y Diversidad).
El funcionario consideró que el gobierno nacional impulsa “permanentes ataques, operaciones de prensa e intentos judiciales de limitar la autonomía de los municipios en materia de fijar sus tasas”, con el argumento “de que en la Argentina los problemas de los comercios, de la producción agropecuaria e industrial tienen que ver con la excesiva aplicación de tasas municipales”. Y resaltó: “Queremos desmentir que esto sea una causa importante”.
Para cuestionar la iniciativa libertaria, motorizada por Sebastián Pareja (diputado nacional y presidente del partido La Libertad Avanza bonaerense), Bianco tomó un índice elaborado por la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA). “El 93,6% de la carga impositiva sobre la producción agropecuaria tiene que ver con los impuestos nacionales, que ¡Oh, casualidad!, mayoritariamente son impuestos nacionales no coparticipables. Es decir, que la recaudación se la queda [el presidente Javier] Milei. El 56,5% son impuestos no coparticipables; el 37,1%, impuestos coparticipables. Solo el 5,7% de la carga tributaria sobre la producción agropecuaria es de impuestos provinciales. Apenas el 0,7% corresponde al impacto de las tasas municipales», dijo el ministro de Gobierno provincial.
En su cruzada contra la avanzada de los concejales libertarios, Bianco apeló también a un dato relevado por la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). “El otro indicador que estuvimos analizando es del Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata. El profesor Agustín Lódola [que dirige ese laboratorio] muestra que las tasas municipales explican solo el 0,9% del valor agregado bruto, a precios de mercado, en el promedio de las cadenas productivas de la Argentina”, indicó el funcionario kicillofista.
La Libertad Avanza presentó proyectos en los municipios en los que tiene representación con ediles con el objetivo de eliminar 138 tasas municipales, reducir otras 120 y simplificar 11. Según la información que difundieron usinas libertarias para apuntalar la seguidilla de iniciativas, Buenos Aires es el distrito con el promedio de tasas más alto del país. “El 81% de esas tasas no tienen una contraprestación clara”, afirmó Pareja al justificar el movimiento coordinado de los concejales mileístas.
Bianco, por su parte, subrayó que los inconvenientes productivos del país se derivan de las políticas nacionales y no del peso de las tasas municipales. “Es una mentira que el problema de la competitividad, de la producción y la generación de empleo en la Argentina tiene que ver con las tasas municipales; eventualmente, tendrá que ver con el sistema tributario nacional. Pero sabemos que el problema de la producción tiene que ver con otra cosa: con la apertura importadora, con la apreciación cambiaria, con la destrucción del mercado interno, con la caída de los ingresos de la población en la Argentina”, afirmó el ministro de Gobierno bonaerense.
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