POLITICA
La Justicia revisará la detención domiciliaria de Cristina Kirchner, el uso de la tobillera electrónica y el régimen de visitas

Desde el mediodía el máximo tribunal penal analiza las restricciones de las visitas a la expresidenta Cristina Kirchner en el departamento de Constitución en el que cumple prisión domiciliaria por la condena por la causa Vialidad. La defensa de la expresidenta cuestiona la decisión del Tribunal Oral Federal 2 (TOF2) de limitar el acceso a la propiedad solo para la familia de la expresidenta, abogados y médicos, sin necesidad de requerir un permiso a la Justicia. Además, reclaman que le quiten la tobillera electrónica.
La audiencia la fijó la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, liderada por Mariano Borinsky, e integrada además por Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña. Los magistrados analizarán las presentaciones de la defensa de la expresidenta contra las restricciones a sus visitas durante el arresto domiciliario en San José 1111, además de la apelación de los fiscales a la domiciliaria a la exmandataria. Luego tendrán cinco días para resolver.
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Los abogados de Cristina Kirchner, Carlos Beraldi y Ari Llernovoy, argumentaron que los jueces del TOF 2 omitieron que la expresidenta tiene que reunirse con frecuencia con los profesionales contables que la asisten, al igual que los apoderados que se encargan de las cuestiones administrativas que se deben desarrollar en forma diaria en su nombre.
Para los defensores la regla impuesta por el tribunal resulta incompatible con el derecho a la vida familiar y social de su representada. Por este motivo también impugnaron la colocación de una tobillera electrónica para garantizar el cumplimiento de la prisión domiciliaria.
Los detalles de la apelación de los fiscales a la prisión domiciliaria de Cristina Kirchner
Mientras que los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola apelaron el arresto domiciliario de la expresidenta por la condena a seis años de prisión por la causa Vialidad y pidieron que vaya a una cárcel. Argumentaron que la domiciliaria “es un privilegio” y que “hay falta de igualdad ante la ley”. La Cámara federal de Casación Penal decidirá sobre esta presentación.
Los fiscales plantearon: “Este Ministerio Público, como titular de la acción pública, tiene un interés en que las penas dictadas por su impulso en casos graves de corrupción pública se cumplan como corresponde en los establecimientos carcelarios establecidos al efecto. Además, cabe agregar que existe un gravamen concreto y actual que bien puede considerarse de imposible, insuficiente, muy dificultosa o tardía reparación ulterior”.
Luciani y Mola consideraron que “no se verifican las causales” de la prisión domiciliaria de la expresidenta, medida que la dirigente cumple en su departamento en Constitución: “Jamás existieron motivos reales para apartarse de lo que constituye una clara regla del Código Penal y de la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad: la pena de prisión debe cumplirse dentro de un establecimiento penitenciario”.
Mencionaron que “a partir del análisis de las constancias agregadas al expediente y de la presentación analizada” determinaron que “no se advertían las razones humanitarias que justificaran conceder una medida excepcional como lo es la prisión domiciliaria”. Explicaron que “no se encontraban configuradas ni esgrimidas razones de salud o razones personales que, vinculadas a la edad” les permitieran “inferir que el encierro carcelario podía afectar el derecho a un trato digno o humanitario reconocido a las personas privadas de su libertad”.
Indicaron, además, que en el informe socioambiental del 12 de junio pasado consignaron que la expresidenta dijo que estaba “en un buen estado de salud general” y que con esa información entendieron que “la defensa no había demostrado -ni se advertía- que la privación de libertad en el establecimiento carcelario supusiera, por sí misma, un menoscabo a la vida o a la integridad personal” de la dirigente.
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POLITICA
En Casa Rosada creen que tienen los votos para la Ley de Glaciares y preparan los pasos para poner en marcha el acuerdo Mercosur-Unión Europea

El Senado se prepara para una sesión crucial que se desarrollará este jueves, en la que buscará la aprobación del acuerdo Mercosur-Unión Europea y la modificación de la ley de glaciares, dos iniciativas que marcarán el rumbo de la política exterior y ambiental del país. Son aspectos que el Gobierno presidido por Javier Milei quiere tener avanzados antes de que finalice en cuestión de días el período de sesiones extraordinarias.
Entre las motivaciones principales del debate figura el objetivo del Gobierno de convertir a Argentina en el primer país de la región en ratificar el tratado con la Unión Europea, lo que le permitiría obtener ventajas comerciales de manera anticipada frente a sus socios regionales, como Brasil y Uruguay. El tratado bicontinental tiene media sanción desde la Cámara de Diputados y sus chances de salir son amplias.
Hay más complejidad en lo que refiere al debate del proyecto que modifica las capas de protección sobre lo que se define como ambiente periglaciar. Aunque una altísima fuente de la Casa Rosada indicó a Infobae que “estarían los números” para poder aprobar todos los apartados de la medida.
El artículo séptimo del proyecto es uno de los más observados, ya que otorga a cada provincia la facultad de definir la autoridad de aplicación –excepto en áreas protegidas bajo la ley 22.351 de Parques Nacionales–. Esta autoridad local será responsable de identificar “basándose en elementos técnico-científicos, los glaciares y el ambiente periglaciar ubicados en su territorio que cumplan con alguna de las funciones hídricas previstas”, es decir, que “actúen como reservas estratégicas de recursos hídricos o como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas”.
En principio, el Gobierno cuenta con los 21 integrantes del bloque La Libertad Avanza, junto al apoyo del PRO, la Unión Cívica Radical (UCR) y ciertos senadores que responden a gobernadores de Cuyo y del Norte, grandes interesados por las posibilidades de extender las producciones mineras hasta ciertas áreas periglaciares.
Para asegurarse el número, en la Casa Rosada dieron la orden de trasladar a parte de la mesa política al Palacio del Congreso para poder abroquelar las adhesiones definitivas junto a las gestiones que ya está haciendo la jefa de bloque de LLA en el Senado, Patricia Bullrich. En el despacho del ministro del Interior, Diego Santilli, avisaron que estará en el Congreso siguiendo la sesión en donde se votarán ambas iniciativas.

En la previa a la sesión, Santilli destacó que la reforma a la Ley de Glaciares “implica generar las condiciones para que las empresas del sector puedan invertir, producir y dar más trabajo en la Argentina”. “Hoy Argentina exporta 6 mil millones de dólares en materia de minería, mientras que Chile, que está al lado y comparte la misma cordillera, exporta 60 mil millones de dólares. Hay que alentar las inversiones y para eso es necesario reformar leyes viejas que desalientan el crecimiento de nuestro país”, agregó.
Mucho más sencillo es lo que sucederá alrededor del tratamiento del acuerdo Mercosur-Unión Europea, ya que los congresistas solo pueden aprobarlo o rechazarlo en su totalidad, sin introducir modificaciones. El Poder Ejecutivo incluyó esta discusión en el temario de extraordinarias con el propósito de “aventajar a sus socios regionales” y posicionar a Argentina como referente en la integración económica con Europa.
Consultados por Infobae, en la Cancillería detallaron que el camino para que el tratado comience a estar vigente es el siguiente:
- a nivel interno, el Presidente lo promulga y se publica en el Boletín Oficial
- mientras que a nivel internacional, el gobierno argentino comunica a los depositarios del Acuerdo (Paraguay y la Secretaría General del Consejo Europeo en Bruselas) que se han cumplido con los procedimientos internos de la Argentina para la aplicación del acuerdo. Quien hace la comunicación es el canciller Pablo Quirno a través de una nota formal.
El acuerdo interregional se compone de una parte política –actualmente detenida, luego de que el Parlamento Europeo la remitiera al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que determine su conformidad con la reglamentación comunitaria, un proceso que podría dilatarse hasta dos años– y una parte económica. En este último aspecto, el Consejo Europeo ya recibió facultades para negociar con aquellas naciones que ratifiquen el tratado. Para países como Argentina, esto abriría la posibilidad de “ser los primeros en cubrir cuotas de exportación de carne”, uno de los principales intereses comerciales del bloque.
Tanto Brasil como Uruguay ya trataron el acuerdo en sus respectivos congresos y aceleran los procesos internos para obtener cuanto antes los beneficios previstos. En paralelo, el Congreso argentino deberá definir si consigue la mayoría suficiente para avanzar en la ratificación parlamentaria, mientras la atención también se centra en el futuro inmediato del proyecto de reforma laboral y el nuevo régimen penal juvenil, programados para debate al día siguiente.
POLITICA
Detuvieron a un grupo de ambientalistas que saltó las rejas del Congreso para protestar contra la Ley de Glaciares

Un grupo de activistas de Greenpeace y un camarógrafo de un canal de televisión fueron detenidos en la explanada del Congreso de la Nación, durante una manifestación contra el proyecto de reforma de la Ley de Glaciares que el oficialismo busca aprobar en el Senado.
Los manifestantes saltaron la reja del Palacio Legislativo para expresar su rechazo a las modificaciones previstas en la Ley 26.639, que es la normativa vigente desde 2010.
La protesta duró pocos minutos. Los manifestantes posaron con el cartel que decía la siguiente leyenda “Senadores: no se caguen en el agua”. Rápidamente, uniformados de la Policía Federal aprehendió a varios de los integrantes de la organización.
Según pudo consultar Infobae con fuentes policiales y de Greenpeace, son 12 manifestantes los que permanecían detenidos. De ese grupo, al menos 9 son mujeres. Dos de los activistas fueron detenidos a metros del Congreso por la Policía de la Ciudad y se los entregó a la Policía Federal (PFA).
En el medio del operativo, los uniformados federales arrojaron gas pimienta y agredieron también a un camarógrafo del canal A24, Facundo Tedeschini, que estaba registrando la actuación de los efectivos en la cobertura de los hechos. El trabajador de prensa terminó con su rostro lastimado por la agresión policial, y quedó detenido, con esposas, en las adyacencias del Congreso. La cronista y otros periodistas también fueron afectados por los efectos del aerosol irritante.
En las imágenes capturadas por los móviles y cronistas de distintos medios, se ve a un grupo de efectivos de la PFA que forcejearon y golpearon al camarógrafo para impedir que continuara con la cobertura. Primero lo empujaron al piso, y luego, sin motivo, los efectivos se lo llevaron detenido. Lo trasladaron al Hospital Ramos Mejía para atenderlo por los golpes.
Según indicaron fuentes policiales a este medio, las detenciones se produjeron con la carátula de averiguación de delito. Ningún policía fue herido por los manifestantes y las personas que estaban presentes en la protesta.
Conocidos los hechos, el juez federal, Marcelo Martínez de Giorgi, ordenó liberar al camarógrafo detenido en el Congreso durante la protesta de ambientalistas y dispuso que le envíen el sumario para determinar qué pasó, informaron fuentes judiciales a Infobae.
Greenpeace señaló que los activistas llevaron a cabo una “acción directa y pacífica” sobre las escalinatas del Congreso. Sentados en inodoros, desplegaron un mensaje para exponer “la gravedad” de la reforma de la Ley de Glaciares que se debatirá en el Senado.
“Lo que los senadores decidirán hoy es si protegen las fuentes de agua de Argentina o abren la puerta a intervenir zonas que la ley vigente protege. Esta reforma, impulsada por el gobierno nacional, es regresiva e inconstitucional. De los glaciares y el ambiente periglacial dependen millones de personas, que verán comprometido su acceso al agua, un derecho básico y fundamental amparado por la Constitución Nacional. La decisión que tomen hoy los senadores será recordada, tienen la oportunidad histórica de proteger el futuro hídrico del país y esperamos que estén a la altura de esa responsabilidad“, consideró Diego Salas, director de programas de Greenpeace.
La sesión en la Cámara Alta está prevista para las 11 y el debate se centra en transferir a las provincias la facultad de determinar qué zonas podrían habilitarse para la actividad minera, con una mayor flexibilidad de criterios para explotar el recurso.
En una rueda de prensa improvisada en las afueras del Senado, la senadora nacional y ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se refirió al hecho y constató que habló con el secretario de Seguridad, Martín Ferlauto, donde le informaron que se instruyó un sumario y se evalúa una acción “reprochable y desmedida”
“Hubo un intento de manifestación en el que entraron al Congreso 10 activistas de Greenpeace, que fueron sacados de manera inmediata y detenidos en un lugar cercano. En el momento que estaban detenidos, un camarógrafo de A24 intentó entrar para filmar esas imágenes», relató Bullrich. “Ya se ha abierto un sumario, el jefe de Policía ha evaluado que su conducta es reprochable. Eso está en análisis”, dijo, sobre el procedimiento que se le iniciará, al menos, a un policía.

“Si se abre un sumario a un miembro de la Policía Federal, es porque (la conducta) no es la que debería realizar y hubiera sido correcta en el marco de su deber. Un sumario es una conducta que se evalúa y que no esta dentro de la conducta normal de un policía”, explicó la ex ministra. “Aca hay una acción determinada, y el jefe de Policía está evaluando que ese policía actuó desmedidamente”, remarcó.
Por su lado, la Policía Federal informó que “el camarógrafo se encuentra recibiendo atención médica” y que luego procederá a la “soltura”. Con respecto a los 12 detenidos, se los trasladó a la Superintendencia de Investigaciones Federales (SIF).
El debate por la Ley de Glaciares en el Senado
El proyecto del Gobierno para modificar la ley de Glaciares apunta a garantizar inversiones significativas para la actividad minera, especialmente en proyectos de cobre, al flexibilizar los criterios para definir áreas protegidas.
Actualmente, la ley protege tanto los glaciares como las áreas periglaciares, consideradas reservas estratégicas de agua dulce. Uno de los puntos más controvertidos del proyecto es la redefinición de los espacios periglaciares, cuya descripción como zonas de alta montaña con suelos congelados y función de regulación hídrica es considerada demasiado amplia por sectores empresariales.
Desde el sector minero, se sostiene que la legislación vigente se traduce en una prohibición prácticamente total para nuevos emprendimientos.
La iniciativa mantiene bajo la órbita del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla) la elaboración del Inventario Nacional de Glaciares, pero hace hincapié en el artículo 124 de la Constitución Nacional, que reconoce el dominio original de los recursos naturales por parte de las provincias. Según el nuevo texto, serán las jurisdicciones provinciales quienes definirán si un área específica es una reserva de agua dulce y tendrán la potestad de aprobar los estudios de impacto ambiental que presenten las empresas mineras.

La ley actual prohíbe toda actividad minera en glaciares por su ubicación. El proyecto de reforma introduce el criterio de “aporte hídrico relevante y comprobable” para calificar las zonas protegidas, lo que modificaría sustancialmente el alcance de las restricciones existentes.
Para Greenpeace y otras decenas de ONG’s, “la iniciativa impulsada por el oficialismo dejaría sin objeto una normativa clave, producto de una amplia movilización social, del trabajo de científicos, comunidades y organizaciones”.
“La normativa vigente, ejemplo a nivel internacional, establece presupuestos mínimos para proteger las fuentes de agua en los territorios de alta montaña. La reforma que intentan impulsar no es una actualización técnica, ni una mejora normativa: se trata de una reforma constitucional de facto, ya que la normativa quebraría el sistema de presupuestos mínimos y crearía un escenario de inestabilidad jurídica y legislativa”, señalaron las organizaciones ambientalistas.
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POLITICA
Los gobernadores abren las sesiones con énfasis en el orden de sus cuentas y reclamos a Nación por la falta de obras

CÓRDOBA.- Nueve provincias iniciaron su año legislativo este domingo. Son Salta, Chaco, Corrientes, Tucumán, Santa Cruz, Neuquén, Tierra del Fuego, Formosa y La Rioja. En el caso de Jujuy, la apertura fue el viernes, mientras que en Chubut Ignacio Torres, en CABA Jorge Macri y en Buenos Aires Axel Kicillof darán su discurso mañana.
A su vez, el riojano Ricardo Quintela lo hará el 9. En general los gobernadores pusieron énfasis en los esfuerzos propios para seguir cumpliendo con sus obligaciones y mantener el orden de sus cuentas, a la vez que hubo críticas -más o menos explícitas en función del alineamiento político- a la Casa Rosada. Gildo Insfrán, entre los kirchneristas, fue el más duro con el presidente Javier Milei.
Gustavo Sáenz, salteño dialoguista con la administración mileísta, pidió a la oposición provincial -entre la que están los libertarios- «dejar de lado las mezquindades y la soberbia y tengamos humildad por pelear por las obras que van a beneficiar a los salteños (…). Se lo pido por séptima vez consecutiva acompáñenme o yo los acompaño a ustedes a pelar por los derechos y necesidades de los salteños, por las rutas destruidas”. Hace tiempo que viene reclamando a la Rosada por obras.
“Cuando se acaben las luces de Buenos Aires van a tener que volver a Salta y mirar a la cara a los salteños y decir hemos peleado por los salteños: Primero la patria chica primero salta y primero los salteños“, les dijo Sáenz a los legisladores nacionales de la provincia.
“No me cansaré de ir y volver de Buenos Aires”, dijo y se quejó de que las provincias enfrentan responsabilidades “sin la ayuda del Estado” nacional. Repasó que Salta, en dos años, perdió $436.000 millones de coparticipación. “Si a las provincias le va bien nos irá bien como país. Hay que dejar de lado el federalismo al revés”, añadió.
En Tucumán, Osvaldo Jaldo -otro gobernador cuyos legisladores colaboraron con la sanción de las últimas leyes nacionales- enfatizó que la provincia logró mantener el equilibrio fiscal en 2025 a partir de una administración “responsable” de los recursos públicos. “No ha sido un ajuste, sino una condición indispensable para sostener políticas públicas, invertir y planificar el desarrollo provincial”, apuntó.
También subrayó la “importancia del diálogo institucional” con el Gobierno nacional, aunque advirtió que “existen deudas pendientes” por unos $100.000 millones vinculadas a organismos como Pami y Anses, además de recursos que Tucumán dejó de percibir por la eliminación de programas nacionales como el incentivo docente y compensaciones al transporte.
En su primer discurso de apertura de sesiones como gobernador, el correntino Juan Pablo Valdés admitió que Milei “vino a poner orden a una economía desquiciada”, pero agregó que “el equilibrio fiscal no puede significar desequilibrio federal“. En esa línea mencionó que el costo del ajuste para Corrientes fue “realmente importante. Se suspendieron las obras públicas nacionales, se eliminaron distintos programas de la Nación”
Valdés consideró: “Estamos ante una oportunidad histórica; las provincias que sepan organizarse, producir y proyectarse al mundo serán protagonistas de la nueva etapa de Argentina. Y Corrientes está lista para ocupar ese lugar“. Para su gestión, señaló la “responsabilidad fiscal y el desarrollo con inclusión como norte”.
Rolando Figueroa, en Neuquén, afirmó que en su gestión logró “reducir los gastos e ingresos corrientes al nivel más bajo de las últimas dos décadas (…). Ordenar no es ajustar, es poner sentido y prioridades, hemos reducido la deuda pública en un 38%, siendo la provincia que más la redujo, cuando asumimos era del 83% de nuestros ingresos anuales, hoy es el 20% de nuestros ingresos anuales». También destacó una reducción de la pobreza y de la desocupación y aseguró que el distrito es cuarta provincia con mayor inversión en infraestructura.
“Años atrás la provincia solventaba gastos de la administración pública solicitando ATN. Hoy afrontamos los salarios con recursos propios y si solicitamos un adelanto de coparticipación a Nación, lo devolvemos”, planteó por su parte Claudio Vidal ante la Legislatura de Santa Cruz. Y agregó que “gestionar no es solo tener plata, es conducir. Y por eso nos propusimos dejar atrás el modelo del empleo público para pasar a la Santa Cruz productiva. Llevará algunos años, pero vamos a seguir dispuestos a transitar este camino”.
Adelantó que negocian con la Nación “un nuevo esquema de regalías que nos permitirá seguir subiendo equipos y esto implica más trabajo para los santacruceños”. Respecto a la obra pública, planteó que, pese a la ausencia de fondos nacionales, la suya es una de las cinco provincias que está ejecutando un ambicioso plan. “La premisa es la obra que se inicia, se termina y se pone a disposición de la sociedad”, definió.
En Río Negro, el gobernador Alberto Weretilneck se focalizó en lo que consideró leyes estratégicas para las inversiones y proyectos productivos y destacó el rol del Poder Legislativo como actor central en la construcción de consensos. Definió a su territorio como “una provincia normal, en paz y en armonía”, lo cual es un logro del “conjunto de la dirigencia y de la sociedad” y remarcó que la gobernabilidad se construye “a partir del diálogo, el respeto a las diferencias y la búsqueda de consensos en los grandes temas”.
Aliado electoral de La Libertad Avanza (LLA), el chaqueño Leandro Zdero adelantó el envío de un proyecto de reforma constitucional para “garantizar estabilidad” jurídica a grandes inversiones, en línea con el RIGI nacional y también de una norma para reemplazar el actual esquema de promoción industrial.
“La transformación no ocurre de un día para el otro, pero comienza cuando una sociedad decide creer en sí misma y avanzar sin miedo hacia el futuro” -añadió Zdero al final de su discurso-. El coraje no es ausencia de temor, sino la decisión de avanzar a pesar de él. No hay tiempo para detenerse, no hay que ceder ante el cansancio ni el ruido, porque la historia la escriben los que siguen de pie cuando parece más difícil”.
El radical jujeño Carlos Sadir abrió el año legislativo el viernes último, cuando planteó que, ante una caída de la coparticipación del 10,15% en 2025, redobló esfuerzos para cumplir obligaciones: “Somos una provincia en orden que rinde cuentas”, sostuvo y destacó la reducción de la deuda pública en dólares en 18%. Marcó diferencias respecto a Nación en salud y educación, “el Estado no se retira”. En materia económica, ratificó una baja de Ingresos Brutos y un proyecto para incentivar inversiones de más de US$5 millones.
El formoseño Insfrán habló de la coyuntura internacional y de la posición tomada por Milei. “Estamos siendo testigos de la ruptura del orden mundial que existió durante los últimos 80 años: un sistema que garantizaba un marco global de paz y cooperación. Ese orden ha colapsado. Las potencias hegemónicas han decidido reemplazarlo por un unilateralismo caracterizado por la intromisión ilegal en asuntos internos de otras naciones. El derecho internacional está siendo reemplazado por la fuerza».
En ese contexto, aseguró que América Latina es vista como “un espacio a ser disciplinado (…) La Argentina ha tomado una clara decisión desde el inicio de la gestión libertaria, que es la sumisión de nuestra patria hacia la potencia del norte“, agregó el gobernador de Formosa.
Destacó que “no existe en el precedente de un gobierno democrático que renuncie a la soberanía de nuestra Nación entregándole las riendas del país a líderes extranjeros” y advirtió: “No me voy a cansar de repetir esta consigna que nace del orgullo de ser argentino: ‘Patria si, colonia no’”.
En el discurso más duro de los gobernadores opositores contra Milei, Insfrán agregó que las políticas libertarias “llevan a una Argentina preperonista” y criticó la reforma laboral y la apertura de la economía. “El discurso libertario tiene un gran problema: la realidad”, resumió.
Por su lado el kirchnerista Gustavo Melella , de Tierra del Fuego, también fue crítico de Milei, pero con un tono más mesurado. “El contexto es adverso a los intereses del trabajo, del desarrollo, al crecimiento de nuestra provincia. Y nos basamos en datos de la realidad económica nacional que tienen directamente que ver con las decisiones y las políticas nacionales”.
“El fracaso del programa económico en curso es absoluto. No tengo dudas. Fracasó porque en la búsqueda de sus objetivos macroeconómicos, daña a la sociedad, es letal con los más necesitados, genera desempleo, cierra empresas, trae dificultades en las provincias, destruye la infraestructura y afecta gravemente inversiones en ciencia y tecnología”, planteó Melella
Habló de la intervención del puerto de Ushuaia: “Volverá a ser de los fueguinos. No hay ninguna razón para que esté intervenido, no hubo desvío de fondos ni problemas de seguridad. El funcionamiento del puerto siempre fue impecable”. Anunció una serie de proyectos para ganar eficiencia en el Estado, “no para que desaparezca sino para que realmente empiece a ser más efectivo y dinámico, menos burocrático”.
Gabriela Origlia,Gildo Insfrán,Gustavo Sáenz,Conforme a,Gildo Insfrán,,»Gildo es un maestro, un ejemplo». Junto a Insfrán, Kicillof acusó a Milei de abandonar a las provincias,,Busca su octava reelección. Para batallar ante la Corte, Insfrán sumó la voz de un exfuncionario de Milei,,Gobierna Formosa desde 1995. La Corte deberá resolver si Insfrán puede ser candidato a gobernador por novena vez
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