POLITICA
La Justicia se prepara para elevar a juicio a Belliboni por extorsión con planes sociales y fraude al Estado
El líder del Polo Obrero Eduardo Belliboni irá a juicio oral por extorsionar a beneficiarios del Potenciar Trabajo y defraudar al Estado por el desmanejo de fondos públicos.
El juez federal Sebastián Casanello ultima los detalles de la resolución por la cual señalará a Belliboni y otros dirigentes más como responsables de los delitos de administración infiel en concurso real y amenazas a beneficiarios del Potenciar Trabajo.
El magistrado tomará una decisión luego de que tanto el fiscal Gerardo Pollicita como los organismos querellantes solicitaran la elevación a juicio. También ya se expresaron las defensas de los dirigentes del Polo Obrero.
La Justicia se prepara para elevar a juicio a Belliboni por extorsión con planes sociales y fraude al Estado
A lo largo de la investigación, el juez Casanello logró probar que el Polo Obrero y la cooperativa de trabajo “El Resplandor Limitado” enviaban parte de los fondos que recibían como unidades de gestión de ese programa a una serie de empresas, que hacían facturas truchas para desviar el dinero y terminar financiando la campaña electoral del Partido Obrero.
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Entre las empresas en la mira está Coxtex (catalogada por la AFIP como una firma apócrifa), a la que el PO asegura haberle comprado computadoras. La compañía fue fundada por Pichuaga y Vega, dos personas a las que les pagaron sumas de dinero para firmar el acta de constitución. El cerebro de esta firma era Leandro Kebleris, que actualmente sigue siendo investigado por la Justicia.
Entre las empresas que se usaron para desviar los fondos también está la imprenta del Polo Obrero, Ediciones e Impresiones Rumbos. Además, Ricoprint, Urban Graphics, Miniso Trade y Carlos Monfrini fueron otras firmas utilizadas para la maniobra.
A estas empresas se desviaron unos $40 millones de los $360.000.000 que recibieron el Polo Obrero y el Resplandor como unidades de gestión. Con parte de ese dinero, el PO luego contrató a una empresa de publicidad que hizo campaña digital para el Partido Obrero. “Lo publico se confundió con lo privado”, escribió el juez Casanello cuando procesó a Belliboni.
Además de Belliboni, considerado el organizador de la estructura delictiva, también fueron acusados los referentes nacionales Jeremías Cantero, Gianna Puppo y Elizabeth del Carmen Palma. En esa lista también están, entre otros, María Isolda Dotti, Iván Ezequiel Candotti y Gustavo Vásquez.
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Los argumentos de la fiscalía en su acusación
La acusación fiscal sostiene que el líder sindical, entre junio de 2020 y marzo de 2024, montó junto a otros dirigentes “una matriz delictiva para extorsionar y coaccionar a personas con alta vulnerabilidad social y económica”.
Según la acusación, en febrero de 2024 el Polo Obrero tenía el manejo de 65 mil planes sociales, a los cuales les sustraían una parte del dinero público.
El dictamen señaló que esa maniobra “les permitió obtener importantes sumas de dinero, siendo que la recaudación esperada solamente para el período comprendido entre agosto de 2023 y febrero de 2024 era mayor a 313 millones de pesos”.
La Fiscalía sostuvo que, a través del ex Ministerio de Desarrollo Social, el Polo Obrero recibió fondos para proyectos de formación laboral de las personas, pero fueron desviados “en beneficio propio mediante el uso de más de un centenar de facturas apócrifas, simulando que se trataban de gastos vinculados a la implementación de la política social señalada”.
Cómo era el sistema de recaudación ilegal del Polo Obrero
La recaudación nacional centralizada que correspondía a todo el período que abarca el cuadro (agosto de 2023 a febrero de 2024) alcanza la suma nominal de $313.028.780, la que equivale a más de 600 mil dólares (US$ 637.857,02), según la cotización oficial del día 31 de cada mes. Y esto es únicamente el 50% de lo recaudado, puesto que la otra parte se repartía entre la regional y la asamblea.
Uno de los elementos más contundentes incorporados al expediente es una libreta titulada “Cuaderno de movilizaciones Rivadavia 1″, donde se anotaban las asistencias de los beneficiarios en distintas marchas organizadas por el Polo Obrero. Entre los registros figura la movilización del 1 de mayo de 2023, en la que cada participante fue marcado con un sistema de control que permitía identificar quiénes asistieron y quiénes faltaron.
Otro de los documentos clave es una lista de asistencia a la marcha del 20 de diciembre de 2023. En ese registro se puede observar que uno de los asistentes llegó tarde y se le contabilizó como “media marcha”, un indicio de que no solo se exigía presencia sino también puntualidad para evitar sanciones internas dentro de la organización.
Junto con los listados de asistencia, en distintos domicilios allanados la Justicia encontró documentos que detallaban sanciones aplicadas a quienes no participaban de las marchas. Entre las penalidades registradas, se mencionan descuentos en el dinero recibido por los beneficiarios del Potenciar Trabajo, lo que refuerza la hipótesis de que existía un mecanismo de coacción para garantizar la presencia en las movilizaciones.
Uno de los papeles encontrados menciona que aquellos que acumulaban reiteradas inasistencias podían ser desplazados de la organización o ver reducida la ayuda económica que recibían a través del Polo Obrero. Estas pruebas permiten sostener que el sistema de extorsión no solo era efectivo, sino que estaba institucionalizado dentro de la estructura del movimiento.
Los fiscales también incorporaron como prueba correos electrónicos y mensajes de WhatsApp donde referentes del Polo Obrero daban instrucciones sobre la participación en las movilizaciones. En estos intercambios se dejaba claro que la asistencia no era opcional y que el incumplimiento traía aparejadas consecuencias.
Además, los allanamientos en distintos locales de la organización social permitieron encontrar hojas de cálculo con nombres, fechas y observaciones sobre cada persona. Estos documentos también incluían anotaciones sobre qué personas eran “poco comprometidas” con las actividades y cuáles debían ser “convencidas” para participar con mayor frecuencia.
Eduardo Belliboni, polo obrero, juicio
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Corrupción en la Andis: piden volver a indagar a Spagnuolo y Calvete junto a otras 27 personas
El fiscal Franco Picardi pidió que vuelvan a ser indagados Diego Spagnuolo, Miguel Ángel Calvete y Daniel Garbellini como parte de una nueva ronda de citaciones en la investigación sobre las presuntas irregularidades dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).
Según el fiscal, se detectaron nuevas maniobras de corrupción desplegadas en la Agencia de Discapacidad que, de manera articulada entre funcionarios públicos y empresarios proveedores de insumos médicos de alto costo, se habrían extendido desde al menos diciembre de 2023 hasta octubre de 2025.
Las maniobras implicaron salidas de dinero por más de 75.000 millones de pesos provenientes del erario estatal en favor de un reducido grupo empresarial, de acuerdo con la investigación.
Para el fiscal Picardi, existió una estructura delictiva organizada entre funcionarios de la agencia y representantes y directivos de empresas privadas para direccionar contrataciones, inflar precios mediante un sistema especial de contratación y repartirse el dinero público.
Spagnuolo, la máxima autoridad de la entidad durante el periodo investigado, ya fue indagado y procesado en la causa, por los delitos de cohecho activo (cobro de sobornos), fraude al Estado y negociaciones incompatibles con su cargo de funcionario público.
Está acusado de haber sido uno de los presuntos jefes de una “asociación ilícita”, según la hipótesis que sostiene el fallo de Sebatián Casanello, el juez anterior del caso, que hoy está en manos de Ariel Lijo.
Los otros supuestos jefes de esa banda, también procesados, son Garbellini -exnúmero dos de la Agencia-, Calvete y el médico Pablo Atchabahian.
“Las personas involucradas -dice Picardi en su nuevo dictamen-, actuando de manera articulada y con roles claramente definidos, conformaron una estructura delictiva que les permitió obtener sumas millonarias de forma ilegal, afectando directamente a la administración pública y, en particular, a un colectivo especialmente vulnerable: la población con discapacidad, beneficiarios de pensiones no contributivas y personas sin otra cobertura médica que la que brinda el Programa Federal ‘Incluir Salud”.
En el centro de la acusación sigue estando el sistema especial de compras para insumos médicos de alto costo llamado Siipfis (Sistema Integrado de Información y Administración de Prestaciones). Según Picardi, fue manipulado por funcionarios y operadores externos en favor de un grupo selecto de empresas y en detrimento de las arcas públicas. Hubo simulación de competencia, sobreprecios, direccionamiento y retornos.
“Las compulsas de precios sobre medicamentos e insumos fueron direccionadas intencionalmente hacia determinadas personas jurídicas y funcionarios/as públicos/as de la Andis brindaron información sobre las fechas de las compulsas”, sostuvo Picardi.
“[Los funcionarios] dieron cuenta de fechas de pagos e incluso brindaron claves de usuarios de funcionarios/as del organismo para que personas de las firmas que comercializaban con ANDIS ingresaran directamente al SIIPFIS, mecanismo mediante el cual se administraban las prestaciones PACBI”, agregó.
El fiscal pidió llamar a indagatoria a Emilio César Olguin, Evangelina Ileana García, Claudio Alejandro Kahn, Gerardo Raúl Angarami, Oscar Alberto Capello, Guido Capello, Pablo Alejandro Rivero, Martim Goncalo Armella, Hernán Darío Rasmussen, Máximo Ariel Perdiechizi, Osmar Mariano Caballi y Mariano Sagués.
También, a Christian Sagués, Vicente Sagués, Lucas Sagués, Humberto Gabriel Maone, Javier Antonio Bernat, Fernando Martín Bernat, Gustavo Bernat, Vicente Vázquez, Nicolás Luna, Fabián Piedimonte, Lautaro Britez y Diego Miras Acosta.
Según los nuevos hallazgos de la fiscalía, más de 20 empresarios con más de 30 firmas formaron parte de este entramado delictivo, conducido desde el sector público por Spagnuolo y Garbellini y, desde el sector privado, por Calvete y Atchabahian.
La investigación judicial que lleva Picardi hace siete meses determinó que la Andis funcionó como una “verdadera ventanilla administrada discrecionalmente” para concentrar beneficios económicos en determinados proveedores afines y ejecutar contrataciones por fuera de los principios básicos de concurrencia, transparencia y control que rigen toda actividad estatal.
Audios
La causa nació al calor de una serie de audios atribuidos a Spagnuolo en los que el exdirector de la Agencia hablaba con cierto nivel de detalle acerca de un esquema de recaudación ilegal en la Agencia. Como parte de ese sistema mencionaba a la hermana y secretaría general de la Presidencia, Karina Milei.
Aquellas grabaciones fueron cuestionadas tanto por Spagnuolo como por otras defensas, que pidieron la nulidad de la causa, entre ellas la de la familia Kovalivker, dueña de la droguería Suizo Argentina. El fiscal Picardi defendió su investigación con el argumento de que no las había usado como prueba.
En un fallo dividido, la Cámara Federal le ordenó al juez Sebastián Casanello que “disponga de todo lo necesario” para despejar las dudas sobre el origen de ese material. Casanello no ordenó medidas al respecto, amparado en que ese es el objeto de una causa paralela, que está manos del fiscal Carlos Stornelli.
Miguel Ángel Calvete,una “asociación ilícita”,Garbellini,Federico González del Solar,Conforme a
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La Libertad Avanza dio otro paso en su plan para instalar el debate de la Boleta Única en Buenos Aires
Buena parte de los integrantes de los bloques legislativos de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires se reunieron este viernes con la Directora Nacional, María Luz Landívar, quien llevó adelante una capacitación dirigida a legisladores para defender la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP) en las elecciones del año que viene a cargos provinciales, tal como ya funciona a nivel nacional.
Los libertarios buscarán arriar la agenda de la BUP durante todo este año, tras su aplicación a nivel nacional el año pasado. Sin embargo, para cambiar el modelo de votación a gobernador, legisladores provinciales, intendentes, concejales y consejeros escolares, las modificaciones deberán pasar por la Legislatura bonaerense, donde La Libertad Avanza es segunda minoría en Diputados y primera minoría en el Senado, donde el peronismo tiene quórum propio.
El presidente del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Carlos Curestis, dijo: “En octubre tuvimos un resultado muy positivo, un 95% de las personas que han ido a votar se han vuelto muy contentos por el resultado, por lo rápido que fue, por la transparencia y a nosotros nos parece que para la provincia de Buenos Aires, por lo que está transitando, es algo que lo necesitan todos los bonaerenses”.
Aunque el bloque reconoció que no dispone de un cálculo exacto sobre el ahorro para las finanzas bonaerenses, subrayó que la comparación con otras provincias resulta compleja. Señalaron: “El tema es que es difícil buscar un número, porque no hay una comparativa con la provincia de Buenos Aires, por eso también dentro de la charla que tuvimos con la directora mencionamos bastante en los comparativos lo que está funcionando en nuestras provincias”.
Por su parte, el diputado y uno de los vicepresidentes de la Cámara baja provincial, Juan Osaba remarcó el avance de la BUP en otras jurisdicciones del país y agregó: “Nosotros tenemos ya nueve provincias que están teniendo un sistema o único papel o electrónico, incluso algunas yendo del electrónico al papel de nuevo para el único y esto es un avance que arrancó hace ya en otras provincias, incluso 15 años, pero en otras están apareciendo ahora y nosotros pensamos que la provincia de Buenos Aires tiene un peso central en este proceso”.
Los referentes de La Libertad Avanza destacaron la importancia de que el debate sobre la BUP trascienda el plano económico. Manifestaron que los legisladores deben considerar que la decisión no puede fundarse exclusivamente en aspectos financieros, sino que implica una modernización del sistema y otorga a los bonaerenses una mejor oportunidad de ejercer el voto. Ante la consulta de cómo buscarán los votos del resto de las bancadas, Curestis sotuvo: “Los legisladores tienen que entender, de repente que esta es una decisión que tienen que ser conscientes, que no puede ser por una cuestión ni económica, sino que tiene que ser modernizarse, para decirlo así, y darle a los bonaerenses, como ellos dicen, esa oportunidad de votar correctamente”.
“Nosotros tenemos un acompañamiento, no llegamos al número, pero entendemos que cuando esto se trate de una comisión, donde vamos a explicar los beneficios que tienen los bonaerenses, ellos tendrían que aceptar y acompañar”. Para ello, como contó Infobae, los legisladores que responden al diputado nacional, Sebastián Pareja, pidieron presidir la comisión de Reforma Política en ambas cámaras. Una comisión que, durante el anterior período, fue presidida por el radicalismo. Hoy LLA es el bloque opositor al peronismo con mayor cantidad de legisladores.
El legislador también se refirió al papel del gobernador en la toma de decisiones e indicó: “Me parece que esas decisiones las tiene el gobernador. Como las otras provincias las están evaluando y no tuvieron ninguna objeción, al contrario, están convencidos de utilizarlas”.
Esta semana, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, volvió a enfatizar el rechazo a la Boleta Única en Papel y defendió el tradicional sistema de votación. También le dijo a los libertarios que “vayan a leer la Constitución”, ante el reclamo de que el Ejecutivo bonaerense paralizaba la discusión de la BUP. “Nosotros no podemos modificar el sistema electoral como gobierno de la provincia de Buenos Aires. No sé quién en particular de La Libertad Avanza —dijo que el peronismo cajoneaba la BUP—, pero le podemos regalar una Constitución, que la lea, que después presente un proyecto en la Legislatura y lo discuta donde corresponde”, se defendió Bianco.
Sin embargo, desde el bloque libertario, admitieron que la transición a la BUP podría llevarse a cabo en distintas etapas.
En la jornada de este viernes hubo algunas ausencias. Entre ellas las de los diputados que integran Las Fuerzas del Cielo y responden a Santiago Caputo; se trata de Agustín Romo -que además es el jefe de la bancada- y Nahuel Sotelo. Este medio dio cuenta de la tensión que sobrevuela en la bancada libertaria en la Cámara de Diputados bonaerense. El encuentro de este viernes fue motorizado por el presidente del partido a nivel bonaerense, Sebastián Pareja.
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