El gobierno de Javier Milei evalúa avanzar con la creación de un fondo destinado al reequipamiento de las Fuerzas Armadas, financiado con el 10% de lo recaudado por la venta de activos del Estado. La iniciativa forma parte de una estrategia más amplia que apunta a combinar el proceso de privatizaciones con inversiones en Defensa.

Según analizan en la Casa Rosada, el objetivo es utilizar una porción de los ingresos extraordinarios generados por la venta de empresas públicas, terrenos e inmuebles estatales para fortalecer la capacidad operativa militar. El esquema podría implementarse mediante un decreto o a través de una herramienta normativa más robusta, aunque la definición aún no está cerrada.

En el oficialismo sostienen que la propuesta se enmarca en una nueva etapa de la reforma del Estado prevista para 2026. La idea es avanzar en la reducción de activos públicos considerados no estratégicos y, al mismo tiempo, canalizar esos recursos hacia áreas clave como la Defensa.

El plan se apoya en dos vías que ya están en marcha. Por un lado, el Ejecutivo habilitó mecanismos para acelerar las privatizaciones contempladas en la Ley Bases. Por otro, la Agencia de Administración de Bienes del Estado tiene autorización para desprenderse de inmuebles catalogados como “innecesarios para la gestión estatal”, incluidos algunos predios bajo la órbita del Ejército.

Sin embargo, dentro del propio Gobierno reconocen que el principal desafío no está en la venta de activos, sino en el destino de los fondos. La Ley de Administración Financiera establece que las asignaciones específicas deben crearse por ley, lo que abre un debate sobre la viabilidad de constituir este fondo únicamente mediante un decreto. La cuestión jurídica sigue en análisis.

Defensa refuerza la agenda con EE. UU: el Gobierno busca consolidar la cooperación militar en Washington

En este contexto, aparece como antecedente el Fondo Nacional de la Defensa (FONDEF), que fue creado en 2020 para financiar el reequipamiento militar. No obstante, el esquema sufrió modificaciones recientes que afectaron su fuente de financiamiento automático, lo que impulsa al Ejecutivo a explorar nuevas alternativas.

Desde Nación aseguran que el eventual fondo permitiría sostener un programa de compras que va más allá de las adquisiciones ya en curso. Entre ellas se destacan los vehículos blindados Stryker para el Ejército, el programa de incorporación de aviones F-16 con entrenamiento de pilotos y la financiación de helicópteros navales para la Armada.

Además, el Gobierno mantiene abiertos proyectos vinculados a la compra de submarinos y buques, en un intento por modernizar integralmente el equipamiento de las fuerzas. La intención es contar con una fuente de financiamiento que no dependa exclusivamente de los recursos corrientes del Tesoro.

En términos de proyección, en Balcarce 50 estiman que podrían reunir entre 1500 y 3000 millones de dólares si logran avanzar con el cronograma de privatizaciones y ventas de bienes públicos. Esa “caja”, sostienen, permitiría encarar inversiones de mayor escala en materia de Defensa.

En paralelo, el Ejecutivo trabaja en acelerar distintos procesos de privatización. Entre los casos más avanzados figuran Intercargo, Belgrano Cargas y AYSA, mientras que el Correo Argentino avanza bajo un esquema de concesión. Otros expedientes, como Nucleoeléctrica, continúan en etapas más preliminares, junto con iniciativas sobre SOFSE, YCRT y tramos de Corredores Viales.

Con este escenario, el Gobierno busca consolidar un modelo que combine desinversión estatal con fortalecimiento de áreas estratégicas, en un contexto donde la discusión por el financiamiento de la Defensa vuelve a ganar protagonismo en la agenda oficial.

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Con intención de dar curso al año legislativo, el Gobierno Nacional revisa el proyecto de Código Penal, anunciado en diciembre como una de las claves del período, y el paquete en defensa de la propiedad privada, que girarán al Congreso en el primer envío del período ordinario. Según supo Infobae, el oficialismo analiza insistir también con la Ley de Hojarasca para concretar la eliminación de 70 leyes, que fueron sancionadas por distintas administraciones.

Luego de la reunión de mesa política del pasado martes, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció que el Poder Ejecutivo insitirá con la modificación del Código Penal, en el que trabajó el saliente tándem de Justicia Mariano Cúneo Libarona y Sebastián Amerio, y que revisa el equipo que lidera Juan Bautista Mahiques con intención de implementar algunos cambios, y el paquete que contempla la ley de expropiaciones, ley de tierras, ley de fuegos y la regularización dominial para la integración socio-urbana.

A los anunciados proyectos, podría sumarse la Ley Hojarasca que diseñó el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que contempla la eliminación de 70 leyes, y que fue enviada al Congreso Nacional en octubre de 2024, cuyo tratamiento no prosperó. El funcionario argumentó que la normativa “busca quitarle a la ciudadanía barreras que afectaron libertades individuales y generaron costos inútiles a través de diversas sobrerregulaciones”.

Con tan solo tres días hábiles en la semana, luego del fin de semana XLL por el 24 de marzo, que conmemora el 50° aniversario del último golpe cívico militar de 1976, el reducido equipo que coordina Adorni, bajo supervisión directa de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, volverá a verse las caras la próxima semana. Sin embargo, este miércoles accederán al detalle de las normativas anunciadas a ser enviadas en la primera tanda, que hasta entonces permanecen en las oficinas de un puñado de funcionarios.

Asimismo, en el oficialismo destacan la Ley de Glaciares, prevista para ser tratada durante las extraordinarias, pero finalmente postergada para ordinarias, como una de las prioridades de la Casa Rosada. El cronograma legislativo incluye el desarrollo de una audiencia pública sobre el tema que contó con más de 65000 inscriptos a repartirse entre el miércoles 25 y jueves 26 de marzo, con un cupo de solo 200 expositores.

Se trata de uno de los principales reclamos de un puñado de gobernadores mineros aliados, varios de los que participaron de la Argentina Week, y configura una cuenta pendiente que quedó del temario de la prórroga veraniega.

Por estas horas, hay quienes sostienen que podría discutirse en el recinto el próximo 8 de abril, y si bien estaba previsto que ingresara por la Cámara de Senadores, aún no hay garantías de que eso ocurra. Es que, según expuso un integrante de la mesa política a este medio, varios legisladores cuestionan la determinación al sostener que “(Patricia) Bullrich quiere absorver todo y llevarse los laureles”.

Todavía hay detalles de la hoja de ruta legislativa que restan definir en Balcarce 50. En este grupo figuran las modificaciones en las leyes de Financiamiento Universitario y de Emergencia en Discapacidad que prometieron impulsar para contener la bronca de los sectores involucrados, pero también la reforma política que fue anunciada por el presidente Javier Milei durante su discruso de la apertura de sesiones ordinarias.

Los cambios en el sistema democrático actual también son materia de debate interno. Como contó este medio, el oficialismo resolvió postergar para “más adelante” el envío al Congreso con intención de tantear los respaldos con los que cuenta antes de su tratamiento. Varias voces del ecosistema libertario promente que figurará en la segunda tanda de proyectos que girará el Ejecutivo, luego de que resuelva el futuro de las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

Las posturas, delimitadas en función de la composición del Congreso, son diversas. “Nosotros queremos la eliminación porque es un gasto inmenso para el contribuyente”, argumenta un habil negociador violeta. Sin embargo, la realidad parece empañar los deseos del mandatario y limitar su alcance: algunos piensan en repetir la suspensión de las PASO, como ocurrió en 2025, y otros en eliminar su caracter obligatorio. Con el correr de los días, y feriados mediante, deberán ajustar la línea antes de enviar los proyectos.

Mesa Política

Este 24 de marzo se cumplen 50 años del último Golpe de Estado que dio origen a la dictadura más sangrienta de la historia argentina.

Desde la reapertura de los juicios, en 2006, 1231 personas fueron condenadas por crímenes de lesa humanidad en 361 sentencias. También hay 250 absueltos.

Luego de la vuelta de la democracia, empezó uno de los procesos judiciales más importantes y prolongados del mundo por crímenes de lesa humanidad. Mientras muchos países que atravesaron dictaduras optaron por una amnistía general y recién están comenzando a desclasificar archivos de la época, la Argentina optó por juzgar a sus militares cuando aún tenían cierto poder.

El denominado “Proceso de Reorganización Nacional” dejó un saldo que el Estado argentino tardó décadas en dimensionar: 30.000 personas detenidas-desaparecidas, miles de presos políticos, exiliados, hijos apropiados y familias destruidas.

Tribunales federales de todo el país continúan trabajando para esclarecer los interrogantes que persisten en la actualidad. Hay 12 juicios en trámite en diferentes jurisdicciones y 282 causas en etapa de investigación preliminar, con casi 300 procesados.

Las causas incluyen delitos sobre desapariciones forzadas, torturas, abusos sexuales y robo de bebés, entre otros.

Más del 80 por ciento de las personas detenidas permanece en prisión domiciliaria.

La genealogía de las causas judiciales: del histórico Juicio a las Juntas al reconocimiento de los delitos sexuales cometidos durante la dictadura

El histórico Juicio a las Juntas, el proceso en el que un tribunal civil sentó en el banquillo a los represores

El 9 de diciembre de 1985, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal leyó la histórica sentencia del Juicio a las Juntas Militares. Por primera vez en la historia universal, ex jefes de Estado y comandantes en ejercicio fueron condenados por tribunales civiles ordinarios por crímenes contra la humanidad cometidos de manera sistemática contra ciudadanos.

Llegar a esta instancia no fue una tarea sencilla. La sociedad argentina emergía de siete años de dictadura con heridas abiertas, las Fuerzas Armadas conservaban cuotas de poder real y buena parte del círculo jurídico dudaba de la viabilidad del proceso.

Durante nueve meses, el tribunal integrado por León Arslanián, Ricardo Gil Lavedra, Jorge Torlasco, Andrés D´Alessio, Guillermo Ledesma y Jorge Valerga Aráoz escuchó los testimonios de cientos de testigos, muchos de ellos sobrevivientes de centros clandestinos de detención que describieron, por primera vez en sede judicial, el mecanismo sistemático del terror: los vuelos de la muerte, las salas de tortura, los partos en cautiverio y el robo de bebés.

El fiscal a cargo de la acusación fue Julio César Strassera cuando a su adjunto, Luis Moreno Ocampo.

Videla y Massera recibieron prisión perpetua, mientras que Viola fue condenado a 17 años de prisión; y Armando Lambruschini, a 8 años. La sentencia estableció con claridad que los hechos no fueron excesos aislados ni errores individuales, sino un plan sistemático y planificado desde el más alto nivel de las Fuerzas Armadas.

El informe “Nunca más” de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), entregado al presidente Alfonsín en septiembre de 1984 antes del juicio, documentó 8961 desapariciones forzadas durante la dictadura.

Apenas dos años después del histórico fallo llegó un retroceso en el camino de reparación que había iniciado la Argentina. En diciembre de 1986, el Congreso sancionó la Ley de Punto Final, que buscaba limitar los juicios a los represores. En junio de 1987 se aprobó también la Ley de Obediencia Debida, que eximía de responsabilidad penal a los subordinados argumentando que solo cumplían órdenes de superiores. Ambas normas cortaron de raíz miles de investigaciones que ya estaban en marcha.

En 1989 y 1990, el presidente Carlos Menem firmó diez decretos de indulto que beneficiaron directamente a Videla, Massera y decenas de represores ya condenados o procesados. Durante casi 20 años el proceso judicial quedó prácticamente paralizado y miles de causas durmieron en los tribunales. Las Madres de Plaza de Mayo y organizaciones como H.I.J.O.S reclamaron sin cesar contra estas medidas.

La historia se volvió a revertir el 14 de junio de 2005 cuando Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró la inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final en el emblemático fallo conocido como “Mazzeo”. El máximo tribunal sostuvo con argumentos sólidos que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles y que Argentina no podía violar los tratados internacionales de derechos humanos incorporados a la Constitución Nacional con rango superior.

Poco después, el Congreso derogó definitivamente los indultos de Menem. La reapertura de las causas fue inmediata y masiva, y en 2006 comenzó el primer juicio oral de la nueva etapa: el caso Simón-Poblete Hlaczik, que rompió el silencio judicial y abrió la puerta a lo que vendría después.

Desde 2006, 1231 personas fueron condenadas por crímenes de lesa humanidad en 361 sentencias

Según los datos relevados por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad (PCCH) del Ministerio Público Fiscal, se dictaron 361 sentencias por los Tribunales Orales de todo el país desde la reapertura de los juicios en 2006.

Las causas más conocidas son las denominadas ESMA I (o Febres), donde se condenó a represores por los crímenes de lesa humanidad cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada durante la dictadura, incluyendo secuestros, torturas y desapariciones, con figuras clave como Alfredo Astiz, Jorge “el Tigre” Acosta, Ricardo Cavallo, Adolfo Donda, Antonio Pernías, entre otros. En esta causa, se incluyeron los casos de las monjas francesas Alice Domon y Léonie Duquet y la desaparición del periodista Rodolfo Walsh.

En el caso Febres, el juicio incluyó sólo cuatro casos de víctimas sobrevivientes y a un solo imputado, el exprefecto naval Héctor Antonio Febres. El 10 de diciembre de 2007, cuatro días antes de la lectura de la sentencia, el imputado murió producto de la ingesta de arsénico mientras se encontraba detenido en la dependencia de la Prefectura Naval de Zona Delta. Las circunstancias de esa muerte son aún desconocidas.

Febres había sido identificado por las víctimas como el encargado de sustraer a los bebés nacidos en la ESMA y ubicarlos en familias de apropiadores. La muerte del exprefecto dio cuenta de la necesidad de un mayor control de las condiciones en las que se encuentran detenidos los imputados por crímenes de lesa humanidad.

En el caso Poblete Hlaczik (2006, Capital Federal), se juzgó la apropiación de Claudia Victoria Poblete y el secuestro y tortura de sus padres. Fue el caso testigo que quebró la impunidad.

Otros de los juicios emblemáticos fueron la causa contra Miguel Etchecolatz (2006, La Plata): primera condena a prisión perpetua por 14 víctimas del circuito Camps, un conjunto de 29 centros clandestinos de detención. Jorge Julio López, testigo clave, desapareció días antes del veredicto.

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En la causa Von Wernich (2007, La Plata), el capellán de la policía bonaerense fue condenado por 41 víctimas, probando la complicidad de sectores de la Iglesia católica. Durante este juicio se pudo comprobar que su presencia en los lugares de cautiverio cumplía una función dentro del engranaje represivo: escudado en su rol de sacerdote, Von Wernich tenía como trabajo sacarle información a las víctimas y calmar los reclamos de sus familiares. Fue condenado a prisión perpetua por 34 casos de privación ilegal de la libertad, 31 casos de tortura y 7 homicidios calificados.

Otros expedientes son el de la Masacre de Fátima (2008, Capital Federal), donde se comprobó que 30 personas fueron ejecutadas y voladas con explosivos en Pilar. La causa Menéndez – Brandalis (2008, Córdoba), fue la primera contra Luciano Benjamín Menéndez, jefe del III Cuerpo del Ejército.

La causa Regimiento de Infantería 9 (2008, Corrientes), fue el primer juicio que analizó un centro clandestino dentro de un regimiento militar. Por su parte, en Vargas Aignasse (2008, Tucumán), se condenó el secuestro y desaparición del senador justicialista en las primeras horas del golpe.

El caso Berthier – Caso Sampallo Barragán (2008, Capital Federal), fue el de la primera nieta recuperada que querelló contra sus apropiadores.

La lista continúa con causas como:

• La Masacre de Margarita Belén
• El Plan Sistemático de Apropiación de Menores (en sus varias etapas)
• Los juicios de Campo de Mayo
• Causa ESMA unificada
• Vesubio
• La Perla
• Automotores Orletti
• La Masacre de Trelew
• El Operativo Independencia

También decenas de megacausas provinciales que abarcaron desde Jujuy hasta Tierra del Fuego.

Según se desprenden de estas 355 sentencias, los circuitos represivos más juzgados fueron la ESMA, Campo de Mayo, La Perla, Vesubio, Automotores Orletti, Mansión Seré, Sheraton, Pozo de Banfield y Brigadas policiales.

Las personas más condenadas fueron Luciano Benjamín Menéndez, Miguel Etchecolatz, Alfredo Patti, Ramón Díaz Bessone y Jorge Acosta.

Delitos sexuales durante la dictadura

Los datos muestran que del total de las sentencias dictadas, 58 incluyeron condenas por delitos de violencia sexual cometidos en el marco del terrorismo de Estado. Estas representan el 17% del total desde la reapertura de los juicios por crímenes de lesa humanidad.

La violencia sexual fue parte integral del plan sistemático de represión desplegado durante la última dictadura cívico-militar.

La primera condena por estos delitos se produjo en 2010 en Mar del Plata. El Tribunal Oral Federal de esa ciudad sentenció a prisión perpetua al suboficial de la Fuerza Aérea Gregorio Rafael Molina por hechos que incluyeron violencia sexual. A partir de allí, la política criminal del Ministerio Público Fiscal dio un giro con la Resolución PGN 557/2012, que instruyó a los fiscales a investigar y requerir la sanción autónoma de estos crímenes, sin subsumirlos en figuras genéricas como “aplicación de tormentos”.

Desde entonces, los procesos se extendieron a todo el territorio nacional.

En promedio, cada una de las sentencias que abordaron violencia sexual involucró a varias víctimas y varios imputados, lo que refleja la complejidad de las investigaciones y la necesidad de probar el carácter sistemático de los abusos.

Especialistas y organismos de derechos humanos destacan que la visibilización de estos delitos contribuye a una comprensión más completa del terrorismo de Estado. No se trata de hechos aislados, sino de una estrategia deliberada para aterrorizar y deshumanizar a las víctimas. La autonomía en la calificación jurídica permitió que, en muchos casos, las víctimas pudieran relatar con mayor precisión lo sufrido y que los tribunales reconocieran el impacto diferenciado según el género.

El balance también muestra que, si bien el número de sentencias específicas por violencia sexual aún es proporcionalmente menor al total de juicios, la tendencia es ascendente. El récord de 2023 sugiere que los tribunales y las fiscalías incorporaron con mayor profundidad esta dimensión en las causas en trámite.

Uno de los casos más emblemáticos donde se tipificó de manera específica este tipo de delito fue la denuncia realizada por Silvia Labayru, que estuvo detenida en la ESMA y fue violada sistemáticamente por Jorge “El Tigre” Acosta y Alberto González, quienes fueron condenados en 2021 por estos hechos.

“Fue algo que tenía bastante guardado y me parecía muy importante aclarar que fueron violaciones y acabar con esta historia de que algunas secuestradas tuvimos relaciones con marinos. No era posible ninguna relación, era absolutamente imposible. El secuestro mediante, familiares amenazados, no hay consentimiento posible. No lo hay”, dijo Labayru en declaraciones a la CNN.

Cada una de estas 361 sentencias representan miles de horas de debate oral, testimonios de sobrevivientes, peritajes históricos, reconstrucción de centros clandestinos y identificación de responsabilidades. El proceso acumula un acervo documental y testimonial único en el mundo.

La Argentina se convirtió en uno de los primeros países del mundo en juzgar con todas las garantías procesales a quienes cometieron los crímenes más graves contra la humanidad. El Juicio a las Juntas es tomado de ejemplo en todo el mundo como un caso inédito de reparación.

Gracias a esa decisión, el “Nunca más” dejó de ser solamente una frase escrita en 1984 para convertirse en una política de Estado sostenida durante dos décadas y media. 50 años después del golpe, el compromiso sigue intacto: seguir investigando cada causa abierta, seguir juzgando con rigor, seguir garantizando que aquello que ocurrió entre 1976 y 1983 nunca vuelva a suceder en suelo argentino.

Dictadura, golpe de estado, Madres de la Plaza de Mayo