El Gobierno inició sumarios a La Fraternidad y la Unión Tranviarios Automotor (UTA) por incumplir las conciliaciones obligatorias dictadas según la normativa vigente durante el último paro de la CGT.

Así lo informó el Ministerio de Capital Humano, que indicó que la decisión fue instrumentada a través de la Secretaría de Trabajo luego de que la falta de acatamiento a la conciliación obligatoria por parte de cada sindicato fue “verificada y se iniciaron las actuaciones administrativas correspondientes conforme a la fecha en la que se detectó el incumplimiento”.

A partir de los sumarios, a los dos gremios se les aplicarían fuertes multas, mientras que las sanciones previstas por la ley llegan al quite de la personería.

En el comunicado de Capital Humano, se afirma que “en función de la fecha en la que se verificó la falta de acatamiento a la conciliación obligatoria, y a los fines de la graduación de la sanción, se tendrá en consideración que las infracciones tipificadas en el artículo 4° del régimen general de sanciones por infracciones laborales, ratificado por Ley N° 25.212, conllevan una sanción de multa del 50% al 2000% del valor mensual del salario mínimo, vital y móvil por cada trabajador afectado».

“El Ministerio de Capital Humano contempla dichas sanciones con el objetivo de resguardar el interés general y garantizar el cumplimiento de la normativa laboral vigente”, concluye el comunicado oficial.

De esta forma, el Gobierno avanza con una medida que causará rechazo en todo el espectro del sindicalismo y que servirá como precedente para futuros incumplimientos de la conciliación obligatoria.

La Fraternidad, que lidera Omar Maturano y agrupa a los conductores de locomotoras, adhirió al paro de la CGT del 19 de febrero pasado aunque estaba dentro del período de la conciliación obligatoria, pero el gremio argumentó que esa medida no podía aplicarse a una protesta de la CGT ya que sólo regía para su conflicto salarial.

En el caso de la UTA, encabezada por Roberto Fernández, el argumento por el cual adhirió al paro de la CGT es que la conciliación obligatoria había sido dispuesta para el conflicto salarial de los choferes de colectivos del interior y no para los que trabajaban en el AMBA.

La conciliación obligatoria implica que empresarios y sindicalistas deben iniciar 15 días de negociaciones en audiencias en la Secretaría de Trabajo, prorrogables por otros 5, período en el cual las dos partes deben retrotraer la situación al momento previo al conflicto, lo cual implica no tomar medidas de acción directa o suspenderlas. El no acatamiento de esta obligación expone a las partes a fuertes sanciones.

El último antecedente de multas aplicadas por Trabajo por este motivo fue durante el gobierno de Mauricio Macri y afectó al Sindicato de Camioneros, que dirige Hugo Moyano. La sanción fue aplicada por el ministro de Trabajo Jorge Triaca el 19 de julio de 2018, a través de la Resolución N° 27.768, porque verificó que el gremio violó la conciliación obligatoria dictada en un conflicto por un bono de fin de año, en diciembre de 2017.

La multa aplicada a Camioneros fue de 809.790.710 pesos, calculada sobre el total de 182.797 trabajadores de la actividad. Sin embargo, el sindicato de Moyano impugnó la sanción y se negó a pagarla hasta que el gobierno de Alberto Fernández, a través del ministro de Trabajo Claudio Moroni, declaró en 2020 la “nulidad” del proceso administrativo que dio lugar a la sanción por considerar que “no se identificó clara ni concretamente el número de los trabajadores afectados a la infracción imputada”.

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El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se encamina a evitar -al menos por los próximos dos meses- medidas de fuerza de parte de los gremios de la administración pública bonaerense. Sucede que los principales sindicatos aceptaron la última oferta de incremento salarial que puso sobre la mesa la administración bonaerense luego del rechazo de todo el arco sindical. El ofrecimiento del 7,5% dividido en un 5% para marzo, un 2,5% para abril, sumado al 1,5% que ya había otorgado por decreto para el mes de febrero producto de la no aceptación en la instancia paritaria, consolida un 9% para el período febrero, marzo y abril.

“Hemos logrado alcanzar un acuerdo salarial que consideramos satisfactorio, donde pudimos aceptar un ofrecimiento que tiene que ver con un 1,5% correspondiente al mes de febrero que ya veníamos percibiendo y que en el último mes se había cobrado a cuenta de futuros aumentos. En este caso logramos consolidarlo y dejarlo fijo dentro del salario, a lo cual se suma un 5% de aumento para este mes, un 2,5 % de aumento para el mes que viene, para el mes de abril. Además tendremos una cláusula de monitoreo que nos permitirá seguir de cerca la evolución de los salarios con respecto a la inflación y una reapertura paritaria en el mes de junio”, le detalló a Infobae el secretario gremial de UPCN, Juan Pablo Martin Oyarzabal.

En su mayoría, los gremios receptaron de buena manera la nueva propuesta del Ejecutivo bonaerense. Sin embargo, algunos sectores todavía no resolvieron si aceptan o no. Es el caso de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) que forma parte del Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB). Se trata del segundo gremio en grado de representatividad de los trabajadores docentes, detrás de SUTEBA. A diferencia del sindicato que conduce Roberto Baradel, la FEB había rechazado el 3% inicial que había dispuesto el Ejecutivo bonaerense y dispuesto una medida de fuerza de caracter provincial para el 2 de marzo último, día en el que debían comenzar las clases en las escuelas públicas bonaerenses. El ciclo lectivo no inició en tiempo y forma.

SUTEBA también se había sumado a esa medida de fuerza, solo que lo hizo en el marco del paro nacional ejecutado por la CTERA, la confederación donde se engloba el gremio en cuestión. El reclamo era fue por los salarios a nivel nacional, la restitución del Fondo de Incentivo Docente (FONID) y la convocatoria efectiva a la paritaria nacional. Este jueves, ya con la oferta de Buenos Aires sobre la mesa, el propio Baradel planteó que “es un gran esfuerzo de la Provincia frente a la necesidad que tienen los docentes” y que la negociación paritaria en territorio bonaerense se da ante “las restricciones presupuestarias, la caída de la recaudación y los billones de pesos que le debe la Nación, sometiéndolo a un ahogo financiero“. En este marco planteó durante una entrevista con Radio Provincia que “las decisiones del gobierno libertario no perjudican en particular al Gobernador, si no que afectan a la gente”.

Los estatales de ATE también aceptaron el ofrecimiento. “Entendemos la situación que vemos a nivel nacional de un gobierno ajustador que sigue asfixiando a la provincia de Buenos Aires, queremos poner el valor no sólo el aumento del 9%” que comprende el 1,5% abonado en febrero, un 5% en marzo y 2,5% en abril, sino también, “los pase a planta permanente que va a haber en el sector de salud, la recategorizaciones a todos los trabajadores de la 10.430 y el convenio colectivo de trabajo que dignifique al trabajador estatal”, deslizó el titular de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en Buenos Aires, Claudio Arévalo, tras la reunión con el ministro de Economía, Pablo López. El marco de reuniones con los gremios también estuvo signado por una particularidad. Testigos del evento dieron cuenta que al momento de retirarse, el automovil en el que se trasladaba el titular de Economía fue increpeado por integrantes de SUTEBA Multicolor, la línea disidente a la conducción de Baradel dentro de ese gremio docente.

En el Gobierno le restaron importancia al incidente. Tras la reunión y a la espera de la confirmación oficial de todos los gremios, el funcionario de Kicillof planteó que “estamos viviendo una situación económica extremadamente preocupante, producto de las políticas económicas del Gobierno nacional, que atentan contra la producción, contra el empleo y contra las empresas argentinas. En ese contexto, la Provincia de Buenos Aires lleva perdidos $22 billones por deudas del Gobierno nacional y la caída constante de la recaudación producto de la situación económica. A pesar de eso reconocemos el esfuerzo que están haciendo las y los trabajadores provinciales y estamos comprometidos a sostener las mejores condiciones laborales que sea posible”.

También el ministro de Trabajo provincial, Walter Correa, resaltó el acuerdo alcanzado con los principales gremios. “En un contexto adverso y de ahogo económico, este acuerdo con las y los trabajadores, a través de sus organizaciones sindicales, cobra aún más valor. Agradecemos la responsabilidad y el compromiso de cada parte, y reafirmamos que la Provincia respeta los derechos laborales y defiende el poder adquisitivo como una prioridad”.

Los gremios que respaldaron la oferta hecha por el gobierno bonaerense -sobre todo UPCN y SUTEBA, que este viernes comunicará su adhesión- son parte activa del Movimiento Derecho al Futuro (MDF). También algunos dirigentes que forman parte de la Federación de Gremios Estatales y Particulares de la Provincia de Buenos Aires (FEGEPPBA). En parte es por ello que las conducciones gremiales se encargaron de remarcar que las finanzas del gobierno bonaerense sufren de una “asfixia” de parte de Casa Rosada.

Kicillof requiere de tener cierto alineamiento interno para medir las posibilidades de ser candidato presidencial por el peronismo en 2027. La mayoría de los gremios que desempeñan en la función pública lo respaldan. Donde todavía tiene que ajustar los respaldos el mandatario es al interior del peronismo, puntualmente con La Cámpora.

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En el marco de los cambios en el Gabinete luego del nombramiento de Juan Bautista Mahiques como ministro de Justicia, el Gobierno nacional oficialzió la desginación de Sebastián Amerio, como nuevo titular de la Procuración del Tesoro, organismo a cargo de la representación legal del Estado.

El nombramiento se oficializó mediante la publicación en el Boletín Oficial de una serie de normativas. Se trata de los decretos 141/2026, 142/2026 y 143/2026, a través de los cuales se acepta la renuncia de Amerio como secretario de Justicia del Ministerio y como representante del Poder Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura para ser designado como nuevo procurador. Como nuevo número 2 en la cartera, fue desginado Santiago Viola, apoderado de La Libertad Avanza a nivel nacional y que responde a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Para eso, también fue necesario aceptar la dimisión de Santigo María Castro Videla al cargo. “Agradécense al funcionario renunciante los servicios prestados en el desempeño de dicho cargo”, establecieron. De acuerdo con lo dispuesto, Amerio comenzó su gestión a partir del 6 de marzo.

Sin embargo, este último no abandonará la gestión, puesto que crearon un tercer cargo de subprocurador, que será ocupado por Castro Videla.

La noticia ya había sido confirmada a Infobae el viernes pasado por fuentes oficiales. Según indicaron, la decisión la tomó el mandatario nacional, luego de una reunión que mantuvo en la Quinta de Olivos con su asesor, Santiago Caputo. Después de eso, le ofreció ese cargo estratégico.

El funcionario en cuestión es uno de los dirigentes más cercanos del estratega libertario y tendrá la misión de llevar la causa por la expropiación de YPF. Según pudo confirmar este medio, el equipo de la Procuración General del Tesoro seguirá sin cambios.

Por la mañana, Milei recibió a Caputo en la residencia oficial para conversar sobre el nuevo esquema del Poder Ejecutivo tras la salida de Mariano Cúneo Libarona y la llegada de Mahiques.

El hasta ese momento fiscal de la Ciudad de Buenos Aires no era la primera opción del consultor, que proponía para ese lugar al legislador bonaerense Guillermo Montenegro, ex intendente de General Pueyrredón, partido en el que se encuentra Mar del Plata.

“Hasta la semana pasada, incluso le convencía hasta al propio Presidente, porque era alguien que pasaba el filtro de todos. No sé qué cambió en el medio”, sostuvo uno de los integrantes de la mesa política.

Por otra parte, la cúpula libertaria también decidió desplazar a Amerio, que era el secretario de Justicia y virtual Vice de la cartera de Justicia.

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Mahiques conocía a Amerio de antes e incluso ambos se encontraron recientemente. El nuevo procurador no fue a la jura en Casa Rosada, pero lo esperó para conversar a solas después de la misma.

“Depende del ministro rever todas las áreas y ver cómo organiza los ‘ravioles’”, explicaban cerca del mandatario, cuando todavía se estaban negociando los puestos.

Más temprano, Castro Videla pasó por el despacho del asesor en Casa Rosada y luego hicieron lo propio tanto Amerio como Viola.

Tal como anticipó este medio, una de las primeras medidas que tomó Mahiques tras asumir formalmente fue pedirles las renuncias a los titulares de el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH), la Oficina Anticorrupción, la Oficina de Bienes y la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Inspección General de Justicia (IGJ).

De hecho, en un principio había trascendido que la Procuración del Tesoro iba a ser el único organismo que no se iba a tocar, ya que se trata de un ente muy sensible y que maneja causas con gran impacto para el Gobierno, por lo que se iba a apostar a la continuidad de sus autoridades.

Sin embargo, a lo largo de todo el jueves se sucedieron diferentes negociaciones entre los principales integrantes del Ejecutivo que derivaron en la decisión de hacer modificaciones también en esa dependencia.

Para el resto de los organismos mencionados todavía no hay reemplazantes claros y la expectativa estaba puesta sobre todo en la IGJ, que tiene pendiente una designación de veedores en la Asociación Argentina de Fútbol (AFA).

Se trata de un cargo clave, que hasta ahora tenía Daniel Vítolo, ya que se da en medio de los cruces subterráneos entre las autoridades nacionales y las de la entidad deportiva.

Un punto de conflicto fue la operación que llevó adelante el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, para liberar al gendarme Nahuel Gallo, que estaba secuestrado por la dictadura venezolana.

En este contexto, días atrás, la IGJ le solicitó al Ministerio de Justicia la designación de veedores en el ente futbolístico a los fines de informar sobre los estados contables y financieros del 2025.

El objetivo es conocer las relaciones y operaciones concertadas entre la AFA y diversas firmas nacionales y del exterior, incluidas las sociedades TourProdEnter LLC, el Grupo Sur Finanzas, los Sres. Javier Faroni, Erica Gillette, ji Ariel Vallejo y sobre todo lo relativo a la creación de la denominada Universidad de la AFA “UNAFA”.