Si nada arruina sus planes, cuando el presidente Javier Milei hable el próximo domingo para abrir el año parlamentario de manera oficia dirá, entre otros conceptos, que es el primer presidente de la región que logró la ratificación del Congreso del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea. Eso, claro está, si el oficialismo logra el aval del Senado en la sesión de este jueves a la media sanción que ya tiene de Diputados. LLA cuenta con los votos necesarios.

El bloque libertario, que presidente Patricia Bullrich, se movió rápido en las últimas 48 horas para apurar el tratamiento del convenio entre los bloques comerciales, previsto de manera inicial para el viernes. Al igual que la Argentina, Uruguay aceleró los tiempos para lograr la ratificación. Fuentes del gobierno de Yamandú Orsi señalaron a Infobae que la idea es que se vote también este jueves. En otros países, como Brasil y Paraguay, el proceso es más lento.

“El beneficio en particular de aprobarlo rápido es que una vez que se hace, al otro día, el consejo automáticamente se da por notificado y empiezan a correr los dos meses para que se aplique el acuerdo con la Argentina”, señaló a este medio un importante legislador libertario. Y agregó: “Después está lo simbólico, de querer enviar un mensaje de liderazgo en la región”.

El acuerdo se divide en una parte política y una económica. La parte política quedó frenada debido a que el Parlamento Europeo votó a favor de remitir el acuerdo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que revise su compatibilidad con los tratados comunitarios. Se trata de un proceso que podría demorar hasta dos años.

En cuanto al aspecto económico, las facultades para avanzar con algunos procesos ya fueron delegadas en el Consejo Europeo y este podrá comenzar a negociar con los países que ratifiquen el acuerdo. “La entrada en vigencia del acuerdo permitiría cubrir cuotas de exportación de algunos productos, como la carne, antes que Brasil, por ejemplo”, explicaron desde el oficialismo.

La asociación estratégica entre el Mercosur y la Unión Europea fue resultado de más de una década de negociaciones. El tratado prevé una eliminación gradual de aranceles y la adopción de regulaciones técnicas comunes en las exportaciones bilaterales. El Gobierno nacional sostiene que el acuerdo conformará un mercado de bienes y servicios de más de 700 millones de personas.

“Esta decisión representa un salto cualitativo y cuantitativo en la estrategia de inserción internacional de la Argentina ya que, por su dimensión y escala económica, implica un aumento sustancial de la proporción del PIB global con el que el país mantiene acuerdos comerciales. A partir de la entrada en vigor del Acuerdo Interino de Comercio, Argentina pasará a contar con una red de instrumentos comerciales mediante los que se relaciona con más del 30% del PBI mundial”, aseguraron desde Casa Rosada. Y agregaron: “Con la liberalización del mercado, casi la totalidad de las exportaciones agrícolas del Mercosur a la UE se verán beneficiadas”.

Desde el ámbito diplomático, el embajador de Alemania en Argentina, Dieter Lamle, elogió el acuerdo, expresó que representa una “oportunidad para profundizar la integración y promover innovación” y una reducción de los aranceles en el 90% de los grupos de productos, algo beneficioso para las empresas alemanas y argentinas». A su vez, aseguró que la aplicación provisional del acuerdo “es jurídicamente posible incluso sin el consentimiento del Parlamento Europeo”.

Por su parte, los bloques opositores advirtieron sobre el posible impacto negativo en la industria nacional y sobre la capacidad de adaptación a regulaciones técnicas más estrictas, enfocados en resguardar empleos en sectores sensibles. En Diputados, el tratado obtuvo 203 votos afirmativos, 42 negativos y 4 abstenciones, y el bloque Unión por la Patria quedó dividido.

La semana pasada, el comisario de Comercio y Seguridad Económica de la Unión Europea, Maros Sefcovic, aseguró que el bloque perdió casi 300.000 millones de euros en Producto Interior Bruto (PIB) y más de 200.000 millones en oportunidades de exportación al no haber puesto en marcha el acuerdo comercial con Mercosur desde 2021.

El avance del convenio regional fue obstaculizado por una serie de dificultades políticas, ambientales y sectoriales, y por la preocupación de varios Estados miembros de la UE, especialmente Francia, Irlanda, Austria y Polonia, por el impacto del acuerdo en el sector agrícola europeo y la posible competencia desleal de productos sudamericanos.

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El Gobierno planea enviar este viernes a la mesa política al Congreso para monitorear el tratamiento final de la reforma laboral, que volverá a votarse en la Cámara alta para la ratificación de los cambios introducidos durante el trámite legislativo. En Nación descartan por el momento la organización de una celebración entre sus integrantes.

En el Ejecutivo aseguran que cuentan con los votos necesarios para sostener los cambios en la reforma y avanzar también con la Ley Penal Juvenil. Abarca la baja de la edad de imputabilidad, que el oficialismo propone fijar en los 14 años.

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En la Casa Rosada tampoco esperan “sorpresas” en las votaciones de mañana para ratificar el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur y para darle media sanción a la Ley de Glaciares, que amplía los márgenes de explotación en las zonas periglaciares.

En Balcarce 50 esperan que se instalen en el Congreso el ministro del Interior, Diego Santilli, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem. Remarcan que es probable que se sumen la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de gabinete, Manuel Adorni.

La última reunión de la mesa política del Gobierno fue el lunes y tuvo como objetivo trabajar el poroteo de votos para los cuatro proyectos que se votarán este jueves y viernes en el Senado. Hubo también un debate sobre el orden de prioridades de las iniciativas que impulsarán a partir del 1 de marzo, que comienzan las sesiones ordinarias.

El Ejecutivo ya trabaja en la reglamentación de la reforma laboral y busca blindarla ante eventuales judicializaciones. Es por eso que los equipos técnicos del oficialismo trabajan sobre el decreto, que apuntan a publicar en los primeros días de marzo en el boletín oficial. El objetivo es reducir márgenes de interpretación y litigiosidad.

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La Casa Rosada quiere tratar en los primeros días de sesiones ordinarias la nueva Ley de Financiamiento Universitario junto con la Ley de Glaciares en la Cámara de Diputados. Ubican en el mismo orden de prioridades a los cambios que preparan sobre la Ley de Emergencia en Discapacidad, que enviarán al Congreso en el corto plazo.

En Balcarce 50 insisten con que luego intentarán ratificar el acuerdo comercial con los Estados Unidos, que está en revisión en la secretaría de Legal y Técnica, que preside María Ibarzabal. Lo mismo aplica para el entendimiento entre el Mercosur y Singapur y la adhesión al Consejo de la Paz, que impulsó Donald Trump.

Gobierno, Senado

En la noche del miércoles, A Dos Voces, por TN, fue escenario de un cruce en vivo entre Luis Petri, diputado nacional por Mendoza, y Sergio Berni, exministro de Seguridad bonaerense, en el contexto del debate por la baja de la imputabilidad de los menores a los 14 años y la necesidad de reformar el régimen de responsabilidad penal juvenil.

El intercambio comenzó con la invitación a Berni para ocupar su lugar en el piso. Tras el saludo, Petri anticipó que coincidía con Berni en que hay que reformar la ley. Pero Marcelo Bonelli intervino y se dirigió a Berni: “Usted dijo que esta ley no sirve para nada”.

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“Como está implementada, no, absolutamente no, me gustaría discutirlo con el diputado”, planteó Berni.

“Pero yo no tengo ningún tipo de problema de discutirlo”, respondió Petri.

Y el legislador por Mendoza amplió: “Va a a ser un gusto discutirlo, porque es absolutamente necesario. Muchas veces se ha debatido tanto esta ley que termina sin ser aprobada. Lo que estamos garantizando con el presidente Milei es que se apruebe definitivamente un régimen de responsabilidad penal juvenil y se le dé una respuesta a las víctimas”.

El ex titular de Seguridad de la provincia de Buenos Aires sostivo: “En algo coincidimos. La ley penal juvenil hay que reformarla, la ley de trabajo hay que reformarla. Pero no puede ser un eslogan político, debe ser una realidad que cambie el futuro de la Argentina por los próximos años. Me parece que la Argentina, con estas leyes como están planteadas, se está perdiendo la posibilidad de tener leyes de vanguardia, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, que vengan a poner fin a un problema como la delincuencia juvenil. Y empezar a reactivar de una vez y para siempre el trabajo formal de la Argentina. Pero cuando quiera lo discutimos con el diputado».

“Hay que avanzar. Fíjate que se ha negado esta discusión y tenemos una ley laboral del 74, cambió el mundo, cambiaron las comunicaciones, no había internet, no había celular”, inisistió Petri.

“Con 200 reformas en el medio, ¿no?“, retrucó Berni. ”Estamos totalmente de acuerdo, hoy como está, no sirve para nada“, reconoció.

Antes del cruce al aire, Petri defendió el proyecto del Gobierno para bajar la edad de imputabilidad. “¿Qué le decimos a una víctima que golpea la puerta de la justicia porque le arrebataron un familiar en un delito violento, en un crimen atroz y un juez decreta que esa persona no puede ser juzgada porque es inimputable, porque una ley así lo determina, cuando esa persona comprendió la criminalidad del hecho que realizaba, sabía lo que hacía y aceptó“, dijo.

“Esta ley prevé la prisión, pero también la prevención del delito”, advirtió Petri

Y agregó: “Esta ley, entre otras cosas, prevé la prisión, cuando se cometen delitos aberrantes, pero también prevé prevenir esos delitos aberrantes. Lo que no dicen los que se oponen a esta ley es que el régimen actual fracasa todos los días cuando un menor empuña un arma, cuando ingresa en el mundo de las drogas, cuando deja el colegio y el sistema no advierte esas alertas tempranas para impedir la escalada criminal. Cuando un joven mata, previo a cometer ese homicidio, seguramente cometió una decena de delitos que pasaron inadvertidos por el Estado”.

Y amplió: “Este proyecto de ley prevé, entre otras cosas, ocho tipos de penas que no suponen la privación de la libertad. Sí la privación de la libertad cuando se mata, cuando se viola, cuando se roba y se lesiona gravemente a las víctimas. Ahora, se interviene preventivamente en aquellos casos donde no se cometen estos delitos aberrantes, sino, por ejemplo, un robo común donde probablemente no sea la mejor solución la privación de la libertad. Seguramente hay que tomar medidas socioeducativas, seguramente hay que tratarlo de las adicciones”.

“¿El Estado está en condiciones de darles una resocialización?“

Durante la entrevista en el estudio, Berni cuestionó el proyecto del Gobierno. “Se puso una edad de manera arbitraria, como si fuera una paritaria. Petri dijo acá que quería 13, o sea que si él estaba convencido de 13, ya dejó el arco de 13 a 14 libre. Otros querían 15, hicieron una paritaria, bueno, quedó en 14. No hay ninguna explicación neurocientífica, ni siquiera jurídica, que avale lo que se está haciendo”, afirmó.

“Y le digo lo mismo a Petri, ¿el Estado está en condiciones de darles un proceso de resocialización?“, señaló.

Luis Petri, Sergio Berni, Baja de la edad de imputabilidad, A dos voces