POLITICA
La Libertad Avanza pidió reimprimir las boletas sin la cara de Espert, pero la oposición lo rechazó
La Plata.- La audiencia convocada por la Junta Electoral Nacional con asiento en la provincia de Buenos Aires concluyó y la justicia comenzó a deliberar una resolución sobre un pedido para reimprimir la boleta única de papel tras el pedido de La Libertad Avanza a partir de la renuncia de José Luis Espert. La solicitud del oficialismo no prosperaría, ya que requeriría de un consenso de todos los partidos y la mayoría de las fuerzas opositoras se opusieron.
Entre hoy y mañana se espera una resolución que podría ser apelada en 48 horas ante la Cámara Nacional Electoral.
La audiencia tuvo lugar con la presencia del Juez Federal N°1 Alejo Ramos Padilla, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Hilda Kogan y el camarista federal Jorge Di Lorenzo. Participó el ministro del Interior, Lisandro Catán, y apoderados de 15 agrupaciones que participarán en este distrito en los comicios nacionales del 26 de octubre.
“Quedó claro que es una situación muy compleja. Hay que evaluar si es posible modificar el calendario. Nuestra preocupación es que el 26 de octubre la ciudadanía pueda expresar su voto. Y que el instrumento de votación esté en las mesas para que los 14 millones de personas empadronadas puedan emitir su voto”, dijo Ramos Padilla, quien esta mañana, en una resolución, resolvió que Karina Celia Vázquez (conocida como Karen Reichardt)encabece la lista de La Libertad Avanza (LLA) ante la renuncia de José Luis Espert. De esta manera, no hizo lugar al pedido del Gobierno que sea Diego Santilli el que ocupe ese lugar.
“La provincia de Buenos Aires alcanza el 40 por ciento del padrón, se despliegan 40 mil mesas. Y la impresión de la boleta única tardó 15 días. Para analizar el petitorio de La Libertad Avanza es importante considerar que no afecte el derecho del ciudadano de expresar su voto. Se analizará la cuestión técnica, eventualmente los gastos y la cuestión procesal”, dijo Ramos Padilla.
Este punto es crucial: más allá de los tiempos de reimpresión que según el gobierno son suficientes, los plazos procesales de apelación deberían garantizar poder tener todos los nuevos modelos de boletas oficializadas y verificadas por audiencia, listas para mandar a imprimir el 11 de octubre.
El apoderado de La Libertad Avanza justificó el pedido formal de petición de reimpresión de boletas, tras la renuncia de Espert como primer candidato de esa fuerza.
Este espacio requirió saber “si es materialmente posible la reimpresión de las boletas para garantizar la imparcialidad” y el derecho del elector de expresar su voluntad sin confusión por la foto de Espert que permanece en la boleta.
El ministro del Interior, Lisandro Catalán, dijo: “Me parece importante que todos los actores tengamos en claro la factibilidad técnica de la reimpresión de boletas”. El funcionario de Milei dijo que el costo sería de $12.169.655.000. Por cada boleta se debería pagar 839,72 pesos.
Luz Landívar, desde la dirección Nacional Electoral, detalló: “En caso de reimprimirse el precio de cada una de las boletas se mantendría. Contamos con la partida presupuestaria para afrontar este gasto porque hemos logrado tener ahorros en otros rubros”.
“También se podrían reimprimir los afiches con las fotos de todos los candidatos que participan en la elección, son 40.000”, dijo.
En tanto, el director del Correo Argentino, Camilo Baldini, expresó que la distribución de las boletas tiene que comenzar el 16 de octubre, por lo que los plazos para la reimpresión se dificultarían.
Sin embargo, el Correo Argentino aseguró que hay seis imprentas listas para participar en el proceso de impresión y que se demoraría cinco días una vez que este todo el procedimiento legal y la nueva boleta oficializada.
En tanto, el secretario electoral, Leandro Luppi, destacó que el instrumento de votación está a cargo del Poder Ejecutivo Nacional luego de que la Libertad Avanza se mostrara dispuesta a “colaborar económicamente” con la reimpresión.
Tal ofrecimiento fue categóricamente rechazado por los apoderados opositores a La Liberad Avanza: “No tengo ganas que me pague la boleta el cartel de Medellín. No corresponde. La tiene que pagar el estado”, dijo Santiago Cúneo, del Partido Nuevo Buenos Aires.
Eduardo López Wesselhoefft, apoderado del PJ, rechazó de plano el pedido de La Libertad Avanza: “Reitero nuestra oposición a la reimpresión”. Y citó a Luz Landívar, directora Nacional Electoral, durante una intervención en la Cámara de Diputados de la Nación cuando afirmó: “Si hay muertes o renuncias, la boleta única de papel oficializada se mantiene”.
“Fuerza Patria no le encuentra sentido a la reimpresión de boletas. La ciudadanía ya tiene resulto su voto. Nadie se va a fijar en la foto, no genera confusión”, dijo López Wesselhoefft. Y cerró: “No hay posibilidad de concurrir a esta elección con otra boleta que las que ya están impresas y las que aún faltan imprimir”.
También se opusieron en sus alocuciones los apoderados de Propuesta Federal para el Cambio; Frente Patriotas Federal; Partido Nuevo Buenos Aires; Alianza Potencia; Alianza Provincias Unidas; Alianza Unión federal, y el Movimiento Político Social y Cultural Proyecto Sur.
No hubo una sola opinión a favor de reimpresión, de modo tal que si la justicia hiciera lugar al pedido de La Libertad Avanza se anticipan al menos 15 apelaciones.
Recursos del Estado
Los partidos de la oposición al gobierno se mostraron especialmente irritados por el gasto que supone la reimpresión de boletas y la arbitrariedad del pedido, dado los antecedentes en sentido contrario.
Catalán dijo que el proceso electoral “fue tan eficiente” que resultó con un excedente de 15.000 millones de pesos que se podría utilizar para la reimpresión de boletas.
“La previsión nuestra desde el ministerio del Interior con todas las licitaciones hechas para todo el país nos llevó a un ahorro de 15.000 millones, que es lo que se destinaría a la reimpresión de boletas”, remarcó Catalán.
La fecha límite de entrega de boletas para el reparto es el 16 de octubre y el modelo de impresión debería estar listo el 11 de octubre, dentro de tres días. El ministerio del Interior se comprometió a imprimir en 5 días las primeras 3 millones de boletas para comenzar a repartir, esta vez con cuatro imprentas.
El juez advirtió que para poder avanzar con la reimpresión “debería haber un consentimiento expreso de todos los partidos para evitar planteos que demoraran el proceso”.
Tal consentimiento está lejos de existir. Es más, todos los apoderados de oposición presentes en la audiencia ya manifestaron su rechazo.
“Hay que tener en cuenta plazos de impugnación y apelación”, dijo el magistrado.
no hizo lugar al pedido del Gobierno,María José Lucesole,Elecciones 2025,Conforme a,,$LIBRA. La fiscalía ordenó analizar las comunicaciones entre Milei, su hermana y otros acusados,,Los detalles del contrato. Espert firmó con Machado un acuerdo por 1 millón de dólares justo antes de la campaña de 2019,,Sin prisión preventiva. Procesaron al gendarme que disparó sobre el fotógrafo Pablo Grillo y lo dejó gravemente herido,Elecciones 2025,,Provincias Unidas. Los gobernadores se reúnen en Jujuy para apuntalar el armado a dos semanas de las elecciones legislativas,,Voto a voto. Elecciones en Argentina 2025: las últimas noticias sobre los comicios, este miércoles 8 de octubre,,Tras la resolución. Quién encabezará la fórmula bonaerense de LLA en lugar de Espert
POLITICA
Intendentes de Kicillof piden al peronismo no caer en la tentación de buscar culpables en un mensaje a Cristina Kirchner
El grupo de intendentes alineados con el goberndor Axel Kicillof difundió un mensaje en el que respaldó el desdoblamiento electoral en la provincia de Buenos Aires y demandó “no buscar culpables” por la derrota en los recientes comicios legislativos nacionales en un tiro por elevación a Cristina Kirchner. “Creemos que este no es el momento de enredarnos en discusiones internas alejadas de los problemas reales de nuestra sociedad», manifestaron.
“Una diferencia de apenas 29.354 votos (0,32%), prácticamente un empate técnico, podría ser una tentación para buscar culpables“, esgrimieron los jefes comunales en el escrito difundido por redes sociales. Y remarcaron que la derrota de la boleta encabezada por Diego Santilli se dio sobre ”un margen exiguo» frente a la de Jorge Taiana.
En ese sentido, los jefes comunales, integrantes de Movimiento Derecho al Futuro -el espacio de Kicillof- defendieron la realización de los comicios locales en septiembre, cuando el peronismo se impuso por 14 puntos porcentuales. “El inmenso logro electoral de septiembre quebró un ciclo histórico de 20 años de derrotas electorales consecutivas del peronismo en elecciones legislativas en la Provincia, tras sufrir sucesivas derrotas en las elecciones de 2009, 2013, 2017 y 2021″, señalaron.
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POLITICA
CFK no podrá volver a cobrar la pensión de Néstor Kirchner y ANSES le pedirá que devuelva $1.000 millones
La jueza federal Karina Alonso Candis rechazó el pedido de medida cautelar presentado por Cristina Elisabet Fernández de Kirchner para que se le restablezca de manera anticipada la asignación mensual vitalicia que percibía como viuda del ex presidente Néstor Carlos Kirchner, beneficio que había sido suspendido por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Según pudo saber Infobae de fuentes oficiales, el Gobierno mediante una decisión del ente previsional, que depende del Ministerio de Capital Humano, le reclamará a la ex vicepresidenta que reintegre lo cobrado con anterioridad. Se estima que la suma estaría en el orden de los 1.000 millones de pesos.
La decisión del Juzgado Federal de la Seguridad Social 1 de la Ciudad de Buenos Aires, se enmarca en la causa “Fernández Cristina Elisabet c/ ANSES s/ Nulidad de Acto Administrativo”, donde la ex mandataria reclamó la nulidad de las resoluciones que dieron de baja tanto su pensión como la que le correspondía por su propio mandato presidencial.
El planteo de Fernández de Kirchner se centró en la urgencia de recuperar el cobro de la pensión, argumentando que la demora en la resolución definitiva del proceso judicial podría afectar sus derechos a la seguridad social y su subsistencia.
En su presentación, invocó el artículo 22 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que reconoce el derecho a la seguridad social, y sostuvo que la medida cautelar no resolvía el fondo del asunto, ya que existía una sentencia firme previa que le reconocía el beneficio. Según la ex presidenta, solo restaba que la ANSES cumpliera con esa decisión judicial, por lo que solicitó que se le restituyera el pago de la asignación mensual vitalicia otorgada en su carácter de causahabiente de Néstor Kirchner desde el 14 de diciembre de 2010. “Se verifican en autos los supuestos de verosimilitud del derecho y de peligro en la demora ante la falta de otra forma de subsistir”, sostuvo la parte actora, ofreciendo caución juratoria como contracautela.
La ANSES, en su respuesta, solicitó el rechazo de la medida cautelar. Argumentó que el beneficio previsto en la ley 24.018 para presidentes, vicepresidentes y sus viudas es una asignación graciable, es decir, un reconocimiento excepcional que no depende de aportes previsionales, sino que se otorga como contraprestación al honor y buen desempeño en el cargo. El organismo sostuvo que la medida cautelar pretendida se confundía con el objeto principal de la demanda y que no se verificaban los requisitos legales para suspender el acto administrativo cuestionado.
Además, la ANSES remarcó que la sentencia firme invocada por Fernández de Kirchner en una causa anterior solo se refería a la compatibilidad entre beneficios y no a la nulidad de las bajas, que es el objeto de la presente causa. “La medida solicitada por quien acciona afecta el interés público, ya que se estaría ordenando el pago de un beneficio de significativa consideración económica y se vulnerarían las políticas de veracidad y transparencia en la gestión de los asuntos públicos, dos aspectos cruciales en la lucha eficiente contra la corrupción, todo lo cual afectaría los recursos del Estado”, advirtió el organismo previsional.
La ANSES también señaló que la cuestión resultaba abstracta a raíz de la condena penal recaída en la causa “Fernández de Kirchner Cristina Elisabet y otros s/ infracción a los artículos 173, 174 y 210 Código Penal”, y citó los artículos 12 y 19 inciso 4 del Código Penal, que prevén la suspensión del goce de jubilaciones y pensiones para quienes hayan sido inhabilitados penalmente, salvo que existan parientes con derecho a pensión, situación que no se da en este caso.
Al analizar el caso, la jueza Alonso Candis explicó que las medidas cautelares tienen como finalidad asegurar la eficacia de la resolución definitiva del proceso principal, y que para su otorgamiento deben verificarse dos requisitos: la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora. La magistrada consideró que, en este caso, la determinación de la verosimilitud del derecho requería un análisis más profundo de las normas jurídicas y de los hechos, lo que excede el marco de una medida cautelar. “La verosimilitud del derecho debe surgir de manera manifiesta de los elementos obrantes en la causa, resultando improcedente el análisis exhaustivo de las relaciones que vinculan a las partes, cuya naturaleza y extensión han de ser dilucidadas con posterioridad”, citó la jueza, apoyándose en doctrina y jurisprudencia de la Cámara Federal de la Seguridad Social.
La resolución también destacó que el acto administrativo de la ANSES goza de presunción de legitimidad y fuerza ejecutoria, según el artículo 12 de la ley 19.549, lo que impide suspender sus efectos salvo norma expresa en contrario. En ese sentido, la jueza recordó que la Corte Suprema ha establecido que “medidas como las requeridas no proceden, en principio, respecto de actos administrativos o legislativos habida cuenta de la presunción de validez que ostentan”.
Otro de los fundamentos centrales del fallo fue que la medida cautelar solicitada coincidía con el objeto principal de la demanda, lo que está expresamente prohibido por el artículo 3 inciso 4 de la ley 26.854, que regula las medidas cautelares contra el Estado nacional. La jurisprudencia citada por la jueza indica que no debe existir identidad de contenidos entre el objeto de la demanda y el de la medida cautelar, ya que ello implicaría un anticipo de la decisión final del proceso. “Dentro de las medidas precautorias, la innovativa es una decisión excepcional porque altera el estado de hecho o de derecho existente al tiempo de su dictado, ya que configura un anticipo de jurisdicción favorable respecto del fallo final de la causa, lo que justifica una mayor prudencia en la apreciación de los recaudos que hacen a su admisión”, sostuvo la magistrada, citando fallos de la Corte Suprema y de la Cámara Federal de la Seguridad Social.
Por último, la jueza consideró innecesario analizar en esta instancia la aplicación del artículo 19 inciso 4 del Código Penal, que prevé la suspensión de beneficios previsionales en caso de inhabilitación penal, ya que el rechazo de la cautelar se fundaba en los argumentos previamente expuestos.
La resolución concluyó con el rechazo de la medida cautelar solicitada por Fernández de Kirchner y la imposición de costas por su orden, en atención a la especial naturaleza del conflicto y a que la parte actora pudo considerarse asistida de mejor derecho para su planteo cautelar.
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Las urnas dispersadas por los pasillos del estadio de Obras Sanitarias se iban llenando de papelitos blancos con el escudo de la CGT con la leyenda lista celeste y blanca. No había nombres ni candidatos. Mientras los congresales votaban, en dos salones por separado, los caciques sindicales definían los nombres del nuevo consejo directivo. Es decir, nadie sabía a quiénes estaba eligiendo y ni tampoco si había lista de unidad. “Motivo de impugnación”, dijo un dirigente de mil batallas, acostumbrado a elecciones nubladas de sospechas. Eran casi las 16 y el triunvirato de mando ya estaba resuelto, pero la tensión se palpaba en el ambiente porque Luis Barrionuevo le había dado una orden a su tropa: “Nos vamos”.
Atravesada por internas, casi en espejo con la situación del PJ, la CGT recurrió otra vez a un triunvirato para evitar una división aún mayor frente a un Gobierno que avanza con una reforma laboral y la intención de limitar el poder sindical. El nuevo triunvirato estará a cargo de Jorge Sola (Sindicato del Seguro), Cristian Jerónimo (Sindicato del Vidrio) y Octavio Argüello (Sindicato de Camioneros). Su mandato será hasta 2029. Los tres son de raíz moyanista, aunque Sola y Jerónimo reportan desde hace tiempo a “los Gordos” (grandes gremios de servicios) y a los autodenominados “independientes” (Uocra, Upcn y AySA), respectivamente. Salvo Argüello, un ladero de Hugo Moyano, a los otros dos dirigentes se les desconoce protagonismo en algún conflicto sindical de importancia. Provienen de gremios “chicos” y son de perfil dialoguista. Juan Carlos Schmid, que estuvo en sus lugares cuando integró el triunvirato en 2016, les dio la bienvenida con un mensaje que se pareció a una advertencia: “Hay que prepararse para enfrentar al verdugo. Se tienen que comprometer a que no van a dejar que pisoteen nuestros derechos. Tienen que comprometerse a enfrentar a este gobierno”.
Después de siete horas de frenéticas negociaciones, la comisión directiva de la CGT anunció a las nuevas autoridades. Héctor Daer habló de unidad plena a pesar de que los números reflejaron otra cosa. Participaron del congreso 145 gremios sobre un total de 200 confederados, y votaron a una lista única 1830 congresales sobre 2130, según informó en el Congreso cegetista. Es decir, hay 55 gremios que se abrieron de la central obrera.
Hubo tres momentos de tensión durante la jornada. El primero fue al comienzo del congreso, cuando ya se sabía que no iba a ser incluida una mujer en la cúpula. “No venimos por la foto, no servimos el café, queremos a las compañeras conducir la CGT”, surgió un cantito espontáneo de un grupo numeroso de mujeres que incomodó a los jefes. El desafío no terminó ahí: las mujeres que integran el consejo directivo se bajaron del escenario y se mezclaron en el llano, entre los congresales.
El otro pico se dio cuando el ferroviario Omar Maturano, un alfil de Barrionuevo, pidió que se defina un solo secretario general y no tres. Argumentó que no está avalado en el estatuto el esquema de triunvirato de mando. Perdió la votación, que fue a mano levantada, 9 a 1, aproximadamente. En un rapto de transparencia e institucionalidad, también pidió que el voto fuera secreto, directo y en las urnas. También perdió.
Pero la cima de tensión se alcanzó cuando Barrionuevo comprobó que su poder se había licuado. No logró ubicar a su tropa ni impugnar la designación de Jerónimo en el triunvirato de mando. La candidatura del jefe del Sindicato del Vidrio no fue tolerada por Roberto Fernández, el jefe de los colectiveros de la UTA, que decidió irse de la CGT. Es decir, la nueva central no contará con el poder de fuego de los colectiveros en caso de ir hacia un paro general. Una señal de debilidad ante la inminente negociación con Milei por los cambios en la legislación laboral. Hay varias razones por los que Jerónimo era objetado por tres pesos pesados: Barrionuevo, el mercantil Armando Cavalieri y el colectivero Fernández. Lo consideran un dirigente de lealtades frágiles. Le achacan desde haber impugnado en el Ministerio de Trabajo un convenio colectivo de los mercantiles para quedarse con sus afiliados hasta haber apoyado la violenta toma de la sede de la UTA por parte de una patota que respondía a Pablo Moyano.
La única salida oficial fue la de UTA. Barrionuevo, que amenazó con irse, finalmente dejó a su gremio y el puñado de aliados en la CGT. Todos ocuparán secretarías o vocalías de bajo rango, pero se mantendrán bajo el paraguas de la central. Los lugares de privilegio e influencia fueron ocupados por los gremios afines al sector de “los Gordos”, los autodenominados “independientes” y el moyanismo.
En el revoleo de nombres y en medio de la poca transparencia de la elección, los gremios más alineados con el kirchnerismo también enviaron un mensaje: conservarán su silla en la CGT, aunque excluyeron a sus dirigentes más taquilleros. No estarán en el nuevo consejo directivo Abel Furlán (UOM), Sergio Palazzo (Bancarios) ni Ricardo Pignanelli (Smata). Otra señal de debilidad para la negociación con el Gobierno.
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