La reforma laboral aprobada en el Senado todavía no se debatió en la Cámara de Diputados, pero ya originó una nueva protesta: el Frente de Sindicatos Unidos (Fresu) anunció un paro con movilización al Congreso cuando la iniciativa se trate en la Cámara Baja.

Así lo decidió esta tarde aquel polo sindical ultraopositor, que integran la UOM, Aceiteros y las CTA, entre otros, durante una reunión en el gremio metalúrgico, tras la cual el líder de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, afirmó: “Tenemos que construir un clima de mayor hostilidad para los diputados que aquel que enfrentaron los senadores”.

“No es una utopía voltear esta ley o al menos que se empantane su tratamiento -sostuvo-. El Gobierno tomó nota durante las últimas horas de que en la sociedad crece la conciencia sobre la gravedad de esta norma y los perjuicios que acarreará rápidamente en el mundo laboral. Ahora tenemos que ser capaces de frenar la corrupción y los sobornos en Diputados».

Aguiar, uno de los opositores más duros del Gobierno dentro del sindicalismo, señaló que “el miércoles (pasado) había más valijas en el Congreso que en la Terminal de Retiro en época de vacaciones” y anticipó: “Desde ATE vamos a convocar a nuestras instancias orgánicas para ratificar esta medida de fuerza”.

Este mismo dirigente hizo otras declaraciones polémicas esta semana: “Los gobernadores que avalen esta reforma estarán firmando su propia sentencia de muerte“, indicó ante el debate de la reforma laboral en el Senado. Y otro de los líderes del Fresu, Daniel Yofra, titular de la Federación de Aceiteros, también abrió una polémica cuando dijo: “Vamos a prender fuego el país, no queda otra, a través de una huelga por tiempo indeterminado” (luego intentó relativizar la amenaza).

Uno de los impulsores de este frente sindical es Abel Furlán, secretario general de la UOM, que critica la estrategia moderada de la CGT ante la reforma laboral (aunque uno de sus dirigentes, Osvaldo Lobato, es secretario Gremial cegetista). Y por eso se unió a dirigentes de impronta combativa para dar pelea contra la reforma laboral: lanzaron un plan de lucha que incluyó movilizaciones en Córdoba, la semana pasada, y en Rosario, el martes pasado, y se sumaron a la concentración de la CGT ante el Congreso.

Las jornadas de protesta del Fresu buscaron exponer la posición de los gobernadores frente a la reforma laboral y responsabilizarlos por el avance del proyecto. Sus miembros rechazan cualquier intento de negociación parcial, como impulsa la CGT, y desconfía de eventuales declaraciones de inconstitucionalidad del proyecto oficia por parte de la Corte Suprema.

Además de la UOM, Aceiteros, ATE y las dos CTA, integran el Fresu la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), la Federación Gráfica Bonaerense, la Asociación Obrera Minera Argentina (AMOA), Molineros, CONADU y Viales, entre otros, y se sumó Pablo Moyano a título individual.

Todas son organizaciones del ala dura del sindicalismo y no se descarta que terminen unidas en la acción con la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), que dirige Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento), que también tiene una postura más intransigente y, aunque sigue alineada a la CGT, podría endurecerse si los líderes cegetistas mantienen una actitud pasiva ante la reforma laboral.

Cuando la CGT se movilizó este miércoles ante el Congreso, sin auspiciar ningún cese de actividades, ATE dispuso un paro de 24 horas de los estatales y la UOM, una medida similar con abandono de tareas a las 10.30. Y en el caso de la CATT, los sindicatos aeronáuticos hicieron un paro de 15 a 18, que provocó demoras en Aeroparque y Ezeiza, y los metrodelegados concretaron una huelga en los subtes de 21 a 23.30.

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Una investigación penal por la tenencia de tierras y desarrollos inmobiliarios en Tandil viene desatando un escándalo que aún no tiene capítulo final. Dos jueces del fuero civil y comercial de Azul fueron denunciados penalmente: uno de ellos fue suspendido, irá a juicio político y el otro recibió una sanción disciplinaria.

Esta semana la fiscalía avanzo en la investigación con medidas que apuntan al intendente de Tandil, Miguel Ángel Lunghi por presunto tráfico de influencias, abuso de autoridad y negociaciones incompatibles con la función pública. El magistrado José Martín Zárate ya fue suspendido de su cargo durante 90 días y se lo someterá a un juicio político que puede terminar con su destitución. En el mismo expediente, tambien se analizará la conducta de su par, Francisco Augusto Blanc.

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La denuncia que hicieron Jorge Heter y Juan Pedro Martín Burs apunta a que los jueces habrían querido apropiarse de determinados terrenos para lo cual manipularon pruebas y hasta uno de ellos habría realizado exigencias poco habituales en el marco de un proceso judicial.

Todo se remonta a 2016 cuando Heter y Burs como herederos de la sucesión de Ángel María Valiente Noailles quisieron tomar el control de un terreno de 250 parcelas. Sin embargo, en el predio estaba viviendo un empleado rural Juan Miguez Ramírez que adujo contar con el permiso del empresario Luis Cerone.

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A partir de allí comenzó una disputa judicial por el terreno donde de un lado están Heter y Burs y del otro el empresario Cerone. Cuando tomó intervención el juez Zárate la historia se enredó un poco más: instó a las partes a arreglar el “asunto” para lo cual a los herederos los conminó a pagar una suma de dinero importante para recuperar sus tierras.

En una de las reuniones, según consta en la denuncia que investiga una fiscalía de Azul, el juez se ofreció a poner US$50.000 que faltaban para sellar ese acuerdo económico.

Lo cierto es que el caso fue el puntapié que terminó con el juez Zárate camino a juicio político y con una investigación penal en su contra por presunta extorsión, cohecho y otros delitos. Pero tambien se sospecha de su colega, Francisco Augusto Blanc, quien fue denunciado y tambien quedó bajo investigación.

Consultado por TN a partir de la denuncia, el empresario Luis Cerone aseguró que “sí se pidieron US$500.000 por los derechos veinteañares que tiene la persona que habitó desde 1980 ese mismo lugar y con quien yo colaboro para defender su crédito”.

Además, “es mentira que yo tenga estrecho contacto con el intendente y sí puse a disposición mi hotel de Tandil para que se reúnan las partes y puedan llegar a un acuerdo”.

“Yo me reuní primero con un familiar de los que iniciaron la demanda, y luego junto con el juez y ellos para tratar de cerrar el acuerdo en pos de la persona que estaba viviendo en ese lugar desde hace muchísimos años, pero siempre en aras de defender el dinero del titular de los derechos”.

Luego los denunciantes aportaron documentos sobre diversos terrenos de vecinos de Tandil donde los magistrados habrían tenido una intervención irregular en cuanto a sucesiones o herencias.

Con un juez suspendido y otro bajo la mira, ahora la denuncia también apunta al intendente Lunghi y a funcionarios de su gabinete: los acusan de estar en connivencia con el empresario Cerone para bloquear nuevos proyectos inmobiliarios y, a su vez, intentar apropiarse de terrenos de forma irregular.

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