POLITICA
La libertad, en manos de la Justicia
Lo firmó sigilosamente, casi en la nocturnidad, como quien presiente el rechazo. Aunque las miradas están pendientes del Congreso cuando casi todos los legisladores retozan cerca del mar, probablemente sea la Justicia el primer poder del Estado en anular el decreto de necesidad y urgencia de Javier Milei que modificó sustancialmente el servicio de inteligencia del país. Los jueces vuelven a trabajar en febrero y, a veces, dan menos vueltas que los legisladores. Por una descarriada iniciativa de Cristina Kirchner, que cuando era senadora le dedicó a su marido presidente una ley reglamentaria de los decretos de necesidad y urgencia que los convierte a estos en más poderosos que una ley, es muy difícil con la actual composición del Congreso que ese DNU sea rechazado por ambas cámaras legislativas.
Una ley no es ley si una sola de las cámaras la rechaza. El DNU requiere, en cambio, de la desaprobación de las dos cámaras, con el voto de la mayoría absoluta de los presentes de cada una de ellas. Es decir: de la mayoría de los legisladores que están en el recinto. Esa ley encierra una especial fechoría: en el Congreso se habla, por lo general, de mayoría absoluta cuando se trata de la mayoría de la totalidad del cuerpo, no de los legisladores presentes. Esa fue la picardía de la viuda de Kirchner, que contó con la complicidad de todo el bloque peronista. Gobernaba el peronista Néstor Kirchner, desde ya.
Esa es también la ventaja de un poder hegemónico que ahora aprovecha Milei. Fue la perversión del objetivo final que se habían propuesto los constituyentes durante la reforma constitucional de 1994. Tal objetivo consistía en quitarle poder al Presidente y a sus decretos de necesidad y urgencia. Antes, Raúl Alfonsín había creado una moneda, el austral, con esa herramienta, y Carlos Menem ordenó la más profunda reforma del Estado con el mismo mecanismo. La reforma del 94 incorporó el inciso 3 del artículo 99 sobre las facultades del presidente por el que le prohíbe a este tomar decisiones que deben ser aprobadas por el Congreso, aunque establece que solo en “casos excepcionales” y cuando exista una necesidad urgente podrá dictar decretos de necesidad y urgencia. No podrá hacerlo nunca, dice el texto constitucional, sobre cuestiones penales, tributarias o electorales.
Cristina Kirchner no pudo cambiar tales prohibiciones de la Constitución, pero creó condiciones casi incumplibles para que el Congreso rechace esos decretos. De hecho, a Milei le rechazaron un solo decreto de necesidad y urgencia, cuando quiso ampliar en 100.000 millones de pesos el presupuesto de la SIDE, y cuando su partido estaba en franca minoría en el Congreso. Otra vez la SIDE. Siempre la SIDE.
Fue la única vez que los diputados de Mauricio Macri contribuyeron a tumbar una decisión de Milei. Ahora, ya no es así, después de la victoria mileísta en las elecciones de mitad de mandato del año pasado. Los requerimientos de esa ley de Cristina Kirchner le hacen casi imposible a la oposición anular ese decreto, en principio en la Cámara de Diputados, donde el Presidente lidera a 95 diputados. Puede alcanzar la mayoría de los presentes, porque tiene amigos, conocidos y espónsores. Aunque algunos diputados que se fugaron de Pro, protegidos por Patricia Bullrich, no aceptaran tales desmesuras institucionales, es difícil que esas deserciones le impidan al Presidente consumar sus hechos. Macri ya no tiene la cantidad de diputados que le permitió anular aquel decreto de los 100.000 millones de pesos, pero a su lado aseguran que los que tiene ahora votarán en contra del decreto de Milei sobre el servicio de inteligencia.
En el Senado, las cosas son más difíciles para el oficialismo. Ahí tiene 20 senadores, liderados también por la otrora macrista Bullrich. La mayoría de los senadores son 37. Suelen estar casi todos en las reuniones plenarias. Faltan muchos y son pocos. “Hay varios que están dispuestos a votar por cualquier cosa que haga Milei, pero no al extremo de acompañarlo a violar la Constitución y el Estado de Derecho”, anticipó un senador radical. No importa. Si la Cámara de Diputados no acompaña el eventual rechazo del Senado (o si el Senado no acompaña un rechazo de Diputados), el decreto de necesidad y urgencia quedará firme, con la fuerza de una ley. Gracias, Cristina.
Mientras tanto, hay cuatro presentaciones en la Justicia para que declare inconstitucional y “nulo de nulidad absoluta” ese decreto de Milei. Los planteos se hicieron en el fuero Contencioso Administrativo, que es donde se dirimen las cuestiones contra las decisiones del Estado. Uno de ellos, que firmaron legisladores de la Coalición Cívica, asegura de manera dramática que “dar igual tratamiento a una amenaza contra el Estado que a una cuestión de seguridad interior es la antesala inmediata de un Estado policial”.
El decreto de necesidad y urgencia autoriza a los agentes de la SIDE, convertida por esa decisión de Milei en la más importante agencia de inteligencia del Estado, a detener personas sin orden judicial, por el solo hecho de una sospecha o porque están cometiendo un delito flagrante. Si bien el Código Penal autoriza a los ciudadanos comunes a hacer aprehensiones en casos de flagrancia, no es lo mismo que esa facultad la tenga el servicio de inteligencia del Estado, sobre todo el servicio argentino, que siempre anda mezclándose con lamentables peleas políticas internas.
Es más que probable que la Justicia considere inconstitucional ese decreto que contiene decisiones penales, una de las tres cuestiones en las que el Presidente no puede meterse por sí solo según la Constitución. Seguramente, el planteo constitucional llegará hasta la Corte Suprema de Justicia. Dos de los tres jueces supremos que existen, participaron de la reforma del 94. El presidente de la Corte, Horacio Rosatti, fue constituyente por Santa Fe, y el vicepresidente, Carlos Rosenkrantz, fue el principal asesor de Raúl Alfonsín, quien también era constituyente. Cada uno de ellos conoce la letra y el espíritu de las reformas constitucionales de los años 90. Saben, por lo tanto, que los temas penales no pueden estar en los decretos de necesidad y urgencia. ¿Qué influencia tendrá en el Congreso una eventual declaración de inconstitucionalidad de parte de la Justicia? Nadie lo puede predecir, pero ya no hará falta el Congreso. Una sentencia definitiva de la Justicia sobre la inconstitucionalidad del decreto de necesidad y urgencia anulará definitivamente la decisión de Milei.
El primer error de Milei fue no haber promovido una ley aprobada por el Congreso para cambiar una ley de 2001 que tuvo un amplio apoyo de senadores y diputados. El decreto de necesidad y urgencia del Presidente modifica 40 artículos de esa ley. Milei viene haciéndole cambios a esa ley desde el año 2024 con decretos de necesidad y urgencia que modificaron la ley de inteligencia, la de defensa nacional y la de seguridad interior. Como esos decretos no se rechazaron nunca (salvo el de los 100.000 millones de pesos), se fueron concentrando las actividades de inteligencia y de contrainteligencia.
A pesar de aquel rechazo, la SIDE es un organismo que maneja una cantidad importante de recursos que son por naturaleza fondos reservados. Nadie sabe en qué los usa. “Parte de los recursos económicos sirven para sostener estructuras políticas cercanas, los trolls en las redes sociales y la adhesión de algunos periodistas”, asegura un diputado que integra la comisión bicameral de seguimiento del servicio de inteligencia. Esa comisión no se integró con la nueva composición del Congreso, pero la que existía puede ser convocada con la anterior integración de los senadores y diputados que conservaron su mandato; solo no podrían asistir los que terminaron su mandato, como, entre otros, Leopoldo Moreau y Martín Lousteau, que era senador y ahora es diputado tras un mal resultado electoral en las elecciones de octubre último. Nadie sabe cuándo se integraran algunas comisiones. El pasado no habla bien de los legisladores. Por ejemplo, durante los últimos dos años nunca se nombraron a los integrantes de la comisión bicameral de seguimiento de los fiscales y del procurador general de la Nación (jefe de los fiscales). ¿Por qué? Milei estaba en minoría, responden. Pobre respuesta.
En el decreto hay hasta un mal uso de las palabras. Dice, por caso, que todas las actividades de inteligencia revisten carácter de “encubiertas” por su nivel de sensibilidad. La actividad de los servicios de inteligencia es secreta más que encubierta. La resolución de Milei también se refiere implícitamente a la tarea del periodismo porque amplía el secreto y la responsabilidad por la difusión de información vinculada a la seguridad nacional. Ese decreto no establece ningún límite para determinar a qué se refieren cuando hablan de información sobre la seguridad nacional. Los periodistas y los medios periodísticos quedan expuestos así a la persecución judicial por su trabajo profesional, aun cuando actúen en beneficio del interés público. Tampoco incorpora la necesaria protección de la libertad de prensa ni diferencia entre un daño real a la seguridad nacional y la publicación de información relevante para el conocimiento de la sociedad. Tales ausencias pueden atemorizar a algunos periodistas o medios, y provocar una detestable autocensura.
También todos los integrantes de la actual Corte Suprema han sido siempre especialmente sensibles frente a las agresiones a la libertad de prensa. El artículo 32 de la Constitución le prohíbe al Congreso nacional aprobar leyes que restrinjan la libertad de prensa (“de imprenta”, dice con el léxico de la época en que se redactó) y el artículo 14 prohíbe explícitamente la censura previa. Si ese mandato constitucional rige para el Congreso, el Poder Ejecutivo tiene las manos más atadas aun cuando se trata de limitar el trabajo periodístico. Seguramente, la Justicia se hará cargo, antes que algunos oportunistas senadores y diputados, de colocar las decisiones del Presidente dentro de la Constitución. No todo es posible porque simplemente se ha ganado una elección.
Javier Milei,SIDE,Corte Suprema de Justicia,Conforme a,Javier Milei,,Detuvieron al agresor. Lilia Lemoine denunció que un hombre atacó su casa a pedradas durante la madrugada,,Quién es quién. Ganan espacio los referentes de la oposición venezolana en la Argentina,,¿Qué se sabe? Todo sobre las negociaciones por la Reforma laboral de Milei
POLITICA
Karina Milei corrió a Santiago Caputo de la negociación y busca un lugar en el Corte bonaerense
“Loco, tenés que completar la Corte ya”. La premura de Sergio Massa en una charla en confianza con Axel Kicillof sucumbió a la procrastinación. Había un principio de acuerdo para avanzar con los pliegos a fin de año, pero la pelea por las autoridades de la Legislatura lo frustró. “Después de la extorsión van a tener que esperar”, se enfureció el Gobernador.
Ahora empieza a correr el nuevo deadline: “Una nueva Corte antes del Mundial”. El ministro de Justicia bonaerense, el cristinista Juan Martín Mena, dijo hace unos días: “Estamos trabajando para que antes de fin de año podamos tenerla completa”.
La Suprema Corte bonaerense está integrada por apenas tres miembros –Hilda Kogan, Daniel Soria y Sergio Torres-, después de la muerte de Héctor Negri y las renuncias de Eduardo De Lázzari, Eduardo Pettigiani y Luis Genoud. Hay cuatro vacantes, pero si Kogan decidiese jubilarse, serían cinco.
“La veo muy activa. Es como ‘la Chiqui’ Legrand de la justicia. Nos va a jubilar a todos”, dicen en los pasillos del máximo tribunal de calle 13.
Así, La Libertad Avanza va a tener que esperar. “Aún no se empezó a conversar. Lo vamos a encarar en breve”, dicen cerca de Sebastián Pareja, el armador de Karina Milei en la provincia de Buenos Aires.
Es que el reparto de las cuatro vacantes ya está. Al menos para las tribus que cobrarán: el peronismo en las tres variantes (La Cámpora, Frente Renovador y el kicillofismo) y el radicalismo.
La Cámpora impulsa al ministro de Justicia Juan Martín Mena; Massa a Ramiro Gutiérrez; el Gobernador a Santiago Pérez Teruel, asesor General de Gobierno. La UCR, a Marina Sánchez Herrero, esposa del senador nacional Maximiliano Abad.
Para el cupo femenino, La Cámpora y el Frente Renovador también tienen candidatos: Marisa Herrera, hermana de Paloma, la reconocida bailarina clásica, es impulsada por el sector de Máximo Kirchner, y la ex diputada Micaela Moran por Malena Galmarini.
También los intendentes quieren una vacancia. El de La Plata, Julio Alak, promovería a Miguel Berri, un legendario radical de la ciudad de las diagonales. El grupo de los intendentes ya había logrado colar al histórico Julio Pereyra como director en el Banco Provincia.
En el inicio de la gestión libertaria hubo un intento por atar esa negociación con la ampliación de la Corte nacional. Las conversaciones eran entre Mena y el vocero de Santiago Caputo, el exsecretario de Justicia Sebastián Amerio. Pero Karina Milei copó Justicia con la designación de Juan Bautista Mahiques y todo volvió a cero.
Kicillof, que busca suceder a Javier Milei, no quiere dejar la Provincia sin nombrar a los nuevos ministros de la Corte, pero quiere manejar los tiempos para ¿una negociación con La Libertad Avanza? La interna peronista siempre mete la cola. El Gobernador necesita de la Legislatura y si la buena convivencia no llega del lado del peronismo deberá buscarla en otras bancas.
Massa, Máximo Kirchner y los intendentes meten presión. No es la única. “Antes del mundial tiene que salir la nueva Corte y después vamos por la reelección indefinida”, dicen los intendentes.
Axel Kicillof, Suprema Corte de Justicia, Javier Milei, Karina Milei, Sebastián Pareja
POLITICA
Reforma de glaciares: desde el peronismo advirtieron que la ley “va a ser judicializada a las pocas horas”
Comenzaron las audiencias públicas para discutir la reforma del artículo que define las áreas periglaciares. Más de 100.000 personas intentaron inscribirse para participar de este proceso, que busca modificar el artículo que define la extensión y características de las áreas periglaciares. El Gobierno promueve este cambio con el objetivo de habilitar nuevas explotaciones mineras en regiones actualmente protegidas. La definición de estas áreas resulta central porque permitiría ampliar los sectores donde hoy está prohibida la actividad minera según la ley vigente.
El proceso legislativo contempla la presencia de 360 expositores seleccionados. Habrá 180 disertaciones presenciales y 180 remotas, distribuidas en dos jornadas. Esta limitación provocó reclamos de organizaciones ambientalistas y participantes que habían solicitado intervenir, ya que originalmente se anotaron más de 100.000 personas. Según explicaron autoridades legislativas, el criterio para acotar el cupo responde a la imposibilidad logística de dar lugar a todos los interesados.
Leonardo Grosso, expresidente de la Comisión de Recursos Naturales y referente peronista, se inscribió como expositor en el debate. “La expectativa es baja en realidad, porque se generó mucha expectativa con la posibilidad de hacer una audiencia pública genuina en los marcos de la Ley General de Ambiente y del Acuerdo de Escazú, que tiene rango constitucional en la Argentina», dijo en Infobae en Vivo A las Nueve.
Y agregó: “En el camino a eso, vimos cómo fue cercenada la posibilidad de participar de 102.000 personas que se inscribieron en un lugar donde decía: ‘Inscribite si querés opinar para la ley de glaciares’. No decía: ‘Inscribite y vemos cuántos’, o ‘tenés que cumplir determinados requisitos’. Así que, en principio, hay una expectativa baja”.
Cuál es el punto más debatido de la reforma
El debate se centra en el artículo que define las áreas periglaciares. De acuerdo con Grosso, la reforma propuesta no reconoce el agua y los glaciares como recurso estratégico de la nación. “Todos los procedimientos institucionales y normativos que deberían llevarse adelante para modificar actividades permitidas o no en zonas declaradas de interés estratégico de la nación tendrían que ser mucho más apegados a derecho”, afirmó.
El expresidente de la comisión agregó: “Esta audiencia pública es más una farsa para tener una pantalla legal que proteja de posibles procesos judiciales a la modificación de esta ley. Y creo que no lo va a lograr por todas estas desprolijidades cometidas por las autoridades al llevar adelante esta ley”.
Al mismo tiempo sostuvo que “lo podrían haber hecho de otra manera, podrían haber anticipado que iban a tener determinados requisitos las personas que podían hablar, o podrían haber limitado el cupo de inscriptos desde el inicio. También podrían haber realizado más audiencias, como se evaluó en la primera comisión conjunta que estableció estas instancias”.
La rapidez en la convocatoria generó preocupación en los participantes. “Hay un apuro y una celeridad que no van de la mano de la necesidad de que el pueblo se exprese y escuchar a todos por igual. Son cuestiones que van a complicar judicialmente esta ley. Por eso estamos complicados”, destacó.
Riesgos ambientales y argumentación federal
Grosso sostuvo que no se garantizó el federalismo ni la participación libre, previa e informada. “No hay una audiencia, hay una simulación de audiencia viciada, que no garantiza la participación libre, previa, informada, que no consulta a las comunidades específicas que van a ser afectadas, ni explica el criterio de selección de quiénes hablan aquí”.
En la exposición, el referente peronista remarcó que los glaciares aseguran el caudal de agua de 39 cuencas que afectan a la mayoría de las provincias y a siete millones de personas.
“Hay un problema interjurisdiccional que está claramente presente. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, Villarino y Carmen de Patagones tienen la cuenca del río Colorado, con hectáreas productivas del sector agrícola que podrían resultar impactadas si se permite la minería a cielo abierto en glaciares y así se contamina ese río. El porcentaje de caudal asegurado por estos ambientes supera el 50% en épocas de sequía, y esa situación se extiende hace más de una década”, afirmó.
Respecto a la judicialización, Grosso advirtió: “Lo que yo marco es que, más allá de la aprobación, a las pocas horas va a estar judicializado”.
Debate político y el rol de los gobernadores
Varios gobernadores peronistas manifestaron su adhesión a la reforma. Sin embargo, para Grosso, no se trata de una cuestión partidaria. “No todos los gobernadores peronistas apoyan, sino los que son pro mineros y están condicionados por esa actividad”, sostuvo. Agregó: “El federalismo no es que cada gobernador decida, sino priorizar los intereses del país entero. Cambiar un régimen de decisión científica por uno político implica riesgos para los intereses compartidos entre provincias”.
Al explicar su postura, afirmó: “No es una discusión del Gobierno de Milei contra la oposición. Muchos peronistas, radicales y de otros partidos apoyan la modificación, y muchos estamos en contra. Planteamos la necesidad de una participación real de los sectores sociales, porque, si no, habrá más inseguridad jurídica con estos proyectos llevándose adelante que la que reclaman las empresas mineras”.
El ex presidente de la comisión reiteró: “Nosotros planteamos: cuidemos el recurso hídrico, que es escaso, en un contexto de calentamiento global, que lo dice la comunidad científica internacional, no lo dice Leo Grosso”.
Perspectiva ambiental y proporcionalidad de la reforma
Grosso subrayó que la superficie donde se prohíbe la minería equivale al 0,4% del territorio nacional y al 1% de la cordillera. “No es una posición en contra de la minería en general, sino sobre el lugar donde puede realizarse. Lo que se plantea es establecer un ordenamiento: aquí no se puede hacer minería, aquí sí. Hay cuestiones que, como país, deberían estar definidas en función de la protección de actividades fundamentales, porque lo que está en juego es la disponibilidad de agua para el resto de las actividades productivas”.
“La vitivinicultura, el cultivo de olivos, la producción ganadera y agrícola pueden verse afectadas si no se garantiza ese recurso estratégico”, indicó Grosso. Concluyó: “Esto no es que no puedan hacer minería. Pongamos cuestiones sensatas y discutamos qué país queremos”.
El debate continuará en la Cámara de Diputados con la intervención de los distintos expositores registrados, mientras persiste la controversia sobre el alcance federal, los plazos del proceso y el futuro del agua y los glaciares en la Argentina.
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POLITICA
Manuel Adorni da una conferencia de prensa en medio de las polémicas por los viajes y las propiedades
A casi dos meses de su última conferencia de prensa, Manuel Adorni convocó a los medios para intentar dejar atrás las polémicas por sus viajes y las propiedades declaradas en su patrimonio.
El jefe de Gabinete, cuya continuidad en el cargo se puso en duda durante los últimos días, quedó en el centro de la polémica desde que se conoció que su mujer integró la comitiva presidencial que viajó a Nueva York, que adquirió una casa en un country que no integra su declaración jurada y viajó junto con su familia en un avión privado a Punta del Este durante los feriados de carnaval.
La conferencia de prensa está prevista para las 11 y se permitirán cinco preguntas. De acuerdo al sorteo realizado con la prensa acreditada en la Casa Rosada, las consultas serán elaboradas por periodistas de los siguientes medios: , Página 12, El Destape, Letra P y MDZ.
Adorni quedó en el epicentro de la polémica luego de que el domingo 8 de marzo se conociera −a partir de una foto periodística− que su esposa, Bettina Julieta Angeletti, había viajado a Estados Unidos en el avión presidencial, primero a Miami y luego a Nueva York. Fue en el marco de la Argentina Week, en la que el Gobierno buscó promocionar al país como foco de inversiones.
Luego se conoció que la familia Adorni fue a Punta del Este en un jet privado durante el último feriado por carnaval junto al periodista Marcelo Grandio, amigo de Adorni, quien con su productora tiene un programa en la TV Pública, que depende del jefe de Gabinete. La Justicia intenta determinar quién pagó esos vuelos.
La semana pasada, reveló que Angeletti registró a su nombre en noviembre de 2024 una casa en el country Indio Cua Golf Club de Exaltación de la Cruz, operación que fue denunciada por la diputada Marcela Pagano, exlibertaria, quien pidió investigar a Adorni por enriquecimiento ilícito.
Las sucesivas revelaciones dejaron a Adorni en el centro de la escena pública y bajo la lupa judicial, en dos expedientes que están en manos de los jueces Ariel Lijo y María Servini.
Adorni llegó esta mañana a la Casa Rosada a las 8.30 para prepararse para la conferencia de prensa. En otro intento por retomar el control de la agenda, volverá a partir de hoy a tener encuentros cara a cara con algunos de los ministros.
El viernes próximo, en tanto, tiene planificada una actividad en la que se mostrará junto al presidente Javier Milei y la secretaria general de Presidencia, Karina Milei. Será un nuevo respaldo público de la cúpula del poder libertario en medio de las versiones sobre una posible salida. Junto a ellos estará la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, ya que el acto se realizará en un centro de formación creado por esa cartera. Pettovello, justamente, es uno de los nombres que circuló como eventual relevo del jefe de Gabinete.
Noticia en desarrollo
propiedades declaradas en su patrimonio,viajó junto con su familia en un avión privado,quién pagó esos vuelos,reveló,Manuel Adorni,Conforme a,,Cambios en la figura del femicidio. Milei se reunió en Olivos con Mahiques para definir nuevas modificaciones en el Código Penal,,ARA San Juan. Revelan numerosas fallas durante el juicio: un incendio y 33 tareas de mantenimiento pendientes,,Convocatoria multitudinaria. Duras críticas a Milei y un pedido por la libertad de Cristina en el acto por los 50 años del golpe,Manuel Adorni,,El Presidente como mercancía. Milei y el riesgo político de una economía de “influencers”,,Jaqueado en múltiples frentes. Adorni dará hoy una conferencia de prensa, recibirá a ministros y cerrará la semana con los Milei,,Análisis. Manuel Adorni: fin
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ALERTA FINANCIERA: 4 de cada 10 argentinos ya no pueden pagar sus deudas. ¡Caputo debe actuar ya!
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