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POLITICA

La libertad, en manos de la Justicia

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Lo firmó sigilosamente, casi en la nocturnidad, como quien presiente el rechazo. Aunque las miradas están pendientes del Congreso cuando casi todos los legisladores retozan cerca del mar, probablemente sea la Justicia el primer poder del Estado en anular el decreto de necesidad y urgencia de Javier Milei que modificó sustancialmente el servicio de inteligencia del país. Los jueces vuelven a trabajar en febrero y, a veces, dan menos vueltas que los legisladores. Por una descarriada iniciativa de Cristina Kirchner, que cuando era senadora le dedicó a su marido presidente una ley reglamentaria de los decretos de necesidad y urgencia que los convierte a estos en más poderosos que una ley, es muy difícil con la actual composición del Congreso que ese DNU sea rechazado por ambas cámaras legislativas.

Una ley no es ley si una sola de las cámaras la rechaza. El DNU requiere, en cambio, de la desaprobación de las dos cámaras, con el voto de la mayoría absoluta de los presentes de cada una de ellas. Es decir: de la mayoría de los legisladores que están en el recinto. Esa ley encierra una especial fechoría: en el Congreso se habla, por lo general, de mayoría absoluta cuando se trata de la mayoría de la totalidad del cuerpo, no de los legisladores presentes. Esa fue la picardía de la viuda de Kirchner, que contó con la complicidad de todo el bloque peronista. Gobernaba el peronista Néstor Kirchner, desde ya.

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Esa es también la ventaja de un poder hegemónico que ahora aprovecha Milei. Fue la perversión del objetivo final que se habían propuesto los constituyentes durante la reforma constitucional de 1994. Tal objetivo consistía en quitarle poder al Presidente y a sus decretos de necesidad y urgencia. Antes, Raúl Alfonsín había creado una moneda, el austral, con esa herramienta, y Carlos Menem ordenó la más profunda reforma del Estado con el mismo mecanismo. La reforma del 94 incorporó el inciso 3 del artículo 99 sobre las facultades del presidente por el que le prohíbe a este tomar decisiones que deben ser aprobadas por el Congreso, aunque establece que solo en “casos excepcionales” y cuando exista una necesidad urgente podrá dictar decretos de necesidad y urgencia. No podrá hacerlo nunca, dice el texto constitucional, sobre cuestiones penales, tributarias o electorales.

Cristina Kirchner no pudo cambiar tales prohibiciones de la Constitución, pero creó condiciones casi incumplibles para que el Congreso rechace esos decretos. De hecho, a Milei le rechazaron un solo decreto de necesidad y urgencia, cuando quiso ampliar en 100.000 millones de pesos el presupuesto de la SIDE, y cuando su partido estaba en franca minoría en el Congreso. Otra vez la SIDE. Siempre la SIDE.

Fue la única vez que los diputados de Mauricio Macri contribuyeron a tumbar una decisión de Milei. Ahora, ya no es así, después de la victoria mileísta en las elecciones de mitad de mandato del año pasado. Los requerimientos de esa ley de Cristina Kirchner le hacen casi imposible a la oposición anular ese decreto, en principio en la Cámara de Diputados, donde el Presidente lidera a 95 diputados. Puede alcanzar la mayoría de los presentes, porque tiene amigos, conocidos y espónsores. Aunque algunos diputados que se fugaron de Pro, protegidos por Patricia Bullrich, no aceptaran tales desmesuras institucionales, es difícil que esas deserciones le impidan al Presidente consumar sus hechos. Macri ya no tiene la cantidad de diputados que le permitió anular aquel decreto de los 100.000 millones de pesos, pero a su lado aseguran que los que tiene ahora votarán en contra del decreto de Milei sobre el servicio de inteligencia.

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En el Senado, las cosas son más difíciles para el oficialismo. Ahí tiene 20 senadores, liderados también por la otrora macrista Bullrich. La mayoría de los senadores son 37. Suelen estar casi todos en las reuniones plenarias. Faltan muchos y son pocos. “Hay varios que están dispuestos a votar por cualquier cosa que haga Milei, pero no al extremo de acompañarlo a violar la Constitución y el Estado de Derecho”, anticipó un senador radical. No importa. Si la Cámara de Diputados no acompaña el eventual rechazo del Senado (o si el Senado no acompaña un rechazo de Diputados), el decreto de necesidad y urgencia quedará firme, con la fuerza de una ley. Gracias, Cristina.

Mientras tanto, hay cuatro presentaciones en la Justicia para que declare inconstitucional y “nulo de nulidad absoluta” ese decreto de Milei. Los planteos se hicieron en el fuero Contencioso Administrativo, que es donde se dirimen las cuestiones contra las decisiones del Estado. Uno de ellos, que firmaron legisladores de la Coalición Cívica, asegura de manera dramática que “dar igual tratamiento a una amenaza contra el Estado que a una cuestión de seguridad interior es la antesala inmediata de un Estado policial”.

El decreto de necesidad y urgencia autoriza a los agentes de la SIDE, convertida por esa decisión de Milei en la más importante agencia de inteligencia del Estado, a detener personas sin orden judicial, por el solo hecho de una sospecha o porque están cometiendo un delito flagrante. Si bien el Código Penal autoriza a los ciudadanos comunes a hacer aprehensiones en casos de flagrancia, no es lo mismo que esa facultad la tenga el servicio de inteligencia del Estado, sobre todo el servicio argentino, que siempre anda mezclándose con lamentables peleas políticas internas.

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Es más que probable que la Justicia considere inconstitucional ese decreto que contiene decisiones penales, una de las tres cuestiones en las que el Presidente no puede meterse por sí solo según la Constitución. Seguramente, el planteo constitucional llegará hasta la Corte Suprema de Justicia. Dos de los tres jueces supremos que existen, participaron de la reforma del 94. El presidente de la Corte, Horacio Rosatti, fue constituyente por Santa Fe, y el vicepresidente, Carlos Rosenkrantz, fue el principal asesor de Raúl Alfonsín, quien también era constituyente. Cada uno de ellos conoce la letra y el espíritu de las reformas constitucionales de los años 90. Saben, por lo tanto, que los temas penales no pueden estar en los decretos de necesidad y urgencia. ¿Qué influencia tendrá en el Congreso una eventual declaración de inconstitucionalidad de parte de la Justicia? Nadie lo puede predecir, pero ya no hará falta el Congreso. Una sentencia definitiva de la Justicia sobre la inconstitucionalidad del decreto de necesidad y urgencia anulará definitivamente la decisión de Milei.

El primer error de Milei fue no haber promovido una ley aprobada por el Congreso para cambiar una ley de 2001 que tuvo un amplio apoyo de senadores y diputados. El decreto de necesidad y urgencia del Presidente modifica 40 artículos de esa ley. Milei viene haciéndole cambios a esa ley desde el año 2024 con decretos de necesidad y urgencia que modificaron la ley de inteligencia, la de defensa nacional y la de seguridad interior. Como esos decretos no se rechazaron nunca (salvo el de los 100.000 millones de pesos), se fueron concentrando las actividades de inteligencia y de contrainteligencia.

A pesar de aquel rechazo, la SIDE es un organismo que maneja una cantidad importante de recursos que son por naturaleza fondos reservados. Nadie sabe en qué los usa. “Parte de los recursos económicos sirven para sostener estructuras políticas cercanas, los trolls en las redes sociales y la adhesión de algunos periodistas”, asegura un diputado que integra la comisión bicameral de seguimiento del servicio de inteligencia. Esa comisión no se integró con la nueva composición del Congreso, pero la que existía puede ser convocada con la anterior integración de los senadores y diputados que conservaron su mandato; solo no podrían asistir los que terminaron su mandato, como, entre otros, Leopoldo Moreau y Martín Lousteau, que era senador y ahora es diputado tras un mal resultado electoral en las elecciones de octubre último. Nadie sabe cuándo se integraran algunas comisiones. El pasado no habla bien de los legisladores. Por ejemplo, durante los últimos dos años nunca se nombraron a los integrantes de la comisión bicameral de seguimiento de los fiscales y del procurador general de la Nación (jefe de los fiscales). ¿Por qué? Milei estaba en minoría, responden. Pobre respuesta.

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En el decreto hay hasta un mal uso de las palabras. Dice, por caso, que todas las actividades de inteligencia revisten carácter de “encubiertas” por su nivel de sensibilidad. La actividad de los servicios de inteligencia es secreta más que encubierta. La resolución de Milei también se refiere implícitamente a la tarea del periodismo porque amplía el secreto y la responsabilidad por la difusión de información vinculada a la seguridad nacional. Ese decreto no establece ningún límite para determinar a qué se refieren cuando hablan de información sobre la seguridad nacional. Los periodistas y los medios periodísticos quedan expuestos así a la persecución judicial por su trabajo profesional, aun cuando actúen en beneficio del interés público. Tampoco incorpora la necesaria protección de la libertad de prensa ni diferencia entre un daño real a la seguridad nacional y la publicación de información relevante para el conocimiento de la sociedad. Tales ausencias pueden atemorizar a algunos periodistas o medios, y provocar una detestable autocensura.

También todos los integrantes de la actual Corte Suprema han sido siempre especialmente sensibles frente a las agresiones a la libertad de prensa. El artículo 32 de la Constitución le prohíbe al Congreso nacional aprobar leyes que restrinjan la libertad de prensa (“de imprenta”, dice con el léxico de la época en que se redactó) y el artículo 14 prohíbe explícitamente la censura previa. Si ese mandato constitucional rige para el Congreso, el Poder Ejecutivo tiene las manos más atadas aun cuando se trata de limitar el trabajo periodístico. Seguramente, la Justicia se hará cargo, antes que algunos oportunistas senadores y diputados, de colocar las decisiones del Presidente dentro de la Constitución. No todo es posible porque simplemente se ha ganado una elección.


Javier Milei,SIDE,Corte Suprema de Justicia,Conforme a,Javier Milei,,Detuvieron al agresor. Lilia Lemoine denunció que un hombre atacó su casa a pedradas durante la madrugada,,Quién es quién. Ganan espacio los referentes de la oposición venezolana en la Argentina,,¿Qué se sabe? Todo sobre las negociaciones por la Reforma laboral de Milei

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El gobierno porteño clausuró una casona de 50 habitaciones tomada frente al shopping Spinetto

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El gobierno porteño sumó un nuevo desalojo en el barrio de Balvanera, al clausurar una propiedad de 50 habitaciones que llevaba más de dos décadas tomada. Estaba ubicada justo frente al Spinetto Shopping, un ícono urbano de la zona.

La decisión respondió a denuncias persistentes de los vecinos sobre ruido y hechos violentos, además de un riesgo estructural considerado “peligro inminente”.

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La propiedad, ubicada en Alsina 2311, se suma a otras 572 casas recuperadas por el gobierno porteño. Tras el operativo, trabajadores tapiaron puertas y ventanas para impedir nuevas usurpaciones.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, hizo hincapié en su postura frente a este tipo de situaciones: “Algunos quieren que la Ciudad se parezca a lo peor del conurbano y no lo voy a permitir”. El alcalde capitalino reforzó su compromiso con la protección del espacio urbano. “Esta Ciudad tiene un estilo de vida que voy a cuidar y proteger. Lo que sea ilegal no va conmigo; será difícil, será complejo, pero estoy dando esa batalla: en la Ciudad la propiedad privada se respeta”, agregó.

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El dirigente del PRO busca mostrar los desalojos de las propiedades usurpadas como una marca de gestión de su mandato. La lista de edificios restablecidos a sus dueños en los últimos dos años incluye sitios emblemáticos como la Casa Blaquier en el Casco histórico, el conocido “Elefante Blanco” de Belgrano, la “Galería del Terror” en Nueva Pompeya, la “Casona” de Costanera Sur y parte del Mercado de Bonpland en Palermo.

En la zona de San Nicolás, la administración porteña también recuperó recientemente un edificio de valor patrimonial en Tucumán al 1700, ocupado ilegalmente desde hacía más de cuatro décadas. Allí se hallaron banderas y símbolos de agrupaciones políticas, entre ellos un cuadro de Cristina Fernández de Kirchner y panfletos con la imagen de Axel Kicillof, según se informó oficialmente.

Otros procedimientos incluyeron el desalojo de un espacio bajo la autopista Perito Moreno en Parque Avellaneda, antes ocupado por una cooperativa de cartoneros, y la recuperación de un predio de 2.500 metros cuadrados en San Telmo. Este último estaba en manos del Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (MIJD), dirigido por Raúl Castells, y funcionaba como campo de deportes pese a que su permiso había caducado hacía 12 años.

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Vecinos habían denunciado de manera reiterada ruidos molestos y hechos violentos

En algunos casos, las intervenciones de desalojo de los inmuebles generaron el rechazo de varias organizaciones sociales, que estaban a cargo de centros culturales y comedores donde se desarrollaban actividades comunitarias. En el caso del espacio Bonpland, de Palermo, contaba con un “permiso precario” para funcionar oficialmente desde 2001, pero las autoridades identificaron que se usaba para otras actividades no habilitadas, como bailes y eventos.

Otro foco de conflicto similar se produjo con el predio de la autopista Perito Moreno, que gestionaba la cooperativa «El Amanecer de los Cartoneros», perteneciente al Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE). El diputado nacional Juan Grabois defendió las tareas que se llevaban a cabo allí hace más de 15 años, y aseguró que contaba con el aval legal del gobierno porteño para operar con el sistema formal de reciclado en el distrito. Desde la organización cuestionaron que Macri no haya dado alternativas y que unas “20 personas que dependían directamente de esta fuente de trabajo entre clasificadoras y balanceros ya no lo tienen más”.

Trabajadores tapiaron puertas y ventanas tras el desalojo para evitar nuevas tomas en el inmueble recuperado

El gobierno de la Ciudad sostiene que busca “llevar tranquilidad a los vecinos” con estos procedimientos. Desde lo político, Macri apunta a mostrar un perfil duro que contrasta con la gestión anterior de su predecesor, Horacio Rodríguez Larreta. “Se terminó la época de la resignación y la tibieza. Este lugar estuvo más de 20 años usurpado. Lo recuperamos y se lo devolvimos a sus dueños”, dijo el jefe de Gobierno sobre la intervención en la calle Alsina. “Propiedad número 573 recuperada. Ley, orden y propiedad privada”, concluyó anoche en las redes sociales.

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Tras la polémica por el saco de Caputo, Bullrich mostró qué marca de ropa usa: “Lo pedí por Amazon”

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La discusión por el precio de la ropa en la Argentina sumó un nuevo capítulo este jueves por la noche. Un día después de que el ministro de Economía, Luis Caputo, confirmara que no compra indumentaria en el país por los altos precios, la senadora libertaria y exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, mostró qué marca usa y cuánto le costó.

En diálogo con LN+, la legisladora nacional miró la etiqueta de su traje color azul al comienzo de la entrevista. “Esta me la compré en Estados Unidos”, afirmó mientras se sacaba el abrigo.

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“Salió barata. Le Suit Petit [es la marca]. US$40 o US$50, la pedí por Amazon. Es barata y linda. Tengo algunos comprados acá en la Argentina, por supuesto, le tengo que decir la verdad, no voy a mentir, justo este lo compré en Amazon”, agregó Bullrich.

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Reforma laboral: el debate en la mesa política, el vínculo con la CGT y los gobernadores y el pedido de Milei

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La operación en marcha para la sanción de la reforma laboral parece haberse complejizado a raíz del persistente reclamo que nuclea a los gobernadores en rechazo al capítulo fiscal del proyecto, en particular al artículo que reduce alícuotas del Impuesto a las Ganancias para grandes empresas, que afectaría a la recaudación provincial. Ante los señalamientos provinciales, la mesa política debate internamente si dar lugar o no a cambios, en particular a la eliminación del capítulo y por estas horas, se impone la postura más dura.

De los ocho integrantes formales del equipo, designados por orden directa del presidente Javier Milei, al menos la mitad se muestra reticente a excluir el capítulo de la ley que se tratará en la Cámara de Diputados el próximo miércoles 11 de febrero.

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Dentro de este grupo que expresa una postura de mayor intransigencia figuran el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el ministro de Economía, Luis Caputo; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; y el asesor presidencial, Santiago Caputo. Según argumentan desde esta porción de la mesa, la determinación responde al pedido directo del presidente Javier Milei, quien habría solicitado defender el proyecto original que contempla la reducción tributaria para no ceder ante el grueso de los gobernadores, incluido los aliados.

Lo que quiere Javier Milei es bajar impuestos. Los gobernadores nos amenazan con no acompañar por su cajita propia. Es de locos”, precisó un integrante del círculo que se reúne una vez a la semana en Casa Rosada.

Diego Santilli, Patricia Bullrich y Martín Menem en el Congreso Nacional tras la sanción del Presupuesto 2026

La firme postura es resistida por otro sector, el dialoguista, compuesto por los funcionarios y legisladores que deben encarnar en primera persona las negociaciones con los bloques y sectores aliados. Este espacio está conformado por la jefa de la bancada en la Cámara Alta, Patricia Bullrich; el ministro del Interior, Diego Santilli; y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien es asistido en la tarea por su primo, el armador Eduardo “Lule” Menem.

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“Necesitamos arreglar con los gobernadores, sino lamentablemente el capítulo quedará afuera, pero haremos todo lo posible para que eso no suceda”, confesó a Infobae un actor involucrado en la compleja tarea de tener que receptar reclamos para canjear por votos con ofrecimientos minúsculos.

Con pocas garantías para destrabar los reproches, y la orden directa de sostener hasta el final el relato de no dar el brazo a torcer, en Balcarce 50 se muestran optimistas por la sanción de la ley durante las sesiones extraordinarias. Por lo bajo, y casi de espaladas a lo que pregona el grueso del Gabinete, hay quienes anticipan que, de peligrar la aprobación del proyecto de “Modernización”, la decisión final implicará la exclusión del apartado. “Es prioridad absoluta y lo vamos a lograr. La Ley Laboral no cambia nada con o sin Ganancias”, expuso una fuente a este medio.

La caída de la reunión de gobernadores agendada para el pasado miércoles en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), cuyas gestiones fueron atribuidas sus gestiones al ministro del Interior, esperanzó al Gobierno que también se mostró motivado luego de que el cordobés Martín Llaryora cancelara el intercambio con el triunvirato de la Confederación General del Trabajo (CGT) por “problemas de agenda”.

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Diego Santilli y Rogelio Frigerio durante la reunión en Entre Ríos

Pese a que en el oficialismo consideran que el reclamo provincial es mayoritario, aunque descuentan el acompañamiento de Alfredo Cornejo (Mendoza), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Juan Pablo Valdés (Corrientes), los más funcionarios que pregonan una postura más radicalizada se niegan a activar un sistema de compensaciones para las provincias como propusieron algunos de los “dialoguistas”.

“No hay ninguna chance de compensación, tampoco de coparticipar el Impuesto al Cheque como piden. Si es que aprobamos la ley, pasarán 6 meses y cuando noten el impacto los vamos a llamar para decirles ‘te lo dije’”, sostuvo una voz con acceso al despacho presidencial. Más de un representante del Ejecutivo repite como mantra que la caída del 0,5% en la recaudación de la Nación y del 0,15% en las provincias tras la reducción de Ganancias estará saldada por el aumento de la actividad que generará un incremento en los puestos de trabajo formales.

El sindicalismo también suma sus resquemores al proyecto y si bien, en un principio mantuvo buena sintonía con la Casa Rosada, incluso lo tuvo a Gerardo Martínez sentado en las reuniones del Consejo de Mayo, tensó su relación en los últimos días y debate por estas horas la posibilidad de convocar a una acción de lucha. “Nos importa poco. No va a haber ningún gesto”, responden desde el Gobierno, luego de que la central anunciara que su Consejo Directivo analiza convocar a un paro general.

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La postura de ceder el apartado tributario tiene su antecedente en diciembre, cuando el oficialismo excluyó el capítulo XI del Presupuesto 2026. Sin embargo, predomina la idea de insistir con las medidas marginadas durante las sesiones ordinarias. Otro punto que oficia de parteaguas entre los integrantes de la mesa política.

Luis Caputo y Federico Sturzenegger (REUTERS)

Como guiño a los negociadores, hay coincidencia en la posibilidad de admitir cambios que definen como “cosméticos”, ubicados en el segundo tramo del texto, y que podría “mejorar” la redacción del proyecto que diseñaron Luis Caputo y Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado) para acumular las voluntades legislativas necesarias para su sanción.

Según supo este medio de una fuente involucrada en el debate, el equipo político estudia la chance de eliminar la modificación de la Ley de Contrato de Trabajo que buscaba habilitar el pago de sueldos y jubilaciones a través de billeteras virtuales. La decisión fue fuertemente resistida por las entidades bancarias que pregonan la exclusividad de las cuentas bancarias (CBU) y en Balcarce 50 analizan si mantenerlo o no en el articulado.

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Con varios focos de debates abiertos, y en las vísperas de la sesión en el Senado que tendrá lugar el 11 de febrero, la mesa política tiene en agenda un nuevo encuentro para ese mismo miércoles a las 10 en Casa Rosada.

En el mientras tanto, el equipo negociador ajusta la estrategia, aunque con limitados recursos, que le permita al oficialismo sumarse un nuevo triunfo legislativo. “Es un problema conceptual: no hay nadie que junte votos por el hecho de juntar votos. Lo que importa es el espíritud de la ley y eso no va a cambiar”, prometieron desde el corazón del círculo violeta.

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