La Administración Pública Nacional oficializó una serie de modificaciones al régimen que regula los viajes oficiales al exterior de funcionarios públicos, a través de la decisión administrativa publicada este marte en Boletín Oficial.

En septiembre de 2024 el Gobierno había establecido una serie de limitaciones que abarcaba desde el tipo de aerolínea que debían utilizar hasta los permisos que debían presentarse para obtener la autorización. Ahora, ajustó algunos de estos requisitos, mediante la publicación de la medida 9/2026.

En el caso del proceso de aprobación de traslados, el nuevo esquema reafirma en su artículo 3° que esa decisión sigue correspondiendo al jefe de Gabinete de Ministros. En este caso, Manuel Adorni será el encargado de aprobar los viajes de ministros, secretarios de la Presidencia y funcionarios con rango y jerarquía de ministro.

Para el resto de los funcionarios, podrá recaer tanto en el titular de al cartera ministerial, como en ministros, secretarios de la Presidencia o titulares de organismos descentralizados, siempre teniendo en cuenta el rango del solicitante.

Este procedimiento requiere completar el formulario denominado “Informe de Planificación de Gestión Internacional”, es decir, la autorización de traslados deberá concretarse mediante la suscripción del mismo y deberá llevar la firma conjunta del funcionario que realiza el viaje y de la autoridad correspondiente de acuerdo al rango de ambos.

En los casos en que la autoridad transfiera la firma, la delegación debe constar explícitamente en el mismo formulario, siempre respetando que el funcionario designado tenga rango no inferior a Subsecretario. Si el viaje lo realiza este mismo o es de él de quien depende el agente que realiza la misión, no se puede transferir la firma y la suscripción debe ser conjunta con el titular del organismo o jurisdicción.

El plazo para presentarlo ante la Jefatura de Gabinete será de al menos diez días hábiles previos al traslado, salvo que existan razones extraordinarias debidamente justificadas que imposibiliten el cumplimiento de ese plazo. Quedan exceptuados del trámite los casos en que el viaje sea aprobado directamente por el titular de la cartera o por el funcionario en quien este haya delegado la firma.

Cantidad de personas autorizadas

La composición de comitivas oficiales solo podrá tener un funcionario o una autoridad por cada evento o actividad internacional que resulte reconocido e impostergable, sin importar la fuente de financiamiento. En caso de ser necesario ampliar la comitiva, la autoridad requirente debe justificar expresamente la presencia de cada integrante adicional, y en consecuencia se deberá revisar el formulario.

“Limítanse las comitivas oficiales que integren los traslados por misiones o comisiones al exterior de carácter oficial, cualquiera fuera la fuente de financiamiento del gasto, a un máximo de un funcionario o una autoridad por cada evento o actividad internacional reconocido e impostergable para los intereses del Estado Nacional”, remarca el texto oficial.

Y en cuanto a los criterios para la asignación de clases de pasajes en viajes oficiales, los mismos quedan redactados de la siguiente manera:

• Los funcionarios del Grupo A podrán utilizar pasajes en clase ejecutiva.
• Los del Grupo B solo podrán acceder a pasajes en clase económica, aunque existe la posibilidad de autorizar clase ejecutiva para secretarios o rangos equivalentes, siempre que se justifiquen motivos de salud, seguridad personal o productividad vinculada al cumplimiento de funciones, y cuenten con autorización previa del titular de la jurisdicción.
• Para los funcionarios de los Grupos C y D solo se contemplan pasajes en clase económica. Todo cambio de clase o mejora correrá a cargo del pasajero y no generará gastos para el Estado Nacional.

Los límites que se establecieron hace dos años, cuando Guillermo Francos desempeñaba el rol de jefe de Gabinete, respondía al ajuste económico implementado el Poder Ejecutivo.

La reciente medida corre ante la necesidad de reducir cargas operativas y a la búsqueda de una gestión estatal más eficiente en relación con la tramitación y comunicación de misiones oficiales al exterior, atendiendo a la celeridad de las actuaciones y a la optimización de recursos. De este modo, se promueve la centralización de la aprobación para los casos de mayor jerarquía y se amplía la delegación en los niveles inferiores, siempre bajo un esquema de control y registro formalizado en los formularios previstos.

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La Asociación Gremial de la Abogacía del Estado presentó la primera demanda colectiva contra la reforma laboral aprobada por el Congreso e impulsada por el Poder Ejecutivo.

La medida busca que se declare la inconstitucionalidad de varios artículos de la denominada Ley de Modernización Laboral. Desde la entidad señalaron que el planteo tiene un enfoque jurídico y no político: sostuvieron que la reforma vulnera principios y garantías consagrados en la Constitución Nacional, entre ellos los vinculados al artículo 14 bis, que protege derechos laborales básicos.

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La nueva ley “afecta derechos laborales reconocidos históricamente y podría debilitar las condiciones de trabajo protegidas por la legislación vigente”, sostuvo el organismo demandante en un comunicado.

“El artículo 14 bis de nuestra Constitución protege derechos fundamentales que consideramos se encuentran vulnerados por la legislación aprobada”, agregaron.

En paralelo, la Confederación General del Trabajo (CGT) marchó este lunes a Tribunales y también presentó una demanda, al sostener que la normativa implica una “grave afectación de derechos colectivos e individuales” y violaciones a principios constitucionales.

“Venimos a ejercer nuestro derecho a peticionar. Confiamos en un poder republicano como la Justicia, en su objetividad y en que va a cuidar el cumplimiento de la Constitución Nacional”, afirmó Jorge Sola, uno de los tres cosecretarios generales de la CGT, al hablar con el periodismo en la puerta de los tribunales de la calle Talcahuano.

En un comunicado difundido tras la presentación, la central sostuvo que su reclamo de inconstitucionalidad se fundamenta en la afectación del artículo 14 bis de la Constitución Nacional, así como de principios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y del Pacto de San José de Costa Rica, que tienen rango constitucional.

“La mal llamada ‘modernización’ significa una afectación grave de derechos colectivos e individuales, que violan expresamente principios constitucionales”, señaló el texto. Según la CGT, la nueva norma vulnera el principio de Progresividad o No Regresión, que impide adoptar medidas injustificadas que supongan un retroceso en derechos laborales adquiridos.

La central cuestionó además aspectos concretos de la reforma. Sostuvo que la normativa permite “jornadas de trabajo de hasta 12 horas, el fin de las horas extras y, consecuentemente, reducción del salario”. Asimismo, objetó la eliminación de “sanciones a los empleadores que no pagaron aportes y transgredieron la ley” y la posibilidad de que las indemnizaciones por despido se abonen en cuotas y a través del Fondo de Asistencia Laboral (FAL).

Según la CGT, ese esquema implicaría “costear los despidos con aportes de los propios trabajadores”, lo que, afirmó, desfinanciaría la seguridad social. Para la conducción sindical, estos cambios se inscriben en un contexto en el que, como consecuencia de las políticas actuales, “en los primeros dos años de este gobierno se perdieron más de 300.000 empleos”.

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La reforma laboral, promovida por el Gobierno con el argumento de modernizar el mercado de trabajo, fue objeto de intensos debates en el Congreso y se aprobó en medio de protestas sindicales y políticas.

La presentación judicial abre así un nuevo capítulo en la disputa por la implementación de la reforma laboral, que ahora deberá ser analizada por los tribunales, al tiempo que persisten las tensiones entre el Gobierno, los sindicatos y otras organizaciones de trabajadores.

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