Es probable que durante la última década no haya habido otro sindicato en el que los gobiernos de turno se hayan interesado tanto por poner un pie y tener su control. La Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre) sirvió de caja sindical de Pro, después del PJ y ahora se libra una batalla a todo o nada en la Justicia por el intento de La Libertad Avanza (LLA) de desbancar al actual jefe, José Voytenco, un dirigente chaqueño de bajo perfil al que sus opositores acusaron por presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.

Voytenco administra una caja millonaria que cautivó en su momento al macrismo, cuando el gremio era conducido por Gerónimo Venegas y Ramón Ayala, y después al kirchnerismo, con el que se alineó cuando se conformó el Frente de Todos. Por las cuentas de la Uatre circulan $4000 millones mensuales mientras que Osprera, su obra social, maneja unos $10.000 millones, según fuentes gremiales confiables. La obra social está hoy intervenida por un decreto de Javier Milei. Está a cargo de Marcelo Carlos Petroni, un abogado penalista vinculado a Eduardo “Lule” Menem, mano derecha de Karina Milei, la hermana del Presidente. Petroni fue designado por la Superintendencia de Servicios de la Salud (SSS).

Las cifras de dinero que administra el gremio surgen de la contribución del 2% del sueldo de unos 400.000 afiliados activos, del aporte a la salud por parte de empleados y empleadores, y de otras fuentes de financiamiento, como pueden ser el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre), a cargo de los recursos del fondo de desempleo, y el Fondo Especial del Tabaco, una caja que se nutre por ley de un porcentaje de las ventas de cada paquete de cigarrillos y que en 2024 recaudó $190.088 millones, de acuerdo a fuentes empresarias del sector. La Uatre tiene 560 seccionales y es uno de los gremios con mayor territorialidad en el país. Es también un botín político y electoral.

Mientras que la atención pública está centrada exclusivamente con lo que sucede en Roma, con el funeral del papa Francisco, hubo esta semana intensos movimientos en la Justicia, en despachos oficiales y en la misma Uatre que anticipan que la pelea está aún lejos de dirimirse y que el conflicto podría escalar.

Por un lado, hubo un fallo de la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que desestimó un pedido del Gobierno, a través de la Secretaría de Trabajo, para intervenir la Uatre. El argumento oficial para pedir la intervención es que Voytenco excluyó del congreso que eligió a las autoridades a diferentes seccionales. La decisión fue tomada por el secretario de Trabajo, Julio Cordero, a partir de una presentación que hizo Claudio Aquino, el director de Asociaciones Sindicales, el área que regula la vida interna de los sindicatos. Los tres jueces laborales dijeron que el pedido es “improcedente” y lo argumentan con la legislación que sostiene el principio de libertad sindical. La cuestión de fondo, de todos modos, no está aún resuelta.

A partir de este avance del Gobierno, Voytenco fue a la Justicia para denunciar penalmente a Cordero, Aquino y a tres dirigentes opositores, entre los que está Pablo Ansaloni, actual diputado nacional de LLA. Los acusa de orquestar “un plan criminal para hacerse con la conducción del gremio” y vincula a la gestión de Milei detrás de la maniobra. La causa recayó en el juez federal Sebastián Casanello y la instruye el fiscal Guillermo Marijuan, quien ya avanzó con algunas testimoniales (dos asesores de Cordero y uno de Aquino) y requirió medidas sobre algunos teléfonos. También fue citado a declarar el diputado libertario Nicolás Mayoraz, que pidió testificar por escrito, según fuentes con acceso al expediente. De acuerdo a un registro oficial de audiencias, Mayoraz participó el 20 de noviembre junto con Ansaloni de un encuentro con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. ¿Hablaron de Uatre? Algunos dicen que sí, otros que no. Ansaloni también aparece en los registros con reuniones a solas con Francos y Lule Menem. “Las fechas de las reuniones coinciden con decisiones inmediatamente posteriores de la Secretaría de Trabajo sobre el proceso eleccionario de la Uatre”, sugiere la defensa de Voytenco.

En paralelo, hay otro expediente judicial a cargo de Federico Villena a partir de la denuncia del opositor Marcelo Andrada contra Voytenco, al que además de acusarlo de enriquecimiento ilícito lo denunció por un presunto pedido de coimas a empresarios rurales. La Cámara Federal de La Plata desplazó a Villena del caso en noviembre del año pasado y requirió que se tramite en Comodoro Py. El proceso está a la espera de una definición de la Casación.

También hay una causa en curso por la intervención de la obra social y los opositores a Voytenco amenazan con una nueva presentación judicial por presuntos negocios con la aseguradora El Surco y una constructora vinculada a un histórico sindicalista que supo tener mucho poder hasta hace algunos años y que hoy está retirado. Existe una posibilidad que todo se unifique en el juzgado de Casanello o que los expedientes continúen su curso por separado.

El Gobierno designó en noviembre pasado por decreto a Petroni como nuevo interventor de Osprera, la prestadora médica de los peones rurales. Petroni respondería a Menem y percibe un salario de ocho millones de pesos, según fuentes de la obra social. Es un sueldo mayor al que hoy percibe Milei.

Petroni, que deberá revalidar su cargo el mes próximo, adquirió rápidamente el léxico libertario: habla de “curros”, “contratos leoninos” y “motosierra” para explicar la supuesta administración fraudulenta de Voytenco. Ayer, por ejemplo, comunicó que rescindió de un convenio con Uatre que supone un ahorro de $700 millones mensuales. Reforzó de esta manera que la caja de la obra social y la del gremio no son las mismas. Precisó, además, que la deuda total de Osprera era de $97.899 millones al 31 de octubre de 2024 y advirtió sobre “posibles maniobras fraudulentas en la gestión anterior”. La deuda sería un 94% superior a lo que se había informado previamente, según el informe del funcionario que ubicó en la prestadora la Superintendencia de Servicios de la Salud (SSS), el organismo a cargo de la regulación y que encabeza Gabriel Oriolo, un exejecutivo de Osde que llegó de la mano de Mario Lugones antes de que el empresario fuera nombrado como ministro de Salud. Una ironía: Lugones fue socio hasta muy poco en el Sanatorio Güemes de Julio Comparada, dueño de la aseguradora El Surco que le presta servicios a la Uatre de Voytenco.

Voytenco dijo que las acusaciones de la SSS “son falsas” y fue a la Justicia tras ser desbancado de su doble función de jefe del sindicato y de la obra social, por lo que cobraba a fines de 2024 un salario de $14.005.643. “En una maniobra jurídico-administrativa sin precedentes, el Gobierno volvió a intervenir la obra social. Es fundamental señalar que desde que asumió esta segunda intervención se han incorporado casi 60 empleados, directos o indirectos, todos con sueldos millonarios”, contraatacó Voytenco, que afirmó que al menos diez de los contratados por Petroni son delegados o miembros de la lista opositora que impulsa Ansaloni.

De crisis en crisis, Osprera recibió el 7 de diciembre de 2023 un subsidio de $3350 millones del Frente de Todos en concepto de “apoyo financiero”. Es decir, tres días antes de que Alberto Fernández deje la gestión y le transfiera el bastón de mando a Milei. Daniel López, titular de la SSS de ese entonces, fue el que autorizó el envío de los fondos. Hubo por entonces también un pedido judicial de intervenir la obra social, pero así y todo Voytenco mantuvo el control. Después, la SSS del gobierno libertario dispuso por decreto una intervención del Poder Ejecutivo sobre la intervención judicial al considerar que las prestaciones no se brindaban y que el déficit había pasado de 26.979.000 en septiembre de 2023 a 43.949.000 en marzo de 2024. Ahora, ese déficit habría trepado a casi $100.000 millones, según Petroni, el nuevo interventor.

El Gobierno, en otro contraataque, circuló a través de periodistas afines la posibilidad de denunciar al expresidente Alberto Fernández y a la exministra de Salud Carla Vizzotti por los $3350 millones destinados a Osprera tres días antes de irse de la gestión pública. Un interrogante: ¿por qué Oriolo denunciaría recién ahora a la gestión anterior si había detectado este pago hace ya más de un año?

A fines de 2022, Voytenco le ganó la elección interna a Ansaloni por apenas un punto. Fue la primera vez desde 1991 que no había lista única en el gremio donde reinó Gerónimo Venegas, un exaliado de Macri. A Ansaloni, que manejaba la obra social, no le alcanzó el apoyo que le había dado Sergio Massa, por entonces el hombre fuerte del gobierno de Alberto Fernández. Las elecciones se concretaron después de un proceso nublado de sospechas y acusaciones, que fue incluso judicializado en tribunales federales y provinciales.

Unas semanas antes de la elección sindical, unos sicarios asesinaron a Mauricio Cordara, chofer y mano derecha de Ansaloni, quien, según surge de la investigación judicial, era el verdadero blanco del ataque. Por el episodio hay seis personas detenidas vinculadas a un clan narco de Rosario que esperan ser juzgadas. Ansaloni, que no oculta sus intenciones de retomar el poder de la Uatre con la ayuda del Gobierno, ya tendría decidido señalar a Voytenco como el instigador del ataque. Da la sensación que es una pelea a todo o nada.