POLITICA
La millonaria caja sindical que fue de Pro y el PJ, y que ahora Milei busca controlar
Es probable que durante la última década no haya habido otro sindicato en el que los gobiernos de turno se hayan interesado tanto por poner un pie y tener su control. La Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre) sirvió de caja sindical de Pro, después del PJ y ahora se libra una batalla a todo o nada en la Justicia por el intento de La Libertad Avanza (LLA) de desbancar al actual jefe, José Voytenco, un dirigente chaqueño de bajo perfil al que sus opositores acusaron por presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.
Voytenco administra una caja millonaria que cautivó en su momento al macrismo, cuando el gremio era conducido por Gerónimo Venegas y Ramón Ayala, y después al kirchnerismo, con el que se alineó cuando se conformó el Frente de Todos. Por las cuentas de la Uatre circulan $4000 millones mensuales mientras que Osprera, su obra social, maneja unos $10.000 millones, según fuentes gremiales confiables. La obra social está hoy intervenida por un decreto de Javier Milei. Está a cargo de Marcelo Carlos Petroni, un abogado penalista vinculado a Eduardo “Lule” Menem, mano derecha de Karina Milei, la hermana del Presidente. Petroni fue designado por la Superintendencia de Servicios de la Salud (SSS).
Las cifras de dinero que administra el gremio surgen de la contribución del 2% del sueldo de unos 400.000 afiliados activos, del aporte a la salud por parte de empleados y empleadores, y de otras fuentes de financiamiento, como pueden ser el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre), a cargo de los recursos del fondo de desempleo, y el Fondo Especial del Tabaco, una caja que se nutre por ley de un porcentaje de las ventas de cada paquete de cigarrillos y que en 2024 recaudó $190.088 millones, de acuerdo a fuentes empresarias del sector. La Uatre tiene 560 seccionales y es uno de los gremios con mayor territorialidad en el país. Es también un botín político y electoral.
Mientras que la atención pública está centrada exclusivamente con lo que sucede en Roma, con el funeral del papa Francisco, hubo esta semana intensos movimientos en la Justicia, en despachos oficiales y en la misma Uatre que anticipan que la pelea está aún lejos de dirimirse y que el conflicto podría escalar.
Por un lado, hubo un fallo de la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que desestimó un pedido del Gobierno, a través de la Secretaría de Trabajo, para intervenir la Uatre. El argumento oficial para pedir la intervención es que Voytenco excluyó del congreso que eligió a las autoridades a diferentes seccionales. La decisión fue tomada por el secretario de Trabajo, Julio Cordero, a partir de una presentación que hizo Claudio Aquino, el director de Asociaciones Sindicales, el área que regula la vida interna de los sindicatos. Los tres jueces laborales dijeron que el pedido es “improcedente” y lo argumentan con la legislación que sostiene el principio de libertad sindical. La cuestión de fondo, de todos modos, no está aún resuelta.
A partir de este avance del Gobierno, Voytenco fue a la Justicia para denunciar penalmente a Cordero, Aquino y a tres dirigentes opositores, entre los que está Pablo Ansaloni, actual diputado nacional de LLA. Los acusa de orquestar “un plan criminal para hacerse con la conducción del gremio” y vincula a la gestión de Milei detrás de la maniobra. La causa recayó en el juez federal Sebastián Casanello y la instruye el fiscal Guillermo Marijuan, quien ya avanzó con algunas testimoniales (dos asesores de Cordero y uno de Aquino) y requirió medidas sobre algunos teléfonos. También fue citado a declarar el diputado libertario Nicolás Mayoraz, que pidió testificar por escrito, según fuentes con acceso al expediente. De acuerdo a un registro oficial de audiencias, Mayoraz participó el 20 de noviembre junto con Ansaloni de un encuentro con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. ¿Hablaron de Uatre? Algunos dicen que sí, otros que no. Ansaloni también aparece en los registros con reuniones a solas con Francos y Lule Menem. “Las fechas de las reuniones coinciden con decisiones inmediatamente posteriores de la Secretaría de Trabajo sobre el proceso eleccionario de la Uatre”, sugiere la defensa de Voytenco.
En paralelo, hay otro expediente judicial a cargo de Federico Villena a partir de la denuncia del opositor Marcelo Andrada contra Voytenco, al que además de acusarlo de enriquecimiento ilícito lo denunció por un presunto pedido de coimas a empresarios rurales. La Cámara Federal de La Plata desplazó a Villena del caso en noviembre del año pasado y requirió que se tramite en Comodoro Py. El proceso está a la espera de una definición de la Casación.
También hay una causa en curso por la intervención de la obra social y los opositores a Voytenco amenazan con una nueva presentación judicial por presuntos negocios con la aseguradora El Surco y una constructora vinculada a un histórico sindicalista que supo tener mucho poder hasta hace algunos años y que hoy está retirado. Existe una posibilidad que todo se unifique en el juzgado de Casanello o que los expedientes continúen su curso por separado.
El Gobierno designó en noviembre pasado por decreto a Petroni como nuevo interventor de Osprera, la prestadora médica de los peones rurales. Petroni respondería a Menem y percibe un salario de ocho millones de pesos, según fuentes de la obra social. Es un sueldo mayor al que hoy percibe Milei.
Petroni, que deberá revalidar su cargo el mes próximo, adquirió rápidamente el léxico libertario: habla de “curros”, “contratos leoninos” y “motosierra” para explicar la supuesta administración fraudulenta de Voytenco. Ayer, por ejemplo, comunicó que rescindió de un convenio con Uatre que supone un ahorro de $700 millones mensuales. Reforzó de esta manera que la caja de la obra social y la del gremio no son las mismas. Precisó, además, que la deuda total de Osprera era de $97.899 millones al 31 de octubre de 2024 y advirtió sobre “posibles maniobras fraudulentas en la gestión anterior”. La deuda sería un 94% superior a lo que se había informado previamente, según el informe del funcionario que ubicó en la prestadora la Superintendencia de Servicios de la Salud (SSS), el organismo a cargo de la regulación y que encabeza Gabriel Oriolo, un exejecutivo de Osde que llegó de la mano de Mario Lugones antes de que el empresario fuera nombrado como ministro de Salud. Una ironía: Lugones fue socio hasta muy poco en el Sanatorio Güemes de Julio Comparada, dueño de la aseguradora El Surco que le presta servicios a la Uatre de Voytenco.
Voytenco dijo que las acusaciones de la SSS “son falsas” y fue a la Justicia tras ser desbancado de su doble función de jefe del sindicato y de la obra social, por lo que cobraba a fines de 2024 un salario de $14.005.643. “En una maniobra jurídico-administrativa sin precedentes, el Gobierno volvió a intervenir la obra social. Es fundamental señalar que desde que asumió esta segunda intervención se han incorporado casi 60 empleados, directos o indirectos, todos con sueldos millonarios”, contraatacó Voytenco, que afirmó que al menos diez de los contratados por Petroni son delegados o miembros de la lista opositora que impulsa Ansaloni.
De crisis en crisis, Osprera recibió el 7 de diciembre de 2023 un subsidio de $3350 millones del Frente de Todos en concepto de “apoyo financiero”. Es decir, tres días antes de que Alberto Fernández deje la gestión y le transfiera el bastón de mando a Milei. Daniel López, titular de la SSS de ese entonces, fue el que autorizó el envío de los fondos. Hubo por entonces también un pedido judicial de intervenir la obra social, pero así y todo Voytenco mantuvo el control. Después, la SSS del gobierno libertario dispuso por decreto una intervención del Poder Ejecutivo sobre la intervención judicial al considerar que las prestaciones no se brindaban y que el déficit había pasado de 26.979.000 en septiembre de 2023 a 43.949.000 en marzo de 2024. Ahora, ese déficit habría trepado a casi $100.000 millones, según Petroni, el nuevo interventor.
El Gobierno, en otro contraataque, circuló a través de periodistas afines la posibilidad de denunciar al expresidente Alberto Fernández y a la exministra de Salud Carla Vizzotti por los $3350 millones destinados a Osprera tres días antes de irse de la gestión pública. Un interrogante: ¿por qué Oriolo denunciaría recién ahora a la gestión anterior si había detectado este pago hace ya más de un año?
A fines de 2022, Voytenco le ganó la elección interna a Ansaloni por apenas un punto. Fue la primera vez desde 1991 que no había lista única en el gremio donde reinó Gerónimo Venegas, un exaliado de Macri. A Ansaloni, que manejaba la obra social, no le alcanzó el apoyo que le había dado Sergio Massa, por entonces el hombre fuerte del gobierno de Alberto Fernández. Las elecciones se concretaron después de un proceso nublado de sospechas y acusaciones, que fue incluso judicializado en tribunales federales y provinciales.
Unas semanas antes de la elección sindical, unos sicarios asesinaron a Mauricio Cordara, chofer y mano derecha de Ansaloni, quien, según surge de la investigación judicial, era el verdadero blanco del ataque. Por el episodio hay seis personas detenidas vinculadas a un clan narco de Rosario que esperan ser juzgadas. Ansaloni, que no oculta sus intenciones de retomar el poder de la Uatre con la ayuda del Gobierno, ya tendría decidido señalar a Voytenco como el instigador del ataque. Da la sensación que es una pelea a todo o nada.
POLITICA
Récord de participación por la reforma de la Ley de Glaciares: más de 27.000 inscriptos para las audiencias públicas
El debate por la reforma de la Ley de Glaciares en Argentina registra un récord sin precedentes de participación, con más de 27.000 inscriptos en las audiencias públicas, lo que plantea desafíos logísticos y posterga los plazos legislativos habituales.
La demora en el tratamiento de la modificación de la Ley de Glaciares responde a la magnitud inédita de la inscripción ciudadana para intervenir en el proceso parlamentario. La dimensión de la convocatoria obliga a las autoridades a replantear los mecanismos organizativos y a los actores políticos a ajustar sus estrategias mientras se redefinen tiempos y formas de negociación.
Organización de las audiencias públicas y desafíos logísticos
El Congreso Nacional, a través de las Comisiones de Asuntos Constitucionales y de Recursos Naturales, planificó dos jornadas de audiencias públicas, previstas para el miércoles 25 en modalidad presencial y el jueves 26 de manera virtual, según precisó en Infobae en Vivo Nacho Girón. La cifra de más de 27.000 personas anotadas para dar su opinión supera cualquier experiencia previa en procesos legislativos ambientales en Argentina.
Frente a esta magnitud, la organización enfrenta un reto concreto: administrar la intervención de tantos inscriptos en tan corto plazo. Como resultado, el oficialismo considera extender el cronograma y adaptar la estructura original de las audiencias, en un intento de permitir la participación efectiva y mantener la representatividad en el debate.
Este escenario forzará dilaciones que podrían retrasar la sanción de la ley y demanda la implementación de nuevos métodos para garantizar un desarrollo ordenado y equitativo del proceso.
Estrategias de los actores políticos y sociales frente a la reforma
El Gobierno nacional abrió las audiencias públicas para negociar con la oposición y sumar respaldo social a la iniciativa. Esta decisión alentó la inscripción de especialistas, organizaciones ambientalistas y ciudadanos de múltiples provincias.
Diversos sectores ambientalistas apelaron a una inscripción masiva para asegurar su voz en la discusión parlamentaria y defender la protección de los glaciares. De igual modo, gobernadores y fuerzas opositoras buscan incidir en los alcances de la reforma y proteger intereses regionales.
En este contexto, la administración de Javier Milei debe gestionar tanto la presión de la participación ciudadana como las demandas políticas del Congreso. La extensión de los plazos multiplica las oportunidades de renegociación sobre puntos clave de la ley.
Contexto y repercusiones de la reforma de la Ley de Glaciares
La Ley de Glaciares, aprobada en 2010, garantiza la protección de glaciares y ambientes periglaciares en Argentina, restringiendo actividades humanas y reservando estos espacios como fuentes estratégicas de agua. El proyecto de reforma busca modificar los límites legales y permitir, bajo ciertas condiciones, la instalación de industrias —especialmente mineras— cerca de áreas protegidas.
Mientras los promotores del desarrollo económico sostienen que estas modificaciones facilitarán nuevos emprendimientos productivos en la región andina, sectores ambientalistas alertan sobre el posible impacto sobre el recurso hídrico y los sistemas ecológicos.
La inédita participación social en el debate refuerza el carácter prioritario del tema en la agenda nacional y convierte al proceso en un caso excepcional en la historia legislativa argentina.
La masiva implicancia ciudadana en el tratamiento de la Ley de Glaciares redefine los estándares de participación y obliga a los cuerpos legislativos a innovar en la gestión de debates complejos. El sistema político, frente a este hito, deberá adecuar sus procedimientos para responder a una demanda social de mayor involucramiento en decisiones ambientales clave.
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Senado
POLITICA
Denunciaron a Alberto Fernández luego de que una ex Gran Hermano revelara que le adjudicaron obras públicas durante su gobierno
Tras el escándalo que desataron las declaracioines de la exGran Hermano Lorena González, los abogados Roberto Herrero y Mariano Di Giuseppe presentaron una denuncia para que se investiguen presuntas irregularidades en la adjudicación de obras públicas del programa PROCREAR durante el gobierno de Alberto Fernández.
El escrito, presentado ante el Juzgado en lo Criminal Federal, apuntan directamente contra el expresidente, el exministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, y la empresaria Lorena González del Valle, conocida por su paso por “Gran Hermano” y vinculada a la firma Niro Construye S.A.
Leé también: Quién es Lorena González del Valle, la ex “Gran Hermano” que confirmó su romance con Alberto Fernández
Los denunciantes también pidieron que se investigue a cualquier otro funcionario o particular que pudiera estar vinculado a la causa.
El pedido de investigación surgió a partir de las declaraciones en las que González del Valle reconoció que mantuvo una relación personal con Alberto Fernández.
De acuerdo con la denuncia, la empresaria habría contactado al entonces mandatario y, tras ese vínculo, fue derivada al ministro Jorge Ferraresi. Poco después, su empresa constructora comenzó a participar en licitaciones del programa PROCREAR, resultando adjudicataria de varias obras públicas financiadas con fondos nacionales.
Los abogados detallaron que, según la información difundida, la empresa participó en nueve procesos licitatorios y ganó al menos cuatro de ellos, en desarrollos habitacionales de municipios bonaerenses como Esteban Echeverría, Avellaneda (Wilde y Piñeyro), Luján y Martín Coronado.
Según detalla la página web de Niro Construye S.A., la empresa construyó 240 viviendas en Esteban Echeverría, obra que fue inaugurada por el propio Alberto Fernández, y otras 512 viviendas en el barrio de Wilde, municipio de Avellaneda, distrito que Ferraresi gobernó antes y después de su paso por el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat.
Además, sumaron dos contratos adicionales en esa misma localidad: “Piñeyro Rivadavia” con 321 unidades habitacionales y “Piñeyro Entre Ríos” con 128 unidades. La empresa también obtuvo contratos para el desarrollo de viviendas Procrear en los municipios de Luján y Martín Coronado.
Para los denunciantes, si se comprueba la existencia de influencias personales para obtener contratos estatales, se trataría de una situación de “particular gravedad institucional”, ya que podría implicar el uso de vínculos personales con autoridades del Poder Ejecutivo para direccionar fondos públicos.
Sospechas de direccionamiento y fraude en las licitaciones
En la denuncia advirtieron que la contratación pública es una de las áreas más sensibles del Estado, ya que involucra grandes sumas de dinero y exige transparencia, igualdad de condiciones y selección objetiva de las mejores ofertas.
Los abogados sostuvieron que la secuencia de hechos constituye un “indicio razonable” que amerita una investigación judicial exhaustiva.
En ese sentido, solicitaron que se analice si las licitaciones en las que participó Niro Construye S.A. se desarrollaron en condiciones de competencia real, si los criterios de evaluación fueron objetivos y si existieron influencias externas para favorecer a la empresa.
De comprobarse estas maniobras, podría configurarse el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado, ya que se habrían desviado recursos públicos mediante procedimientos irregulares.
Los denunciantes consideraron que corresponde la intervención de la Justicia Federal con asiento en la Ciudad de Buenos Aires, ya que están involucrados fondos públicos nacionales y funcionarios del Poder Ejecutivo.
Alberto Fernadez, Jorge Ferraresi, PROCREAR, licitacion
POLITICA
A 50 años del Golpe: siete de cada diez argentinos condenan la dictadura militar y apoyan los juicios, según una encuesta
A medio siglo del golpe de Estado que dio inicio a la última dictadura militar en la Argentina, la memoria social sobre aquel período sigue siendo intensa y mayoritariamente condenatoria. Además, persiste un respaldo significativo a las políticas de justicia por los crímenes cometidos bajo el régimen. Un estudio nacional elaborado por el observatorio Pulsar.UBA de la Universidad de Buenos Aires y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), al que accedió Infobae, revela que la mayoría de los argentinos mantiene una valoración negativa del gobierno militar que se extendió entre 1976 y 1983, y que aproximadamente siete de cada diez personas apoyan la continuidad de los juicios por violaciones a los derechos humanos.
De acuerdo con la investigación, titulada Miradas retrospectivas sobre la dictadura argentina: 50 años después, que combinó una encuesta nacional de 1.136 casos y ocho grupos focales en distintas regiones del país, el 71% de los argentinos tiene una visión negativa de la dictadura: el 45% la define como “muy mala” y el 26% como “mala”. Solo una minoría mantiene una evaluación positiva o neutral del período. El estudio también indica que alrededor del 70% de la población respalda que continúen los juicios por crímenes de lesa humanidad, según el relevamiento realizado por Pulsar.UBA y el CELS.
El rechazo social se expresa en la percepción de las causas del golpe: el 63% de los encuestados sostiene que no existieron motivos que justificaran la intervención militar de 1976. En la identificación de responsabilidades, el 39% señala directamente al gobierno militar encabezado por Jorge Rafael Videla, Emilio Massera y Orlando Agosti como los principales responsables del quiebre institucional.
El informe sintetiza este punto como uno de los consensos centrales: “La evaluación negativa de la dictadura es ampliamente mayoritaria”, afirman los investigadores.
Interpretaciones históricas y transmisión de la memoria
Aunque predomina el rechazo, la interpretación histórica del período no resulta completamente uniforme. Ante la consulta sobre cómo describir el accionar del gobierno militar entre 1976 y 1983, el 61% considera que fue una dictadura que implementó un plan sistemático de desaparición de personas y violaciones a los derechos humanos, mientras que un 32% sostiene que se trató de una lucha contra el terrorismo en la que hubo “excesos”.
Este resultado muestra que, pese al consenso condenatorio, una parte de la sociedad aún interpreta el período como un enfrentamiento entre el Estado y las organizaciones armadas de los años setenta. Los investigadores afirman que esta diferencia evidencia cómo el sentido histórico de aquel período sigue siendo objeto de debate en la Argentina.
En los grupos focales surgen explicaciones diversas. Un participante de entre 20 y 29 años del área Metropolitana expresó que “no fue una guerra en realidad”, ya que fueron secuestradas personas que no podían ofrecer resistencia, agregando: “Una guerra es cuando ambas partes se pueden defender”. Otro participante describió la época desde otra perspectiva: “Era otra vida… de los niños yendo a la escuela y ver gente armada, de ir a meterse en las casas rápido por miedo”.
Las frases recogidas en la investigación cualitativa ponen en evidencia que la memoria social sobre el período está atravesada por recuerdos familiares, relatos transmitidos y representaciones culturales presentes en la sociedad.
El estudio también explora los elementos más inmediatos que surgen al pensar en la dictadura. Ante una pregunta abierta sobre qué es lo primero que viene a la mente al recordar el período 1976-1983, las respuestas se concentran en términos como desaparecidos, represión, violencia y tortura.
En el informe se informa que “los desaparecidos, la represión y la violencia institucional están en el centro de la memoria” sobre la dictadura. Este resultado indica que el terrorismo de Estado permanece como el eje central de la memoria colectiva sobre el régimen militar.
El nivel de conocimiento declarado sobre el período se mantiene elevado: siete de cada diez personas afirman saber mucho o algo sobre lo ocurrido entre 1976 y 1983. Ese conocimiento, sin embargo, ya no se origina principalmente en experiencias directas.
Uno de los hallazgos del estudio es que la educación aparece como el principal canal de transmisión de la memoria histórica. La escuela y la universidad son identificadas como las fuentes principales de información sobre la dictadura, seguidas por las conversaciones con familiares o amigos.
Este dato expresa una transformación generacional: a medida que avanzan las décadas, la memoria sobre la dictadura se transmite cada vez más por la educación formal, los contenidos culturales y relatos familiares. La experiencia directa con la represión es cada vez más limitada.
Según el estudio de Pulsar.UBA y el CELS, solo tres de cada diez encuestados dicen tener un familiar, amigo o conocido que fue desaparecido, detenido o perseguido durante la dictadura. La existencia de ese vínculo personal tiene un impacto relevante en la percepción del período.
El informe describe “la experiencia personal funciona como un ancla moral”. Entre quienes tienen familiares o conocidos víctimas de la represión, las evaluaciones negativas del régimen militar se refuerzan y el reconocimiento del carácter sistemático del terrorismo de Estado resulta más claro.
La investigación también analiza la percepción de distintos actores vinculados al período. La imagen de estos colectivos está marcada por la experiencia personal con la dictadura. Aquellos con familiares o conocidos desaparecidos o perseguidos tienden a tener una visión más favorable de los organismos de derechos humanos y de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. Para quienes no cuentan con ese vínculo directo, la valoración de las Fuerzas Armadas es relativamente mejor. El informe resume esta dinámica: “La imagen de los colectivos asociados a la dictadura militar tiene su condicionamiento personal”.
Justicia, democracia y memoria en la Argentina actual
El respaldo social a los procesos judiciales por los crímenes cometidos durante la dictadura se sostiene. Alrededor del 70% de los encuestados está de acuerdo en que el Estado argentino debe seguir juzgando a los militares responsables de violaciones a los derechos humanos.
Este porcentaje expone que el proceso de justicia transicional iniciado en 1985 con el Juicio a las Juntas, y reanudado en 2006 tras la anulación de las leyes de impunidad, cuenta con apoyo social continuo. Los investigadores afirman: “La demanda por justicia está activa” en la sociedad argentina.
La encuesta también indagó sobre la estabilidad del sistema democrático. Una mayoría considera que el regreso de una dictadura militar es muy poco probable: el 83% cree que es poco o nada probable que vuelva a producirse un golpe de Estado en la Argentina.
En los grupos focales fue frecuente la impresión de que la sociedad argentina no toleraría una ruptura institucional. Así lo expresó un participante: “Yo creo que hoy en día la gente estaría reclamando en todos lados”.
El informe también indica una tensión: muchas personas confían en la reacción social ante un golpe, aunque no hayan participado nunca en marchas o acciones públicas vinculadas a los derechos humanos.
A cincuenta años del golpe de 1976, el estudio de Pulsar.UBA y el CELS muestra que la condena a la dictadura y el respaldo a los juicios por crímenes de lesa humanidad siguen siendo puntos de acuerdo mayoritarios en la sociedad argentina. El informe revela que las interpretaciones sobre aquel período no son completamente uniformes y que la transmisión generacional de la memoria resulta clave para comprender cómo se recuerda hoy el terrorismo de Estado.
En ese marco, los investigadores concluyen: “La memoria es una experiencia social que organiza nuestro modo de comprender el presente, nuestras creencias y nuestros compromisos democráticos”.
Cinco décadas después del golpe, la manera en que se interpreta el pasado argentino forma parte central de su cultura política y de la democracia actual.
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