POLITICA
La ministra de Seguridad criticó al gobierno de Kicillof y pidió una baja mayor de la edad de imputabilidad
La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, remarcó las diferencias que mantiene con el gobierno de la Provincia de Buenos Aires y consideró que será difícil que esto mejore: “Me parece muy complejo y muy difícil que cambie el chip”.
“Con la provincia de Buenos Aires me refiero a la postura ideologizada que tienen frente a diferentes temas”, agregó la ministra en comunicación con radio La Red. Además puntualizó que “nunca habló” con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, pero sí coordinó operativos con Javier Alonso, su par de dicho distrito.
Consultada sobre la relación con las provincias y la coordinación necesaria para implementar un eventual nuevo sistema penal juvenil, Monteoliva informó que, si bien la competencia sobre la Justicia de Menores recae en las provincias, el gobierno nacional articula esfuerzos buscando “un cambio sistémico que marque un rumbo distinto”. Y mencionó la cooperación a través de programas como el Plan Bandera, que implican interacción y acuerdos con los gobiernos provinciales, aun en contextos de diferencias ideológicas, como ocurre con la provincia de Buenos Aires.
El proyecto de baja de edad de imputabilidad
En este sentido, la ministra nacional reivindicó la necesidad de bajar la edad de imputabilidad penal en el país al nivel de lo que rige en la mayoría de América Latina y Europa, destacando que la criminalidad juvenil responde a cambios estructurales en el accionar de las organizaciones delictivas.
La funcionaria subrayó que este debate implica no solo modificar la edad mínima, sino asumir una reforma integral para enfrentar la violencia y el crimen organizado, que concentran un 35% de los homicidios dolosos a nivel mundial en la región.
En ese sentido, sugirió: “La bajada de la edad de imputabilidad es clave y ojalá logremos que sea de 13 o 14 años, como se viene planteando. Pero creo que debería ser incluso un poquito menos porque la tendencia y la discusión está alrededor de los 12 y los 13 años. Para mí, esto va más allá de generar acuerdos, es realmente trabajar sobre la evidencia”.
A su vez, señaló que la normativa argentina sobre imputabilidad, vigente desde 1980, ha quedado desfasada y no atiende a la mutación de las organizaciones criminales, las cuales reclutan niños como “soldaditos” para el narcotráfico y otras actividades ilícitas. Y sostuvo: “Excepto Brasil, todos los países de la región establecen la imputabilidad penal entre los 12 y 14 años”, y que en Europa existe el mismo criterio.
También planteó que “la baja de la edad es un factor fundamental”, aunque insistió en que no basta con ese cambio, sino que debe acompañarse de estrategias preventivas y de contención, así como de una reforma institucional y recursos específicos para la reintegración de los menores involucrados en delitos.
Y destacó la importancia de atacar el reclutamiento de menores por parte de bandas criminales. “Para las organizaciones criminales, la vida no vale nada”, sentenció. Y determinó que la capacidad de reemplazo inmediato de integrantes explica el carácter letal y renovable de estas estructuras ilegales.
Otros temas
Al abordar el problema de los incendios forestales, Monteoliva respaldó endurecer las penas para quienes los provocan intencionalmente y confió en que el proyecto de reforma del Código Penal contemple mayores castigos, en línea con “el carácter irreversible de los daños ya comprobados en miles de hectáreas afectadas”. Asimismo, resaltó el trabajo permanente desde la Agencia Federal de Emergencia y la solidaridad interprovincial.
Respecto del protocolo antipiquete, la funcionaria ratificó su continuidad, y lo describió como “una herramienta de planificación operativa que permite anticipar, organizar y proteger tanto a los manifestantes como al conjunto de la ciudadanía”. Y rechazó las interpretaciones que lo califican de represivo y precisó que su finalidad es preservar derechos y asegurar la circulación.
Finalmente, la ministra analizó la percepción de inseguridad en la sociedad argentina, subrayando que el contraste entre resultados estadísticos y el temor ciudadano persiste. “Hay una diferencia entre las emociones provocadas por hechos graves y las cifras, y es legítimo que la población sienta preocupación por la seguridad, aunque las estadísticas muestren mejoría”, puntualizó. Y concluyó que “alrededor del 19% de los homicidios en el país guardan relación con el crimen organizado”, por lo que esa debe seguir siendo la prioridad en la lucha contra la violencia.
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La Fiscalía de Entre Ríos abrió en noviembre pasado un legajo de investigación para analizar las responsabilidades políticas en un presunto desfalco al Estado. La maniobra se habría instrumentado mediante contrataciones fraudulentas de personal temporal en la Legislatura.
La operación implicaba que el dinero era cobrado por un grupo de personas y administrado por un estudio contable. Los supuestos contratados recibían una parte mínima, mientras que el resto habría ido a la política. La maniobra se descubrió en 2018. Un policía que custodiaba un banco observó que un grupo de personas iba todos los meses a hacer retiros por cajero automático usando una gran cantidad de tarjetas.
Hay dos estimaciones del perjuicio al erario público. Fiscalía consideró que fue de $1.111 millones. Por otro lado, la Fiscalía de Estado (un órgano constitucional que representa los intereses de la Provincia) calculó $392 millones. El monto real se determinará en la Justicia.
Por el caso ya hay un proceso penal en marcha. A la causa se la denomina “Contratos I”. Está centrada en las responsabilidades de los escalones inferiores e intermedios. La causa se encuentra en la etapa de elevación a juicio. Varios de los imputados acordaron juicios abreviados.
Las etapas judiciales
Este primer proceso es clave para la sustanciación del segundo. La razón es que determinaría que hubo un perjuicio a la Provincia. Solo así tendría de dónde afirmarse la acusación fiscal en “Contratos II”. El legajo tiene como carátula: “N.N. s/ peculado imprudente o culposo”.
Este delito está tipificado en el artículo 262 del Código Penal Argentino. “Será reprimido con multa del veinte al sesenta por ciento del valor substraído, el funcionario público que, por imprudencia o negligencia o por inobservancia de los reglamentos o deberes de su cargo, diere ocasión a que se efectuare por otra persona la substracción de caudales o efectos de que se trata en el artículo anterior”, dispone el texto legal.
Es decir: para poder acusar a los responsables políticos por el perjuicio al Estado, antes hay que demostrar que ese daño se produjo. El paso necesario para eso es que en “Contratos I” se compruebe el peculado y la asociación ilícita que se investiga.
A posteriori, deberá corroborarse que, por un actuar descuidado o con desidia, los responsables políticos de la Legislatura provincial permitieron que se produzca el desfalco. En este punto es fundamental la normativa que regula las contrataciones legislativas. La pregunta es si se siguió al pie de la letra o no. Si la respuesta es positiva, no habría delito. El caso penal solo podría continuar si se prueba que no fue así.
La cuestión es que aún no se ha dado el primer paso para un eventual fallo condenatorio firme. “Contratos I” está en proceso de elevación a juicio. Luego vendrán las audiencias y la sentencia. La etapa siguiente son las apelaciones que podrían llegar hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Pero, además, “Contratos II” está en pañales. La dirigencia política que estaría involucrada por su accionar aún no fue notificada. Tampoco fue citada. Algunos, sin embargo, se presentaron de manera espontánea a ver el legajo. En la lista hay ex gobernadores y vices que ocuparon sus cargos desde principios de siglo. Todos son justicialistas.
El papel de Cecilia Goyeneche
Aunque la difusión del inicio de “Contratos II” fue paralela a la restitución de Cecilia Goyeneche en su cargo de la Procuradora Adjunta, no existe relación causal entre un hecho y otro.
El legajo de esta segunda investigación fue abierto por el fiscal Gonzalo Badano en noviembre de 2025, cuando el Superior Tribunal no había anulado el jury contra Goyeneche. Por lo tanto, tampoco había sido reestablecida en su oficina del Ministerio Público Fiscal.
Además, el Procurador General, Jorge García, corrió a Goyeneche de la investigación sobre los contratos de la Legislatura cuando apenas se habían completado los primeros pasos. En su lugar designó a Mónica Carmona.
La situación que motivó la remoción de Goyeneche del caso tuvo que ver con las relaciones personales, profesionales y comerciales que ella y su marido mantenían con uno de los imputados. Se trata del contador Pedro Opromolla, uno de los titulares del estudio contable que habría tenido la responsabilidad de lavar el dinero captado de los contratos.
POLITICA
La AFA bajo investigación: Claudio “Chiqui” Tapia declara por presunta retención indebida de aportes
Este jueves declarará el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, en la causa donde se lo investiga por la presunta retención indebida de aportes. Ayer hizo lo propio el tesorero de la entidad, Pablo Toviggino, que presentó un escrito y no respondió preguntas.
“Muchos van a empezar a transpirar, como transpiraba yo a veces cuando me agarraba calor. Pero van a empezar a transpirar de vergüenza porque la verdad va a salir a la luz”, dijo Tapia el lunes a modo de advertencia, en el cierre de su discurso en el acto de lanzamiento de LPF Play, la plataforma de transmisión de partidos de la AFA.
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La investigación se inició a partir de una denuncia presentada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca), que actúa como querellante en el expediente. El organismo sostiene que la AFA retuvo tributos y aportes de la seguridad social sin ingresarlos al fisco dentro de los plazos legales.
Concretamente, ARCA detectó retenciones impositivas y aportes a la seguridad social que no habrían sido depositados dentro del plazo legal de 30 días corridos posteriores al vencimiento.
El miércoles, Toviggino pidió ser sobreseído en la causa y también demandó una pericia contable. Insistió en que no hay delito, ya que el Gobierno suspendió la ejecución de la deuda. “Un error en la interpretación de la fecha de vencimiento de esa deuda no puede dar pie a una persecución legal desmedida”, aseguró el tesorero de la AFA en su descargo.
El juez Diego Amarante rechazó este lunes los pedidos de nulidad presentados por el presidente de la Asociación de Fútbol Argentino. Con esta decisión, el magistrado mantuvo firmes las indagatorias programadas para esta semana.
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En su fallo, Amarante desestimó los argumentos de las defensas de Tapia y Toviggino, que sostuvieron que no existía delito y que se debía suspender el llamado a indagatoria por existir un recurso pendiente de resolución ante la Cámara.
Los períodos bajo análisis van de marzo de 2024 a septiembre de 2025 e incluyen retenciones de IVA, Ganancias y contribuciones previsionales.
Según la denuncia inicial, el monto no ingresado era de $7.593.903.512,23, pero luego se sumaron otros $11.759.643.331,62, llevando el total investigado a más de $19.300 millones.
El ente recaudador aseguró que las maniobras encuadran en el delito de omisión por parte de un agente de retención. “Los importes en cuestión no constituyen fondos propios del contribuyente, sino recursos ajenos que pertenecen al Estado desde el momento mismo de la retención, por lo que su no ingreso implica una indebida apropiación de caudales públicos”, argumentó el organismo.
Desde el punto de vista penal, la figura prevé penas de dos a seis años de prisión para el agente de retención que no deposite, total o parcialmente, dentro de los 30 días corridos del vencimiento, el tributo retenido o percibido, siempre que el monto no ingresado supere los $100.000 por mes.
Chiqui Tapia, AFA, investigacion
POLITICA
Un militante peronista agredió a un diputado libertario y reaccionó Javier Milei: “Es lo que tenemos del otro lado”
El diputado nacional de La Libertad Avanza, Federico Pelli, sufrió una violenta agresión mientras intentaba ingresar a la localidad de La Madrid, en el sur de Tucumán, para asistir a los damnificados por las inundaciones.
El ataque se produjo tras un cruce de palabras cuando un empleado público impidió el paso del legislador, quien preguntó: “¿Quién sos vos para dejar pasar?”. Acto seguido, el agresor le propinó un cabezazo que le rompió la nariz y le causó un sangrado profuso, hecho que fue registrado en imágenes viralizadas en redes sociales.
🚨 Un munipa que estaba cortando la ruta agredió al Diputado Nacional de Tucumán, Agustín Pelli. pic.twitter.com/P8fQdQjq7s
— El gordo edición (@GordoEdicion) March 11, 2026
El agresor fue identificado como Marcelo Segura, alias “Pichón”, quien según denunció el espacio libertario local, estaría vinculado al ministro del Interior provincial, Darío Monteros. El bloque de diputados de La Libertad Avanza repudió el hecho, detallando que Pelli se encontraba junto a sus pares Gerardo Huesen y Soledad Molinuevo para donar colchones y artículos de primera necesidad.
“Ningún acto de violencia va a detener nuestro accionar en ninguna provincia por más que la vieja política se oponga. Esperamos que la Justicia actúe”, manifestaron en un comunicado oficial.
COMUNICADO OFICIAL.@JMilei @pellifederico pic.twitter.com/Au15pG8sYw
— Bloque Diputados LLA (@LLA_Diputados) March 11, 2026
Por su parte, el presidente de La Libertad Avanza en Tucumán, Lisandro Catalán, advirtió que irán “hasta las últimas consecuencias” ante lo que calificó como un nivel de violencia inaceptable por parte de quienes “se creen impunes”.
El presidente Javier Milei también se hizo eco de lo sucedido a través de sus redes sociales con un breve mensaje: “ESTO ES LO QUE TENEMOS DEL OTRO LADO…”. El ataque ocurrió en una de las zonas más críticas por el desborde de los ríos Marapa y San Francisco, donde numerosas familias tuvieron que autoevacuarse.
Ante la gravedad del episodio, el gobernador Osvaldo Jaldo expresó su firme repudio y se solidarizó con el legislador, señalando que “la violencia no tiene lugar en nuestra vida democrática”.
Repudiamos con absoluta firmeza la agresión sufrida por el diputado nacional Federico Pelli. La violencia no tiene lugar en nuestra vida democrática ni en la convivencia entre tucumanos. Nos solidarizamos con él y con su familia, y apelamos a la responsabilidad de todos: en…
— Osvaldo Jaldo (@OsvaldoJaldo) March 11, 2026
Asimismo, confirmó que la Policía de Tucumán procedió a la detención del agresor, poniéndolo a disposición de la Justicia provincial. Jaldo apeló a la responsabilidad colectiva y aseguró que el Gobierno de la Provincia colaborará con la investigación mientras mantiene los esfuerzos en asistir a las familias afectadas por el temporal.
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