POLITICA
La mitad de los ministros declaró más patrimonio en el exterior que adentro del país

La Oficina Anticorrupción (OA) terminó de recibir las declaraciones juradas de los ministros y de otros funcionarios, salvo la de Sergio Neiffert, el jefe de la SIDE. La mitad de los ocho ministros del gabinete reportó tener un mayor patrimonio afuera del país que adentro. Tener el dinero en el exterior no configura ningún delito.
De este modo, el ministro de Relaciones Exteriores, Gerardo Werthein, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger informaron tener más de la mitad de su patrimonio afuera del país. Entre ellos se observan cuentas en Puerto Rico, Suiza, Estados Unidos, Uruguay, e inmuebles, vehículos y depósitos de dinero en el exterior. Guillermo Francos tiene también depósitos en el exterior, pero el grueso de su patrimonio está en el país.
Fuentes del Gobierno indicaron que, en algunos casos, como el de Sturzenegger, si se tuviera en cuenta el valor de mercado de sus inmuebles en el país, la ecuación podría ser diferente y tener más patrimonio reportado en territorio nacional que en el exterior. Las declaraciones juradas incluyen el valor fiscal de las propiedades, que suele ser menor al de venta o compra.
Reemplazar el valor fiscal por el valor de mercado de los inmuebles podría tener varios efectos. Uno de ellos: patrimonios más abultados. El segundo: mayor trazabilidad del dinero, lo que permitiría responder cómo hizo tal persona para comprar tal propiedad en un período de tiempo determinado.
La metodología que utilizó para analizar las declaraciones juradas consideró el valor de los “Bienes, depósitos y dinero al final del año” y de cada uno de los ítems que lo componen. Entre ellos, se diferenció a los reportados “en el país” de los que están “en el exterior”.
Werthein es el ministro que declaró mayor patrimonio. Al cierre del año pasado, sus bienes ascendieron a $92.056.875.605,65, según reportó ante la OA. El 65% se encuentra en el exterior. Al inicio del período representaban el 52%. En ese sentido, se observa un crecimiento del valor de los títulos y acciones correspondientes a “Portfolio Pictet y Cie – Valores Extranjeros”, que al inicio del período tenían un valor de $2.532 millones y al final, $12.607 millones.
El canciller declaró 5 inmuebles en el exterior: uno en Madrid, otro en Punta del Este y tres en Maldonado. Dijo tener un Mercedes Benz en el exterior, mientras que el otro vehículo que informó es una Ferrari 550 Maranello modelo 97, en el país, valuada en $309.260.000, según el documento.
Fuentes vinculadas al ministro declinaron realizar comentarios ante la consulta de .
Cúneo Libarona, segundo en el ranking, presentó una distribución internacional de sus bienes. Su declaración jurada muestra depósitos de dinero en cuatro países. Al cierre de 2024, en Suiza acumuló en dólares una cifra equivalente a $6.746.870.025; en Estados Unidos, 4.688.452.251; en Puerto Rico, 2.422.212.492; y en Uruguay, $265.577.769,03.
Los bienes declarados en el exterior del ministro de Justicia alcanzan el 80% de su patrimonio. Además de los depósitos mencionados, se encuentran dos inmuebles: uno en Miami Beach y otro en Punta del Este.
A propósito de esta composición patrimonial, consultó a fuentes del Ministerio de Justicia quienes prefirieron no realizar comentarios. Además, Cúneo adquirió dos inmuebles durante 2024. A diferencia de los bienes anteriores, estos se encuentran en el país. Precisamente, en la Ciudad de Buenos Aires. Ambos suman $381 millones, según el valor asignado en la declaración jurada.
El 65,8% del patrimonio que declaró Luis Caputo está en el exterior. El ministro de Economía es el tercer funcionario más rico del gabinete. Gran parte de los bienes reportados afuera del país por $7808 millones se distribuyen entre dos “cuenta corriente en dólares”, según la declaración jurada del funcionario. Entre ellas, suman $5937 millones. A principio del período, el funcionario también había incluido en el documento dos “cuenta corriente en dólares” cuyos montos ascendían a $2170 millones.
El propio ministro Caputo explicó a por qué declaró más patrimonio afuera que adentro del país: “Porque no pensaba ser ministro y así tenía el patrimonio cuando asumí. Post aceptación del ofrecimiento del Presidente, si traía el dinero al país y lo transformaba en pesos podría haber ganado una fortuna, y entonces me hubieran acusado, y hasta demandado, por tener información y usarla a mi favor. Así que preferí dejar todo tal cual estaba”.
En territorio nacional, Caputo reportó nueve inmuebles en el país, seis automotores, y “acciones, cuotas, participaciones sociales sin cotización en el país” en Sacha Rupaska, Palmeral Chico y Anker Latinoamericana, su consultora económica. Su crecimiento patrimonial en el país se debió a la revaluación de bienes. Al inicio de período, Caputo había declarado $11.700.000 de objetos personales y del hogar, pero en esta última presentación no lo hizo, por lo que su patrimonio podría ser incluso mayor.
Federico Sturzenegger declaró que el 61% de su patrimonio se encuentra en el exterior. De los $2371 millones que el ministro reportó, $1.424 millones corresponden a un “depósito de dinero en el exterior”, tal cual indica el documento.
En contraposición a lo anterior, el ministro incluyó en su declaración jurada la incorporación de un inmueble en el país durante el año pasado. Una curiosidad: es de un metro cuadrado, según el documento. Además, posee títulos públicos como el GD38 y el GD35.
A diferencia de los anteriores, la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, el ministro de Defensa, Luis Petri, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el ministro de Salud, Mario Lugones, declararon la mayor parte de su patrimonio en el país.
En el caso de Bullrich, fue la que mayor crecimiento patrimonial registró durante 2024. De acuerdo con la documentación presentada ante la OA, declaró bienes por $188.341.118. “La diferencia que se puede notar es muy simple, la valuación fiscal en la ciudad y provincia de Buenos Aires. Tiene exactamente lo mismo, solo un auto menos. Un auto que tenía y no tiene más. Por la venta de ese auto es que hubo un ingreso de efectivo”, explicaron a fuentes del ministerio de Seguridad.
El ranking de los funcionarios más ricos es encabezado por Werthein ($92.056.875.605), Cúneo Libarona ($18.089.261.439) y Caputo ($11.851.166.833). Detrás de ellos, con mucho menos bienes declarados, se encuentran: Guillermo Francos ($2.847.538.388), Sturzenegger ($2.371.733.030) y Mario Lugones ($282.086.796).
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POLITICA
El cruce a los gritos entre Horacio Pietragalla y Nicolás Mayoraz por la reforma penal juvenil en Diputados

Sobre el final del debate por la reforma penal juvenil, el diputado de Unión por la Patria Horacio Pietragalla interrumpió a su par de La Libertad Avanza (LLA) Nicolás Mayoraz, al grito de: “¡Caradura!“, mientras este se disponía a brindar uno de los últimos discursos de la jornada en favor de la iniciativa oficialista. El episodio rápidamente derivó en un cruce entre ambos.
“Vivimos un momento histórico porque por primera vez vamos a modificar un regimen del año 1980″, señaló Mayoraz al tomar la palabra. La imputabilidad fijada en 16 -que ahora se busca modificar- años se encuentra en una norma de la dictadura.
Los dichos de Mayoraz suscitaron un reacción inmediata de una parte de la bancada kirchnerista que comenzó a los gritos. Entre ellos estaban Horacio Pietragalla y Carlos Castagneto. Fue entonces que el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, apuntó contra Germán Martínez.
“Diputado Martínez, usted que es jefe de bloque, ordene el bloque, por favor. Tenemos gritos permanentemente. Estamos ordenando la sesión”, solicitó. Y luego discutió con Castagneto: “No se ponga reglamentarista ahora. Sabe que le tengo aprecio. Después de las barbaridades de estos últimos dos años no se pone reglamentarista. Usted conoce la casa, por favor le pido”.
Acto seguido, y dirigiéndose directamente a Pietragalla, quien minutos antes había cuestionado en duros términos la iniciativa oficialista, Mayoraz retomó su discurso “Los que dicen que defienden los derechos humanos quieren una ley de 1980″, replicó.
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El Gobierno celebró la media sanción del Régimen Penal Juvenil y pidió un debate urgente en el Senado

La Oficina del Presidente celebró la media sanción obtenida en la Cámara de Diputados al proyecto de reforma del Régimen Penal Juvenil, que establece la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años.
La iniciativa fue aprobada en general con 149 votos positivos, 100 negativos y ninguna abstención, contando con el respaldo fundamental del radicalismo, el PRO y bloques provinciales. Este triunfo legislativo para La Libertad Avanza se suma a la reciente victoria en el Senado con la reforma laboral, consolidando la agenda del Ejecutivo en el Congreso.
EN VIVO | Diputados le dio media sanción a la baja en la edad de imputabilidad
A través de un comunicado oficial, el Gobierno destacó que durante más de cuarenta años se presentaron 37 proyectos sin tratamiento, mientras el delito se volvía “más violento, más organizado y más precoz”.
El documento sostiene que la Argentina no puede regirse por normas de un país que ya no existe y afirma que un ciudadano de 14 años comprende la gravedad de sus actos: “Sostener lo contrario es subestimar a la sociedad y abandonar a las víctimas”.
El texto aclara que la medida busca que quien comete un delito responda ante la Justicia, bajo la premisa de que no se trata de perseguir jóvenes, sino de reconocer la realidad.
— Oficina del Presidente (@OPRArgentina) February 12, 2026
El presidente Javier Milei agradeció a los legisladores que acompañaron la sanción, considerando que brindaron una respuesta a la inseguridad, una de las principales preocupaciones de la ciudadanía.
Tras el debate en la Cámara baja, el Gobierno Nacional manifestó su confianza en que el Senado trate la reforma con la urgencia necesaria para que “el fin de la impunidad sea una realidad”. De esta manera, el oficialismo busca convertir en ley este nuevo esquema de responsabilidad penal juvenil para poner fin a lo que consideran una distorsión legal de décadas.
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Con una chicana a Bullrich, Pichetto cuestionó la falta de presupuesto para reformar el régimen penal juvenil

En medio del debate por la reforma del régimen penal juvenil, el diputado de Encuentro Federal Miguel Ángel Pichetto anticipó su respaldo a la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, aunque advirtió que detrás del proyecto hay un Gobierno “que no invierte en infraestructura, reparación de rutas ni educación”. También cuestionó la partida prevista por el oficialismo, de $23 mil millones, a la que calificó de “insignificante”. Además, sin mencionarla de manera explícita, lanzó un dardo contra la jefa del bloque de LLA, Patricia Bullrich. “Es una medida de efecto para el lucimiento de determinadas exministras”, arremetió el legislador.
Desde el comienzo de su alocución, Pichetto aclaró que votará a favor del proyecto de ley y aclaró que representa una vieja discusión que data de la década de los ’90 cuando comenzó de la mano del expresidente de la Cámara de Diputados, Alberto Pierri.
Al profundizar sobre la coyuntura actual, Pichetto sostuvo que el caso de Jeremías Monzón —el adolescente de 15 años asesinado a puñaladas por tres adolescentes— volvió a reflotar un debate “circular” en la Argentina. Afirmó que la reforma penal juvenil impulsada por el oficialismo constituye “una medida de impacto frente a realidades que atraviesan a una sociedad rota, en decadencia, donde se ha perdido el valor de la escuela pública y de la familia como espacios de contención”. Según planteó, todos esos factores inciden en la incorporación de jóvenes al delito.
Si bien ahondó en la necesidad de avanzar con la reforma, Pichetto renovó sus críticas contra la administración de Javier Milei. “¿Qué hay detrás de este proyecto de un Gobierno que no invierte en infraestructura, en reparación de rutas ni en educación?”, planteó. “Son medidas de efecto para el lucimiento de determinados senadores o exministras que, disconformes con los 14 años, preferirían 13 o incluso 10, porque eso las corre más a la derecha y las instala en el facilismo discursivo que satisface a algunos sectores”, sentenció al respecto.
“La pavada de ‘delito de adulto, pena de adulto’ estuvo circulando todo el mes de enero en la Argentina y también ‘cárcel de adulto’, digamos todo completo”, agregó el diputado en referencia a una de las consignas adoptadas por Bullrich.
Sobre este punto, Pichetto consideró “inadmisible” que un joven pueda compartir un establecimiento penitenciario con adultos y sostuvo que la reforma requiere de una inversión que perminta la construcción de centros especializados, además de un esquema que contemple procesos educativos y de reinserción.
“Quiero sostener que los recursos asignados en el presupuesto son insignificantes estamos hablando, de 23 mil millones de pesos que no sé para qué van a servir”, alertó sobre el partida asignada por el Gobierno. “Hoy el metro cuadrado para la construcción de un edificio para encierro está en US$7000, ni hablar de las estructuras que hay que póner de asistencia terapéutica, profesores y gente que trate de reconstruir a ese menor que cometió el delito”, destacó.
En esa misma línea, Pichetto advirtió sobre la situación fiscal que atraviesan las provincias que, según sostuvo, “tienen graves dificultades por la pérdida de recursos de coparticipación”. Entonces, propuso incorporar una cláusula especial al proyecto que determine que en los distritos comenzará a regir el nuevo sistema “cuando estén dadas las condiciones y se hayan construido los establecimientos específicos para menores”.
Bajo ese contexto, el diputado ratificó su postura a favor de la baja de punibilidad a 14 años, pero volvió sobre sus críticas contra la gestión del Gobierno. “Este es un debate antiguo que se saca oportunamente para que no se hable de los temas que realmente son preocupantes para la sociedad argentina: la pérdida del empleo, el cierre de las industrias y el bajo salario que tiene la media argentina”, apuntó.
“Pero en principio si no hay asignación de recursos para que esta ley se pueda implementar de nada sirve poner 14, 15, o 12 años si no se logra concretar un proyecto que requiere de inversiones del Estado. Y permítanme dudar que este Gobierno vaya a poner los recursos”, concluyó Pichetto.
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