Alberto Fernández se percibe como un optimista en el país del desánimo. “A veces siento soy el único que quiere sembrar esperanza”, se lamentó esta semana, en tono de confesión. Al día siguiente advirtió que “los hechos les van a demostrar a los que dudan que dudaron sin motivos” y cantó en público un viejo tema de Litto Nebbia que habla de encontrar “nuevos caminos” a pesar de “tanta pena y tanta herida”.

Su discurso adquiere un tono casi profético a medida que el prestigio de la gestión se desinfla y su mentora, Cristina Kirchner, le envía señales explícitas de que no aceptará inclinarse ante su liderazgo ni negociará un pacto de convivencia. Fernández interpreta el drama de un presidente que pide fe a una feligresía que huye del templo.

Un retrato crítico de la soledad presidencial es la trama electoral que teje a sus espaldas el kirchnerismo, con nada menos que el ministro del Interior, Eduardo de Pedro, como uno de sus articuladores. El referente del camporismo dialoguista recorre el país en busca de unificar al peronismo, incluso a antiguos desertores del tren de Cristina, para la batalla de 2023.

Con la venia de la vicepresidenta, se reunió con Juan Manuel Urtubey, con Luis Barrionuevo y otros peronistas que no integran el Frente de Todos. Habla con gobernadores, intendentes y legisladores. Y lleva a la práctica en eventos multitudinarios el “debate de ideas” que Cristina proclamó semanas atrás en su refutación pública del gobierno albertista.

De Pedro se cuida de no enfrentarse directamente a su jefe formal, el Presidente. Pero sus movimientos son transparentes. Faltó al acto para “empoderar” a Fernández que organizó la Uocra una semana atrás al que todos los ministros tenían “orden” de ir. Un día después, lideró una asamblea en Mendoza que desbordó de críticas al Gobierno. Fue uno de los gestores, junto a Axel Kicillof, del apoyo de los gobernadores peronistas al proyecto K para ampliar los miembros de la Corte Suprema. Además, es promotor de la idea de formar una mesa de conducción nacional del Frente de Todos, que en la práctica se parecería demasiado a una gestión colegiada de la administración nacional.

Su papel encaja en el proyecto de Cristina de armar algo así como un “Frente de Todos Menos Alberto”; una propuesta electoral de unidad peronista que se ofrezca como opción superadora al actual gobierno, del que ella ya se despegó de manera ostensible.

La vicepresidenta y su hijo Máximo trabajan en blindar la provincia de Buenos Aires, en donde habilitaron negociaciones incluso con los dirigentes cercanos a Fernández que tienen peso territorial, como Juan Zabaleta y Gabriel Katopodis. De Pedro se mueve en el resto del país, con una agenda que uno de los interlocutores calificó de “generosa”.

“El kirchnerismo alienta a que cada uno compita con el mejor candidato y en las mejores condiciones para ganar”, explica un gobernador del Norte, donde De Pedro estuvo este viernes. Una herramienta clave es el desacople electoral para que los peronistas en el poder jueguen su continuidad en fechas distintas a la definición presidencial. La “sugerencia” de la vicepresidenta es esperar hasta que se aclare el panorama. Traducido: saber si existen o no opciones de que el peronismo gane otro turno en la Casa Rosada. Ella hoy lo ve imposible.

En caso de que esa situación se mantenga, intentará retener todo el poder que sea posible para resistir en la oposición las reformas que propondría un eventual gobierno de tinte liberal, ya sea de Juntos por el Cambio o de Javier Milei, si la propuesta del economista antisistema fuera capaz de imponerse.

Las gestiones de Cristina corren en paralelo con los intentos de Horacio Rodríguez Larreta, Facundo Manes y otros dirigentes opositores de abrir canales de negociación con gobernadores peronistas para sumarlos a un hipotético proyecto de cambio en 2023.

“La batalla no pasa solo por ganar. Si no hay liderazgo después de una eventual derrota puede ser una catástrofe para el peronismo”, afirma una fuente de diálogo habitual con la familia Kirchner.

Es curioso cómo se invirtieron los roles. En 2019, en la primavera de su éxito, Alberto Fernández recorría el país con la promesa de recostarse en los gobernadores y en la CGT. El mensaje implícito era que su presidencia permitiría sacarse de encima el liderazgo abrumador de los Kirchner a aquellos peronistas que vivieron a su sombra durante 15 años, sin capacidad ni audacia para construir una alternativa. Duró poco la ilusión. Hoy es Cristina la que ofrece a los mismos actores ayuda para liberarse de Alberto, cuya imagen positiva perforó el piso del 20%. Les promete “conducción”, algo que escasea en la visión de los principales caciques del Frente.

Una de las sortijas cristinistas -que no todos terminan de creer- es que habrá libertad de acción para participar de las PASO presidenciales. Algunos exhiben su “vocación de ser”, como Jorge Capitanich. Cristina alienta al propio De Pedro –aunque podría ser su hombre para Buenos Aires- y menea también a Kicillof. ¿Y ella misma? Siempre dice que no le interesa. Que no es lo mismo que descartarlo.

Fernández percibe los efectos del vacío que se construye a su alrededor. Pasó de las declaraciones desafiantes hacia Cristina en su gira por Europa a un ruego casi diario por la unidad “aunque pensemos distinto”, como dijo en los actos del 25 de Mayo.

Fue una mala semana para tentar a los que se alejaron de él. El impacto del fallo que lo desliga a cambio de dinero de la causa judicial por violar la cuarentena en 2020 revivió en el debate público la imagen más incómoda de su mandato y que devaluó hasta el extremo la credibilidad de su palabra.

En línea con el tono aparentemente conciliador, Fernández despidió con elogios y agradecimientos a Roberto Feletti, el secretario de Comercio Interior que renunció por desacuerdos con las políticas para controlar los precios.

Esa salida la digitó Cristina después del anuncio de que Feletti pasaba a reportar al ministro de Economía, Martín Guzmán. Por primera vez, salió un kirchnerista del Gobierno y lo reemplazó un albertista (Guillermo Hang, leal a Guzmán). La vicepresidenta dejó hacer. Es parte de una estrategia de no quedar pegada a los malos números de la economía. “Estaba harta que la señalaran ante cada índice de inflación por ser la jefa política de Feletti”, traducen en su cercanía.

Su decisión no es vaciar el Gobierno, sino mostrar a las claras su desacuerdo con el rumbo económico, a su juicio demasiado blando con “el poder real” e inclinado hacia un ajuste que afecta ante todo a su base electoral. No tiene intención de dejar puestos claves en términos de construcción política, como la Anses y el PAMI, en manos de camporistas. Y seguirá impulsando desde el Congreso medidas distributivas, aun cuando no siempre pueda imponerlas. La cuestión es marcar diferencias.

El Presidente ata su suerte al éxito que pueda tener Guzmán con la inflación, en un contexto dificilísimo por la guerra en Ucrania, la apremiante demanda social y los requerimientos del acuerdo que firmó con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Cuando habla con los gobernadores les insiste con el mensaje alentador. La inflación va a bajar, van a llegar inversiones a partir de que se cumplan las metas macroeconómicas y el crecimiento de la actividad acabará por sentirse en la calle. “No podemos desaprovechar esta oportunidad”, es el eslogan que repite hasta el hartazgo. Su versión particular del “segundo semestre” de Mauricio Macri, que terminó en caricatura de un fracaso económico.

El oficialismo desborda escepticismo y cautela. Quien tiene algo de poder que cuidar dosifica su cercanía con Fernández, escucha amablemente los cantos de sirena del cristinismo y elabora estrategias pragmáticas para defender lo suyo en 2023. Muy a tono con el peronismo del siglo XXI, donde el instinto de supervivencia está más desarrollado que la ambición de liderazgo.

Tiene lógica. Cuesta elegir cuando el tironeo es entre un Presidente con pobres resultados de gestión y una vicepresidenta que alardea de su poder pero es incapaz de torcer el destino del gobierno que inventó para superar unas elecciones que ella sola no podía ganar.

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El domingo pasado hubo unas elecciones sumamente interesantes en Colombia que no solo hablan de la situación particular de ese país sino también de la Argentina y del resto de las naciones de América Latina.

Colombia ha sido un lugar extraordinariamente polarizado entre izquierda y derecha durante todos estos años. Ayer, se presentaron a elecciones el candidato de la izquierda Gustavo Petro, un exguerrillero filochavista que ya había participado de los comicios anteriores y que no había logrado ganar, quien además genera un gran rechazo en buena parte de la sociedad colombiana, sobre todo en los sectores medios; y el candidato oficialista, Federico Gutiérrez. Este último aparece en medio de un gobierno frágil, accidentado, que tuvo un episodio crítico durante su gestión como fue el aumento de tarifas y un ajuste fiscal que provocó una especie de estallido, no de las dimensiones del que sucedió en Chile, pero sí muy conmocionante. El Gobierno colombiano del presidente Iván Duque es parecido al de Alberto Fernández, en el sentido de que hay un poder detrás del trono: Álvaro Uribe, que maneja los hilos desde el senado.

Estos eran los dos candidatos destinados a polarizar, a dividir a la sociedad colombiana. Pero no fue lo que pasó. El electorado tuvo otras ideas. Salió primero Petro, el candidato de la izquierda, quien sacó el 40,3% de los votos. No llegó al 50% más uno necesario para ganar la presidencia, en un régimen de segunda vuelta. Para sorpresa de todos, el segundo no fue el candidato del gobierno sino otro muchísimo menos conocido que abre ahora como una gran incógnita. Se llama Rodolfo Hernández, tiene 77 años, es un empresario que fue alcalde de la localidad de Bucaramanga y que aparece como el candidato favorito para ganar las elecciones que se van a celebrar en junio. Él sacó solamente el 28,2% de los votos, pero se calcula que gran parte de los votantes del candidato oficialista, que son un 24% de los sufragios, van a ir a votarlo a él para impedir que llegue Petro a la presidencia.

Hernández, este candidato desconocido, imprevisto, consigue el segundo lugar de la elección y el 55% de los colombianos hoy piensa que él va a ser el próximo presidente. Llega con un discurso totalmente antipolítico, algo parecido a lo que pasa acá con Milei o a lo que pasaba en España con la ultraizquierda de Podemos. Ambos han utilizado la misma palabra para referirse a la política -al resto de los políticos- como “casta”, como un grupo que privilegia sus propios intereses antes que la representación de la sociedad. Esta es la bandera de Hernández, que podríamos decir es populista -lo llaman el Trump colombiano- y levanta consignas contradictorias. Habla de proteccionismo, pretende ir en contra de los combustibles fósiles -en gran medida, Colombia vive del petróleo- y promete bajar los impuestos, en un país con problemas fiscales como los que tienen la mayoría de las naciones de América Latina. A veces parece liberal, otras veces antiliberal. Lo que une al electorado detrás de él es que denuncia al poder y, sobre todo, la corrupción del poder.

¿Por qué esto es interesante? Porque arriba al poder alguien bastante desconocido que, además, va a carecer de poder parlamentario. Algo similar a lo que pasó en Chile con Boric, quien llegó a la presidencia después de haber salido segundo con muy poco peso legislativo y ahora tiene enormes problemas de gobernabilidad. Acá también se plantea desde posiciones radicales de izquierda una impugnación del resto de la política al cabo de un levantamiento social como el que ocurrió en Chile antes de la pandemia. Estamos hablando de fenómenos parecidos.

¿Algo de esto habla de nosotros? Preocupantemente, hay que decir que sí. Que, en la Argentina, lo que se verificó y lo que están comprobando la mayoría de las encuestas desde las últimas elecciones, es un achicamiento del centro, una desconfianza en los partidos tradicionales, en los dos bloques en los cuales se dividió la política argentina durante los últimos 15 años. Crecen opciones radicalizadas y crece el número de gente que le quita el cuerpo al sistema, que dice “no quiero saber nada con ninguno”. Eso quedó evidenciado en el alto porcentaje de abstención y voto en blanco de las legislativas del año pasado.

Esto es crucial y explica muchísimo de lo que pasa, sobre todo, en la escena oficial. El Frente de Todos -esta es la obsesión de Cristina Kirchner cuando lo mira a Alberto Fernández- perdió entre el 2019 y el 2021 el 40% de los votos. Eso se fue a la abstención, a la ultraizquierda, al voto en blanco. También Juntos por el Cambio resignó algo así como el 10% de los votos, a pesar de haber ganado. Se contrajo la moderación, que hace juego con una gran desconfianza y un gran rechazo a la política en general. Se expanden entonces las opciones que hablan en contra del sistema y eso genera muchísima inquietud en los dos bloques dominantes. Por eso, estamos viendo mucha interna en el Frente de Todos, porque se ven amenazados. Mucha interna también en Juntos por el Cambio.

Ocurrió algo muy interesante el viernes tiene que ver con una rareza en la cultura política actual. Algo que corresponde a otras pautas de comportamiento de los políticos, mucho más tradicionales, y estoy hablando de que el radicalismo se reunió para celebrar una convención con un ritual institucional que viene repitiendo desde el siglo XIX. La convención radical que se realizó en La Plata, para muchos que la miraron fue una especie de lección. ¿Qué enseñó? Cómo un grupo de dirigentes muy diversos, con enfrentamientos ideológicos, sectoriales, históricos, personales por egocentrismos -la política está hecha de egocentrismo también- pudieron regular sus diferencias a través de mecanismos institucionales. Esto, que era lo tradicional, se vuelve novedoso. Esto que, durante otra época en Occidente, fue lo habitual, ahora parece raro.

Hay algunas novedades en esa convención que tienen que ver con la escena actual, que hay que mirar para entender qué es lo que está pasando en la oposición, pero me interesa destacar este logro de que gente que piensa distinto llegó a un texto en común.

¿Qué mensajes políticos concretos llegan desde ahí? Primero, al contrario de lo que muchos querían dentro del radicalismo, ratificaron la pertenencia a Juntos por el Cambio. Bastante lógico, nadie se va de una agrupación que, perdiendo, sacó el 41% de los votos, como pasó en las últimas elecciones del 2019. Dijeron que habría que ampliar Juntos por el Cambio, probablemente estén pensando en peronistas. Eso nos podría hacer sospechar que el clima mental, ideológico, de los radicales está más cercano a gente como Larreta que a Macri, más propenso a preservar la identidad y no mezclarse con peronistas.

Una novedad importante, que habla de la trayectoria del radicalismo en los últimos años, es que anunciaron que van a tener un candidato a presidente que va a competir con postulantes de otras fuerzas dentro de Juntos por el Cambio. Es un dato importante que habrá que ver si lo pueden mantener en el tiempo, porque para decir eso hay que tener un candidato competitivo. En principio, esta postulación va a incomodar a cualquiera que quiera hacer negociaciones con el PRO para ir como vice de algún candidato del PRO. Daría la impresión, por toda la liturgia que se celebró en La Plata, que el candidato a presidente más visible hoy es Facundo Manes.

El hermano de Manes, Gastón, que es un dirigente recién llegado a la primera fila del radicalismo -por más que esté afiliado hace muchísimos años- fue el presidente de esta convención. No le dan ese lugar al azar. Facundo Manes, que no ocupa ningún lugar orgánicamente visible dentro del radicalismo, fue llamado a decir un discurso por Gerardo Morales, que también probablemente compita con él como candidato a presidente. Son gestos que nos van prefigurando cuál es el juego de poder dentro del radicalismo. Allí la mayoría de los radicales apuesta a Manes, ve en él al que sacó, perdiendo, el 40% de los votos de la interna en la provincia de Buenos Aires el año pasado, frente a Diego Santilli. Estamos hablando de una política que, como siempre, tiene su centro de gravedad en la provincia de Buenos Aires.

La pregunta es: lanzan un candidato a presidente, no le ponen nombre, pero dicen que van a tener uno. ¿Hay una imposibilidad absoluta de llegar a un acuerdo entre el radicalismo, el PRO y la Coalición Cívica? La impresión inicial es que no, porque más allá de esta novedad de postular un candidato de manera tan temprana, el radicalismo es un partido de dirigentes que son diputados, senadores, concejales, intendentes, gobernadores, que pueden -como ha sucedido- prescindir de un candidato a presidente. Casi que es al revés que el PRO, que es un partido de candidatos a presidente que carecen de ese andamiaje institucional detrás de esos candidatos. Por lo tanto, puede haber un momento en el que esos candidatos a renovar sus bancas, gobernaciones, etc., entiendan que es mejor un acuerdo con el PRO que ir a desafiar a un candidato competitivo del PRO. Estas son incógnitas que quedan planteadas. La historia está abierta.

Siempre, la gran incógnita para un movimiento no peronista, pero sobre todo para el radicalismo, es cuál va a ser el candidato en la provincia de Buenos Aires, en las tierras del peronismo y más específicamente en las tierras de Cristina. Ese problema no está resuelto en el radicalismo, menos resuelto todavía en el PRO. Los radicales han tenido siempre en la provincia de Buenos Aires una gran pereza, una gran desaprensión para pensar un proyecto de poder en ese territorio. Alguien puede ser un gran dirigente bonaerense de la UCR y jamás ser candidato a gobernador. ¿Seguirá siendo así? Es otro gran signo de interrogación.

Gastón Manes hizo un discurso muy interesante en esa convención. También hablaron los presidentes de los bloques, Mario Negri y el presidente del partido, Morales. Hay un tema central que unió todas esas presentaciones y es algo que recorre hoy el discurso de buena parte de la dirigencia argentina, pero sobre todo de la dirigencia opositora. Esto es lo que nos vincula con Colombia. Acá hay un agotamiento y es el agotamiento de un modelo. Probablemente, si uno recurre a la historia, es el agotamiento de un modelo productivo que colapsó en algún momento de la década del 70. Algunos ven ese momento en el Rodrigazo. No nos volvimos a encontrar con un modelo viable. Desde mediados de los 70 hasta ahora, la Argentina no volvió a encontrar un esquema productivo que le de bienestar a su sociedad. Aquel modelo, mercadointernista, estadocéntrico, cerrado, se agotó en aquel momento y no volvimos a encontrarnos con uno alternativo. Hay algo muy importante para entender este Gobierno. Para el kirchnerismo, ilusoriamente, ese problema pareció haberse resuelto entre el 2003 y el 2009/2010, con una ola de bonanza. Como si hubiéramos encontrado la llave perdida. Pero esa experiencia, liderada sobre todo por Néstor Kirchner, fue ocasional, ligada al gran ajuste posterior a la convertibilidad, que fue la gran herencia que tuvo Kirchner -gobernar después de una crisis- y ligada a precios internacionales que empezaron a subir milagrosamente, prodigiosamente, en el momento en que él llegaba al poder.

Daría la impresión de que hay una parte del kirchnerismo, eminentemente Cristina Kirchner, que piensa que eso fue el descubrimiento de otro paradigma y no un momento de bonanza que se agotó al poco tiempo. Sobre esa oportunidad, no se pudieron constituir las bases de una nueva economía. Ahora, nos encontramos en el final de esa experiencia mercadointernista de tan larga duración.

Si uno quiere recurrir a una fórmula, podríamos citar la que utiliza en un ensayo famoso el gran historiador Tulio Halperín Donghi cuando titula su libro, como La larga agonía de la Argentina peronista. El estado de bienestar pensado por Perón sobre la base de empresas públicas, una economía cerrada, mercado interno y el Estado repartiendo el juego dentro de la comunidad organizada. Esto se agotó porque estalló el Estado.

¿Cuándo escribe Halperín ese libro? Durante la hiperinflación. Halperín pensó: “Acá está el final”. Después vino el kirchnerismo como una especie de espejismo que no logró reconstruir el mismo modelo y nos encontramos de nuevo con el final. Es un final al que no nos atrevemos a mirarle la cara y que plantea la necesidad de una gran reconversión. Esto es lo que campeaba en los discursos de los radicales. La idea de un final de un ciclo largo. La idea de que no va a haber éxito de ahora en adelante para ningún protagonista de la política si no realiza reformas. Si uno mira el peronismo apareció un artículo de Diego Bossio en la revista Panamá -él integra una facción no kirchnerista- donde se plantea algo parecido. Hay que pensar todo de nuevo.

Es un fenómeno muy propio de los momentos de alta inflación, donde la gente comienza a desconfiar primero del gasto público, después del Estado y finalmente de los políticos. Hay un aire de familia entre lo que está pasando ahora con el ascenso de Milei y el ascenso de Alsogaray con la UCeDé a finales de los años 80. ¿Ganó Alsogaray? No. ¿Va a ganar Milei? No sabemos. Pero lo que logró Alsogaray es que los radicales tengan que tomar nota de ese mensaje y de esa demanda social y fueran con un candidato a presidente, que era Eduardo Angeloz, que hablaba del lápiz rojo y de hacer un ajuste fiscal. Y que llevaba a López Murphy como eventual ministro de Economía. Logró también -no es un logro de Alsogaray, es un logro de la demanda social que se expresaba en el voto a Alsogaray- que el peronismo, encarnado en Menem en este momento, realizará la reforma capitalista más importante de la historia argentina.

Son fenómenos probablemente marginales pero que fuerzan a los demás a ir en una dirección. Pero cuidado con esto. Obviamente, en el radicalismo, hay un giro, un matiz que no existía antes y que es procapitalista. Uno empieza a ver entre los radicales una reivindicación de una figura extraordinaria pero que ellos han ocultado que es Marcelo Torcuato de Alvear. Un liberal progresista. En algunos aspectos un liberal de izquierda. Engañoso por el apellido, por la condición social.

Estos discursos suponen que vamos hacia un momento de grandes reformas capitalistas. Probablemente es hacia a donde estamos yendo y hacia donde debemos ir. Pero hay que tener cuidado con un malentendido. Se publicó una encuesta hecha por un economista conocido por todos, ex presidente del Banco Central, Guido Sandleris, con su consultora Mind Your Economics, en colaboración con una gran experta en opinión pública, Mora Jozami. Juntos, realizaron un estudio que tiene algunos meses, pero que, al ser cualitativo, seguro tiene vigencia, si es que no se agravaron aún más.

Una de las preguntas es: “¿Cuál cree que es la mejor manera de solucionar el déficit fiscal en el país?”. Todo esto, partiendo de la base de que la mayor parte de la sociedad argentina cree que hay un problema con el déficit fiscal y que debe ser achicado. El 61% de los encuestados dice “bajando el gasto público”. Un 23% cree que hay que utilizar otro método para reducir el déficit fiscal. Otro 14% no sabe cómo hacerlo. Y solo el 1% dice que puede solucionarse aumentando impuestos. A esa gran mayoría que pide bajar el gasto público se les hace otra pregunta: “¿Hay que reducir los subsidios a la luz, el gas y el agua?”. El 41% dice que sí, pero 43% dice que no. Gana el no. Quieren reducir el gasto público, pero no quieren tocar los subsidios. El 17% dice que no sabe, duda. “¿Habría que reducir planes sociales?”, es otro de las interrogantes planteadas. El 47% dice que no, casi la mitad. El 32% solamente dice que sí. Y 20% dice que no sabe. “¿Hay que reducir empleos o salarios públicos?”, plantean luego. El 68% dice que no; 20% que sí; 12% no sabe. Por último, interrogan: “¿Habría que bajar las jubilaciones?”. El 95% dice que no. Solo el 2% dice que sí y el 3% no sabe.

¿Qué estamos diciendo? Que hay evidentemente una especie de esquizofrenia por la cual sentimos que el Estado nos agobia, pero cuando miramos los ajustes que hay que hacer para liberarnos de ese agobio, aparece una tarea política de primera magnitud. ¿Cuál es? Modificar estos consensos. Estamos ante una clase política llamada a un enorme desafío, que es explicar, explicar y explicar. ¿Desde dónde? Desde un lugar de autoridad política que implica autoridad moral. ¿Con qué autoridad un dirigente político, si es percibido como miembro privilegiado de una casta, me va a pedir que acepte estos ajustes?

Este es el problema en el que están las sociedades de Occidente y este es el problema en el que está la sociedad argentina y el Gobierno. ¿Por qué? Miremos un segundo tramo del estudio. Se presenta el siguiente interrogante: “¿Está de acuerdo con que el déficit fiscal es el principal problema de la economía del país?”. Esto no sé si Cristina lo conoce. Pero si no lo conoce es como si lo conociera. Entre los que tienen imagen positiva de Alberto Fernández, solo el 27% dice que el problema es el déficit fiscal. ¿Hay que bajar el déficit fiscal? Inevitablemente. Porque eso no se puede financiar con emisión, porque resulta en una inflación galopante y un deterioro del salario imposible de sostener políticamente. Pero cuidado: a los que les gusta Alberto les parece que no hay que hacerlo. Entonces Cristina Kirchner, que no es economista, es política, le dice, tácitamente, a Alberto: “Cuidado”. Los votos que se están perdiendo son los nuestros. Aquellos que tienen una imagen negativa de Alberto Fernández -que pueden tener una imagen positiva de Mauricio Macri- en un 63% dicen: “Sí, ese es el diagnóstico. Hay que bajar el déficit fiscal. El problema es el déficit”. Quiere decir que el 51% total que dice que hay que bajar el déficit, o ese 61% que está en el otro cuadro del estudio, no está repartido homogéneamente desde el punto de vista de las organizaciones políticas. Y por eso aparece el debate actual, la ruptura dentro del Frente de Todos.

Aparece alrededor de un tema que tiene que ver con casi la única palanca efectiva que tiene el Gobierno para reducir el déficit fiscal. Es también el mayor compromiso que asumió Guzmán con el Fondo Monetario Internacional: la reducción de subsidios a la energía. Significa empezar a pagar de a poco la energía lo que realmente vale. Es una noticia complicadísima. Que lo diga sino Iván Duque y los uribistas colombianos que acaban de salir terceros probablemente por esa decisión.

¿Qué estoy planteando? Hay que hacer cosas que son muy difíciles de hacer, pero hay que hacerlas. Pero estamos ante un problema. Hay algo curioso. Una tercera parte del mismo estudio muestra la posición de los encuestados sobre los impuestos. ¿Ganancias? Nadie quiere aumentar Ganancias. ¿Ingresos Brutos? Nadie quiere aumentarlos. ¿IVA? Tampoco. Menos. Entonces, no quieren bajar el gasto, no quieren recortar el gasto, no quieren aumentar los impuestos, pero si quieren que se reduzca el déficit fiscal. Estamos en un momento de bastante irracionalidad.

¿Qué pregunta me estoy haciendo en el fondo? No me estoy preguntando por Alberto Fernández tanto como por el próximo presidente, que va a tener que encontrarse con esta encrucijada. Vuelvo entonces al discurso de los radicales. Está fantástico. Se aproxima mucho a la realidad. Pero todavía no está dicho con toda claridad cuáles son los sacrificios que va a haber que hacer. Fernando Henrique Cardoso que, como ministro de Economía de Itamar Franco, revolucionó Brasil, -generó un plan que todavía sigue vigente en 1994- decía: “Gobernar es explicar”. Bueno, acá falta mucha explicación todavía.

Y eso toca centralmente el problema del aumento de tarifas que está procesando el Gobierno. Otra curiosidad. Se aumentaron las tarifas de muchas distribuidoras de energía eléctrica y de gas entre febrero y marzo en un 20%. ¿Usted se enteró? Le debe haber llegado en la boleta. Pero pasó casi inadvertido. Y es un aumento que se produjo para darle algo de oxígeno a las distribuidoras que, de otra manera, no podrían haber seguido operando. Y, entre otras cosas, para que algunas paguen algo de la energía que compran porque, con la excusa de que no les aumentan las tarifas, tampoco le pagan a CAMMESA la energía que consumen o que venden.

Ahora viene el otro aumento: 20% de aumento de tarifas. ¿Por qué? Porque ahora sí hay una reducción en el subsidio del gas y la electricidad que las productoras le dan a las distribuidoras. Entonces, esa reducción del subsidio se traslada al usuario. Dos curiosidades más. La primera: por miedo a que la gente de La Cámpora y de Cristina Kirchner se oponga a esta medida, el ministro de Economía Martín Guzmán -con autorización del Presidente- para evitar que lo desobedezcan, firmó una resolución con el secretario de Energía que no pasó por audiencias públicas. Puede ser intrascendente desde el punto de vista práctico, pero eso es un tema legal importante que puede llevar a la judicialización del aumento de tarifas. Porque estos aumentos de cuadros tarifarios deberían pasar por audiencias públicas como la Corte le exigió al Gobierno de Macri. Habrá que ver si se lo exige también a este Gobierno o si alguien recurre a la Justicia y el caso termina en la Corte. La segunda novedad es que, no solamente se ha hecho desde un punto de vista procesal controvertido, sino que además no hubo segmentación. Es un gran fracaso de Guzmán, que se había envuelto en la bandera de que el aumento de tarifas se justificaba en que los ricos, la clase media alta, se benefician con un subsidio o con una energía muy barata que debería poder pagar. Por lo tanto, lo que hay que hacer es reponer la equidad social y segmentar según la condición de cada contribuyente. La gente de Cristina Kirchner le advirtió al Gobierno que esa segmentación era muy difícil de hacer. Cuando Guzmán y el secretario de Energía, Martínez, quisieron hacerla, recurrieron a una segmentación hecha por Julio De Vido en 2012. Aquella sociedad y esta sociedad son muy distintas.

El problema energético sigue siendo un problema importante para el Gobierno. Hoy renunció Antonio Pronsato. Era el funcionario que pusieron al frente de la realización del proyecto que es la nave insignia de esta política energética. El gasoducto Néstor Kirchner hoy, esta noche, no tiene quién lo haga.

Todo esto se suma a otras decisiones. Desde la ANSES se pagó -muy probablemente con toda la sensibilidad social que corresponde- un bono de 18.000 pesos para 9 millones de personas, trabajadores informales y monotributistas sociales. Se pagó 12.000 pesos para las jubilaciones más atrasadas. Máximo Kirchner le avisó a través de Massa al Presidente: “Voy a proponer un aumento del Salario Mínimo, Vital y Móvil desde el Congreso” y Alberto Fernández dice “sí”. Sergio Massa, que lo tiene en la mira a Guzmán desde la negociación con los bonistas privados, anuncia desde el Congreso -también se lo advierte a Fernández-: “Voy a modificar el mínimo no imponible de Ganancias”. Con toda lógica, porque piensa Massa: “La gente recupera algo del salario en las paritarias y, al subirle el sueldo, entran en los que son susceptibles de que el Impuesto a las Ganancias les saque aquello que le aumentaron”. Guzmán no sabía nada. ¿Qué hace el Presidente? Le da la razón a Massa y no a Guzmán.

¿Qué empiezan a ver los demás ministros? Que el Presidente sostiene más las posiciones de Massa y La Cámpora que las de su propio ministro de Economía. Por lo tanto, ellos también quieren canalizar su sensibilidad social y gastan. Algunos, los de la provincia de Buenos Aires, empiezan a temer por su futuro electoral y van a hablar con Cristina, que es la líder política bonaerense en el peronismo. Juan Zabaleta, ministro de Acción Social, estuvo con Cristina. Y hubo una reunión hace 10 días de Zabaleta, Gabriel Katopodis, el ministro de Obras Públicas, con Máximo Kirchner, Martín Insaurralde y Andrés “El Cuervo” Larroque, para hablar del futuro político de todos. Empieza a haber una aproximación de gente de Alberto Fernández con el kirchnerismo duro. Ayer, sin ir más lejos, Jorge Ferraresi -que venía con tensiones con La Cámpora- hizo un acuerdo con la misma Cámpora en Avellaneda para celebrar un acto.

El resto de la gente de Alberto Fernández está mirando si él mismo se enamora de su propio Gobierno y de su propio plan. Y no se enamora. Entonces, el problema lo tiene Guzmán porque el acuerdo con el Fondo comienza a ser un hazmerreír. Un proyecto que le había dado una lógica al Gobierno de Fernández, pero un proyecto que el Presidente no milita, al que no le pone mística. Y eso está generando más dispersión dentro de los leales a Alberto. Si uno lo hipnotizara a Guzmán, diría: “Mi problema no es Cristina. Es mi jefe, que no me respalda”.

Estas contradicciones se trasladan a otros campos. Ya hubo entredichos con las retenciones. El Presidente en vez de decir “Voy a bajar las retenciones para permitir exportar más”, dice “las voy aumentar”, sabiendo que no puede porque el Congreso no se lo autoriza. El ministro de Agricultura, Julián Domínguez, lo desmiente. Él admite la desmentida, pero después lo vuelve a decir. Mientras tanto, ¿Qué pasa con el sector exportador? Se conoció en las últimas horas la foto de un camión volcado con granos. Esto pasó en la ruta 12 del Litoral, en la Mesopotamia, en Corrientes.

La trompa del vehículo apunta hacia Paraguay. ¿Qué es? Contrabando. ¿Se justifica? No, es un delito. Pero hay un enorme estímulo en las retenciones para este contrabando, porque el que produce este grano compite con el que lo produce en Estados Unidos o Brasil, con una retención cargada como una mochila en su espalda. Es una apropiación no sobre su ganancia, sino sobre sus ingresos. Aunque le suban los costos, le siguen sacando una parte y pagando un precio distinto al que cobran sus competidores. Esta irracionalidad es la que Alberto Fernández quiere profundizar, no retirar.

Con la misma contradicción, vamos a la política internacional. En estas horas, estamos protagonizando un nuevo papelón. Viajó el canciller, Santiago Cafiero, a México. En coincidencia, en los medios oficiosos -pero, sobre todo, en Télam- se publica que habría una contracumbre encabezada por Alberto Fernández y por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, -que es una especie de guía- en oposición a la Cumbre de las Américas que organiza Biden y a la que está invitado Fernández en Los Ángeles, California, Estados Unidos. ¿Por qué esa contracumbre? Sería una reunión de los presidentes de la CELAC que Alberto Fernández, como presidente de esa organización, convocaría en repudio a que en la cumbre de Biden están excluidos los dictadores de Nicaragua, Cuba y Venezuela. Le llega la noticia a López Obrador, que no va a ir a la cumbre de Biden. Pero quiere aclararle al presidente de Estados Unidos que tampoco va a ir a la de Fernández.

Lo que está diciendo López Obrador es: “No me mezclen con una anticumbre, con una contracumbre en la que no quiero participar para no ofender a Biden. Lo que dijimos es que Alberto Fernández, como presidente de la CELAC, haga el planteo en la cumbre de Biden de que, en este caso, no están invitados Venezuela, Cuba y Nicaragua”. Hay que aclarar que, en la Cumbre de las Américas, el que organiza decide quiénes son sus invitados.

El disparate es que ahora el Gobierno argentino deje trascender que en realidad no era una contracumbre, era solo una comida, puesta en un horario que no moleste la agenda de Biden. Una comida de la CELAC a la que iban a ir Venezuela, Cuba y Nicaragua. ¿Uno imagina que van a ir a California los presidentes de esos tres países? Maduro puede quedar preso si pisa Estados Unidos. Es en Los Ángeles, no en La Habana.

Quiere decir que, de punta a punta, es un enorme disparate, pensado por un Presidente que, como en el caso de las retenciones, va y viene. Pero en un tema tan importante como es su instalación en el mundo, un mundo con el que tiene que llevarse bien porque tiene un acuerdo con el Fondo que no está cumpliendo y porque va a ir a pedirle al Tesoro de los Estados Unidos a que le de algún perdón por esto.

Estamos ante un problema: un presidente Fernández que no entiende no los intereses de Cristina o de la oposición, sino los propios. Hay que decir que, frente a todo este panorama, lo que trasciende de la oficina de Cristina Kirchner es que es un desatino ir a hacer una contracumbre populista al lado de la cumbre de Biden en Estados Unidos. Esto no lo dice Macri, lo dice, entre sus amigos, la vicepresidenta. Una forma de explicar que su conflicto con el Presidente no es ideológico. Es político.