POLITICA
La mutación del orden internacional

La irrupción de Donald Trump en Venezuela para capturar al dictador Nicolás Maduro y llevarlo a declarar a los tribunales de Nueva York como sospechoso de narcoterrorismo ha puesto al mundo ante la evidencia de que el orden internacional basado en reglas, tal como se lo construyó a partir de la Segunda Guerra Mundial, está amenazado por el naufragio. Esa mutación está determinada por otra, más específica: bajo el liderazgo de Donald Trump está cambiando el modo en que los Estados Unidos entienden su rol dentro de ese mundo.
La diplomacia misional, encaminada a alcanzar una paz global sostenida en compromisos multilaterales, casi siempre facilitados por afinidades ideológicas, está siendo sustituida por otra, cuyo objetivo es la defensa intransigente del propio interés nacional.
Este giro comenzó por la política comercial, con la imposición unilateral de aranceles, y continúa con la intervención militar sobre territorios soberanos, con la justificación de la seguridad de los Estados Unidos.
En los dos campos el método es siempre transaccional. La novedad está encendiendo alarmas cada vez más intensas. Primero, en América Latina, por la intervención sobre Venezuela. Pero en las últimas horas comienza a crecer el temor en Europa: el foco de atención está en Groenlandia, a la que la administración norteamericana quiere ver anexada a su territorio. Groenlandia es una colonia danesa, con gran nivel de autonomía. Dinamarca, que es la encargada de la Defensa y las Relaciones Exteriores de ese territorio, convive con los Estados Unidos en la OTAN. A la incertidumbre se suma la complejidad.
La operación de Trump en Venezuela desconcierta, sobre todo, a sus aliados. La inusual extradición del tirano Maduro no es tan novedosa. Como recordó Bernardo Saravia Frías en su último newsletter, esas acciones se justifican en una opinión técnica que emitió el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en 1989, con motivo de la captura del dictador panameño Manuel Noriega.
El dictamen privilegia la normativa penal norteamericana por sobre la regulación internacional. Se lo conoce como “Doctrina Ker-Frisbie”. Saravia consigna también que la Corte Suprema ratificó ese criterio, aun cuando el acusado hubiera llegado desde el exterior bajo secuestro. La participación de fuerzas estadounidenses fuera del país obedece a otras reglas. Por ejemplo, según su duración depende de una autorización del Congreso.
El encuadre penal de la intervención de los Estados Unidos para capturar a un narcoterrorista está siendo sometido a ajustes en las últimas horas. El Departamento de Justicia acaba de desestimar la presunta influencia de Maduro en el Cartel de los Soles, integrado por altos mandos del Ejército. Hasta la existencia misma de ese cartel empieza a ser dudosa. ¿Hubo información equivocada en un principio? ¿O hay que disolver el Cartel de los Soles, al menos en los papeles, para que se vuelva tolerable la continuidad del actual comando del Ejército en Venezuela? Cuando la ley debe ajustarse a la política, sucede lo que enseño el pragmático cardenal Angelo Sodano, “el derecho debe comportarse como un acordeón”.
La intervención venezolana tampoco representa una innovación desde el punto de vista valorativo. Una corriente tradicional, que entiende que el orden internacional debe basarse en un sistema de principios, considera que el principio de no intervención existe para garantizar la autodeterminación de los pueblos. Quiere decir que, si esa autodeterminación no está vigente, como en el caso de una dictadura opresora que ignora hasta el resultado de los comicios, el principio de no intervención pierde su razón de ser. Como sostiene Julio María Sanguinetti en estas horas, “el principio de no intervención no puede funcionar como una coraza para los tiranos”.
Esta es la razón por la cual el rasgo más inesperado de la captura de Maduro fue el tratamiento que Trump dio a la oposición venezolana, que ganó las últimas elecciones con la candidatura de Edmundo González Urrutia. La Casa Blanca omitió la palabra democracia en la justificación del procedimiento.
Los Estados Unidos reconocieron al de Urrutia, que participó de los comicios por la proscripción de María Corina Machado, como el legítimo gobierno venezolano. Pero, una vez capturado Maduro, Trump consideró que ni Urrutia ni Machado estaban en condiciones de administrar el país. Quiere decir que en esta operación hubo dos soberanías ignoradas: la territorial, y también la popular, que se manifiesta a través del voto. Una lectura retrospectiva de todo el proceso obliga a preguntarse si la ayuda de Washington a Machado para que, escapándose, pudiera asistir a la entrega del Premio Nobel en Oslo no habría tenido como segunda intención alejarla de Venezuela cuando ocurriera la irrupción norteamericana. Tarea para los historiadores del futuro.
Una peculiaridad del cuadro venezolano es que los principales líderes de la oposición están en el exilio. No sólo Machado y González Urrutia. También Leopoldo López, que vive en Madrid.
Otra justificación sobre el menosprecio a la oposición que había ganado las elecciones es que esa fuerza no está en condiciones de enfrentar a un chavismo que sigue afirmado sobre el territorio de Venezuela con la fuerza de las armas. El de Caracas es un régimen militar, como volvió a quedar claro cuando, antes que la vicepresidenta Delcy Rodríguez, quien fijó una posición fue Vladimir Padrino López, el jefe de las Fuerzas Armadas. Padrino pidió por la liberación de Maduro. La idiosincrasia castrense a la que quedó reducido el movimiento creado por Hugo Chávez explica una de las principales declaraciones que ayer realizó el secretario de Estado Marco Rubio: “Debemos evitar que se desate el caos”.
La peripecia de Venezuela difiere mucho de la del panameño Noriega. Cuando él fue capturado en su país había un gobierno electo pero no reconocido, el de Guillermo Endara, quien se hizo cargo del poder de manera casi inmediata.
Más allá de las dificultades de un eventual reemplazo en la presidencia, que hoy ya está descartado, el reconocimiento del poder fáctico del chavismo por parte de Trump confirma que la democratización venezolana no es su intención principal. Como desarrolla José Francisco Bertrachini en un excelente artículo publicado en Razón Estratégica ( una de las condiciones de la estrategia de seguridad del actual gobierno de los Estados Unidos es garantizarse el control exclusivo del hemisferio. Es un cambio de prioridades importantísimo respecto del interés en áreas como Europa o Medio Oriente.
El nuevo mapa está pensado a la luz de la competencia china. Ese es el propósito principal de Trump en Venezuela, es decir, de Trump en un país que exporta petróleo a China y Cuba. Los extremos de esa intención parecen insólitos: ayer Rubio ratificó que los Estados Unidos se apropiarán de parte de ese petróleo venezolano para venderlo en el mercado internacional. La síntesis de toda esta concepción se encuentra en el posteo fijado por el Departamento de Estado en su cuenta de X: una imagen de Trump en blanco y negro con la leyenda “This is our hemisphere (Este es nuestro hemispherio)”
El desinterés por la situación institucional venezolana ha dado lugar a un experimento exótico. Trump amenazó con éxito a la vicepresidenta Rodríguez. Le advirtió que, si no cooperaba, la pasaría peor que Maduro. Es un personalismo caudillesco conocido. “Si Milei no gana las elecciones no seremos generosos con el país”, advirtió antes de firmar el cheque que salvaría al gobierno de su amigo argentino. A Brasil le aumentó los aranceles comerciales porque el Tribunal Supremo estaba por condenar a su amigo Jair Bolsonaro. Con Rodríguez, es cierto, fue más severo. Y Rodríguez, ya como presidenta encargada de Venezuela, entendió: de inmediato emitió un comunicado proponiendo una relación de cooperación con Washington. En el texto faltaba algo: ya no figuraba el reclamo por la liberación de Maduro que había pedido el general Padrino.
Delante de un grupo de legisladores de su partido, el presidente de los Estados Unidos ofreció explicaciones que no terminaron de despejar las incógnitas. Sobre todo una: con qué intensidad y con qué metodología está involucrado el gobierno norteamericano en la administración de Venezuela. Trump mencionó a los funcionarios que están a cargo: el secretario de Estado, Rubio; el secretario de Defensa, Pete Hegseth; el asesor en seguridad y migración, Stephen Miller; y el vicepresidente JD Vance.
La subordinación de Delcy Rodríguez a ese comando vendría a reemplazar a la que su equipo mantiene con agentes chinos, rusos e iraníes. El secretario Rubio advirtió que la presidenta encargada debe despedir a esos oficiales extranjeros.
Esa desconexión de los países que han sostenido al régimen de Caracas durante todos estos años sería una de las condiciones de la transición venezolana. Va a ser interesante conocer la reacción de esos aliados. Hasta ahora, más allá de las formalidades, Xi Jinpiing, Vladimir Putin y Masoud Pezeshkián se vienen lavando las manos frente a la suerte del chavismo. En el caso de Putin, hasta sugirió una mediación. Ayer se agregó un episodio que puede alterar esta convivencia plagada de tensiones: la Guardia Costera de los Estados Unidos terminó abordando un petrolero de bandera rusa que había eludido el bloqueo dispuesto en el Caribe para el tráfico de crudo venezolano.
Hay otro aspecto del proceso venezolano que es un misterio: qué sucederá con los miles de presos políticos que permanecen cautivos en las cárceles del régimen. Durante el encuentro con legisladores republicanos, Trump dijo que las autoridades de Caracas cerrarán el Helicoide, cárcel de seguridad a la que calificó como “un centro de torturas”. De nuevo: el supuesto de que el avance de los Estados Unidos sobre Venezuela está inspirado en la restauración de los Derechos Humanos está escondido en una bruma de imprecisiones.
Las lagunas explicativas dejan en falsa escuadra a los aliados de Trump, que deben reorientar su discurso a medida que la operación sobre Venezuela delimita sus contornos. En el mismo trance están los amigos del régimen, sobre todo desde que Delcy Rodríguez manifestó su voluntad de cooperar, olvidándose de pedir por la liberación de Maduro.
En el primer grupo están Javier Milei y su equipo diplomático. El canciller, Pablo Quirno, emitió un primer comunicado celebrando la avanzada de los Estados Unidos y dando por segura la asunción de González Urrutia. Con el paso de los días esta última novedad fue suprimida de los textos. Sin ir más lejos, en el informe que ofreció el gobierno de los Estados Unidos de la conversación que mantuvieron ayer Quirno y Rubio se agradece el compromiso de la Argentina con la lucha contra el narcoterrorismo y los esfuerzos por convertir a América en un continente más seguro.
Sin embargo, lo más significativo del apoyo de Milei a Trump fue que está asociado desde el minuto cero con una descalificación de la conducta del presidente brasileño, Lula da Silva. El primer posteo de Milei apoyando la captura de Maduro terminó con una imagen del tirano venezolano junto a Lula.
Esa rivalidad se mantuvo, más disimulada, en los informes sobre las discusiones de la CELAC. El domingo pasado se realizó una reunión de cancilleres de la CELAC por videoconferencia, convocada por el gobierno de Colombia, que ejerce la presidencia pro tempore de esa organización.
Desde varias cuentas particulares de X se informó que la Argentina había liderado un bloque de 10 países que se opuso a la emisión de un comunicado condenatorio de la incursión de los Estados Unidos en Venezuela. El canciller Quirno reposteó varias de ellas. Todo es parte de un enredo. La Argentina, Paraguay, Perú, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Panamá, República Dominicana y Trinidad y Tobago presentaron una carta ante la dirección de la CELAC advirtiendo que no suscribirían condena alguna. Era difícil que esa condena alcanzara a formularse porque la CELAC sólo se pronuncia por consenso. Es decir, un comunicado hubiera requerido la unanimidad de todos los Estados miembros. Quiere decir que ese bloque de 10 países previno algo que no ocurriría. De hecho, no se conoce el texto “rechazado”.
Lo que sí ocurrió fue que México, Colombia, Brasil, Uruguay, Chile y España suscribieron una declaración condenando que los Estados Unidos hubieran violado las reglas internacionales en su intervención. El colombiano Gustavo Petro presentó ese documento como la expresión de la mayoría de la población de América Latina. Una trampa retórica: el pronunciamiento correspondió a los países con mayor población. Pero no a la mayor parte de esa población. También fue un ardid afirmar que esa posición iba a ser llevada a la CELAC, donde de antemano se sabía que jamás tendría aprobación.
Esta esgrima de picardías permite ver cómo el caso venezolano se ha convertido en la plataforma de lanzamiento de un bloque de 10 países aliados de los Estados Unidos, liderados por la Argentina. Es la principal tarea en la que está comprometido Milei en el frente internacional. Los posteos de X que informaban el “fracaso” de los que censuran a Trump incluían una valoración: el papel decisivo de Quirno en que ese “fracaso” tuviera lugar.
Son los primeros trazos, tenues, de una operación a la que Milei asigna crucial importancia. El primero, establecer una rivalidad con Lula, a quien Milei parece provocar para un duelo por redes sociales. El segundo, utilizar esa rivalidad como la base de constitución de un bloque de 10 países aliados de los Estados Unidos y liderados por Milei. Esta es la pregunta: ¿la cofradía que se está formando estará a favor de algo o contra algo?
La rivalidad de Milei y Lula es muy conocida. Carente de una oposición interna consistente, es posible que el presidente argentino prefiera un conflicto de otro nivel con un líder reconocido a nivel global. Los dos se tienen fobia en lo personal y expresan políticas internacionales enfrentadas. Para advertirlo alcanza con ver los discursos del embajador de Brasil ante la OEA, Benoni Belli, y el que pronunció el representante argentino ante la ONU, Francisco Tropapi, en la última sesión del Consejo de Seguridad, ambos sobre la jugada de Trump en Venezuela.
Desde Brasilia no hubo respuesta a los dichos de Milei ni a las afirmaciones sobre la reunión de la CELAC. Aun cuando allí se considera que la relación bilateral está en su punto más bajo. El enigma es otro. Qué movimientos subterráneos podría realizar Itamaraty, la cancillería brasileña, si advierte que la liga de naciones que aspira a liderar Milei tiene un tono anti-Lula. En esa agrupación hay países muy ligados a Brasil, como Paraguay y Bolivia. Comienza un emprendimiento que puede resultar atractivo para los amantes del ajedrez.
https://razonestrategica.com.ar/articulos/la-fortaleza-americana-anatomia-del-nuevo-paradigma-de-seguridad-nacional-y-el-corolario-trump,https://x.com/StateDept/status/2008221563888292207,Conforme a
POLITICA
La trastienda de 48 horas triunfales de Milei en el Congreso: un nuevo oficialismo que pudo doblegar la resistencia del PJ

La primera sesión del período extraordinario en la Cámara de Diputados dejó una imagen política que, hasta hace pocos meses, parecía improbable. En una sola noche, el gobierno de Javier Milei logró aprobar dos iniciativas de alto impacto —la baja de la edad de imputabilidad y el acuerdo Unión Europea–Mercosur— con mayorías amplias, respaldo transversal y un peronismo cada vez más fragmentado. Más allá del resultado legislativo, la sesión expuso un nuevo equilibrio de poder: un oficialismo que comienza a construir gobernabilidad en minoría y una oposición atravesada por tensiones que ya no logra ocultar.
En la Cámara baja, el oficialismo logró anudar 48 horas de triunfos parlamentarios. El miércoles, con 42 votos a favor y 30 en contra, el Senado había aprobado la reforma laboral, una iniciativa que transforma de manera profunda las relaciones del trabajo, como nunca antes desde 1983. Son victorias que se consiguieron con flexibilidad y pragmatismo, negociaciones abiertas y públicas y otras, reservadas y silenciosas.
En la Cámara alta, el oficialismo se mostró permeable a pedidos de gobernadores, empresarios y gremios. Así, ablandó el proyecto original para blindar una victoria. En Diputados hizo lo mismo: cedió el tope de 13 años que había propuesto al prinicipio y sumó un financimiento que, al principio, estaba ausente. Fueron concesiones “bilardistas” decididas desde lo más alto del poder libertario.

Ese clima de euforia quedó expuesto con los mensajes que publicó el presidente Milei en redes sociales. “Histórico” e “Histórico II”, posteó el jefe de Estado, apenas se aprobaron la reforma laboral, en el Senado, y la baja de la imputabilidad, en Diputados.
“En el Senado no íbamos a pedirle al peronismo algo que no podía dar. Votaron todos juntos y, en los artículos más complicados, teníamos los votos justos: con 38 nos alcanzaba. En Diputados es distinto, porque están todos peleados, no se ponen de acuerdo y hay un sector que está dispuesto a acompañar cosas lógicas”, explicó a Infobae una fuente del oficialismo.
Mientras el Gobierno muestra una consolidación interna, el peronismo es la contracara. Con la mesa política que integran la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, los ministros Luis Toto Caputo, Diego Santilli, el estratega Santiago Caputo, la presidenta del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, y el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, Milei consiguió unificar las negociaciones. Mientras tanto, en Unión por la Patria, afloran disidencias que pavimentan las victorias de La Libertad Avanza.
Un día largo en Diputados

La votación general de la reforma del régimen penal juvenil fue el primer test. El proyecto obtuvo 149 votos a favor y 100 en contra, todos estos últimos provenientes del kirchnerismo y sus aliados más cercanos. El Gobierno no solo superó con holgura el umbral necesario, sino que articuló una mayoría heterogénea que incluyó libertarios, macristas, radicales, bloques provinciales y sectores del peronismo no alineado. Milei consiguió que una parte relevante de la oposición respaldara una de sus banderas más sensibles.
El episodio más revelador, sin embargo, no quedó reflejado en las planillas oficiales. En la votación en particular del capítulo central del proyecto —el que fija la edad mínima de imputabilidad en 14 años—, al menos seis diputados de Unión por la Patria identificados con el espacio de Sergio Massa levantaron la mano para respaldar al oficialismo. Sebastián Galmarini, Ramiro Gutiérrez, Diego Giuliano, Emir Félix, Guillermo Michel y Marina Salzmann formaron parte de ese grupo. Lo hicieron en público, pero sin un registro formal.
La explicación reside en una decisión táctica de Germán Martínez. Aprovechando su experiencia parlamentaria y conocimiento del reglamento, impulsó que esa votación se realizara a mano alzada. El recurso permitió diluir el impacto político del quiebre interno: sin voto nominal, sin listado oficial, sin evidencia documental directa. Fue una maniobra clásica de conducción legislativa, orientada a preservar una imagen de unidad en un momento de tensión.
La jugada funcionó parcialmente. En los papeles, el bloque se mantuvo ordenado. En los hechos, la fractura quedó expuesta en las imágenes y en las transcripciones taquigráficas. La división existió, aunque fue disimulada.

Ese episodio confirmó un proceso que venía desarrollándose en silencio. El sector vinculado a Sergio Massa decidió sostener, incluso en este contexto, una posición que forma parte de su identidad política desde hace más de una década. Ya en 2013, el entonces intendente de Tigre había impulsado una reforma para reducir la edad de imputabilidad, y desde entonces su espacio mantuvo una línea consistente en la materia. Por eso, el voto de Galmarini, Giuliano, Gutiérrez, Félix y Michel no representó una ruptura ni una provocación interna, sino la continuidad de una trayectoria política.
Fue, más bien, la reafirmación de una postura propia frente a una conducción parlamentaria que tiende a ordenar al bloque a partir de mayorías sin matices. El episodio no debe leerse como una confrontación con La Cámpora, sino como una diferencia de concepción sobre el funcionamiento interno del peronismo en el Congreso. Mientras la jefatura busca homogeneizar posiciones, otros sectores reclaman margen para sostener identidades políticas consolidadas.
Si en la imputabilidad la conducción logró disimular la tensión, en el acuerdo Unión Europea–Mercosur ya no hubo margen para administrar las diferencias. La votación fue nominal y expuso a cada diputado. El resultado fue todavía más contundente: más de 200 votos afirmativos. El oficialismo consiguió una mayoría transversal inédita.
El foco volvió a estar en Unión por la Patria. Cerca de cuarenta diputados votaron en contra. La enorme mayoría pertenecía al universo camporista y al kirchnerismo más ideológico. Máximo Kirchner, Lucía Cámpora, Paula Penacca, Itai Hagman, Juan Grabois, Eduardo Valdés, Vanesa Siley, Florencia Carignano, María Teresa García y otros dirigentes del núcleo duro encabezaron el rechazo.
Del otro lado, una mayoría peronista acompañó el acuerdo. Diputados de provincias productivas, dirigentes cercanos a gobernadores y sectores sindicales moderados privilegiaron una lectura económica y territorial por encima de la lógica identitaria. Argumentaron en función de exportaciones, mercados, empleo y desarrollo regional. El contraste fue evidente: mientras el camporismo se aferró a una posición doctrinaria, el peronismo del interior priorizó intereses concretos.
La Cámpora quedó en minoría.

En ese contexto, la figura de Germán Martínez quedó expuesta. El jefe del bloque había construido su liderazgo sobre una premisa central: sostener la unidad a cualquier costo. En la imputabilidad lo logró parcialmente. En Mercosur, fracasó. La fragmentación fue tan marcada que terminó votando a favor del acuerdo, no por convicción personal sino por necesidad política. Quedar del lado perdedor habría significado perder autoridad frente a su propia bancada.
El episodio profundizó los cuestionamientos internos. Martínez es respetado por su manejo del reglamento y capacidad de negociación, pero enfrenta un desgaste creciente. Sectores del bloque le reprochan dificultades para procesar conflictos, administrar tensiones y ordenar estrategias. Su voto afirmativo fue leído, incluso dentro del peronismo, como un gesto defensivo.
Las dos votaciones consolidaron un fenómeno que empieza a adquirir densidad propia: la emergencia de un peronismo no kirchnerista con peso parlamentario. Diputados de Chaco, Santiago del Estero, Entre Ríos, Mendoza, La Pampa, Tucumán y otras provincias acompañaron al Gobierno en Mercosur. Lo hicieron con argumentos vinculados a sus economías regionales y a las demandas de sus territorios. La lógica militante cedió espacio ante la lógica productiva.
Ese peronismo existe, tiene volumen y comienza a actuar como tal.
Uno de los casos más simbólicos fue el de Santiago Cafiero. Ex canciller y protagonista de las negociaciones con Europa, votó en contra del acuerdo que él mismo había impulsado durante su gestión. La contradicción fue evidente. En los pasillos, muchos la interpretaron como una subordinación a la lógica interna del kirchnerismo, aun a costa de desmentir su propio recorrido político.
Desde el oficialismo, el balance fue eufórico. Dos leyes clave, mayorías amplias, fragmentación opositora y proyección de poder. La sesión confirmó que el Gobierno logró construir un sistema de alianzas flexible y funcional. No se trata de una coalición formal, sino de una red de acuerdos tácticos que se activa proyecto por proyecto.
Desde la presidencia de Diputados y la Casa Rosada atribuyen los resultados, tanto en Diputados como en el Senado, a la consolidación de una mesa política estable, donde confluyen conducción parlamentaria, estrategia comunicacional y diseño legislativo. La estrategia ya había demostrado eficacia en diciembre, con la aprobación del Presupuesto. Ahora se consolidó.
Las victorias en Diputados se sumaron al éxito previo en el Senado, donde el Gobierno logró aprobar la reforma laboral. En menos de 48 horas, Milei consiguió dominar las dos cámaras en temas estructurales. Algo inusual para un presidente sin mayoría propia. El mensaje hacia los mercados, los actores económicos y los gobernadores fue inequívoco: el Gobierno puede gobernar.
Las últimas dos sesiones en el Congreso marcaron un punto de inflexión. Para el oficialismo, significa el ingreso a una etapa de mayor estabilidad política. Para el peronismo, implica el fin de una ficción: la unidad ya no existe como realidad operativa. Existen, en cambio, múltiples peronismos conviviendo en tensión. La Cámpora perdió centralidad. Los gobernadores juegan su propio partido. El massismo busca reposicionarse. Y la conducción parlamentaria navega en aguas cada vez más turbulentas.
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POLITICA
A un año del caso $LIBRA: los avances y puntos muertos de un expediente que se mueve a dos velocidades

A un año del tuit con el que Javier Milei promocionó la moneda digital $LIBRA, la causa local que investiga el caso como una supuesta estafa muestra algunas zonas fértiles, con medidas que esclarecieron rasgos de la maniobra, y otras áreas más pantanosas, marcadas por las demoras y los puntos muertos.
En los tribunales de Comodoro Py, el expediente se abrió con vértigo, a pocos días del hecho, cuando el caso ya había tomado por asalto la agenda pública. Pero desde entonces, avanzó por dos carriles de distinta velocidad.
Ese desfase quedó reflejado en un fallo reciente de la Cámara Federal que avaló las medidas patrimoniales dictadas contra algunos de los investigados, pero advirtió al juez Marcelo Martínez de Giorgi sobre la necesidad de acelerar la investigación para que esas medidas no se desnaturalicen con el paso del tiempo.
Los principales involucrados son casi los mismos que hace un año: el presidente Milei, cuyo tuit hizo disparar la cotización del activo; el creador de la moneda digital, Mark Hayden Davis; y quienes habrían sido el puente entre ambos, los socios Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy. La investigación también alcanza a Karina Milei, señalada por haber facilitado los encuentros entre las partes, y, en un segundo orden, al exasesor de la Comisión Nacional de Valores Sergio Morales y a Julian Peh, un empresario ligado al proyecto $LIBRA desde el plano técnico.
Los progresos más visibles ocurrieron sobre una serie de millonarias transferencias cripto, sospechosas tanto por sus montos como por sus fechas coincidentes con momentos clave en la vida del caso.
Un puñado de estos movimientos se concretaron el 30 de enero de 2025, luego de que Davis, Novelli y Terrones Godoy se reunieran por tercera vez con Milei en la Casa Rosada, catorce días antes del lanzamiento de la moneda y el tuit presidencial.
Con la asistencia técnica de organismos especializados y los aportes de plataformas digitales, la fiscalía de Eduardo Taiano esclareció parte de ese complejo entramado de transacciones. En la causa está acreditado que el 30 de enero -luego de su reunión con Milei- Hayden Davis transfirió un total de USDC 1.015.000 (una moneda virtual que corre aparejada al dólar) a una cuenta a nombre de Orlando Mellino, un jubilado de 75 años con domicilio en una dirección del municipio de Tigre cuya numeración no existe, según pudo corroborar la Justicia. Mellino recibió ese dinero digital a través de dos operaciones espejo y horas más tarde lo giró a una tercera cuenta.
Sobre Mellino flota una nube de misterio y la presunción de ser un “prestanombres”. La Justicia le impuso una medida patrimonial, pero hasta el momento no se ordenó ningún allanamiento y ni siquiera cuenta con domicilio válido en el expediente, confiaron las fuentes consultadas.
En la causa también está acreditado que unos días más tarde, el 3 de febrero, el empresario Hayden Davis giró un total de USDC 3.965.627 a la cuenta de otra cara nueva del caso: el influencer cripto colombiano Camilo Rodríguez Blanco. Tanto él como Mellino habrían sido un puente de paso en la maniobra investigada, porque la Justicia validó también que gran parte de los activos que recibió el influencer fueron luego movidos a cuentas controladas por Novelli y Terrones Godoy. Una cuenta de la que Novelli es cotitular, por caso, recibió USDC 695.990 en la noche del 3 de febrero.
La fecha es clave porque un día después, Novelli, su hermana María Pía, y su madre, María Rafaele, arribaron a una sucursal del banco Galicia en Martínez con bolsos en sus manos, manipularon varias cajas de seguridad y se fueron, según consta en las actuaciones de la causa. Los familiares de Novelli volverían al banco 13 días después, durante el primer día hábil tras el lanzamiento de $LIBRA, presumiblemente a vaciar esas cajas, porque cuando la Justicia las registró estaban vacías.
Sobre Camilo Rodríguez Blanco, Novelli, su hermana y su madre, Morales y Terrones Godoy también rigen medidas patrimoniales, pero algunas de ellas fueron perdiendo fuerza con el paso del tiempo -ahora hay embargos por montos menores- y la Cámara, en su fallo de enero de este año, marcó que, por ser de carácter excepcional, estas medidas patrimoniales deben sustentarse sobre avances genuinos en la causa.
“No solo para asumir una postura respetuosa de los derechos de quienes se encuentran sometidos a proceso, sino también para procurar los restantes fines del proceso penal”, marcaron los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi.
Los teléfonos y las querellas
Otra línea de la investigación que avanza sin apremios es la relativa a los peritajes. En allanamientos realizados en marzo del año pasado a domicilios de Novelli, Terrones Godoy y Morales, la Justicia secuestró una serie de dispositivos electrónicos.
El fiscal ordenó analizar su contenido en septiembre, siete meses después del operativo y, al día de hoy, en el expediente no figura ningún avance en ese sentido, según fuentes del caso que consultó . Uno de los investigadores, sin embargo, dijo a este medio que ya se trabaja sobre la información que arrojaron los peritajes.
Por el momento, del caso forman parte dos grupos de querellas. Consideran que hay reunidos suficientes elementos para avanzar, al menos, con la indagatoria de Novelli y Terrones Godoy.
El abogado Nicolás Oszust representa al especialista cripto Martin Romeo, y Juan Grabois y Nicolás Rechanik a otros tres damnificados.
Las querellas han presentado escritos cuestionando la marcha del expediente y solicitando una gran serie de medidas, algunas más fuertes que otras, como la detención de Novelli y Terrones Godoy y su indagatoria.
La defensa de Novelli y Terrones Godoy, por su parte, buscó apartarlos del caso, pero en diciembre último, la Corte Suprema los ratificó al no atender el reclamo que presentó su abogado Daniel Rubinovich.
El juez Martínez de Giorgi calculó en U$S 12.000 el perjuicio de los querellantes, pero eso podría cambiar si a la querella se suman nuevos damnificados: un grupo de dos bielorrusos golpea las puertas del expediente y clama haber perdido más de 2,3 millones de dólares.
Entre abril y noviembre del año pasado, la causa en los tribunales de Comodoro Py convivió incómoda con una investigación paralela que llevaron adelante diputados de la oposición en el Congreso, una pesquisa que, por momentos, parecía llevar la delantera sobre algunos vértices del caso.
Entre sus conclusiones -que fueron giradas al juez de la causa-, la comisión destacó que $LIBRA repitió la lógica de tres proyectos previos en los que también participaron Novelli, Terrones Godoy y Milei. Son CoinX, Vulcano y $KIP, el precedente más cercano a $LIBRA y del que también formaron parte Julian Peh y Hayden Davis. Todos fueron impulsados por Milei y acabaron con el colapso del valor de sus activos y denuncias por estafa.
En una de sus pocas aclaraciones posteriores al escándalo, Hayden Davis negó que $LIBRA fuera una estafa, al decir que fue un “plan que salió muy mal a nivel presidencial”.
Pese a ser uno de los asuntos más delicados para el Gobierno y a que en la causa se tomaron medidas tempranas contra Milei -se pidió información sobre sus teléfonos-, a casi un año del nacimiento del expediente, el Presidente no ha designado aún un abogado que lo represente en el caso.
Significa que, en términos formales, el jefe de Estado no tiene acceso al expediente. Es una toma de posición que contrasta con la reacción inicial cuando la causa crecía y el presidente deslizó que sería el ministro de Justicia, Mariano Cuneo Libarona, quien se pondría al frente de la estrategia judicial del Gobierno.
por tercera vez,ordenó analizar,Federico González del Solar,Javier Milei,Conforme a,Javier Milei,,Ranking de políticos y empresarios. La encuesta que revela la fortaleza de los hermanos Milei, el lugar de Cristina Kirchner y Macri y la influencia del círculo rojo,,Imputabilidad de menores. La Iglesia y los cultos evangélicos, en veredas opuestas ante la reforma del régimen penal juvenil,,Caso $LIBRA. La ruta de los 100 millones de dólares que permanecen ocultos a un año del escándalo
POLITICA
La CGT se reunirá este lunes para evaluar un paro general durante el debate de la reforma laboral en Diputados

Tras la aprobación en el Senado de la reforma laboral impulsada por el oficialismo, la conducción de la CGT resolvió convocar de urgencia a su Consejo Directivo. La cita será este lunes y tendrá como eje analizar una medida de fuerza que comenzó a ganar respaldo interno: un paro general de 24 horas para el día en que la Cámara de Diputados inicie el debate del proyecto promovido por Javier Milei.
En el Congreso, mientras tanto, los bloques opositores reconocen que no reúnen los votos necesarios para frenar la iniciativa en la Cámara Baja. Ante ese escenario, evalúan estrategias orientadas a dilatar el tratamiento y aumentar el costo político para el Gobierno.
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La reunión de la central obrera está prevista para las 16 y se realizará de forma virtual, ya que varios dirigentes se encuentran fuera de la Capital por el fin de semana largo. La convocatoria se aceleró a partir de las presiones de distintos sectores sindicales que reclaman una respuesta más contundente frente a la reforma, al considerar insuficientes las movilizaciones realizadas hasta ahora.
En un primer momento, los cotitulares de la CGT —Octavio Argüello (Camioneros), Jorge Sola (Seguro) y Cristian Jerónimo (empleados del vidrio)— evaluaban reunir al Consejo Directivo recién hacia mitad de semana. Sin embargo, en las últimas horas optaron por anticipar la convocatoria ante las señales de varios referentes gremiales que impulsan un paro de 24 horas como forma de profundizar el rechazo al proyecto.
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La presión sobre la CGT por la reforma laboral
Según deslizan desde el propio ámbito sindical, el triunvirato no estaba convencido de avanzar con una huelga general. No obstante, advirtieron que en distintos gremios comenzaba a tomar forma la idea de un cese de actividades, lo que podría haber dejado a la central obrera desfasada si no asumía la conducción de la medida. De todos modos, aseguran que la definición se debatirá con intensidad en la reunión de este lunes.
Horas antes, el titular de la UOM, Abel Furlan, presionó a la CGT para que convoquen a un paro general en rechazo a la reforma laboral. “La CGT estuvo negociando con el Gobierno. Nosotros tenemos una opinión muy personal: no había nada para negociar en esos 213 artículos, porque presentan una pérdida de dignidad para los trabajadores. Había que rechazarlo de manera absoluta”, deslizó el dirigente a Futurock.
Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) le hicieron el mismo reclamo a la central obrera. “Estamos pidiendo que la CGT convoque a un paro. Están dadas todas las condiciones y sobran motivos para llamar a una huelga general”, afirmó a TN, el secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar.
Otro de los sindicatos combativos es la Federación de Aceiteros y su titular, Daniel Yofra, se sumó al reclamo de la UOM y ATE. Ante la consulta de si la CGT debe convocar a una huelga, Yofra respondió: “Ojalá que despierten antes del tratamiento de la ley en Diputados y larguen un paro. No hay posibilidades de frenar una ley como esta, si no hay un plan de lucha”.
CGT, reforma laboral, Diputados
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