Diego Maradona, casi como una marca de su destino, arrastra aún después de su muerte, la potencia de la revelación, de la perplejidad que generó en cada etapa de su vida. Esta vez pasó por razones oscuras, que no le pertenecen. Pero el devenir vergonzante en el que terminó el juicio por las condiciones en que perdió la vida, mostró hasta dónde esa atención que sólo el astro del fútbol genera, puede mostrar otras cosas, en este caso, escandalosas.

En los últimos días, después de que se conociera el proyecto delirante de un documental autogestionado sobre ella misma, la jueza Julieta Makintach quedó suspendida mientras empieza el proceso para un jury de enjuiciamiento. Ella tiene la posibilidad de renunciar y hay información que indica que lo hará de un momento a otro. ¿Le aceptará el Gobernador la renuncia? Si lo hace, Makintach se jubilaría con lo que le corresponde como si nada hubiera pasado. Es una decisión quirúrgica: ¿qué pasa si no le aceptaran la renuncia y después se dilata infinitamente el proceso de su destitución? En la Provincia, la acusación a los jueces está en cabeza del “pueblo”. El colegio de abogados de San Isidro ya se prepara como acusador. Tienen el rango más alto de éxito de la argentina en procesos como estos: ya destituyeron a ocho magistrados de la provincia con sus imputaciones. La jueza tiene un problema todavía más grave: la causa penal en su contra. Por ahora mantiene los fueros. Si renuncia o la destituyen, perderá todo.

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Mientras esto explotaba, la Cámara Penal y de Garantías de San Isidro junto a la Corte Suprema Provincial y la Procuración cruzaron llamados intensísimos para tratar de mostrar una respuesta eficiente a lo que vendrá. Pero esa búsqueda revela un estado de situación que le aplica a todo el sistema: hay superposición de juicios, poco espacio para hacerlos y vacantes en los Tribunales que tienen que juzgarlos. Makintach, de hecho, llegó por una vacante en el jurado de Maradona, que se quiso suplantar con un juez de otro tribunal donde también había una vacante y recayeron finalmente en ella. Ahora pasará lo mismo: habrá que elegir entre los cuatro Tribunales restantes de San Isidro, todos con vacantes y con sobrecarga de juicios pendientes.

Son madejas enredadas, que suelen aburrir, pero son, al final, una de las razones principales de la injusticia. En la provincia de Buenos Aires está pasando algo delirante: tenían más del 30 por ciento de juzgados sin completar -una situación que empezó a descomprimirse en el último año y medio-, pero por ejemplo, su Corte Suprema (la cabeza de todo el Poder Judicial provincial), que tiene siete lugares, cuenta con apenas tres jueces. O sea, no pueden decidir absolutamente nada sin convocar a otros conjueces para conseguir alguna mayoría.

Es una situación bizarra porque hace cuatro años que están así. En el sistema provincial, no es tan engorroso poner un cortesano: el Ejecutivo (Kicillof en este caso) debería proponer candidatos y apenas con la mayoría simple del Senado provincial, podría lograr que entren. El peronismo está en un momento delicioso para ese trámite porque tiene esa mayoría salvo por tres votos y gracias a esa composición, lograron completar más de 300 vacantes. Todo el mundo se apura porque después de las elecciones, todo puede cambiar. Sin embargo, el Gobernador no manda ni un solo nombre para la Corte a ser discutido en la legislatura. Ahora mismo hay sólo tres jueces y una de ellos, la presidenta del Tribunal, Hilda Kogan, tiene 80 años. Rarísimo.

Comodoro Py

El mapa de la provincia de Buenos Aires no es distinto del resto del país. Sobre todo si miramos el núcleo del poder: la Corte Suprema de la Nación tiene tres magistrados sobre cinco. Y en Comodoro Py, ese nicho de doce juzgados que deciden sobre todos los delitos federales más sensibles, el estado es casi de emergencia. Un tercio de los doce, están sin juez. Para tener dimensión de este fuero que tiene a su cargo las causas de corrupción de la administración pública central, sólo hace falta una repasada por las noticias de esta semana: acá se investigó, juzgó y condenó la ruta del dinero K (que la Corte acaba de confirmar) y también es donde ahora investigan la maniobra de la criptomoneda en la que participó el Presidente. Solo por dar dos ejemplos.

En ese mismo edificio, casi todos los Tribunales Orales Federales están sin completar. Si se miran los concursos, es impresionante: hay seis cargos que se están tramitando desde hace siete años en el Consejo de la Magistratura. Siete años. En el caso de los juzgados de instrucción, para los reemplazos de Bonadio, Oyarbide, Canicoba y Torres, hay concursos abiertos desde hace cuatro años. Ninguno se define. Estos empantamientos sólo tienen una explicación y es política. El Consejo es el órgano encargado de este trámite y para aprobar una terna, se necesitan 14 voluntades sobre 20 en un plenario. Parece pura matemática burocrática pero es la médula del funcionamiento de un sistema de justicia. Y es un problema que sólo empeora y se complejiza con los años.

Algunos creen que con el sistema acusatorio (o sea fiscales investigan y acusan) que empezará en agosto en Comodoro Py, la situación podría ordenarse. Pero hay, obviamente, alertas máximas en la Procuración porque tampoco tienen estructura para asumir su nuevo rol. Es un sistema lleno de faltas.

Sobre este estado de cosas, sucede además algo muy sugestivo. Hace un año y medio – es decir desde que asumió Javier Milei- que los concursos que se fueron resolviendo y elevando al Poder Ejecutivo para que mande al Senado y se designen a los magistrados, están retenidos en la Rosada. Hay 182 candidatos que ya pasaron todas las instancias, pero el Presidente no los manda al Congreso. La designación de jueces es una de esas zonas opacas de la política donde la definición final siempre depende de distintos intereses políticos y negociaciones. El Gobierno sabe que si suelta esas designaciones perderá poder para negociar la Corte. Pragmatismo se llama.

Esta semana hubo un movimiento precoz en el Senado para empezar a gestionar una salida al tema del Máximo Tribunal. El Gobierno teje conversaciones con el peronismo con un objetivo final: encontrarse post octubre en una situación más fuerte en el Senado y con Cristina debilitada. Sueñan con que la negociación sea con un peronismo no dependiente de CFK. Solo el resultado de las elecciones lo decidirá.

Karina Milei a Ritondo

Esa misión de fondo opera como una estrategia nuclear para este año y la provincia de Buenos Aires es el hito principal antes de las elecciones nacionales. Como adelantamos la semana pasada, sucedería una nueva foto PRO-LLA, en estos días y así pasó el lunes cuando volvieron a juntarse Karina, Lule Menem Sebastián Pareja, Ritondo y Santilli. Todos contentos después de la cena Milei-Ritondo, empezaron a organizar un acuerdo político. Ayer la hermana del Presidente ya se quejaba con su mesa chica porque le parece que los amarillos se están “subiendo el precio”: “Si cuatro de los doce intendentes que tienen, se les están revelando y miden cinco puntos a nivel provincial, tampoco deberían agrandarse tanto”, dijo. Hay que sentarse a ver cómo discutirán distrito por distrito las listas de cada sección electoral.

Hay otra picardía circulando: Patricia Bullrich está peleando por los suyos, Gerardo Millman y Diego Valenzuela. LLA dice que los pasan como parte del acuerdo con el PRO pero Ritondo se queja. Esa interna amarilla no resuelta tiene una definición pendiente en la provincia. ¿A la cuenta de quién irán esos candidatos bullrichistas?

En la Rosada tienen una preocupación creciente sobre Mauricio Macri. Le preguntaron mucho a Ritondo cuál era la situación con él. Los libertarios no quieren que aparezca al momento del acuerdo. “¿Y si no le gusta lo que acordamos y les interviene el partido?”, le preguntó Karina a Ritondo. “Confíen que eso no va a pasar”, respondió. Quién sabe.

Julieta Makintach