A los altos mandos del Ministerio de Defensa suelen llegarles dos pedidos esenciales: el aumento de los sueldos para las Fuerzas Armadas y la normalización en el funcionamiento del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, más conocido como IOSFA.

Con más de 600.000 afiliados activos y pasivos, se trata de la tercera obra social más cuantiosa del país, tan solo superada por el PAMI y IOMA. Pese a su magnitud, quienes trabajan en la diaria de esta institución marcan que la obra social trabaja solo para el día a día. “El estado del organismo es tal que estamos trabajando para cubrir los casos más sensibles”, reconoce un funcionario a Infobae.

Es uno de los mayores desafíos que le tocan al próximo ministro de Defensa, Carlos Presti, que hereda una deuda estimada en más de $ 200.000 millones. “Si en Economía no le aseguran un mayor giro de fondos para cubrir ese monto va a estar complicado”, decía un encumbrado funcionario del Edificio Libertador semanas atrás en medio de las especulaciones sobre quién podía ser el sucesor de Luis Petri.

Una altísima fuente de la Casa Rosada confirmó a Infobae que la idea es dividir IOSFA: que la cobertura para el Ejército Argentino, Armada Argentina y Fuerza Aérea Argentina siga bajo la órbita de Defensa; pero que los servicios para Prefectura Naval Argentina y Gendarmería Nacional se trasladen para la órbita del Ministerio de Seguridad Nacional.

Esa idea no parte sino de la cartera que hoy en día comanda Patricia Bullrich y que a partir de la semana que viene pasará a su segunda, la secretaria de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva.

El “Plan A” ya tuvo tratamientos varios en reuniones en las que participaron Bullrich, Petri e integrantes de Presidencia. También ya hubo instancias en la que hubo reuniones de segundas líneas de ambos ministerios.

Pese al ánimo de diálogo y debate sobre qué hacer con la obra social, en el Ministerio de Defensa no creen que la división sea la mejor opción. O que, cuanto menos, la publicación de un DNU para formalizar la separación tendrá consecuencias más relevantes en el plano real.

El asunto más urgente para resolver la división de IOSFA es la deuda que tiene. “Tiene que pagarse antes de cualquier tipo de decreto que se publique. Si no corre riesgo de desintegrarse”, explica a Infobae una fuente que estuvo en las conversaciones por la obra social.

Fuentes oficiales calculan que más del 70% de la deuda que tiene IOSFA proviene de prestaciones de Prefectura y de Gendarmería. ¿Es trasladable la deuda a Seguridad? Si así fuera, en ese ministerio no quieren hacerlo. Si existe la separación, Defensa no siente que deba responsabilizarse de los gastos presupuestarios que deba afrontar en el futuro por los afiliados que forman parte de las Fuerzas de Seguridad. En ese escenario, lo deberán hacer igual, porque armar la estructura jurídica de una obra social nueva no tarda pocas semanas o meses: calculan que podría tardar años. Mientras tanto, los afiliados tienen derecho de recibir la atención, sea de la manera que sea.

Tal y como lo adelantó el periodista Mariano de Vedia en La Nación, ante toda situación una de las posibilidades que se maneja es pedirle la asistencia financiera al Ministerio de Economía de Luis Caputo. “Efectivamente, lo estamos negociando”, convalidó una fuente oficial.

La separación de IOSFA pondría en cada ministerio la atención específica a su propio personal, pero traerá un encarecimiento de las licitaciones de compras. Los medicamentos y otros servicios de altísimo costo no se negociará con los laboratorios con la actual masa de afiliados, sino que esta se terminará dividiendo por una cifra cercana a la mitad. Es la lógica contraria por la cual el Ministerio de Salud a cargo de Mario Lugones creó este año la Administración Nacional de Establecimientos de Salud (ANES), la cual unificó todos los procesos licitatorios y administrativos de cinco establecimientos de salud nacionales.

Aun así, la decisión parece estar tomada de parte de Seguridad Nacional. En su alocución para presentar el Presupuesto 2026, la todavía ministra marcó que Gendarmería y Prefectura “se sienten mal” estando en IOSFA y que “pagan burocracia y reciben menos servicios”.

Consultados por Infobae, en Casa Rosada dijeron que la realización de la división es mucho más compleja y que podría no darse en el corto plazo. En tanto, fuentes ministeriales han dejado trascender de que esta debería darse antes de que los dos ministros abandonen su actual cargo para irse al Congreso. Esa última opción parece impracticable.

El expresidente del Foro de Generales Retirados, José Luis Figueroa, indicó que una de las principales causales de los números de IOSFA fue su “el manejo bajo un criterio político y no con un criterio de administración”. “Por afiliados entran 90.000 pesos por mes por afiliado, de los cuales el 12% va para gastos administrativos. El gasto para salud [el PMO] para una obra social de estas características da un costo por mes de 75.000 pesos. Los números cerrarían. Lo que pasa es que la obra social está rota”. En el sector indican que en los últimos años hubo una merma de funcionarios técnicos y gerenciales que afectó al manejo de la obra social.

En la actual administración alegan que los aportes por afiliados mermaron en términos reales por la falta de incrementos y que a esto se le sumó el sinceramiento de los insumos médicos, sobre todo los importados. “Subieron todos los costos de manera significativa, así como los como honorarios médicos y prestaciones de las clínicas”. En el Gobierno dicen que desde hace seis meses que dejaron de tomar deuda y que la situación está estabilizada aunque en niveles altamente graves.

Además de manejar la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia también es presidente de la CEAMSE o Coordinación Ecológica del Área Metropolitana, una empresa del Estado que desde hace ya más de treinta años se encarga de la recolección y gestión de residuos sólidos urbanos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

El “Chiqui” fue designado presidente de la empresa en enero de este año por el gobernador bonaerense Axel Kicillof.

Desde que funge en dicha función, maneja la CEAMSE como si fuera una empresa de su propiedad, con la diferencia de que es una empresa pública sostenida con dinero de los contribuyentes.

En ese marco, Tapia usa a la CEAMSE como una agencia de colocación de familiares y dirigentes de clubes del ascenso del fútbol argentino. No solo a modo de darles trabajo o un importante sueldo extra, sino como una manera de reproducir y consolidar su poder.

Axel Kicillof nombró a Claudio “Chiqui” Tapia como presidente de la CEAMSE

Los bendecidos por el “Chiqui” y la varita del pleno empleo

Los favorecidos por el dedo del “Chiqui” han sido su hijo, Matías Tapia, quien también es presidente de Barracas Central, y no se sabe que función cumple en la CEAMSE. Otro familiar bendecido fue su sobrino, Patricio Tapia.

Entre los ubicados por Claudio Tapia desde que arrancó su gestión en la CEAMSE también hay dirigentes de clubes del ascenso, como es el caso de Jorge Milano, quien es presidente de Villa Dalmine, y fue designado en la Unidad de Inspección de la empresa, un cargo para nada menor que tiene entre sus tareas la realización de auditorias en municipios.

Otro dirigente que ocupa un puesto en la CEAMSE es Fabián Lovato, autoproclamado peronista, santelmista y grondonista, según sus cuentas en redes sociales.

Lovato sobresalió en el medio futbolístico del ascenso por acciones polémicas dentro del club San Telmo, donde quiso derrocar a un presidente irrumpiendo en una asamblea con una veintena de barrabravas. En la actualidad, además de ganar un suculento sueldo en la CEAMSE, funge en un importante cargo asociado a las selecciones juveniles de Argentina.

Matías Tapia, el heredero del Chiqui: presidente de Barracas Central y empleado de la CEAMSE.

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El poder personal sobre todas las cosas

De esta manera, Claudio “Chiqui” Tapia, además de manejar la AFA como si fuera un caudillo y la usa para una sospechada acumulación de capital tercerizada en financistas cercanos, hace lo propio en la CEAMSE, entidad de carácter público que utiliza de la misma manera en la que usa a la Asociación del Fútbol Argentino, y con una idéntica finalidad: consolidar y perpetuar un poder personal que tiene como base a su familia y dirigentes de clubes adictos a sus favores.

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Cuando el presidente Javier Milei anunció durante una entrevista que el Gobierno le iba a comprar submarinos a Francia, el embajador argentino ante ese país, Ian Sielecki, que justo se encontraba en Buenos Aires, llamó inmediatamente al ministro de Defensa, Luis Petri, y le pidió una reunión para conversar sobre el tema, que no estaba en agenda.

Hasta ese momento, tanto en el interior de las Fuerzas Armadas como en la Casa Rosada circulaba la versión de que las autoridades nacionales estaban evaluando alternativas para recuperar su capacidad militar debajo del mar, que perdió tras el hundimiento del ARA San Juan.

En rigor, las conversaciones con los distintos fabricantes de este tipo de embarcaciones comenzó hace poco más de tres años, durante la administración de Alberto Fernández, lo cual es habitual, debido a que son procesos que suelen tardar incluso décadas.

En ese momento, se firmó una carta de intención para comprarle varios sumergibles a la compañía Naval Group, la cual es la principal proveedora de la marina francesa y tiene casi 400 años de trayectoria.

Si bien comenzó en 1631 como una compañía pública, recientemente fue privatizada. No obstante, más del 60% de sus acciones continúa en manos del estado europeo, que tiene el mayor poder de decisión.

La firma ya tiene una fuerte presencia en América Latina a partir del contrato que firmó en 2008 con Brasil y que dio origen al programa PROSUB, que incluye la construcción de cuatro submarinos convencionales, que ya fueron entregados, y uno de propulsión nuclear, que sería el primero en la región.

De hecho, esta semana el país vecino puso en operaciones al tercero de ellos y lanzó al agua el cuarto, ambos construidos íntegramente en un astillero ubicado en la ciudad de Itaguaí, Río de Janeiro.

Si bien las negociaciones con la Casa Rosada recién están iniciando, la empresa tiene en su cartera varias opciones de navíos, que en todos los casos serían adaptados para cumplir con las necesidades específicas de la Armada Argentina.

El modelo en el que se mostró interesada la gestión de Milei es el Scorpene, la misma clase que adquirió Brasil, pero el acuerdo tiene como principal obstáculo el precio de la nave, que suele estar por encima de los 700 millones de dólares.

En diálogo con Infobae, el director de Ventas para países estratégicos, Grecia, Brasil y Latinoamérica de Naval Group, Laurent Mourre, dio precisiones sobre las propuestas de la compañía y las opciones de financiamiento que suelen otorgarse en este tipo de compras.

“Argentina, como Colombia, como Perú, pronto Chile y Ecuador, son todos países que tienen una flota bastante vieja y que quieren renovarla. Algunos ya quieren y otros van a querer. Yo creo que todos quieren modernizar la flota. Son procesos complejos por la complejidad de los productos y del proceso de adquisición, y son caros. Entonces, lo que puedo confirmar es que el gobierno argentino quiere comprar submarinos”, comenzó aclarando el empresario.

Al respecto, recordó que en el pasado la firma también recibió cartas de intención de Polonia y tras siete u ocho años de intensas conversaciones, finalmente no se realizó ninguna contratación. Algo similar ocurrió con Grecia.

“Involucra muchos aspectos. El primero es fundamental para muchos países, para casi todos, y es el económico. Es algo muy sensible en Argentina, porque es una nación que poco a poco está saliendo. Está mejorando la situación económica, pero todavía está con mucho reparo en lo que es el gasto público”, señaló.

Las propuestas de la empresa: construirlo en Argentina o importarlo

Al respecto, Mourre remarcó que “hay una diferencia grande entre el costo que puede representar el construirlo de manera local, en Brasil, en Francia o en otro lugar”, por lo que esta será una decisión clave para el futuro de las tratativas.

“Yo creo que un criterio muy importante es este, cuál es el impacto de costo. Si lo quieres construir en Argentina, Tandanor hoy es un astillero que necesitaría inversiones importantes para tener las condiciones de infraestructura para poder construir submarinos”, explicó.

Esto es, justamente, lo que sucedió en Brasil, que tuvo que hacer una inversión millonaria en la base naval de Itaguaí y formar a un equipo de profesionales para fabricar los Scorpene en su propio país y no tener que importarlos.

Si el Gobierno decidiera seguir el mismo camino, se tendría que acordar la creación de un programa similar al brasileño, entre Naval Group, la Armada y otros organismos públicos, lo cual “tardaría como 10 años” desde el lanzamiento del plan hasta la presentación de la primera unidad.

Si bien varias de las charlas por este tema son a través del Ministerio de Defensa, el representante de la firma europea subrayó que “la decisión política de este tipo de compra en cualquier país del mundo siempre va al más alto nivel”, por lo que tendría que ser un consenso entre Milei y su par francés, que por ahora es Emmanuel Macron.

“La relación geoestratégica entre Argentina y Francia es excelente. Yo creo que estamos en un mundo con grandes cambios. Es importantísimo que Francia consolide la relación con algunos países que están fuera de la esfera histórica”, opinó Mourre.

Además del Scorpene, la compañía también produce el Barracuda, que tiene propulsión nuclear -lo que lo hace mucho más rápido y eficiente- y también una versión de este mismo, pero adaptada al mecanismo convencional, es decir, diesel-eléctrico.

Asimismo, en la firma destacan que no solo ofrecen los buques, sino también el mantenimiento de los mismos, los sistemas eléctricos y equipamiento, e incluso el armamento.

En esta línea, Naval Group cuenta con la capacidad de fabricar misiles MU90, que es el torpedo ligero más potente del mundo, capaz de neutralizar todo tipo de submarinos y que es utilizado por 12 países.

También vende el F21, un torpedo submarino inteligente, que es de largo alcance y por su versatilidad puede ser implementado para atacar objetivos de varios tamaños y funciona hasta en condiciones complejas.

Además, la empresa diseñó un sistema de defensa antitorpedo llamado SINGER, que está basado en el revolucionario principio de confusión/dilución, esta contramedida genera cientos de objetivos falsos que se renuevan constante y aleatoriamente para saturar el procesamiento de datos de los torpedos más modernos y agotar su energía.

De todas formas, en la compañía evitan dar una cifra de cuánto le costarían a la Argentina los sumergibles e indican que ese número dependerá no solo de qué es lo que finalmente se contrate, sino fundamentalmente “del nivel de modificación que se tengan que hacer en relación con un Scorpene standard, que pueden tener costos muy altos o muy pequeños”.

“Cuando estamos en fase anterior a un, a un contrato y que haya una competencia potencial, hay competidores activos, así que es natural que el precio sea una información confidencial”, sostuvo Mourre.

El director de Ventas para América Latina de Naval Group precisó que “hay muchas modalidades diferentes” de financiamiento, pero generalmente todas “sirven para no pagar inmediatamente todo el valor”.

“Las condiciones de la financiación, que no dependen de Naval Group, pero sí el estado francés puede tener un papel relevante, porque puede dar una garantía para la financiación. Todo va a depender de la ganancia, la tasa de interés, del valor de la garantía, del seguro”, manifestó.

El mecanismo que se suele utilizar para estas transacciones es el de export finance (crédito de exportación), en el que “generalmente el gobierno da una garantía, la cual ya tiene algunas condiciones asociadas, no es un cheque en blanco”

“Solemos elegir para esto a bancos que ya conocemos, con los que estamos acostumbrados a trabajar y que conocen el país comprador o que facilitan las relaciones”, cerró.