POLITICA
La obra social de trabajadores rurales presentó un recurso para concretar un recorte de gastos y despidos masivos
El colapso financiero de la Obra Social del Personal Rural y Estibadores de la República Argentina (OSPRERA) llevó a su interventor, Marcelo Petroni, a solicitar formalmente la apertura de un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) ante la Secretaría de Trabajo con el fin de “asegurar la continuidad de la atención médica a sus más de 700 mil afiliados en todo el país”.
La entidad enfrenta un endeudamiento que roza los $96.000 millones, un déficit mensual que llegó a superar los $5.800 millones y una estructura de personal que excede ampliamente los límites legales y operativos.
Según las previsiones oficiales, el Procedimiento Preventivo de Crisis permitirá un ahorro superior a los $10.500 millones, “posibilitando el equilibrio presupuestario sin afectar prestaciones ni servicios esenciales”.
El PPC es una herramienta legal que permite ordenar la estructura económica de entidades en situación crítica, sin paralizar su funcionamiento. En este caso, de acuerdo con la intervención de OSPRERA, se aplicará para preservar prestaciones, asegurar la provisión de medicamentos, ordenar relaciones con prestadores y proteger los empleos vinculados al sistema de salud, bajo supervisión oficial.
El plan de acción presentado por Petroni contempla medidas drásticas para revertir la situación. En primer lugar, se prevé la eliminación de 638 puestos de trabajo sobre un total de 1.160 empleados, con liquidaciones finales estimadas en $20.930 millones y un esquema de indemnizaciones, conforme al artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, por un total de $10.465 millones a pagar en 12 meses. Para facilitar este proceso, se pide la exención de cargas sociales durante un año.
La optimización de costos operativos es otro eje central del plan. Se propone reducir el gasto administrativo para ajustarse a los límites legales, reasignar personal y eliminar funciones duplicadas. Además, se plantea una transformación tecnológica que incluye el reemplazo de procesos manuales por sistemas digitales, el lanzamiento de una nueva página web y un asistente digital, la implementación de receta electrónica, la prestación de servicios de telemedicina las 24 horas, la tercerización de call centers y el desarrollo de software propio para la normalización de cartillas. El objetivo, según la intervención de la obra social, es “reducir la dependencia de tareas manuales y aumentar la eficiencia operativa”.
La situación crítica de OSPRERA se explica por varios factores, según figura en el PPC: un déficit mensual que, aunque se redujo a $2.500 millones tras la intervención, previamente oscilaba entre $4.800 millones y $5.800 millones; un gasto administrativo que representa el 17% de los recursos, más del doble del máximo legal permitido, que es del 8%; y una plantilla de aproximadamente 1.169 empleados, de los cuales un cuarto no está asignado a ninguna gerencia específica. Además, se han detectado funciones superpuestas, empleados sin tareas asignadas y jefaturas sin roles definidos, lo que evidencia que hubo “una gestión ineficiente y desordenada”.
El análisis institucional y legal revela que OSPRERA tiene su origen en ISSARA, conforme a la Ley 19.316, y fue posteriormente transformada por las leyes 23.660 y 23.661. Estas normativas exigen que el 80% de los recursos se destine a prestaciones y que los gastos administrativos no superen el 8%. Sin embargo, auditorías ordenadas por los decretos 720/2024 y 1045/2024 identificaron graves incumplimientos legales, manejo irregular de fondos y contratos considerados “leoninos” con la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), el sindicato del sector, liderado por José Voytenco. El endeudamiento total, según surgió de estas auditorías, asciende a $95.858 millones.
En cuanto a los indicadores económicos, el déficit anual de la obra social se disparó de manera alarmante: en 2023 alcanzó los $12.889 millones, lo que representa un incremento interanual del 152%, y para 2024 se proyecta en $50.617 millones. Los gastos salariales y cargas sociales suman $4.000 millones mensuales, suma equivalente al 14% del gasto total. Además, la declaración de nulidad de una rendición de cuentas por $8.000 millones agravó aún más el déficit de OSPRERA.
En su solicitud, el interventor pide que se acepte la apertura del Procedimiento Preventivo de Crisis, se traslade la situación a UATRE —a la que también se le atribuye responsabilidad en la crisis—, se fijen audiencias según la normativa vigente y se autorice la instrumentación del plan propuesto para evitar la inviabilidad de la obra social.
Más allá de los números en rojo, OSPRERA se convirtió en el escenario de una batalla entre el sindicato de Voytenco y el Gobierno, que en noviembre designó como interventor a Petroni, un abogado cercano a Eduardo “Lule” Menem.
En otra derivación de esta pelea, Voytenco denunció en la Justicia al secretario de Trabajo, Julio Cordero; al entonces director de Asociaciones Sindicales Claudio Aquino y al diputado nacional Pablo Ansaloni (La Libertad Avanza), ex dirigente del gremio, entre otros, como responsables de “llevar adelante un plan delictivo coordinado con el fin de apropiarse de la conducción de la organización sindical”.
El líder de UATRE, apuntado por el Gobierno como un ultraopositor vinculado con el kirchnerismo, quedó en una situación difícil luego de que la Secretaría de Trabajo, a través de un dictamen de Aquino, suspendió el congreso del gremio que lo reeligió porque “no pudo acreditarse la legalidad y la legitimidad de los congresales”, en sintonía con una denuncia de sus opositores internos.
Luego de esa resolución, Cordero pidió a la Justicia la intervención de UATRE, decisión rechazada por la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.
Luego, Voytenco contraatacó con una denuncia judicial contra Cordero por haber querido tomar ilegalmente el control de UATRE, causa que derivó en el pedido de indagatoria del secretario de Trabajo por parte del fiscal federal Guillermo Marijuan. En septiembre pasado, el juez federal Sebastián Casanello ordenó analizar las llamadas de los imputados y hace 24 horas pidió ampliar registros telefónicos, la geolocalización de celulares y documentación del Ministerio de Capital Humano.
En medio de su viaje a Estados Unidos para promover inversiones para la Argentina y en medio de la escalada bélica en Medio Oriente, el presidente Javier Milei analizó el panorama mundial, elogió el trabajo de la administración de su par estadounidense Donald Trump y adelantó que para mitad de este año los conflictos habrán llegado a su fin, incluso lo que él mismo definió como “el régimen cubano”.
“Es de esperar que la guerra tenga un corto alcance. Y, en paralelo, el gobierno de Estados Unidos está trabajando por la paz entre Ucrania y Rusia. Al mismo tiempo que por decantación caerá Cuba“, consideró el jefe de Estado.
En una entrevista radial que brindó desde Nueva York, a donde viajó para participar de la Cumbre “Escudos de las Américas” y de la inauguración de la Argentina Week 2026, Milei explicó que los procesos bélicos van a haber “encontrado su final” para la segunda mitad de 2026. “Incluida la liberación de Cuba”, detalló.
“En ese contexto, es muy probable que los precios se acomoden. Así es que cuando la Argentina, por una cuestión estacional dada el invierno, pueda tener algún faltante de gas, no pague precios exorbitantes”, explicó en diálogo con Radio Now y añadió: “Esto no es ni más ni menos una situación transitoria, un deterioro transitorio que puede tener la economía mundial, pero en donde la consecuencia va a ser un reordenamiento político muy fuerte: básicamente China va a quedar más aislado en términos de que muchos de sus socios, la situación va a ser más pura y limpia».
viaje a Estados Unidos para promover inversiones para la Argentina,Javier Milei,Cuba,Estados Unidos,Conforme a,,»Dejen de mentir». Un ministro de Kicillof criticó a los concejales de LLA que proponen bajar tasas en 116 municipios,,Con Milei y medio gabinete en EE.UU, el Gobierno opera en modo remoto y Adorni delegó funciones en Pettovello,,Recambio. Schmid deja la conducción de Dragado y Balizamiento después de 33 años,Javier Milei,,Minuto a minuto. Javier Milei: las últimas medidas del Gobierno,,Gira. Milei expone en una universidad y esta noche será agasajado en una cena con tickets que van de 3600 a 500.000 dólares,,$LIBRA. El jubilado que recibió un millón de dólares figura en sociedades del exterior y conduce autos de alta gama
POLITICA
Las impactantes multas que el Gobierno aplicará contra dos gremios por haber adherido al paro de la CGT
El Gobierno aplicará multas millonarias contra los sindicatos La Fraternidad y Unión Tranviarios Automotor (UTA) por incumplir la conciliación obligatoria en sus conflictos y adherir al paro nacional de la CGT el 19 de febrero pasado. Según afirmaron a Infobae fuentes oficiales, el gremio de conductores de locomotoras deberá pagar 21 mil millones de pesos, y el de choferes de colectivos, 70 mil millones de pesos.
Consultados por Infobae, en ambos sindicatos aseguraron que hasta el momento no les llegó la notificación oficial de las sanciones y prefirieron no opinar hasta que puedan analizar esa comunicación.
La medida establece un precedente relevante en materia de sanciones por no cumplir con la conciliación obligatoria y podría escalar en un enfrentamiento de mayor intensidad entre el Poder Ejecutivo y el sindicalismo.
La CGT ya anticipó su rechazo a las multas contra los dos gremios del transporte y atribuyó la medida del Gobierno a un acto de “persecución política y sindical”.
“Lejos de perseguir las legítimas acciones gremiales de los sindicatos, amparadas por la Constitución Nacional y propias de un país donde se ejerce la libertad sindical, el Gobierno debería preocuparse mejor en reaccionar ante la escalada indetenible del cierre de empresas, del aumento escandaloso del desempleo y la caída brutal del valor adquisitivo del salario y las jubilaciones”, agregó.
Además, la CGT resaltó: “Si a las autoridades del Gobierno les preocupa la altísima adhesión al último paro convocado por esta central obrera, tienen que saber que es con trabajo que se disminuye la conflictividad social, no con persecución política y sindical”.
Por su parte, la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) también condenó la sanción impuesta y se solidarizó con los dos sindicatos. En la entidad conducida por Juan Carlos Schmid advirtieron que “estas acciones constituyen un grave antecedente de presión sobre las organizaciones sindicales y una señal preocupante de avance sobre derechos fundamentales de los trabajadores, entre ellos el derecho constitucional a la organización y a la huelga”.
La Secretaría de Trabajo, que encabeza Julio Cordero, verificó el desacato de ambos sindicatos a la conciliación obligatoria el 19 de febrero pasado y dio inicio a sumarios administrativos. El comunicado de Capital Humano para anunciar esta decisión dijo que “las infracciones tipificadas en el artículo 4° del régimen general de sanciones por infracciones laborales, ratificado por Ley N° 25.212, conllevan una sanción de multa del 50% al 2000% del valor mensual del salario mínimo, vital y móvil por cada trabajador afectado».
Las multas económicas, que se graduarán según la fecha exacta de la infracción y el universo de trabajadores implicados, serían solo una de las consecuencias. La ley prevé además la posibilidad de quitar la personería a los sindicatos que violen la conciliación obligatoria.
Según Capital Humano, la aplicación de estas sanciones busca “resguardar el interés general y garantizar el cumplimiento de la normativa laboral vigente”.
La Fraternidad, encabezada por Omar Maturano, interpretó que la conciliación obligatoria sólo regía para su propio conflicto salarial y no podía aplicarse a una protesta general de la CGT por otros motivos.
Por su parte, la UTA, bajo la dirección de Roberto Fernández, argumentó que en esos días la conciliación obligatoria había sido dispuesta únicamente para el conflicto salarial de los choferes de colectivos del interior y no para los trabajadores del AMBA.
La conciliación obligatoria, de acuerdo con la ley, impone que sindicatos y empleadores abran una instancia de negociaciones durante 15 días—prorrogables por otros cinco—en la Secretaría de Trabajo. Durante ese plazo, ambas partes deben retroceder al estado anterior al conflicto, absteniéndose de tomar o continuar medidas de acción directa, bajo pena de sanción.
La última vez que el Estado impuso multas de este tipo fue durante el gobierno de Mauricio Macri, cuando el entonces ministro de Trabajo Jorge Triaca sancionó al Sindicato de Camioneros, liderado por Hugo Moyano, con una multa de $809.790.710 mediante la Resolución N° 27.768 del 19 de julio de 2018. En ese caso, la infracción correspondió a la violación de la conciliación obligatoria en un conflicto salarial por un bono de fin de año para 182.797 trabajadores camioneros.
El sindicato de Moyano rechazó el pago y cuestionó el proceso, lo que derivó en que ya bajo la gestión de Alberto Fernández, el entonces ministro de Trabajo Claudio Moroni declarara en 2020 la “nulidad” del expediente. Según esa resolución, “no se identificó clara ni concretamente el número de los trabajadores afectados a la infracción imputada”.
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POLITICA
Un ministro de Kicillof criticó a los concejales de LLA que proponen bajar tasas en 116 municipios
El ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, hombre de máxima confianza del gobernador Axel Kicillof, criticó el movimiento coordinado de los concejales de La Libertad Avanza que presentaron proyectos para reducir o eliminar tasas en 116 municipios bonaerenses.
Les pidió que “dejen de mentir” y subrayó que esos cargos que definen los municipios tienen un impacto menor al 1% sobre la carga tributaria de la producción agrícola e industrial.
“Le pedimos al gobierno nacional y a los concejales de La Libertad Avanza que dejen de mentir, que dejen de llevar adelante operaciones de distracción. Les pedimos que se pongan a trabajar con proyectos que tengan como objetivo favorecer la producción, no destruir la producción”, subrayó Bianco en una conferencia de prensa que ofreció este lunes por la mañana, junto a los ministros Augusto Costa (Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica) y Estela Díaz (Mujeres y Diversidad).
El funcionario consideró que el gobierno nacional impulsa “permanentes ataques, operaciones de prensa e intentos judiciales de limitar la autonomía de los municipios en materia de fijar sus tasas”, con el argumento “de que en la Argentina los problemas de los comercios, de la producción agropecuaria e industrial tienen que ver con la excesiva aplicación de tasas municipales”. Y resaltó: “Queremos desmentir que esto sea una causa importante”.
Para cuestionar la iniciativa libertaria, motorizada por Sebastián Pareja (diputado nacional y presidente del partido La Libertad Avanza bonaerense), Bianco tomó un índice elaborado por la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA). “El 93,6% de la carga impositiva sobre la producción agropecuaria tiene que ver con los impuestos nacionales, que ¡Oh, casualidad!, mayoritariamente son impuestos nacionales no coparticipables. Es decir, que la recaudación se la queda [el presidente Javier] Milei. El 56,5% son impuestos no coparticipables; el 37,1%, impuestos coparticipables. Solo el 5,7% de la carga tributaria sobre la producción agropecuaria es de impuestos provinciales. Apenas el 0,7% corresponde al impacto de las tasas municipales», dijo el ministro de Gobierno provincial.
En su cruzada contra la avanzada de los concejales libertarios, Bianco apeló también a un dato relevado por la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). “El otro indicador que estuvimos analizando es del Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata. El profesor Agustín Lódola [que dirige ese laboratorio] muestra que las tasas municipales explican solo el 0,9% del valor agregado bruto, a precios de mercado, en el promedio de las cadenas productivas de la Argentina”, indicó el funcionario kicillofista.
La Libertad Avanza presentó proyectos en los municipios en los que tiene representación con ediles con el objetivo de eliminar 138 tasas municipales, reducir otras 120 y simplificar 11. Según la información que difundieron usinas libertarias para apuntalar la seguidilla de iniciativas, Buenos Aires es el distrito con el promedio de tasas más alto del país. “El 81% de esas tasas no tienen una contraprestación clara”, afirmó Pareja al justificar el movimiento coordinado de los concejales mileístas.
Bianco, por su parte, subrayó que los inconvenientes productivos del país se derivan de las políticas nacionales y no del peso de las tasas municipales. “Es una mentira que el problema de la competitividad, de la producción y la generación de empleo en la Argentina tiene que ver con las tasas municipales; eventualmente, tendrá que ver con el sistema tributario nacional. Pero sabemos que el problema de la producción tiene que ver con otra cosa: con la apertura importadora, con la apreciación cambiaria, con la destrucción del mercado interno, con la caída de los ingresos de la población en la Argentina”, afirmó el ministro de Gobierno bonaerense.
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