La tensa pelea entre el Gobierno y Claudio “Chiqui” Tapia tiene ribetes insólitos. En las últimas horas, después de que el presidente Javier Milei se diera un apretón de manos con Gianni Infantino, titular de la FIFA, en Davos, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) presentó una nueva denuncia penal contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por el delito de facturación apócrifa, en operaciones que involucran un monto de $376 millones. En paralelo, la Inspección General de la Justicia (IGJ) investiga supuestas irregularidades en los balances contables de la entidad. Además, la DGI también había denunciado a la AFA por una retención indebida de aportes. Ese es el único expediente en el que Tapia está imputado.

Un dato llamativo que se esconde detrás de la ofensiva de la Casa Rosada contra la AFA es que la persona que tenía a su cargo el control de las cuentas de la institución con sede en la calle Viamonte es un funcionario de Milei. Se trata de Alejandro Fabián Díaz, titular de la Sindicatura General de la Nación (Sigen), el principal organismo de control interno de la administración pública nacional.

Díaz ejerce como titular de la Sigen desde mediados de julio pasado, cuando el Presidente lo eligió para reemplazar al empresario Miguel Blanco. Hasta ese momento, Díaz, un contador con extensa trayectoria en la oficina de control que depende del Poder Ejecutivo Nacional, se desempeñaba como presidente de la Comisión Fiscalizadora de la AFA bajo la gestión de Tapia. Trabajaba codo a codo con Pablo Toviggino, tesorero de la entidad y mano derecha del “Chiqui”.

Según el artículo 63 del estatuto de la AFA, la Comisión Fiscalizadora es el órgano encargado de supervisar la administración financiera de la institución. Debe producir dictámenes vinculados a “la memoria, al Balance General e Inventario de la AFA y a la cuenta de recursos y gastos correspondiente a cada ejercicio”.

Díaz se tomó licencia en la AFA apenas Milei lo nombró como nuevo síndico en el Poder Ejecutivo. En una carta dirigida a Tapia y Toviggino, fechada el 18 de julio de 2025, el funcionario argumentó que su nuevo rol en la gestión pública le impedía abocarse a sus funciones como presidente de la Comisión Fiscalizadora, “con la diligencia, independencia y objetividad que exigen las normas profesionales aplicables y los principios rectores de la Ley General de Sociedades”. Dado que había aceptado asumir al frente de la Sigen, Díaz solicitó formalmente una licencia a la Asamblea de la AFA “con el fin de preservar la transparencia y eficacia en la labor de fiscalización”.

El corrimiento de Díaz ocurrió antes de que Milei activara una ofensiva contra Tapia y se desatara el escándalo en la AFA por las supuestas irregularidades en la administración de los fondos de la entidad, los vínculos financieros de sus directivos o las sospechas de lavado de dinero.

Pese a que ahora el Gobierno pone la lupa sobre las cuentas de la institución y activó incluso una denuncia penal, Díaz no tiene previsto renunciar a su cargo en la AFA. Considera que su corrimiento a través de una licencia formal fue suficiente. De hecho, integrantes de su entorno deslizan que una dimisión aportaría poco o nada en el contexto político actual. Eso sí: lamentan que su nombre aún figure en el organigrama de autoridades del portal de la AFA.

Si bien el síndico trataba con frecuencia a Toviggino, Díaz intenta despegarse de la gestión de Tapia. Sus allegados repiten que no tenía un rol político dentro de la institución. Es decir, afirman que no participaba en la toma de decisiones y que solo se dedicaba a sus tareas de auditor. “No se sentaba en la mesa chica y a Tapia lo vio una sola vez”, arguyen cerca del titular de la Sigen.

Díaz quedó ahora en una posición incómoda por el conflicto que se desató entre la Casa Rosada y la AFA. Asesores influyentes que circulan por los pasillos de Balcarce 50 buscan relativizar el tema. Es que hasta esta semana confiaban en que se mantendrá bajo radar en la opinión pública. Anteayer, el legislador de la CC Facundo del Gaiso, denunciante en la causa por la mansión en Pilar, valuada en 20 millones de dólares y que se sospecha podría pertenecer a Toviggino, alzó la voz para reclamar la renuncia de Díaz. Es más: opinó que le “podría aportar a la Justicia información” sobre el contrato que rubricó la AFA con TourProdEnter LLC, de Javier Faroni, un empresario que supo estar muy cerca de Sergio Massa. La compañía de Faroni fue contratada en 2021 por Tapia y Toviggino para recaudar los ingresos internacionales de la AFA.

A su vez, los balances contables de la AFA que fueron cuestionados por la IGJ, que conduce Daniel Vítolo, corresponden a los ejercicios entre 2017 y 2024, cuando Díaz estaba al frente de la Comisión Fiscalizadora. Ayer, Tapia lanzó un primer contraataque: denunció a Vítolo, titular del ente regulador, por “abuso de autoridad y violación en los deberes de funcionario público”.

Si bien tenía un trato cotidiano con Toviggino, Díaz machaca en la intimidad con que su llegada a la casa madre del fútbol argentino se produjo durante la gestión de Julio Humberto Grondona. No obstante, es indudable que su desempeño como titular de la Comisión Fiscalizadora requería de un padrinazgo político. Es que todos los integrantes de ese órgano, desde el presidente hasta el vice y los vocales titulares y suplentes- son elegidos por la Asamblea, órgano supremo y legislativo de la AFA.

Antes de llegar a la presidencia de la Sigen, Díaz se desempeñaba como auditor de Nucleoeléctrica Argentina SA, una empresa del Estado que funciona dentro de la órbita del Ministerio de Economía. Fue representante por la Argentina en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) entre 2013 y 2022, y síndico en YPF, Belgrano Cargas, el Correo Oficial y Banco Nación. De hecho, está involucrado en la causa por Vicentin, en la que se investiga un presunto acuerdo entre el Banco Nación y la empresa para omitir el cobro de una deuda millonaria durante el gobierno de Mauricio Macri. En ese caso, el juez Julián Ercolini ordenó la inhibición general de los bienes de Díaz y del resto de las exautoridades del Banco Nación y directivos de Vicentin.

Quien patrocinó el desembarco de Díaz en la Sigen fue Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y uno de los habitantes más poderosos de la Casa Rosada.

La hermana del Presidente compartió un evento con Tapia en Asunción, Paraguay, en diciembre de 2024, cuando se oficializó que el país sería sede de un partido inaugural de la copa del Mundo del 2030. Ese día, Karina Milei estuvo acompañada por Manuel Adorni. En los días previos, el Presidente y Tapia habían chocado por la habilitación de las sociedades anónimas (SAD) en la liga local.

En rigor, Díaz no es el único nexo del entorno de los Milei con Tapia. Antes de que Milei llegara al poder, Martín Menem, titular de la Cámara de Diputados, firmó contratos millonarios con la AFA. Lo hizo con su empresa Gentech Argentina SA, que produce suplementos vitamínicos, barras proteicas y bebidas isotónicas. La compañía donde el vice de LLA es el principal accionista también es auspiciante de Barracas Central, el club donde Tapia actúa como un patrón de estancia. Otro de los sponsors de la institución es Sur Finanzas, la financiera de Ariel Vallejo, financista cercano al titular de la AFA que está siendo investigado en los tribunales.

Entre tanto, Tech Security SRL, la firma de seguridad privada de Adrián Menem, Fernando Nicolás Menem, hermanos de Martín, y Pablo Vázquez, exempleado del club River Plate, también tiene vínculos comerciales con la AFA de Tapia.

Otro personaje gravitante en el mundo de Karina Milei que supo tener vínculos con “El Chiqui” es Diego Santilli, actual ministro del Interior. Santilli fue el encargado de negociar los acuerdos de Larreta con Hugo Moyano en la Ciudad y tuvo un rol clave en la llegada de Tapia a la conducción de la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (Ceamse), la empresa de tratamiento de residuos y una pieza clave en el esquema de poder del “Chiqui”.

Pese a que Milei es crítico de la actual gestión de la AFA, en la cúpula del Gobierno conservan la mesura. Repiten que no están pensando en intervenir la entidad y argumentan que el jefe de la ARCA, Andréz Vázquez, que responde a Santiago Caputo, estaba obligado a denunciar penalmente a la AFA tras la detección de facturas apócrifas.

De los sondeos que circulan en Balcarce 50 se desprende que hay malestar en la sociedad con los manejos de Tapia y Toviggino, y, sobre todo, por el nivel de los arbitrajes en el fútbol, pero que la mayoría no confía en la dirigencia política para resolver el problema.

Además, los colaboradores de Milei intuyen que involucrarse de lleno en la gestión podría ser costoso. Es que consideran que el escándalo desgastará a Tapia sin necesidad de que el Gobierno lo empuje. Por lo tanto, la Casa Rosada dosifica su ataque. El propio Milei evita confrontar directamente con Tapia. Hasta la senadora Patricia Bullrich (LLA), quien se había subido a la ofensiva, adoptó una postura más cautelosa en las últimas semanas. Cerca suyo aseguran que ahora hay que esperar el trabajo de la Justicia. ¿El hecho de que la IGJ coloque un veedor oficial en la AFA podría ser leído como un anticipo de una eventual intervención? Es una pregunta que se hicieron en el Gobierno en los últimos días.

Esta semana, ARCA fue aceptada como querellante en la causa contra Tapia por presunta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social por miles de millones de pesos. Así, Milei se apartó de la doctrina que Caputo, su principal asesor, aplicó hasta ahora: que su gestión no se presente como querellante en la Justicia en casos de corrupción o lavado. “ARCA es el damnificado, ¿cómo no nos vamos a presentar?”, justifican en el Ejecutivo.