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La opinión mayoritaria de los constitucionalistas es que García-Mansilla debe dejar de inmediato la Corte Suprema

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La Constitución Nacional establece como regla para designar jueces en la Corte Suprema que deben ser nombrados por el Presidente y obtener el acuerdo del Senado (artículo 99 inciso 4). Javier Milei nombró a Ariel Lijo y a Manuel García-Mansilla por decreto, amparado en otro inciso del artículo 99 (el 19), que prevé como excepción los nombramientos en comisión, como estos, y dice que “expirarán al fin de la próxima legislatura”; es decir, en principio, el 30 de noviembre.

Además, el Gobierno había enviado los pliegos de los dos jueces al Congreso para que fueran nombrados de forma definitiva. El Senado acaba de rechazar esos pliegos.

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La pregunta ahora es, asumiendo que su nombramiento fue constitucional (algo que está discutido y la Justicia aún no abordó), ¿puede García-Mansilla quedarse en la Corte después de que el Senado rechazó su pliego?

La Constitución no lo responde en forma expresa y no hay un fallo de la Corte que sea perfectamente trasladable al caso (básicamente porque la última vez que un gobierno constitucional nombró a un juez de la Corte en comisión fue hace más de 100 años).

La doctrina mayoritaria entiende que no puede quedarse, pero el Gobierno sostiene que sí, que la Constitución es clara y que no hay ninguna duda de que el juez en comisión goza de estabilidad durante todo el período legislativo. Sostiene que solo puede ser removido por juicio político.

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Defendió recientemente esta postura el constitucionalista Ricardo Ramírez Calvo, coautor con García Mansilla de varias obras de derecho. Ramírez Calvo citó un fallo de la Corte (”Dura”, 1932) que dijo que los nombramientos en comisión “otorgan a los designados la plenitud de los derechos inherentes a sus funciones hasta la expiración del plazo señalado” por la Constitución, y que sostener que pueden ser removidos sin juicio político va en contra de la independencia judicial.

Históricamente, la interpretación mayoritaria fue la contraria a la de Ramírez Calvo. En 1967, Germán Bidart Campos, referente del constitucionalismo argentino, escribió que si el Senado deniega su acuerdo al juez nombrado en comisión “la negativa senatorial explícita deja ipso jure e ipso facto sin efecto el nombramiento en comisión (para el futuro)”. Y añade: “Que la Constitución diga que el nombramiento en comisión expira al fin de la próxima legislatura no significa que el designado pueda siempre permanecer en el cargo todo ese lapso, a pesar del acuerdo expresamente denegado, sino solamente que permanecerá en el cargo durante dicho término en el único caso de que el Senado no se pronuncie”.

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El constitucionalista Pablo Manili sostiene, en el mismo sentido, que un juez nombrado en comisión y con su pliego rechazado por le Senado “no se puede quedar porque la designación de un juez de la Corte es un acto complejo, que requiere la voluntad del Presidente y del Senado” y que esto es aún más claro “desde la reforma constitucional del ‘94, que estableció requisitos más severos para el acuerdo del Senado, ordenando una sesión pública y dos tercios de los votos”.

Manili publicó el año pasado un artículo en La Ley en el que citó el caso “Montero”, de 1958, sentencia en la que la Corte sostuvo: “El funcionario designado en comisión cesa si el Senado rechaza su acuerdo, aun antes de expirar el período de sesiones. El inc. 22 [actual inc. 19] no ha tenido por finalidad asegurar al funcionario nombrado una inamovilidad irrevocable durante todo el período legislativo”.

No fue en un caso como el de García-Mansilla porque la designación del juez Belisario Montero, al que se refiere el fallo, no era para la Corte y porque había sido designado en comisión por un gobierno militar. En 1958 asumió Arturo Frondizi y cubrió con nombramientos definitivos los cargos que estaban cubiertos en comisión. Entre los juzgados en juego estaba el de Montero, que fue desplazado cuando el Senado le dio acuerdo a otra persona para el cargo que ocupaba él. Montero llegó a la Corte con su reclamo para quedarse hasta el final del “período legislativo”, pero la Corte rechazó su planteo.

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La voluntad del Senado

El constitucionalista Gustavo Arballo coincidió en que, tras el rechazo del pliego por parte del Senado, quien fue designado en comisión no puede seguir, aunque la Constitución diga que su cargo expira “al fin de la próxima Legislatura”. Afirmó: “Que esto esté escrito así (para evitar las comisiones ‘a perpetuidad’ si el pliego queda en un limbo sin rechazo ni acuerdo) no implica que sea la única causal, porque debe verse en contexto como el recurso sucedáneo y transitorio, un procedimiento excepcional, que no puede imponerse frente a la voluntad ya luego declarada -negativamente- por el Senado”.

Manuel García-Mansilla, Ricardo Lorenzetti, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti

“Pero hay algo -advirtió Arballo-: de ese modo el Presidente podría invocar la vacancia en cada receso para nombrar sucesivos (o los mismos) candidatos en cada fin de legislatura haciendo estéril e irrelevante el desacuerdo del Senado para cada uno de ellos. Ese efecto posible y forzosamente asistemático en sus consecuencias es ilustrativo del absurdo de aceptar su continuidad con el pretexto literalista.”

Arballo insistió: “Un argumento rebuscado para confirmarlo: imaginemos que habiendo una sola vacante un presidente designa a Pedro en comisión, pero por alguna extraña razón, envía al Senado el pliego de Juan, que obtiene acuerdo. Es evidente que el nombramiento de Juan como regular desplaza -y hace cesar- el nombramiento comisionado de Pedro, que no podrá invocar que tiene cargo ‘hasta el fin de la próxima legislatura”.

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“Esta misma noche”

Para el constitucionalista Roberto Gargarella, no se necesita recurrir al fallo “Montero” para atender a un “problema sustantivo”, que es que “la vía utilizada por el Ejecutivo para designar jueces no se encuentra constitucionalmente habilitada”. Gargarella dijo: “Nadie puede ser juez de la Corte sin el apoyo de dos tercios del Senado en sesión pública. Fin de la discusión”. Para él, García-Mansilla “se encuentra usurpando un cargo desde el momento en que avaló y aceptó esa designación palmariamente inconstitucional” y “a esa situación tan grave se agrega la falta seria cometida por la Corte, al tomarle juramento -un hecho que no se explica por resguardo de la Constitución o de los valores republicanos, sino por razones vinculadas con las internas que parecen gobernar a la vida del tribunal-”.

Gargarella afirmó: “Rechazado su pliego por el Senado, él debe dejar su lugar esta misma noche, o se lo deberá remover por la fuerza pública. Ni entro a considerar lo que implicaría la situación contraria -una situación de gravedad institucional extrema, que habilitaría a todo presidente futuro a seguir actuando como si el Senado no existiera-. Tampoco considero el riesgo (imaginable) de una mayoría de la Corte que, otra vez por razones oportunistas, autointeresadas y de corto plazo, que busque apañar la ‘resistencia’ que pudiera ensayar García-Mansilla. Quiero confiar en su dignidad moral, más allá de que él, en poco tiempo, haya dado tantas y serias razones para que no lo haga”.

Un problema de fondo

La constitucionalista María Angélica Gelli afirmó: “Debería obedecerse la decisión del Senado, guste o no. El decreto del Poder Ejecutivo no puede bloquear el poder del Senado para examinar los pliegos y dar acuerdo o no. Así como el Senado puede aprobarlos, los puede desaprobar”.

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Gelli afirmó que “la designación en comisión es hasta tanto se expida el Senado”. Para ella, en estos casos hay un problema de fondo. “El decreto de designación firmado por Milei es irrazonable porque no se han evaluado las impugnaciones, sobre todo de uno de los jueces, que eran muy serias”.

Gelli destacó que “el mismo decreto de Milei dice que los nombramientos se hacen ante la inacción del Senado” y afirmó: “Si la hubo [la inacción], que a mí me parece que no, ahora no hay dudas: se pronunció y no hay nada más que hablar”.

La constitucionalista advirtió que sostener lo contrario además generaría un problema en los tribunales porque se multiplicarán los pedidos de nulidad de los fallos que firme García-Mansilla de acá en más. “Implicaría una judicialización de cada sentencia de la Corte”, advirtió.

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Fuerza Patria se aferra a la tregua para la campaña en PBA y espera un cierre menos traumático a nivel nacional

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“Cada uno hace campaña por su lado. No hay una gran coordinación, pero hay calma”, fue la síntesis que hizo un referente del cristinismo en el inicio de la tercera semana de campaña. Axel Kicillof, Sergio Massa, Cristina y Máximo Kirchner llevan adelante el modo electoral jugando su propio juego. Cada uno por su camino, pero todos con un mismo objetivo.

El peronismo vive el proceso electoral abrazado a una tregua que, pese a todos los pronósticos, ya lleva dos semanas sin demasiadas fisuras. Es endeble, está apenas pegada, pero sirve para sostener un relato contra la política económica del gobierno de Javier Milei.

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En ese marco se negociará la lista de diputados nacionales de la provincia de Buenos Aires, donde debe darse un nuevo acuerdo entre las tres partes más importantes para que haya fumata blanca. En todas las terminales esperan que la negociación sea menos traumática que la del cierre provincial.

En La Plata piden que se les adjudique los cuatro lugares de los legisladores que responden a Kicillof, que son parte de la cámara actualmente y a los que se les vencen los mandatos. Es el caso del titular de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky; el ex ministro de Salud bonaerense Daniel Gollán; el ex intendente Florencio Varela Julio Pereyra y la joven del peronismo matancero Brenda Vargas Matyi.

Axel Kicillof junto a Gabriel Katopodis, el primer candidato a senador de la Primera sección electoral (Prensa gobierno PBA)

En el cristinismo se refugian en el silencio pero advierten que CFK tendrá injerencia en el punteo de las listas. La nómina de diputados bonaerenses siempre ha sido uno de los puntos de resistencia del kirchnerismo en las discusiones por los lugares. Es una definición importante para el poder dentro de la cámara y en la provincia de Buenos Aires.

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La tregua que hoy vive el peronismo bonaerense se divisó en las fotos y en las actividades, en los rostros de los dirigentes que estuvieron en la trinchera de la interna durante más de un año. Donde había gestos adustos, ahora aparecen sonrisas de unidad. Todos saben bien sobre la necesidad de no retomar las discusiones en pleno proceso electoral y actúan en consecuencia.

Axel Kicillof es el que está haciendo más campaña en el territorio con el contraste de modelos. Ayer lo dejó en claro en una de las actividades que encabezó. Estuvo presente en la inauguración del nuevo edificio de la Escuela de Educación Especial N°536 en la ciudad de La Plata. Allí apuntó contra el Presidente y empujó contra los extremos las diferencias entre su gestión y la de la Casa Rosada.

“Esta inauguración es la demostración del contraste entre dos modelos de país: el mismo día que Javier Milei vetó una ley que ayudaba a las personas con discapacidad, en la provincia de Buenos Aires estamos inaugurando una escuela de educación especial”, aseguró. Y agregó: “El veto no tiene que ver con cuestiones presupuestarias, sino más bien con prioridades: nosotros creemos en un Estado que no permanece indiferente y garantiza el derecho a la educación”.

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Sergio Massa es uno de los dirigentes que colaboró para sellar la tregua

Cada uno por su lado. Cada uno con sus palabras, sus formas, sus textos, sus ideas. Pero todos unificados detrás de la idea de confrontar con Milei y esperanzados en hacer una elección mejor de la que esperaban a principio de año.

Máximo Kirchner es uno de los dirigentes que más se concentró en los medios, las conferencias y los plenarios. Desde esos lugares mantiene su discurso activo y le esquiva a la conflictividad de la interna.

Sergio Massa, que cumplió un rol importante en la consolidación de la tregua, se volcó a las redes sociales para publicar algunos videos resaltando “la fuerza de la unidad”, mientras que Cristina Kirchner convirtió su voz en afiches y lanzó una campaña callejera con postales de frases suyas. Además suele enviar audios a distintos plenarios del peronismo bonaerense. Es su forma de estar presente desde San José 1111.

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Por estas horas el mayor temor del peronismo bonaerense reside en los movimientos de Juan Grabois. El dirigente social se convirtió en un personaje fuerte en el micromundo justicialista y en los últimos días amenazó con plantar una lista por afuera de la de Fuerza Patria para competir en las elecciones nacionales del 26 de octubre.

Juan Grabois y Máximo Kirchner durante un encuentro en Lomas de Zamora

Cristina Kirchner habló con Grabois, luego de que criticara nuevamente a Massa, y le pidió bajar los decibeles. Desde su departamento en Monserrat, donde cumple con la prisión domiciliaria, trabaja en el armado del peronismo, tanto a nivel bonaerense como nacional. Talla en varios acuerdos provinciales y mantiene una idea firme: hay que cerrar la unidad sin demasiadas concesiones. Si es necesario, que la unidad duela.

El último viernes el dirigente social compartió un acto con Máximo Kirchner en Lomas de Zamora. Fue una señal positiva para la dirigencia que quiere aplacar cualquier tipo de conflicto que se genere. Pero, aún así, en el kirchnerismo no descartan que Grabois pegue el portazo y presente una lista por afuera. Que, en definitiva, siga la línea que hizo pública Ofelia Fernández, quien habló de la necesidad de que el peronismo vaya dividido en estas elecciones para saldar las diferencias existentes.

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El próximo jueves se vence el plazo para presentar las alianzas nacionales. Será una parada clave para que el peronismo reafirme el camino tomado en la provincia de Buenos Aires y trabaje en sellar las grietas internas con las que convive cada día. Serán horas cruciales para que la unidad no entre en una zona de riesgo.

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En medio de las críticas por los vetos, Francos volverá al Congreso para responder preguntas de los diputados

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El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, irá a la Cámara de Diputados el próximo 27 de agosto. Allí se concentran fuertes cuestionamientos a los vetos del presidente Javier Milei a las leyes sancionadas por el Parlamento, que implicaban un aumento para los jubilados y pensionados, la restitución de la moratoria previsional y la declaración de emergencia en discapacidad.

Los diputados tendrán, desde este lunes, 48 horas para enviar a la Jefatura de Gabinete sus preguntas, que luego se derivarán a cada ministerio o a la Presidencia para que respondan.

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Se estima que los mayores planteos de los diputados harán referencia al programa económico, a los recientes vetos a las leyes aprobadas y al envío del Presupuesto 2026, que deberá ingresar a más tardar el próximo 15 de septiembre.

Esta no es la primera vez que el jefe de Gabinete va a responder preguntas al Congreso. El pasado 26 de junio, el funcionario concurrió al Senado y, tras cuatro horas de exposición, se retiró luego de ser calificado de mentiroso por la senadora Cristina López, de UxP, de Tierra del Fuego.

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En aquella oportunidad, Francos cuestionó la sanción del Congreso al aumento de las jubilaciones y a la moratoria previsional: “Son un daño directo al equilibrio fiscal. Solo el cambio en la fórmula de movilidad y el bono implicarían un impacto del 0,8% del PBI. Tenemos un sistema previsional deficitario e inviable. Hay más jubilaciones con moratorias que sin ellas, en una proporción de 2 a 1”, dijo en ese entonces.

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El último informe ante la Cámara baja del jefe de Gabinete fue el pasado 17 de abril, cuando respondió más de 4000 preguntas de los legisladores nacionales. Las mismas hicieron referencia al estado de las rutas nacionales, el precio del dólar, el acuerdo con el FMI y la falta de la ley de Presupuesto. No abordó las consecuencias del escándalo de la criptomoneda $Libra.

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La oposición comenzará a enviar las preguntas a jefatura de Gabinete. (Foto: Diputados)

Fuertes cruces por los vetos de Milei

La Casa Rosada, en sus fundamentos para la decisión presidencial de vetar las tres leyes del Parlamento, argumentó que la aprobación parlamentaria se hizo «de manera irresponsable, sin determinar el origen de los fondos, atentando contra el equilibrio fiscal y contradiciendo el mandato popular resultante de las elecciones presidenciales: erradicar definitivamente la inflación“.

“Los referidos proyectos de ley implicarían, en conjunto, para el Estado Nacional, un gasto adicional este año de más de 7 billones de pesos, y cerca de 17 billones de pesos para el año 2026. Estos importes equivalen a aumentar un 0,9% del Producto Bruto Interno (PBI) calculado para el año en curso, y un 1,68% del PBI estimado para el año entrante», explicó el Gobierno.

La estrategia de la oposición es insistir con las leyes sancionadas una vez que logren garantizar los dos tercios de los diputados presentes, mientras que La Libertad Avanza viene trabajando en conseguir el tercio de legisladores necesarios para blindar la decisión del Presidente. Para ese objetivo son fundamentales las actuaciones del jefe de Gabinete, Francos, y del presidente de Diputados, Martín Menem.

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En el Senado también cuestionaron al Ejecutivo. El titular de la bancada de Unión por la Patria (UxP), José Mayans, pidió “que les expliquen a los argentinos qué están haciendo con su plata».

Mientras tanto, desde el bloque Convicción Federal, integrado por los peronistas Fernando Salino, Carolina Moisés, Fernando Rejal y Guillermo Andrada, señalaron que “estas decisiones no son técnicas ni administrativas: son profundamente políticas y superficialmente efectistas». “Vetar el aumento a los jubilados es mirar para otro lado mientras quienes trabajaron toda una vida siguen eligiendo entre comer o comprar sus medicamentos», manifestaron en un comunicado.

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Los senadores del bloque Convicción Federal Guillermo Andrada, Carolina Moisés, Fernando Rejal y Fernando Salino, muy críticos. (Foto prensa Convicción Federal)
Los senadores del bloque Convicción Federal Guillermo Andrada, Carolina Moisés, Fernando Rejal y Fernando Salino, muy críticos. (Foto prensa Convicción Federal)

Y sumaron: “Vetar la moratoria previsional es castigar a las mujeres y hombres del trabajo informal que no tuvieron aportes por responsabilidad del Estado, no por decisión de ellos. Vetar la emergencia en discapacidad es negar lo evidente, dejar paralizado un sector que ya lo está por sus propias condiciones de salud e ignorar que miles de familias no pueden afrontar tratamientos, traslados ni garantizar que los profesionales que los atienden cuenten con ingresos para desarrollar sus vidas trabajando en un sistema que está colapsado. El federalismo no se declama, se practica. Y practicarlo es cuidar a cada argentino, viva donde viva, sin importar si es joven o mayor, si nació en una gran ciudad o en un paraje del interior”.

Guillermo Francos, Diputados, La Libertad Avanza, Javier Milei

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Mauricio Macri cruzó a los libertarios por el acuerdo electoral: “Quieren tomar una posición dominante”

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En medio de las negociaciones entre el PRO y La Libertad Avanza (LLA), de cara a las próximas elecciones legislativas, tanto a nivel nacional como en la provincia de Buenos Aires (PBA), el expresidente Mauricio Macri, cuestionó la posición inflexible del partido que comanda Karina Milei.

“No hay temor, hay una confirmación. Está fuera de discusión que ellos quieren tomar una posición totalmente dominante. La prioridad del PRO desde hace casi dos años ha sido ayudarlos a generar gobernabilidad, lamentablemente no fue el nivel de gobernabilidad que necesitaba el país, por eso tenemos este nivel de riesgo país”, indicó el titular del partido amarillo.

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Milei oficializó el veto al aumento a los jubilados, la moratoria previsional y la ley de emergencia en discapacidad

En la previa al encuentro con dirigentes nacionales del PRO, el exmandatario sostuvo que la intención del bloque es “encontrar un lugar de comodidad para ambas partes”, ante lo que remarcó que se encontraban conversando con el oficialismo para poder cerrar las listas de cara al próximo 26 de octubre.

Por otra parte, Macri aprovechó para cuestionar el rumbo que tomó el gobierno de Javier Milei, indicado que el país no alcanzó el “nivel de gobernabilidad que necesitaba”, lo que desencadenó  en “este nivel de riesgo país, con problemas para que Argentina vuelva a crecer a un ritmo que puede volver a incluir a todos los argentinos”.

La entrada Mauricio Macri cruzó a los libertarios por el acuerdo electoral: “Quieren tomar una posición dominante” se publicó primero en Nexofin.

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