El oficialismo sufrió este martes una serie de reveses en la Cámara de Diputados con el avance opositor en las investigaciones del presunto pago de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad, las muertes por el uso de fentanilo contaminado y el caso $Libra.

Por la mañana, en las comisiones de Salud y Discapacidad la oposición logró avanzar con los pedidos de interpelación a la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y al ministro de Salud, Mario Lugones. Sin embargo, ambas interpelaciones también deben pasar por la comisión de Asuntos Constitucionales, cuyo presidente es el libertario Nicolás Mayoraz, quien no tiene ningún interés en convocar a la próxima reunión para proteger a los funcionarios del Poder Ejecutivo.

La oposición denunció que los libertarios apuestan a paralizar las comisiones como parte de una estrategia para frenar las investigaciones. “Vamos a avanzar en esto que nos permite el reglamento, que a pesar de no ser cabecera podemos iniciar el tratamiento de estos proyectos para que no nos inmovilicen en el trabajo parlamentario”, explicó el peronista Pablo Yedlin, titular de la comisión de Salud.

Hasta el momento la oposición se vio obligada a recurrir a los emplazamientos votados en el recinto para obligar a funcionar a las comisiones que controlan los libertarios. Pero en esta oportunidad desde Unión por la Patria amenazaron con intentar remover a Mayoraz y a José Luis Espert de las presidencias de Asuntos Constitucionales y Presupuesto si continuaban con las maniobras dilatorias.

“Podríamos buscar una mayoría en el recinto para remover a Espert y también para establecer un cronograma de funcionamiento por vía de emplazamiento. Las presidencias podrían quedar para el oficialismo de todas maneras para no romper ningún acuerdo político”, explicó una importante fuente del peronismo ante la consulta de Infobae.

A las 16 se reunió por primera vez la comisión investigadora del caso $Libra tras cinco meses de inacción por un empate de fuerzas. La mayoría opositora aprobó su reglamento, según el cuál podrá solicitar información a organismos nacionales e internacionales, convocar a funcionarios y testigos, requerir peritajes, y denunciar cualquier intento de obstaculización, todo con el objetivo de esclarecer las responsabilidades políticas de la presunta estafa con criptomonedas.

Los diputados de LLA y sus aliados del PRO y la UCR se habían retirado de la última reunión, en la que se eligió como presidente al “lilito” Maximiliano Ferraro, y aseguraron que no participarían de la comisión. No obstante, decidieron ingresar una vez que la oposición reunió el quórum y dio por iniciada la sesión.

“Lo que se pretende hacer es un Poder Judicial paralelo por las atribuciones que se le quiere dar a la comisión. Van a buscar alguna excusa disfrazada de reglamento para ponerle palos en la rueda al Gobierno”, criticó el libertario Álvaro Martínez.

En la misma línea, la diputada del PRO Silvana Giudici explicó que la presencia oficialista “no significa convalidar los métodos con los que se conformó la comisión”. Y agregó: “Este reglamento excede las atribuciones de la resolución que fue aprobada en el recinto”.

El reglamento aprobado por Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, el FIT y la Coalición Cívica establece que la Comisión podrá solicitar informes, documentos y antecedentes no sólo a organismos nacionales, sino también a entidades internacionales, tanto del sector público como del privado. Estas solicitudes alcanzan a cualquier órgano, funcionario o empleado de los poderes de la Nación, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios, además de entes centralizados, descentralizados, autónomos o autárquicos. Los funcionarios públicos estarán obligados a responder en los plazos fijados, bajo apercibimiento de las disposiciones de la Ley 25.188.

La Comisión $LIBRA tendrá facultad para convocar a funcionarios públicos y terceros interesados, tomar declaraciones testimoniales con la presencia de al menos tres de sus miembros y recibir pruebas materiales y denuncias en cualquier formato. También podrá efectuar denuncias ante organismos competentes si de la investigación surgen elementos que lo ameriten.

La criptomoneda $Libra fue promocionada el día de su lanzamiento por el presidente Milei y gracias a eso su precio escaló abruptamente para luego caer de forma repentina. Esta maniobra, conocida como rug pull (“tirón de la alfombra”) permite que quienes vendieron sus tenencias durante la escalada de precios obtengan considerables ganancias, al tiempo que perjudica a quienes ingresaron tarde (cerca del derrumbe). Por eso se presentaron denuncias por estafa.

Por otro lado, el reglamento también habilita a la Comisión a requerir la colaboración de organismos científicos y técnicos de alcance internacional, nacional o provincial para la realización de peritajes y estudios especializados sobre los hechos investigados. Se estipula la posibilidad de consultar el estado de causas judiciales vinculadas e incluso solicitar la remisión de expedientes completos, con la obligación de custodiar debidamente el secreto de sumario cuando se trate de información reservada.

También podrá pedir a la Justicia que impida la salida del país de personas cuya declaración sea considerada indispensable para la investigación y articular pedidos de cooperación judicial y técnica con organismos extranjeros relacionados con casos de corrupción, activos financieros y monedas digitales.

Entre los aspectos destacados se encuentra la facultad de denunciar ante el Poder Judicial y el Ministerio Público cualquier intento de ocultamiento, destrucción o sustracción de pruebas relacionadas con la investigación. Además, el reglamento dispone que la Comisión debe informar a las autoridades competentes si detecta resistencia o dilación en la provisión de información.

En el artículo 8 del reglamento aprobado se estipula que la Comisión podrá requerir al juez competente la realización de allanamientos o secuestros de documentación, fundando dichos requerimientos en la existencia de elementos de prueba vinculados directa y concretamente con el fin de la investigación.

En caso de que un funcionario público, debidamente citado, no comparezca a prestar declaración testimonial ante la Comisión, ésta podrá solicitar al juez competente el auxilio de la fuerza pública para garantizar su comparecencia personal, sin que ello implique privación de libertad o afectación alguna. Este es el punto más cuestionado por el oficialismo y sus aliados.

La oposición ya adelantó que citará como testigo a Karina Milei para que explique el motivo y el contenido de las reuniones entre Milei y el empresario Hayden Davis, creador de la criptomoneda $Libra.

También citarán a los organizadores del Tech Forum Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy; a Sergio Daniel Morales, ex asesor de la Comisión Nacional de Valores (CNV), al vocero presidencial Manuel Adorni y al diputado José Luis Espert.

La cuenta oficial de X de José Luis Espert promocionó el 19 de marzo pasado el lanzamiento de $Libra y luego denunció que su cuenta había sido hackeada. “Esta memecoin fue creada 9 minutos antes del posteo de Espert, que hizo lo mismo que hizo Milei: publicar un contrato que no estaba en ningún lado”, explicó el peronista Rodolfo Tailhade. En esa línea, pidió librar oficios a la Justicia y a X para determinar si la cuenta fue efectivamente hackeada.

Finalmente, pasadas las 18 la oposición autoconvocó a la comisión de Libertad de Expresión para repudiar el pedido que el Gobierno hizo a la Justicia para allanar el canal de streaming Carajo y a los periodistas que difundieron los audios de Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, en el que revelaría un presunto esquema de corrupción.

Los principales invitados fueron Jorge Rial y Mauro Federico. “Lejos de callarnos, mañana vamos a mostrar más investigaciones sobre esto. Vamos a mostrar más pruebas, porque los audios los pone muy nerviosos. Lo importante es la documentación que tenemos. Vamos a mostrar cómo de manera aleatoria, casi como si fuera una rueda de la fortuna, se incentivaba a los empleados de la repartición a bajar subsidios para discapacitados y el que más bajaba, más plata se llevaba”, adelantó Rial.

En esa línea, planteó que la denuncia que presentó la Casa Rosada viola el derecho constitucional a la libertad de expresión. “Es un punto de quiebre, si nos llevan puestos a nosotros se van a llevar puestas todas las libertades”, sentenció.