POLITICA
La oposición busca derogar la reforma de la Policía Federal que el Gobierno implementó por decreto
El bloque de diputados de Democracia para Siempre presentó este jueves un proyecto de ley para derogar el decreto 383/2025, que reforma la estructura de la Policía Federal Argentina (PFA) bajo el modelo del FBI de Estados Unidos. El DNU firmado por el presidente Javier Milei redefine el perfil de la institución que en adelante se concentrará en la investigación de delitos federales complejos como el narcotráfico, el crimen organizado y el terrorismo.
La reforma impulsada por Patricia Bullrich, que entre otras cosas crea el nuevo Departamento Federal de Investigaciones, no pasó por el Congreso y se implementó por DNU bajo el amparo de las facultades delegadas que se le otorgaron al Poder Ejecutivo en la Ley Bases.
Justamente ese es uno de los primeros puntos que cuestionan los diputados de Democracia para Siempre. Según su visión, el decreto 383/2025 debe ser declarado de “nulidad absoluta” porque “excede las facultades delegadas de la Ley N° 27.742”, conocida como Ley Bases y Puntos de Partida”.
En ese sentido, los diputados Pablo Juliano, Facundo Manes, Mariela Coletta, Danya Tavela, Fernando Carbajal y Carla Carrizo señalaron que el Congreso autorizó únicamente la reorganización de órganos de la administración central y no la emisión de normas generales restrictivas de derechos.
“El Poder Ejecutivo está utilizando a la Ley Bases como ventana de oportunidad forzada, ya que entre las facultades delegadas al Poder Ejecutivo no están las de seguridad”, explicaron en los fundamentos, ya que la delegación conferida al Poder Ejecutivo abarcaba exclusivamente áreas administrativas, económicas, financieras y energéticas.
Por otro lado, la oposición cuestiona además el artículo 6, incisos 2, 5 y 11 del Estatuto de la PFA, que, según denuncian, habilita tareas de inteligencia criminal con acceso a bases privadas y fuentes abiertas como redes sociales, lo cual “vulnera las garantías de intimidad, libertad de expresión y protección de datos personales” contemplados en la Constitución Nacional y la Ley 25.326 de Protección de los Datos Personales.
Los radicales disidentes destacaron la falta de precisión en términos como “amenaza a la seguridad del Estado” y “alteración del orden público”, lo que, según advierten, puede permitir una aplicación discrecional de las nuevas facultades policiales. El proyecto señala que este contexto podría derivar en la persecución de la protesta, el monitoreo de opositores y “el avasallamiento a la libertad de expresión”.
En relación con las facultades otorgadas a la Policía Federal Argentina, desde Democracia para Siempre manifestaron preocupación por la habilitación de detenciones y requisas sin orden judicial. Y mencionaron la vulneración de garantías como el derecho al debido proceso, la protección contra detenciones arbitrarias y la inviolabilidad del domicilio, reconocidas en tratados internacionales y la legislación argentina.
También remarcaron que la figura de “arresto por averiguación de antecedentes”, incluida en el nuevo marco normativo, ya fue declarada inconstitucional en reiteradas oportunidades por considerarse arbitraria y discrecional.
Si bien este es el primer proyecto presentado formalmente para derogar la reforma de la Policía Federal, desde otros espacios políticos también manifestaron cuestionamientos.
“La ministra Bullrich impulsa una reforma policial, pero una vez más se “olvidó” de enviar el proyecto al Congreso, donde deberían darse este tipo de debates. Habilita el ‘Ciberpatrullaje’” de redes sociales sin autorización judicial, detenciones policiales sin control. Cada vez la democracia más débil y un Estado más autoritario”, publicó Mónica Litza, de Unión por la Patria. En tanto, su compañero de bloque José Glinski, que se desempeñó como Jefe de la Policía de Seguridad Aeroportuaria durante la presidencia de Alberto Fernández, aseguró que “lo más preocupante” es que la reforma le da a la PFA “facultades de inteligencia criminal por fuera del Sistema Nacional de Inteligencia (Ley 25.520). Es decir, crea una agencia de espionaje sin control parlamentario”.
Y agregó: “Con este decreto, la policía podrá hacer inteligencia sin causa judicial ni orden de un juez. Esto viola la ley actual y borra de un plumazo los controles democráticos que tanto costaron construir”.
En la misma línea también se expresó el diputado socialista de Encuentro Federal, Esteban Paulón: “En enero, ante la Cámara de Diputados, la ministra de Seguridad aseguró que cualquier reforma a la Policía Federal pasaría por el Congreso. Ahora, oficializaron cambios por decreto, sin debate ni control parlamentario. El ‘respeto a la ley’, te lo debo”.
“Patricia Bullrich, con la anuencia de Milei, mediante el Decreto 383/2025 y su anexo, vuelve a erigirse por encima de jueces y legisladores, para darle un carácter supremo a las fuerzas federales, y así blindar de impunidad sus delitos, operaciones de prensa y mentiras habituales. Formalmente, pretende instalar un nuevo régimen ultra represivo”, publicó la diputada del Frente de Izquierda Myriam Bregman en su redes sociales.
En paralelo, el diputado Fernando Carbajal presentó una denuncia penal contra el Gobierno porque asegura que la reforma de la PFA incumple la sentencia “Fernandez Prieto y Tumbeiro Vs Argentina” de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y reclama una medida cautelar que suspenda los incisos 7 y 13 del artículo 6 del nuevo Estatuto de la fuerza.
Detenciones sin orden judicial
El artículo 6, inciso 7, del Estatuto establece que la policía no puede detener personas sin orden judicial, excepto en situaciones en las que existan circunstancias fundadas que permitan presumir que alguien haya cometido o pueda cometer un delito y no acredite fehacientemente su identidad. En esos casos, la persona puede ser conducida a la dependencia policial para identificarla y permanecer allí hasta por diez horas. Para la oposición, esta redacción permite detenciones preventivas basadas en sospechas, sin intervención previa de un juez, lo que consideran un riesgo para las garantías constitucionales.
Ciberpatrullaje sin control judicial
El artículo 6, inciso 11, autoriza a la Policía Federal a realizar tareas de prevención del delito en espacios públicos digitales, como redes sociales abiertas, sitios web públicos y otras fuentes abiertas, sin necesidad de autorización judicial. El DNU aclara que estas tareas deben respetar la protección de datos personales y derechos fundamentales, pero la oposición advierte que habilita la vigilancia y el análisis de actividades en Internet sin supervisión judicial previa, lo que podría derivar en prácticas de control, seguimiento y eventual persecución de personas por su actividad en línea, sin control suficiente sobre la legalidad o el alcance de estos procedimientos.
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POLITICA
El oficialismo obtuvo dictamen en Diputados y este jueves se tratará la baja de la imputabilidad
El bloque de La Libertad Avanza (LLA) en la Cámara de Diputados, logró obtener un dictamen de comisión para poder tratar el proyecto de ley de reforma del Régimen Penal Juvenil.
“Con la firma de 81 diputados obtuvimos dictamen para la baja de edad de imputabilidad a los 14 años. Mañana lo trataremos en la sesión convocada para las 11 en Diputados”, anunció la diputada del PRO, Silvana Giudici, en las redes sociales.
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De hecho, la publicación de la legisladora alineada con el Gobierno, fue reposteada por el propio presidente Javier Milei, quien escribió en X: “TENEMOS DICTAMEN PARA LA BAJA DE EDAD DE IMPUTABILIDAD. Fin”.
En tanto, el despacho fue firmado en un plenario de comisiones, con 81 adhesiones, entre las cuales se destacan el apoyo del bloque del PRO, la Unión Cívica Radical (UCR), el MID y algunos representantes de los gobernadores aliados.
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Respecto al proyecto, el oficialismo busca que el umbral para juzgar delitos graves, como homicidio, abuso sexual o secuestro, sea de 14 años. Lo que podría contemplar una pena máxima de hasta 15 años de cárcel.
Además, establece que la privación de libertad será el último recurso y prioriza medidas alternativas en infracciones de menor entidad, para quienes delincan siendo aún menores de 18 años.
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POLITICA
Ariel Lijo será el juez del caso que investiga la corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad
El juez federal Ariel Lijo tendrá a su cargo, a partir de mañana, el juzgado federal en lo criminal y correccional 11 y todas las causas que se tramitan en él, incluido el caso por corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), donde deberá resolver un planteo de Diego Spagnuolo, extitular de ese organismo, que pretende que todo el caso sea declarado nulo.
Lijo fue elegido como subrogante por la Cámara Federal por un sorteo del que solo participaron él y la jueza María Eugenia Capuchetti, informaron fuentes de la Cámara. Los demás magistrados de primera instancia de Comodoro Py quedaron fuera de ese sorteo porque así lo pidieron o porque ya tenían otra subrogancia vigente (ningún juez puede tener más de un juzgado extra, según las nuevas reglas del fuero). Hasta ayer estaba previsto que en el bolillero estuvieran también los números de María Servini y Marcelo Martínez de Giorgi, que en las últimas horas solicitaron ser excluidos.
Lijo, titular del juzgado federal 4, fue uno de los dos candidatos propuestos el año pasado por Javier Milei para integrar la Corte Suprema, pero su postulación no consiguió el aval del Senado. Ahora, deberá investigar el caso Andis, en el que Sebastián Casanello -que subroga el juzgado 11 hasta hoy- procesó esta semana a 19 personas, incluido Spagnuolo, que fue el primer titular de la Andis del gobierno de Milei y que está acusado de haber liderado una asociación ilícita y haber cobrado sobornos.
La lista de casos que heredará Lijo incluye también la causa Seguros, donde está procesado el expresidente Alberto Fernández; el expediente en el que Casanello acaba de procesar por enriquecimiento ilícito a Julio De Vido y un tramo aún no elevado a juicio del caso cuadernos, que investiga un presunto lavado de dinero del exsecretario presidencial kirchnerista Daniel Muñoz y otros supuestos testaferros.
En el caso Andis, Casanello dejó escrito en su fallo de esta semana que sospecha que los delitos y sus responsables iban más allá de lo demostado hasta el momento. Será tarea del próximo juez determinar si había funcionarios de mayor rango involucrados. El fiscal del caso, que por ahora tiene delegada la investigación, seguirá siendo Franco Picardi.
Mientras tanto, Spagnuolo y la familia Kovalivker, dueña de la Droguería Suizo Argentina, buscan que toda la causa sea declarada nula y ayer la Cámara Federal les dio una esperanza en este sentido: ordenó que el nuevo juez (hoy se sabe que es Lijo) investigue los audios atribuidos a Spagnuolo en los que se alude a Eduardo “Lule” Menem y a Karina Milei como responsables de la corrupción en la Andis. Spagnuolo y los Kovalivker sostienen que esos audios fueron manipulados y son de origen ilegal, y que la causa se construyó a partir de ellos. Con ese argumento piden que se declare nulo todo lo hecho en el expediente. Casanello se opuso, pero con Lijo, por instrucción de la Cámara Federal, se reabrirá ese debate.
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El Gobierno logró su primera victoria legislativa en el 2026 con la media sanción a la reforma laboral. Frente a esto, diferentes dirigentes del arco político se refirieron al respecto: celebraciones, críticas y “otro paso más hacia la normalización”.
Esta extensa jornada legislativa puso a prueba los acuerdos a los que llegó el Ejecutivo con los diferentes sectores políticos. Finalmente, con un total de 42 votos afirmativos y 30 negativos, el Senado aprobó el proyecto de modernización laboral, enviado por el Poder Ejecutivo.
Inmediatamente, Javier Milei celebró en las redes sociales la media sanción obtenida. El mandatario calificó al hecho de “histórico” y concluyó la publicación en X (Twitter) con su típica frase “¡Viva la libertad, carajo!».
Al mismo tiempo, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, escribió: “Gran trabajo, gran equipo. Fin”. El funcionario, que ya se encontraba junto a otros referentes del oficialismo en la Cámara de Diputados, esperó a Karina Milei, Diego Santilli y los Menem para acercarse al recinto y presenciar el cierre del debate y la votación desde el palco.
Patricia Bullrich, una de las protagonistas de la noche, celebró esta victoria y destacó que este es “un proyecto con orden, reglas claras y aportes de todos”. Y agregó: “A los que hicieron de la industria del juicio un negocio, se les termina. Estamos a un paso de un cambio histórico para la Argentina: basta de informalidad y estancamiento”.
Otra figura importante de La Libertad Avanza (LLA) que celebró la media sanción fue Martín Menem, el presidente de la Cámara de Diputados. “Este Congreso empieza a saldar una deuda histórica con millones de argentinos que quedaron afuera del sistema. Felicitaciones a los senadores por dar este paso y a la mesa política de Casa Rosada, que empuja todos los días para que estos cambios avancen”, expresó.
A su vez, afirmó que va a continuar apoyando al Presidente para poder “avanzar con las reformas estructurales que la Argentina necesita”. Y concluyó: “Ahora vamos a dar el debate en Diputados para convertirla en ley”.
Sebastián Pareja aprovechó la publicación de Menem para citarlo y agregar: “Otro paso más hacia la normalización de uno de los sistemas más perjudiciales para que los argentinos puedan desarrollar sus caminos individuales de progreso”.“La Ley de Modernización Laboral propuesta por Javier Milei avanza, como nuestro país desde que asumió la presidencia”, cerró el diputado y presidente de LLA en la provincia de Buenos Aires.
“La reforma laboral tiene media sanción, pero el camino no termina acá. Los y las peronistas vamos a seguir defendiendo, en las calles y en la Cámara de Diputados, la dignidad del pueblo trabajador”, afirmó la senadora Juliana di Tullio.
En la misma línea, Jorge Capitanich agregó: “Siempre del lado del trabajo, de quienes viven de su esfuerzo y no de la especulación. Siempre del lado de los más débiles”
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