POLITICA
La oposición busca frenar en el Congreso los cambios de Milei en la Policía Federal

Democracia para siempre, el bloque en Diputados de Pablo Juliano y Facundo Manes, busca derogar el decreto del presidente Javier Milei que implementó la nueva estructura de la Policía Federal Argentina (PFA), creando el Departamento Federal de Investigaciones (DFI).
Presentó un proyecto para rechazar el decreto simple del Gobierno y denunció la norma ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Los diputados Juliano, Manes, Danya Tavela, Fernando Carbajal, Mariela Coletta y Carla Carrizo presentaron un proyecto de ley para derogar el decreto 383/2025 que creó el DFI.
La iniciativa declara “la nulidad absoluta de todo acto administrativo o jurídico dictado” en virtud del mencionado decreto, “así como de los actos posteriores que se deriven del mismo, por resultar violatorio de derechos constitucionales y exceder las facultades delegadas de la Ley Bases y Puntos de Partida”, señalaron los legisladores.
La medida del Gobierno
El pasado martes 17 de junio, en la sede del Cuerpo de Policía Montada de la Policía Federal, Javier Milei, acompañado por los ministros jefe de Gabinete, Guillermo Fancos, de Seguridad, Patricia Bullrich y de Defensa, Luis Petri, la secretaria de la presidencia, Karina Milei y el titular de Diputados, Martín Menem, dijo: “Pondremos a la Policía Federal Argentina en línea con los estándares del FBI y las principales fuerzas de investigación criminal de los gobiernos del mundo”
La reforma de la Policía Federal, publicada en el Boletín Oficial mediante el Decreto 383/2025, apunta a prevenir, investigar y desarticular delitos federales y organizaciones criminales.
Los puntos conflictivos
Las facultades delegadas votadas por el Congreso en la ley Bases hacen referencia a la reorganización administrativa de los organismos. Vencen el próximo 8 de julio, al cumplirse un año de la sanción del Senado en 2024, y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, descartó prorrogarlas por un año más.
En los fundamentos del proyecto Democracia para Siempre se señaló que, “el Congreso solo habilitó la colegislación a efectos de reorganizar o reestructurar órganos de la administración central, pero bajo ningún punto de vista autorizó al PEN a dictar normas generales restrictivas de los derechos de las personas”.
“Los derechos de los ciudadanos quedaron en manos de las fuerzas de seguridad, lo cual es absolutamente inconstitucional, inaceptable desde el punto de vista de la perspectiva de los derechos humanos”, dijo el diputado Fernando Carbajal.
Carbajal le agregó a TN: “Se están modificando, además, los Códigos Procesales, al darle atribuciones a la Policía Federal, estableciendo condiciones para proceder a la detención de las personas. Pretender volver a criterios anteriores de detención por sospecha policial implica bajar los estándares establecidos por la Corte Interamericana”.
Es por eso que el diputado Fernando Carbajal denunció al Gobierno argentino por esta situación ante la Corte Internacional, solicitando una medida cautelar impidiendo su entrada en vigor. “La norma cuestionada pretende reinstaurar las normas que generaron las prácticas censuradas, en un retroceso del derecho que resulta inaceptable y grave”, dice la denuncia.
Los diputados opositores también mostraron preocupación por uno de los puntos que más inquietud les despierta, que es la falta de claridad en las nuevas facultades de la PFA.
“El decreto deja sin precisar conceptos como ‘amenaza a la seguridad del Estado’ o ‘alteración del orden público’, lo que habilita una peligrosa zona gris. En otros contextos, lagunas normativas similares han resultado en el uso discrecional de fuerzas de seguridad, permitiendo prácticas como la persecución de la protesta, el ciber patrullaje de opositores, la criminalización de organizaciones sociales, o el avasallamiento a la libertad de expresión, frecuentemente justificadas bajo interpretaciones amplias”, fundamentaron.
La postura de Ricardo Gil Lavedra
El presidente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, el constitucionalista Ricardo Gil Lavedra, uno de los siempre consultados por el Congreso opinó: “Este decreto excede lo autorizado por la ley 27.742 (ley Bases) pues no se trata solo de una reorganización administrativa, sino que se amplían las facultades a la Policía Federal para detener y requisar a personas sin orden judicial de modo genérico y discrecional. Además, autoriza una suerte de pesquisa en las redes sociales sin precisar sus alcances”.
“Es imperioso que siempre se tenga presente que una restricción de derechos debe hacerse a través del dictado de una ley aprobada por el Congreso, con control judicial suficiente. Nuestra historia registra muy claras evidencias de que los mandatos a las fuerzas de seguridad deben ser claros, concretos y estrictos, ya que, de lo contrario, en la práctica, suelen cometerse excesos, abusos y arbitrariedades”, concluyó el excamarista que juzgó a los jerarcas de la última dictadura militar.
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POLITICA
Elisa Carrió denunció un allanamiento “mafioso” al principal denunciante de la mansión vinculada a la AFA

La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, denunció este viernes la ejecución de “un operativo judicial-policial mafioso” en la vivienda de Matías Yofe, dirigente que impulsó las denuncias por la mansión del tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, y contra el exministro de Transporte bonaerense, Jorge D’Onofrio.
El allanamiento fue ordenado por el fiscal Germán Camafreitas a raíz de una denuncia por presunta extorsión contra Yofe. Durante el procedimiento, Carrió acusó la falta de órdenes judiciales y la presencia de “violencia institucional y de género que no tiene precedentes”.
Según el relato de Yofe, quien se encontraba en Mar del Plata al momento del hecho, efectivos de la Policía Bonaerense amenazaron a su esposa: “A los gritos, la amenazaron con esposarla y sacarla a nuestra beba de 4 meses”. El dirigente, que cuenta con custodia federal por amenazas de muerte previas, calificó lo sucedido como una “persecución política aberrante apoyada por un sector de la Justicia”.
Carrió, presente en el lugar, exigió la liberación de la mujer y la niña, alegando que se encontraban privadas de su libertad en violación de tratados internacionales de Derechos Humanos.
La causa que motivó el allanamiento se originó por la denuncia de un chofer de D’Onofrio, quien afirmó haber sido amenazado por Yofe para declarar como testigo en una causa vinculada a negocios con fotomultas.
No obstante, Carrió vinculó el operativo directamente con las investigaciones que pesan sobre el exministro massista, señalando que la denuncia sería una “cosa risible” y que el fiscal debería entender que se trata de una maniobra relacionada con causas de “bolsos de dinero que estaría involucrado Massa”. Tras el operativo, la justicia secuestró dos celulares y una computadora del domicilio.
Cabe destacar que el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, procesó recientemente a Jorge D’Onofrio por presunto lavado de activos de origen ilícito, ordenando un embargo de $350 millones.
Esta medida judicial se basó en la denuncia original impulsada por Yofe y Carrió, que señala al exfuncionario de Axel Kicillof y a la concejal Claudia Pombo de liderar una estructura criminal para sustraer fondos de las multas de tránsito y la VTV en la provincia de Buenos Aires.
La denominada “megacausa” mantiene actualmente dos expedientes paralelos: uno en el fuero federal por lavado de activos y otro por asociación ilícita en los tribunales penales de La Plata.
Según la investigación iniciada en septiembre de 2024, los fondos desviados se habrían invertido en bienes muebles e inmuebles mediante el uso de prestanombres. Ante el reciente allanamiento, Carrió concluyó: “Vengo a denunciar una falsa denuncia y violencia a la familia de Yofe”, exigiendo la presencia inmediata del jefe del operativo y del fiscal del caso.
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POLITICA
Atomizado y sin un proyecto nacional sólido, el Peronismo tiene por delante el desafío de discutir el rol de CFK

El peronismo afronta un desafío de gran porte. Tal vez uno de los más importantes de la última década. Fundar un nuevo proyecto político, discutir un cambio de ciclo después de dos décadas de los Kirchner al frente del poder interno y empujar, de abajo hacia arriba, la construcción de nuevos liderazgos que revitalicen y actualicen la plataforma electoral de la fuerza política.
Ese debate va a nacer, inevitablemente, desde todas sus terminales. Porque hay un convencimiento pleno de que, así como están, no pueden edificar una propuesta política que cautive a las mayorías. El contundente triunfo en la provincia de Buenos Aires no alcanza para creer que el proyecto que integran es sólido. Hay un sinfín de razones que avalan esa teoría.
La Libertad Avanza (LLA) pintó el país de violeta y se consolidó como oficialismo en medio de la turbulencia financiera y el renacimiento, corto y potente, del peronismo bonaerense, luego de los comicios del 7 de septiembre. En ese instante el PJ creyó que comenzaba el final de los violetas y el empoderamiento los azules. Pero la trompada electoral del 26 de octubre opacó todas las predicciones.
El peronismo del interior espera, con cierta pasividad, que la interna de PJ Bonaerense se resuelva en el primer semestre. “Para junio o julio tenemos que saber dónde estamos parados y quiénes somos”, sostuvo un senador nacional. Casi nadie se anima a avanzar en la construcción de un plan federal con la interna del kirchnerismo flotando en el aire en forma continúa.

Los gobernadores fueron el único polo de poder que dio una señal de lo que quiere hacer. Sacudieron por un rato la vida interna del peronismo nacional. Pero, aquella trascendente reunión en la casa de La Pampa, fue solo un gesto político que expone el lugar que ocupan y las peleas que quieren dar. En 2026 es probable que haya otras tribus que empiecen a mostrar los dientes. Porque, en definitiva, cuando pierde el peronismo, pierden todos los que están adentro.
El eje de la discusión de este año pasará, casi inevitablemente, por el lugar que ocupe Cristina Kirchner en el próximo armado nacional. Porque hay un sector importante del peronismo que cree que su figura, su forma de hacer política y las agrupaciones que la sostienen, son parte de un dispositivo político agotado, desgastado y anulado por su incapacidad de construir alianzas en el interior del país.
“Cristina le dio todo a Axel. Lo hizo diputado, ministro de Economía y gobernador de Buenos Aires. Y Axel no entendió que tenía que llegar al 2027 siendo el candidato de esta expresión política, pero sin romper todo”. El pensamiento de un diputado nacional cristinista es, al mismo tiempo, el de muchos dirigentes que construyeron su identidad política basada en la fidelidad hacia el liderazgo de CFK.
En el cristinismo nunca aceptaron -ni lo aceptarán- el camino que siguió Kicillof, que quiso patear el tablero, limitar el dedo todopoderoso de su mentora luego de la mala experiencia del 2019, y construir un espacio interno para frenar las imposiciones de círculo más chico que rodea a CFK y que lidera Máximo Kirchner.
“La Cámpora nunca le va a entregar nada a Axel. Todo lo que se logre es a fuerza de cagarse a palos. Van a tener que revisar qué hacer de acá en adelante. Porque con los actos en San José 1111 no vamos a llegar a ninguna parte. Tienen que encontrar su lugar en la cancha”, precisó un intendente del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) que trabaja para la candidatura presidencial de Kicillof.
El peronismo bonaerense tiene por delante esa pelea de poder interna que, lejos de terminarse, se dilata. Y, al mismo tiempo, ocupa un lugar central en la agenda del peronismo nacional, donde, por ahora, la calma está atada a la especulación sobre el rearmado nacional. Alguien tendrá que mover la pelota para que el juego vuelva a comenzar en este 2026.
Hay una coincidencia entre la mayoría de los gobernadores, los senadores y los diputados del peronismo del interior. Todos creen que el ciclo de Cristina Kirchner está agotado y que la discusión del peronismo debe ser, durante todo este año, lo más horizontal posible. Pero no se puede postergar. Porque mientras el tiempo pasa, Milei ramifica su partido en todas las provincias del país y construye acuerdos con gobernadores que dejaron el PRO o que ya no son tan radicales como antes.
South America / Central America
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Primera baja del año: renunció el secretario de Culto y asume un hombre de Santiago Caputo

El Gobierno oficializó este viernes, a través del Boletín Oficial, la renuncia de Nahuel Sotelo al cargo de secretario de Culto y Civilización. El funcionario deja su puesto para asumir una banca en la Legislatura bonaerense, tras haber integrado la lista libertaria en las últimas elecciones de septiembre.
Su reemplazo será Agustín Caulo, quien se desempeñaba como segundo en el área, una decisión que busca garantizar la continuidad política dentro de la Secretaría, ya que, según señalaron desde el oficialismo, “continúa el dos de Nahuel”.
Nahuel Sotelo
Sotelo, de 32 años, había asumido sus funciones en agosto de 2024 bajo la gestión de Diana Mondino. A pesar de los cambios en la conducción del Ministerio de Relaciones Exteriores, el dirigente logró sostenerse en el puesto con la llegada de Gerardo Werthein y, posteriormente, con el desembarco de Pablo Quirno como canciller.
Durante su gestión, promovió la ampliación del nombre del área, que pasó a denominarse Secretaría de Culto y Civilización, reflejando su perfil conservador y fuertemente identificado con el catolicismo.
En el armado político, Sotelo integra el sector interno de La Libertad Avanza conocido como “Las Fuerzas del Cielo”, el cual responde directamente al asesor presidencial Santiago Caputo. Su salida de la Cancillería marca su regreso a la Legislatura bonaerense, donde ya había ejercido como diputado entre 2021 y 2024.

Agustín Caulo
En dicho ámbito, se lo considera uno de los principales referentes del bloque libertario y mantiene una relación cercana con el titular de la bancada, Agustín Romo. La llegada de Sotelo a la legislatura provincial se dio tras una fuerte interna con el sector de los denominados “territoriales”, referenciados en Sebastián Pareja y en los primos Martín y Eduardo “Lule” Menem, figuras cercanas a Karina Milei.
Por su parte, la designación de Agustín Caulo, apodado “el Chino”, quedará formalizada en los próximos días. El nuevo secretario comparte con su antecesor un perfil católico y conservador, además de mantener vínculos estrechos con sectores de la Iglesia. Antes de su nombramiento como subsecretario en septiembre de 2024, Caulo desarrolló su tarea como director nacional de Culto Católico en la Cancillería, asegurando así la línea política trazada por el entorno de Santiago Caputo.
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