POLITICA
La oposición buscará rechazar en el Congreso el veto de Milei e insistirá con la ley de emergencia en Bahía Blanca
A principios de junio el Senado -por unanimidad y con amplia mayoría- sancionó la ley de emergencia en Bahía Blanca. La norma establecía la creación de un fondo especial de $200 mil millones para la reconstrucción de la ciudad, que se vio afectada por las inundaciones provocadas por el temporal del 7 de marzo.
Sin embargo, este lunes Javier Milei vetó la ley. En el Gobierno argumentaron que el 1° de abril ya habían impulsado la creación -mediante otro DNU del Presidente- de una asistencia por la misma cifra desde la órbita de la Agencia Federal de Emergencias, que forma parte del Ministerio de Seguridad que preside Patricia Bullrich.
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Como es habitual, la postura la marcó el vocero Manuel Adorni con un mensaje que compartió en X. “El Gobierno asistió a Bahía Blanca con 200.000 millones de pesos para ayudar de manera directa a los damnificados -puntualizó-. También brindó una ayuda económica de 10.000 millones de pesos al Municipio, lanzó tres líneas de financiamiento desde el Banco Nación, completó nueve vuelos cargados de insumos y medicamentos, envió ambulancias y un hospital móvil y desplegó los recursos de las fuerzas federales para rescatar a 716 personas”.
“Hoy, casi tres meses después (sí, casi tres meses después), la casta política pretende hacer política con la tragedia aprobando en el Congreso un proyecto que se superpone con los recursos ya transferidos. Por eso, el presidente Javier Milei vetó la ley que duplicaba la asistencia ya dispuesta. Fin”, escribió Adorni.
No obstante, Karina Banfi, legisladora por la UCR, aseguró que la ley sancionada “representa una respuesta institucional ante una situación catastrófica”, y “no se superpone con aquel decreto del Poder Ejecutivo». “(Por el contrario) tiene mayor jerarquía constitucional y un alcance más amplio, porque no se ocupa solo de las urgencias sino de soluciones estructurales”, explicó.
“El fondo especial está pensado para reconstruir infraestructura pública dañada y reactivar el circuito económico local, dos puntos que no están previstos en el decreto -agregó Banfi, en diálogo con TN-. Además, la ley contempla el control parlamentario sobre las acciones implementadas por el Ejecutivo. No estamos dispuestos a resignar la rendición de cuentas y la transparencia».
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Y remarcó: “La emergencia en Bahía Blanca no terminó. Aún queda mucho por hacer para que miles de vecinos recuperen la normalidad. Hacen falta obras y trabajo. Es desopilante que el Gobierno genere este tipo de tensiones cuando se trata de ayudar a una ciudad que implica más del 1% del PBI productivo de la Argentina”.
A la postura de la UCR también se sumaron los cuestionamientos de los legisladores de Unión por la Patria. Desde el Senado, la bonaerense Juliana Di Tullio -autora de la iniciativa junto a Eduardo Wado de Pedro y Maximiliano Abad-, y desde Diputados, Victoria Tolosa Paz.
“Milei dejó en claro sus prioridades: no hay plata para asistir a las familias que lo perdieron todo y reconstruir la infraestructura, pero sí hay millones para espiar y blindar el ajuste con represión. Vetó la solidaridad, la empatía, el federalismo. Me pregunto con qué cara volverá a pisar Bahía Blanca, como hizo cuando armó aquel circo en el medio de la tragedia. Basta de crueldad, Milei. Plata hay. Puede usar los fondos que se liberaron al eliminar la sobretasa del FMI”, planteó Di Tullio.
La constitucionalidad del veto y las alternativas del Congreso
El veto es la facultad que tiene el Presidente para desaprobar un proyecto de ley sancionado por el Congreso. Pero no es el fin del debate: el proyecto de emergencia en Bahía Blanca ahora regresa al Parlamento y se abre la posibilidad de una nueva discusión.
El Congreso podrá aceptar la decisión de Milei y ratificar el veto -es decir, no volver a tratar la iniciativa-, o bien insistir en la ley. Es necesario considerar que para rechazar el veto se requiere de una mayoría especial de dos tercios de los miembros presentes, tanto en el Senado como en Diputados.
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Si el Congreso logra los dos tercios necesarios en ambas cámaras para superar el veto, la ley se promulga incluso sin el acuerdo del Presidente. En caso de no alcanzar esta mayoría, el veto se mantiene y el proyecto no puede ser reconsiderado en las sesiones de este año.
Las diferencias entre el DNU y la Ley por Bahía Blanca
El DNU del Presidente solo tuvo alcance a la ciudad de Bahía Blanca, mientras que la ley declaró la emergencia en la Provincia de Buenos Aires, específicamente a Bahía Blanca y Coronel Rosales. El decreto no establece un plazo específico para llevar adelante la ayuda, mientras que la norma que sanción el Congreso declaró la emergencia y catástrofe por 180 días, prorrogable por indicación del Poder Ejecutivo.
En relación a lo económico, el decreto de Milei estableció 200 mil millones de pesos de subsidios directos a personas damnificadas. La ley propuso una cifra similar para que el Ejecutivo instrumente el financiamiento a través del Banco Nación, con tasas preferenciales, para asistir a los afectados directos, pero también a Pymes y organismos públicos.
veto, Bahía Blanca, Congreso.
A pocos días de las elecciones legislativas, las encuestas delinean un panorama de paridad nacional y territorios con comportamientos electorales bastante definidos. Mientras la Capital Federal aparece consolidada bajo la hegemonía del oficialismo, el kirchnerismo retiene su centralidad en Buenos Aires. El resultado final podría definirse en la zona central, donde persiste la mayor volatilidad del voto: Córdoba, Santa Fe y Mendoza.
Los principales estudios de opinión pública no logran establecer una tendencia homogénea. Una medición de Opina Argentina, correspondiente a la última semana, asigna una ventaja de dos puntos al peronismo —37% frente a 35% de La Libertad Avanza—, mientras que una encuesta de CB Consultora Opinión Pública invierte la relación y otorga al oficialismo un 40,8% de intención de voto, contra un 35,4% del conjunto de las expresiones peronistas (Fuerza Patria y PJ provinciales).
Más allá de la competencia electoral, los sondeos coinciden en reflejar un deterioro del clima económico y social. Según Hugo Haime & Asociados, la confianza en el futuro cayó del 48% al 34% en lo que va del año, y la demanda de cambio se ubica en torno al 62%. “Ya no existe un aval a un ajuste fiscal a toda costa —explica Haime—, y solo el 20% percibe que su situación personal mejoró”.
En la Ciudad de Buenos Aires, el oficialismo mantiene una ventaja amplia. De acuerdo con Tendencias Consultora, Patricia Bullrich lidera la intención de voto para senadores con un 43,8%, seguida por Mariano Recalde (26,3%) y Christian Castillo (7,9%). En la categoría de diputados, Alejandro Fargosi (39,1%) también encabeza las preferencias, por delante de Itaí Hagman (22,1%).
El panorama se invierte en la provincia de Buenos Aires, donde Jorge Taiana (Fuerza Patria) se impone con el 40,2% frente a Diego Santilli (31,5%). Algunos relevamientos amplían esa distancia hasta los diez puntos. La distribución territorial del voto, con dos polos consolidados, perfila una elección altamente fragmentada en términos regionales.
En Santa Fe, que elige nueve diputados y representa el 8% del electorado nacional, los sondeos exhiben una disputa cerrada entre el peronismo y la alianza que integran el gobernador Maximiliano Pullaro y La Libertad Avanza.
La lista de Fuerza Patria es encabezada por Caren Tepp, mientras que Provincias Unidas postula a la vicegobernadora Gisela Scaglia. La nómina libertaria tiene como primer candidato a Agustín Pellegrini. En la ciudad de Rosario, las encuestas anticipan una ventaja más nítida para el peronismo.
En Mendoza, cuarta provincia del padrón con el 4,2%, el oficialismo nacional apuesta a consolidar un acuerdo político con el gobernador radical Alfredo Cornejo, que comparte estrategia con el presidente Javier Milei. La lista de La Libertad Avanza es encabezada por el ministro de Defensa, Luis Petri, y aparece al frente en los sondeos, con una ventaja de entre diez y quince puntos sobre la boleta justicialista que lidera el exintendente de San Rafael, Emir Félix.
En Córdoba, segundo distrito electoral del país (8,6% del padrón), el panorama muestra una competencia fragmentada. El peronismo local, que gobierna la provincia desde hace más de un cuarto de siglo, no logra replicar en el plano legislativo su predominio provincial.
Su referente, el tres veces gobernador Juan Schiaretti, encabeza la boleta de Hacemos Córdoba y se enfrenta al libertario Gonzalo Roca. Los estudios más recientes proyectan una distribución pareja de bancas: cuatro para La Libertad Avanza, cuatro para el peronismo cordobés, y una restante para Natalia de la Sota, que rompió con el schiarettismo y conformó su propio espacio, Defendamos Córdoba.
territorios con comportamientos electorales bastante definidos,Audiencia,Elecciones 2025,Foco,,Legislativas. La Justicia ordenó informar los resultados de las elecciones por distrito y no exhibir un conteo nacional,,Nexos con Bailaque. Investigan a otro juez federal por maniobras de corrupción,,El tramo final de la campaña. Apatía, pocos carteles y mesas de difusión, postales del frío clima electoral en el conurbano,Audiencia,,“Nos están exterminando”. El desgarrador testimonio de una mamá con dos hijos con discapacidad, en medio de la urgencia y los reclamos,,Entre cañadones y una ruta muy transitada. Video: así es Rocas Coloradas, la zona árida del sur donde desaparecieron los jubilados,,»Es fantástico». “Ozempic argentino”: el remedio “estrella” para bajar de peso y por qué es tan revolucionario, según un especialista
POLITICA
Cambios de Gabinete: uno por uno, los ministros que se van, los que podrían irse y los reemplazantes que suenan
La Libertad Avanza llega a estas elecciones nacionales con expectativas menores a las que tenía meses atrás. Aparecen en el horizonte escenarios tanto de victoria como de derrota, pero no la de un triunfo rotundo. Aunque el presidente Javier Milei marcó este martes que una vez conocidos los resultados del próximo domingo comenzará a pensar en la futura composición del Gabinete, estas reformulaciones ya comenzaron a tratarse semanas antes en la misma mesa chica: saben que precisarán ampliar la base de sustentación de cara a la segunda parte de la gestión.
“Yo tengo un contrato con la población, con los argentinos y lo voy a cumplir. ¿Eso qué quiere decir? Que de cara al segundo tramo de este mandato, voy a reacomodar el Gabinete para lograr los objetivos de las reformas de segunda generación y eso es lo que voy a hacer. Es decir, el día 26, a la noche, con todos los números, veré qué tipo de entramado necesito para lograr los objetivos“, afirmó en una entrevista emitida esta jornada en la Televisión Pública.
La cúpula de la administración pública cuenta al día de hoy con el jefe de Estado, el jefe de Gabinete, cinco secretarías presidenciales (de los cuales tres de ellos tienen rango ministerial) y nueve ministerios. Las mutaciones de cargos se darán en diversos órdenes, confirmados de manera pública o no.
Los cambios obligados
Hay tres altos funcionarios que asumirán sus responsabilidades legislativas por haber ganado bancas. El secretario de Comunicación y Medios, Manuel Adorni, irá a la Legislatura porteña; y se descuenta que el domingo los ministros Luis Petri (Defensa) y Patricia Bullrich (Seguridad Nacional) conseguirán lo mismo con sus respectivas candidaturas a diputado nacional por Mendoza y a senadora nacional por la Ciudad de Buenos Aires.
Adorni será reemplazado en su cargo por su mano derecha y actual subsecretario de Prensa, Javier Lanari, quien a su vez está pensando en un periodista o alguien de amplio conocimiento en los medios para que lo secunde en su nueva función. El actual vocero presidencial se irá al edificio legislativo que queda cruzando Casa Rosada, pero podría volver pronto: Karina Milei lo quiere cerca en la función pública, ya que lo considera de su extremísima confianza. Se baraja la posibilidad de que vuelva meses después bajo un cargo mayor por el que se fue: una suerte de funcionario más jerarquizado que aglomere las atribuciones de la vocería, el control de los medios públicos y una coordinación de gestión. Sería una suerte de garante del karinismo puro en el Ejecutivo, a la vez que tiene la venia del Presidente.
A Petri le habrían encomendado que recomiende un posible reemplazante para su cargo en Defensa, una cartera que en las últimas décadas se utilizó mayoritariamente para pagar favores políticos y llevar como responsables a dirigentes sin previa experiencia en el rubro. Están muy bien ponderados su jefa de Gabinete, Luciana Carrasco, y el jefe del Estado Mayor Conjunto, Xavier Isaac.
En el ministerio reconocen la capacidad de la primera, pero marcan que no tiene terminales con el mileismo ni sustento político por fuera de Petri. Colocar al segundo sería un accionar que iría en contra de la regla implícita de poner a un civil al mando del ministerio. Dada la estrategia geopolítica de Argentina de acercarse con Estados Unidos, Isaac podría ser una opción convincente dado su pasado como agregado militar en ese país y su amplio conocimiento de la burocracia castrense. Aun así, no le gustaría asumir si es que no tiene asegurado un mayor presupuesto que le permita sanar IOSFA, incrementar salarios militares y continuar equipando a las fuerzas. Es muy probable que en el Gobierno estén pensando que Defensa quede en manos de alguna figura del PRO, como parte del acercamiento de Milei con el ex presidente Mauricio Macri. Se habló de la figura del radical Rodrigo de Loredo como promovida por los libertarios, pero parece haber perdido acciones.
La secretaria de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, es la figura que quiere Bullrich como su reemplazante. También suena el actual intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, que fue electo como senador provincial el mes pasado. Son dos figuras del entorno de la actual referente libertaria, que pidió como requisito para asumir en el Senado que se le respetara poner una sucesora ministerial. Aun así, en ciertos despachos de la Casa Rosada estudian realizar cambios estructurales a esa cartera.
Los espacios grises y los que faltan confirmar
Y es que más de un alto funcionario marca que es una posibilidad de que Seguridad Nacional se fusione con el Ministerio de Justicia. Es prácticamente una certeza que Mariano Cúneo Libarona, el actual titular de esta cartera, no continuará en su cargo luego de varios meses de desgaste en la función pública. Su reemplazante es todavía una incógnita, pero uno de los nombres más mencionados es el intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, que al igual que Valenzuela fue electo en un puesto legislativo provincial en septiembre. El ministerio está bajo la órbita del asesor presidencial Santiago Caputo, quien tiene como ministro entre las sombras a su principal operador judicial, el secretario de Justicia, Sebastián Amerio.
Este último no tiene intenciones de levantar el perfil, pero no deja de sonar como una opción como para reemplazar a Cúneo Libarona. La certeza es que Justicia seguirá siendo un ámbito de influencia de Caputo, que quiere evitar a toda costa que prosperen allí dirigentes ligados a Mauricio Macri. El asesor está profundamente interesado en las reformas judiciales que tiene planificadas y en los nombramientos de jueces de la Corte Suprema y los juzgados federales que están vacantes.
Surge como una posibilidad de que Justicia y Seguridad se fusionen en una sola bajo el ala de Montenegro, que debería aceptar tener a secretarios de la talla de Monteoliva y Amerio, ambos con sus respectivos jefes políticos. Pero ese intrincado esquema político podría incentivar a que las dos carteras permanezcan en esferas separadas. Caputo es más tendiente a ver a Seguridad y Defensa como áreas a canjear con el PRO. No así Justicia.
El canciller Gerardo Werthein se comunicó con Milei para indicarle que no seguirá en el cargo si Caputo asciende en el esquema de poder libertario, algo que parece inevitable dadas las circunstancias. El ministro de Relaciones Exteriores tiene mucha mejor relación con la hermana presidencial que con el asesor. Karina tiene como principal figura de confianza en ese rubro a Úrsula Basset, quien ha fungido como una suerte de interventora informal en la gestión de Diana Mondino. El actual secretario de Civilización y Culto, Nahuel Sotelo, quien responde a Santiago Caputo, afirmó públicamente en su cuenta de X que no está pensando en ser ministro.
El dilema entre Francos y Caputo
El jefe de Gabinete y el asesor presidencial transitan el peor momento de su relación. El primero sugirió públicamente -entrevistado por Infobae En Vivo- que funcionarios como Caputo debían tener un cargo formal para tener responsabilidades ante las decisiones que negocia con otros actores políticos.
Se trata de un asunto que fastidia de sobremanera al ministro coordinador. El disparador de esto ocurrió hace un año, cuando Francos fue interpelado por la oposición en Diputados y dijo que existía la posibilidad de modificar un decreto que restringía el acceso a la información pública. El asesor desmintió luego esa posibilidad en privado y aquello se trasladó a una aclaración de igual magnitud de Manuel Adorni en conferencia de prensa.
Milei empoderó a Francos en los últimos meses como una especie de válvula reductora de presión de la interna entre su hermana y el asesor, quienes tenían a segundas y terceras líneas enfrentadas por la estrategia partidaria y de gestión. También lo colocó al frente de la Mesa Federal, la cual integran los ministros Luis Caputo (Economía) y Lisandro Catalán (Interior).
El Presidente reconoció días atrás que pensaba en un cargo formal para Caputo, quien está pensando en una configuración diferente del Ministerio del Interior, lo cual sería tocar de lleno el área en el cual asumió semanas atrás Catalán, mano derecha de Francos desde las épocas de ambos en la gestión bonaerense de Daniel Scioli.
Esa nueva composición de Interior buscaría traer un nuevo interlocutor con las provincias, el corazón de la gobernabilidad que busca La Libertad Avanza para las reformas estructurales de los próximos meses. No se descarta que esté pensando en un dirigente como de Loredo o el reciente candidato nacional libertario, Diego Santilli.
El plan traería como correlato el nombramiento de figuras puestas por las provincias en áreas como Transporte, Energía o Infraestructura. Aunque no se está pensando en ese nombre en específico, días atrás ejemplificaron lo que sucedió con la salteña Flavia Royón en la secretaría de Minería, quien llegó a ese cargo patrocinada por el gobernador Gustavo Sáenz al comienzo de la gestión. Esto no duró demasiado, debiendo renunciar producto de la presión libertaria. Hay nombres que gustan más que otros para ciertos cargos. En el caputismo no creen viable el nombre de Guillermo Dietrich, exministro de Transporte de Macri y una de las figuras del expresidente en las discusiones técnicas por la Hidrovía.
En el entorno de Francos marcan que no hay definiciones que puedan hacerse antes de conocerse los resultados. Dirigentes de la mesa chica de Milei opinan que parece existir una duplicidad de gestiones políticas entre Francos y Caputo, y que el Presidente debería marcar bien las funciones de cada uno si es que quiere que ambos coexistan. Caputo repite a los suyos que ocupará el puesto que le dicte Milei: sea nuevo ministro coordinador o un puesto de menor relevancia. Aquello no cambiará la base de poder con la que parte, la cual solo disminuirá si lo decide el jefe de Estado.
Al margen del PRO, el oficialismo deberá negociar con las provincias para cuestiones legislativas tan elementales como conseguir quórum en las sesiones de Diputados, donde el actual presidente de la Cámara, Martín Menem, busca subsistir pese a la moción de ciertos integrantes del oficialismo y aliados que lo quieren reemplazar. “Cecilia Moreau logró ser presidenta aún sin tener los votos de la mayoría. Eso también lo podemos lograr”, indicaron cerca del dirigente libertario.
South America / Central America,LA PLATA
POLITICA
La oposición condiciona el debate del Presupuesto a que Milei destine los fondos para las leyes aprobadas
Mientras Martín Menem intentó acercarse a los bloques dialoguistas de la Cámara de Diputados, el Poder Ejecutivo volvió a dinamitar cualquier posibilidad de consenso. Las reglamentaciones de la denominada ley del Garrahan y de la ley financiamiento universitario -promulgadas sin reasignación de partidas- tensaron al máximo el clima político. La oposición, que reclama el cumplimiento de las normas aprobadas por amplia mayoría, ya comenzó a trabajar en un dictamen propio del Presupuesto 2026.
Fue Nicolás Massot, de Encuentro Federal, quien lo anticipó hoy durante la reunión de la Comisión de Presupuesto. “Nuestro dictamen va a tener superávit fiscal para darle previsibilidad económica en los próximos dos años”, explicó. Según adelantó, proyectará un superávit del 0,9%, a diferencia del 1,5% que plantea el texto del Gobierno. “La diferencia se financiará con rentas generales”, detalló.
Durante la cumbre que convocó Menem para poner en marcha la discusión del Presupuesto 2026, los dialoguistas exigieron el cumplimiento de las leyes ya sancionadas por el Congreso y la presencia del ministro de Economía, Luis Caputo, ante la Comisión.
“Mientras el Poder Ejecutivo siga desconociendo leyes aprobadas con el 75% de apoyo en ambas cámaras, será difícil avanzar”, advirtió Massot al salir del encuentro. Su colega del bloque Democracia, Pablo Juliano, consideró la reunión “un comienzo de diálogo”, pero marcó límites: “El Gobierno tiene que encontrar la forma de buscar los fondos, como cuando dijo intempestivamente que podía gastar 12.000 millones de pesos para reimprimir las boletas sin Espert. Vamos a defender los temas sensibles que este año sancionamos. Vamos a ir hasta el fondo”.
Los gobernadores de Misiones, Río Negro y Salta -nucleados en Innovación Federal- acompañaron el reclamo de la oposición y se negaron a asistir a la cumbre organizada por el oficialismo. Exigieron “una reunión aparte” con Menem. Este martes, el diputado misionero Daniel Vancsik se reunió en Casa Rosada con Eduardo “Lule” Menem para discutir los intereses presupuestarios de su provincia, un formato que podría replicarse con otros mandatarios.
En tanto, los referentes legislativos de los seis gobernadores de Provincias Unidas -Carlos Sadir (Jujuy), Ignacio Torres (Chubut), Martín Llaryora (Córdoba), Gustavo Sáenz (Salta), Claudio Vidal (Santa Cruz) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe)- tampoco participaron de la cumbre convocada por Menem y anticiparon que no asistirán a las siguientes. Reclamaron el cumplimiento de las tres leyes vetadas o demoradas por el Poder Ejecutivo.
“Fuimos al diálogo con la mejor predisposición, pero dialogar no es aceptar imposiciones”, escribió en X el diputado cordobés Carlos Gutiérrez, aliado a Llaryora. “Pedimos que se respeten las leyes aprobadas, que se incluyan los temas que afectan a las provincias -como las cajas de jubilaciones y los sectores productivos- y que se construya un presupuesto federal y realista. Si el Gobierno insiste en desconocer esos reclamos, lo único que demuestra es su desconexión con la realidad. Negar los problemas no los hace desaparecer”.
Los mandatarios no descartan sumarse al dictamen de Encuentro Federal o incluso presentar uno propio. Así, se desarma la estrategia de Menem de exhibir consenso detrás de su liderazgo.
A diferencia de la emergencia en discapacidad -que Javier Milei promulgó, pero suspendió en el mismo acto, alegando falta de financiamiento-, esta vez el Poder Ejecutivo evitó anunciar una nueva suspensión. Solo señaló que “deberá definir las partidas presupuestarias” destinadas a los programas aprobados.
El gesto no alcanza para despejar el frente judicial. Los diputados socialistas Esteban Paulón y Mónica Fein ampliaron la denuncia por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público contra Milei, Guillermo Francos y Mario Lugones, por desoír la ley de emergencia en discapacidad. Incorporaron además a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, al secretario de Educación, Carlos Torrendel, y el secretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez.
Sobre el desequilibrio de poderes, Massot sugirió que, en última instancia, podría intervenir la Corte Suprema. Pero su hipótesis fue descartada de plano por Germán Martínez, jefe del bloque de Unión por la Patria: “Tengo mis reparos en que estos conflictos se solucionen vía [Horacio] Rosatti, [Carlos] Rosenkrantz y [Ricardo] Lorenzetti. No descarto que se hayan reunido con [Barry] Bennet. Hay que empoderar al Congreso”.
Martínez agitó además otro recurso que amenaza con profundizar la tensión institucional: la moción de censura contra el jefe de Gabinete. Recordó que la semana pasada Diputados dictaminó una interpelación previa al eventual corrimiento de Guillermo Francos, y propuso actualizar los fundamentos: “En la sesión donde lo tratemos, que tiene que ser la próxima, hay que agregar estos dos elementos nuevos -la ley Garrahan y la de universidades-. Hay dos motivos más para interpelar y activar la moción de censura”, sostuvo.
En menos de 24 horas, el intento de diálogo se desvaneció. Lo que el oficialismo imaginó como un gesto de apertura terminó convertido en una ilusión óptica. A contrarreloj, Menem busca recomponer los puentes rotos mientras mira de reojo el resultado de las elecciones del domingo, que podrían reducir aún más su margen político.
intentó acercarse,ley del Garrahan y de la ley financiamiento universitario,October 20, 2025,@JMilei,@GAFrancosOk,@Mariolugones_ar,@SPettovelloOK,#EmergenciaEnDiscapacidad,pic.twitter.com/3kns5xWzIu,October 21, 2025,Delfina Celichini,Cámara de Diputados,Conforme a,,Legislativas. La Justicia ordenó informar los resultados de las elecciones por distrito y no exhibir un conteo nacional,,Nexos con Bailaque. Investigan a otro juez federal por maniobras de corrupción,,El tramo final de la campaña. Apatía, pocos carteles y mesas de difusión, postales del frío clima electoral en el conurbano,Cámara de Diputados,,Sin acuerdo. El oficialismo intentó poner en marcha la discusión del Presupuesto con un puñado de diputados,,El futuro del Enard. Fuerte reclamo en el deporte: dirigentes y atletas piden ayuda en Diputados, pero otra parte la rechaza,,»¡No sea machirulo!». Gritos en Diputados: Pamela Calletti cruzó a Tailhade en el debate por el desafuero de Emiliano Estrada
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