Desde que llegó al Gobierno, el flamante ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, se planteó revisar todas las medidas que había dejado listas su antecesor, Mariano Cúneo Libarona, sobre todo aquellas más urgentes, como los pliegos para cubrir vacantes en los tribunales o el nuevo Código Penal, sobre el cual pidió realizar algunas modificaciones para hacerlo más corto y técnico, aunque manteniendo la esencia original.

De acuerdo con lo que señalaron a Infobae fuentes del entorno del funcionario, “es lógico” que haya tomado la decisión de estudiar esta reforma, ya que el fiscal porteño en uso de licencia “no firma nada ni envía nada sin mirar antes”.

Recientemente, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció a través de las redes sociales las iniciativas que el oficialismo va a impulsar en esta primera etapa de las sesiones ordinarias y en el listado está incluido este proyecto.

En este contexto, Mahiques se interiorizó en el tema y comenzó a pensar algunas mejoras para hacerle al texto original, que era bastante extenso y, a su entender, contenía algunas cuestiones que se podían simplificar.

El martes pasado, cuando se reunió con los miembros de la Corte Suprema, el ministro también conversó con ellos sobre el Código Penal y les pidió que le envíen algunas recomendaciones u opiniones.

Luego de ese encuentro, en la cuenta oficial de X de la cartera se precisó que ambas partes expresaron la “voluntad de seguir trabajando de manera coordinada, cada uno dentro de sus competencias, para fortalecer la independencia de la Justicia, garantizar la seguridad jurídica y asegurar el pleno respeto al Estado de derecho”.

Asimismo, se comunicó con los integrantes de la comisión especializada a la que convocó el Gobierno para elaborar el texto, la cual ya venía trabajando sobre esta iniciativa desde la administración de Mauricio Macri.

El grupo está encabezado por el abogado y Doctor en Ciencias Jurídicas Jorge Buompadre, acompañado por los jueces Mariano Borinsky, María Eugenia Capuchetti, Ricardo Ángel Basílico y Julio César Báez, y los juristas Carlos Alberto Manfroni, Horacio Jaime Romero Villanueva, Fernando Oscar Soto, Valeria Onetto y Mercedes Rodríguez Goyena.

“Nos comentó que estaba revisando el proyecto, pero en línea con lo que ya fuimos haciendo. Tal vez va a ser un poco más corto de lo que había planificado Cúneo Libarona”, explicó a este medio uno de los miembros de ese cuerpo.

La junta entregó una primera versión en febrero del 2025 que tenía un total de 540 artículos, pero luego se siguió trabajando y esa cifra se amplió considerablemente, hasta llegar a 912.

Al respecto, Mahiques le explicó al equipo de expertos que su idea era avanzar “con otra técnica” para, “en lugar de hacer tantos agregados, modificar la base del Código actual” y que, de esa forma, no sea tan pesado el contenido.

De todas formas, las modificaciones que se van a hacer, y que quedarían, aunque dentro de artículos ya existentes, son las mismas que pensó la comisión de especialistas, por lo que se mantiene la idea primaria.

Qué reformas se mantendrían en el proyecto

En este sentido, a pesar de los cambios, se suma una serie de nuevas figuras delictivas y endurecimiento de penas para delitos económicos, terrorismo, narcotráfico y áreas emergentes como delitos informáticos.

Entre los puntos centrales se mantiene la creación de tipificaciones como la estafa piramidal, las llamadas “viudas negras” (mujeres que engañan a personas simulando querer tener relaciones sexuales para entrar a los domicilios y robarles), los “motochorros” y la entradera bancaria.

Asimismo, se especifican algunos delitos financieros complejos, como el lavado de dinero con activos virtuales y nuevas modalidades ilícitas asociadas al crimen organizado y la tecnología.

En este sentido, se incluye un régimen penal específico para esta área, completo e integral, con sanciones para inside trading, agiotaje (especulación y manipulación de precios), balances falsos, intermediación sin autorización y cohecho financiero.

La iniciativa plantea, además, el combate al terrorismo y la criminalidad organizada, dentro de un esquema que contemplará asociación ilícita, adoctrinamiento, adiestramiento y encubrimiento autónomo.

Según pudo saber este medio, el abordaje de la violencia en espectáculos deportivos sumará penas por dopaje, corrupción y actos asociados a agrupaciones ilícitas en ese ámbito.

En tanto, en lo que respecta al narcotráfico, será abordado con un sistema escalonado que distinguirá entre producción, suministro, tenencia y tráfico de precursores.

Por otra parte, y cupliendo con lo que a Argentina se comprometió en el marco del acuerdo comercial con los Estados Unidos, el texto prevé cambios para adecuar la protección de la propiedad intelectual e industrial y sumará previsiones de crimen organizado en la fiscalización (controles judiciales más duros).

En materia de delitos informáticos, el texto trabajará la tipificación de hackeo, difusión no autorizada de imágenes, acceso ilegítimo, hurto informático y ataques contra sistemas esenciales.

Entre las normas que sobrevivieron a la revisión, están aquellas para castigar el accionar de funcionarios que afecten la estabilidad fiscal y monetaria, una medida de especial interés para la administración libertaria.

Por último, se introduce figuras penales para la crueldad animal, daños al patrimonio arqueológico, paleontológico y la fauna silvestre; para la discriminación y para el ingreso y permanencia ilegal de migrantes en territorio nacional.

oficial,empresario,senior,Argentina,política,negocios,gobierno,entrevista,gestión,economía

El diputado kirchnerista del bloque Unión por la Patria (UxP), Juan Carlos Molina, también apodado como “cura coraje”, sorprende por el patrimonio que posee, valuado en casi USD 1 millón. Una cifra que contradice su pretendido modo de vida austero.

Según el medio NotiAR, en su declaración oficial el cura, legislador nacional por la provincia de Santa Cruz, asumido en diciembre del año pasado, se constata que tiene en su haber la suma de 611 millones de pesos, lo que sería el equivalente a USD 33o.338,50.

Sin embargo, además de esa suma, Molina, un dirigente cercano a Cristina y Alicia Kirchner que ganó por un pelo en las últimas elecciones legislativas en la provincia de Santa Cruz, también tiene cuatro propiedades en CABA y San Vicente, lo que eleva la mencionada cantidad en dólares declarada.

La lujosa vida del secretario general de La Fraternidad: tiene una casona de USD 500 mil y caballos de carrera

La declaración jurada que el “cura” presentó ante la Oficina Anticorrupción utiliza la trampa del “1 m2” para subvaluar inmuebles y licuar el impacto visual de su riqueza.

La fortuna acumulada por el diputado se contradice con su actividad en el sector privado. Antes de ser legislador, se desempeñaba al frente de la Fundación Valdocco, financiada con dinero del Vaticano. Lo que llama la atención es como generó dinero trabajando en una organización sin fines de lucro como dicha fundación.

Antes de su presente como diputado y miembro de la Fundación Valdocco, Molina fue titular del SEDRONAR durante el primer gobierno de Cristina Kirchner. En ese tiempo, ha esgrimido declaraciones polémicas como que “Pablo Escobar fue un poco Robin Hood”.

La entrada La llamativa fortuna del cura y diputado K Juan Carlos Molina: tiene USD 1 millón y cuatro propiedades se publicó primero en Nexofin.

Alicia Kirchner,Cristina Kirchner,Cura,diputado,Juan Carlos Molina,kirchnerismo

Suele ser un tema que pasa desapercibido o al que se le presta poca atención, como los pliegos militares e, incluso, algunos judiciales: la falta de tratamiento de ascensos diplomáticos genera, a esta altura, una mega olla a presión y la tensión se elevó en los últimos días tanto en la Cancillería como en el Senado, que es el lugar donde se debaten y aprueban estas cuestiones.

La última novedad es que en la citación para el próximo jueves de la comisión de Acuerdos -comanda el libertario Juan Carlos Pagotto-, no aparecieron las listas demoradas de 2024 y 2025. Las tiene en revisión el Canciller, Pablo Quirno. Este tipo de situaciones ocurren, sobre todo, cuando cambian los responsables de dicho Ministerio. Durante la era de Javier Milei ya pasaron por esa silla Diana Mondino y Gerardo Werthein. Todo, en menos de dos años. No obstante, los meses pasaron y la dilación agravó todo.

El escenario actual no debe ser interpretado sólo con los sucesos de semanas recientes. Según coincidieron fuentes de la Cámara alta y de Cancillería a Infobae, las idas y vueltas derivaron en un problema desde que el peronista Felipe Solá le pasó la posta al entonces kirchnerista Santiago Cafiero, durante el gobierno de Alberto Fernández.

“A mediados de 2023 enviaron las de dicho período y la de 2022. Como no se avanzó, Mondino solicitó el retiro y luego sí se votaron, pero correspondían a esos años. Con Werthein luego aterrizaron dos juntas, de 2024 y 2025, pero siempre se dijo que el ruido por el cual no se discutieron fue que contenían a varias personas relacionadas con el kirchnerismo”, confiaron desde un despacho.

Desde otro, en tanto, afirmaron a este medio: “Cada gobierno tiene cuatro listas, pero la del último año de gestión se manda y no se trata, ya que se da en medio de un período de elecciones presidenciales y la agarra quien venza en los comicios. Lo curioso es que el ‘albertismo’ -si es que existió eso, por fuera de la militancia rentada- se comió casi dos propias, y la administración libertaria perdió una tremenda oportunidad de completar y sumar gente afín”.

Una persona que sigue de cerca el tema confió: “Podrían haber remodelado toda la estructura jerárquica y desaprovecharon una oportunidad fabulosa. Pensé que iban contra la ‘casta’. Más allá de eso, lo que de verdad queda demostrado, con el diario de hoy, es el alto desinterés que existe y que Quirno quiere ser Canciller, pero no ministro. Si no, que alguien me responda quién es su segundo hoy. O quién es el secretario de Culto. En los papeles formales, veo vacíos esos casilleros. No son temas menores y todo esto se nota ya en el día a día”.

Cómo es el sistema

Todos los años, la junta calificadora de Cancillería arma una lista de funcionarios para ascender al grado superior. Los más complicados o delicados son los embajadores, así como los ministros de primera y segunda. Son quienes requieren la luz verde del Senado.

El primer “semáforo amarillo” se percibió cuando Werthein restringió la cantidad de vacantes, que son las señaladas por fuerzas dialoguistas como “infladas de kirchneristas”. “Nunca se negoció nada a partir de ahí y dejaron a mucha gente a la deriva. Todo se manejó como si fuese un trámite burocrático, pero ya sabemos que no es así”, confiaron desde una bancada de la Cámara alta a este medio.

Con las vacantes disminuidas, comenzaron rencillas y operaciones por doquier. La búsqueda por ascensos -merecidos, en gran parte, por personas profesionales del servicio exterior- incluyen algo peor y que castiga a los de más “abajo”: por una especie de “usos y costumbres”, en Cancillería siempre se aguarda a que se consuman las subas en el Senado para luego continuar con las decisiones -vía resolución ministerial- de guiños hacia los secretarios de tercera, segunda, primera y consejeros.

“Cuando asciendo, cobro más. Antes, si se demoraba, te pagaban luego de forma retroactiva. Creo que el PRO no convalidó eso una vez y ahora lo repite La Libertad Avanza. Recién cobrás cuando ya estás recategorizado, pero aunque sea te reconocen la antigüedad y eso ayuda, ya que cada tres años podés pelear por el grado siguiente. Si uno llega a ministro de segunda, ya podría ser embajador. Si todo se frena, las chances se pierden. Ni hablar si no llegás ni a consejero, debido a que no podrías ser ni director simple. Genera mucha frustración. A nadie le importa y no hay una sola persona que negocie por nosotros”, fue la lapidaria frase de una funcionaria a Infobae.

Corporate Events,Diplomacy / Foreign Policy,South America / Central America,Government / Politics,Science / Technology