POLITICA
La oposición convocó a una sesión en Diputados para reformar los DNU y remover a Espert de Presupuesto
Apenas 24 horas después de propinarle al gobierno de Javier Milei otra dura derrota en el Senado con el rechazo de los vetos a la emergencia en pediatría y el financiamiento universitario, los bloques de la oposición dura y dialoguista convocaron a una nueva mega sesión en la Cámara de Diputados para el próximo miércoles 8 de octubre a las 12 para avanzar con una agenda de alto impacto político, que incluye la reforma del régimen de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), la remoción del diputado José Luis Espert como presidente de la Comisión de Presupuesto y la interpelación al jefe de Gabinete Guillermo Francos con la posibilidad de avanzar hacia una moción de censura, entre otros temas.
El primer proyecto de la orden del día busca modificar la ley 26.122 para limitar las facultades del Presidente para firmar decretos. La iniciativa, que ya tiene media sanción del Senado, establece un límite de 90 días corridos para que el Congreso se pronuncie sobre la validez de los DNU. Si el tema no es tratado, los decretos caen. Además, plantea que debe ser explícita la aprobación de las dos Cámaras para que se mantengan vigentes. Por lo tanto, la oposición sólo necesitaría juntar una mayoría en una de las Cámaras para invalidar todos los decretos.
Impedir la reforma del régimen de DNU es el principal objetivo político de Martín Menem y de los diputados libertarios ya que significaría una restricción muy contundente del margen de maniobra de un gobierno con minoría parlamentaria. Si se convierte en ley, resultaría prácticamente imposible que los Ejecutivos esquiven al Congreso para llevar adelante su plan de gestión. Los consensos mayoritarios se convertirían en un requisito casi ineludible para gobernar, un escenario muy distante al actual.
El segundo tema de la mega sesión también es incómodo para el Gobierno. La oposición quieren remover a José Luis Espert de la presidencia de la Comisión de Presupuesto a partir de la denuncia por “incumplimiento de funciones” por haber mantenido cerrada la comisión durante varios meses y por sus vínculos con Fred Machado, el empresario investigado en Estados Unidos por narcotráfico.
La interpelación al jefe de Gabinete Guillermo Francos será el tercer tema en orden de importancia. El principal funcionario “político” del Gobierno deberá explicar por qué sancionó la ley de emergencia en discapacidad, pero dejó en suspenso su aplicación. Desde el oficialismo aseguran que no tienen los recursos para su implementación y que la oposición tampoco especificó en el texto de la ley cuáles serían las fuentes de financiamiento.
Por su parte, los opositores más duros aseguran que si el jefe de Gabinete no se presenta con una reasignación de partidas que permita implementar la ley, avanzarán con una moción de censura.
Se trata de un mecanismo incorporado en la Reforma de 1994 en el artículo 101 de la Constitución mediante el cual el Congreso puede remover al jefe de ministros por cuestiones políticas. Francos es considerado el principal representante del ala “negociadora” del Gobierno y se encarga personalmente del vínculo con las provincias y algunos aliados, por lo que una moción de censura en su contra representaría un golpe devastador para la estructura de funcionamiento del Poder Ejecutivo.
La agenda de la oposición incorpora además un emplazamiento a la comisión de Presupuesto para ponerle una fecha tope al debate sobre el Plan de Ingresos y Gastos 2026. De esta forma quieren evitar que la discusión se prolongue indefinidamente y que el año legislativo termine sin ningún dictamen. Temen que el Gobierno intente prorrogar por tercer año consecutivo el Presupuesto de 2023.
También se discutirá la selección del nuevo Defensor de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y numerosas iniciativas sobre emergencia productiva, financiera, tarifaria y laboral para micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs).
Otras propuestas incluidas abarcan la declaración de nulidad de la cláusula suspensiva del decreto 681/25 sobre discapacidad, la reafirmación de atribuciones exclusivas del Congreso en materia de endeudamiento externo, y el pedido de informes verbales al ministro de Economía Luis Caputo, vinculado a eventuales negociaciones por un blindaje financiero con Estados Unidos.
La solicitud lleva las firmas de referentes de los bloques Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre y los ex libertarios de Coherencia.
Las comisiones de la Cámara también debatirán la habilitación para citar a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y al ministro de Salud, Mario Lugones, para que den explicaciones acerca de los audios que involucran al ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, en presuntos casos de pagos ilegales dentro del organismo.
El temario prevé la discusión acerca de la derogación del decreto que habilita la importación irrestricta de maquinaria y equipos usados, junto con una serie de proyectos sobre la reforma del Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (ENARD) y medidas para el financiamiento científico. También se encuentra una solicitud para recomponer el presupuesto del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA).
Por último, se incluyó al final de la sesión la modificación del mecanismo de reparto de los recaudado por el impuesto a los combustibles líquidos. Representa una fuente de recursos extra para las provincias por lo que podría servir para presionar a los gobernadores para que ayuden a construir el quórum.
POLITICA
Argentina exigió una “acción inmediata” de la Corte Penal Internacional en Venezuela y pidió el arresto de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello
El gobierno de Javier Milei exigió una “acción inmediata” de la Corte Penal Internacional (CPI) en Venezuela, ante el agravamiento de las violaciones a los derechos humanos cometidos por la narcodictadura de Venezuela, y solicitó que se ejecuten las órdenes de arresto que están requeridas para Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, principales jefes del régimen chavista.
El planteo, elevado por el embajador Diego Emilio Sadofschi, representante argentino ante la CPI en La Haya, marcó la apertura de la conferencia anual del tribunal, en la que se debatieron los avances y desafíos de las investigaciones internacionales y la cooperación de los Estados miembros.
Durante su intervención, Argentina se disoció del consenso general de la asamblea, reafirmando su posición crítica e históricamente sostenida frente a la falta de avances concretos en el caso venezolano.
Según remarcó Sadofschi, “la situación en Venezuela, que se ha deteriorado aún más tras las fraudulentas elecciones de julio de 2024, exige una atención inmediata”. El representante argentino sostuvo que, desde que la oficina del fiscal de la CPI anunció en noviembre de 2021 la conclusión del examen preliminar sobre la situación en Venezuela, “ha habido pocos avances”.
A continuación, denunció: “Las detenciones arbitrarias, los tratos inhumanos y otros crímenes contra la humanidad que perpetra el régimen venezolano requieren investigaciones rigurosas pero expeditivas, incluyendo el dictado de órdenes de arresto contra sus principales responsables”.
Sadofschi argumentó que la actitud adoptada por Argentina –de no bloquear el consenso en torno a la declaración general de la asamblea– no debía ser interpretada como una concesión para Venezuela: “La decisión de Argentina de no bloquear el consenso en torno a esta cuestión, lejos de entenderse como un gesto hacia Venezuela, es en realidad una muestra del compromiso de la República Argentina con la Corte Penal Internacional y del valor que le otorga a la labor de esta asamblea, incluyendo no precluir las negociaciones en curso para establecer un procedimiento general relativo a la situación de estados parte en situación de atrasos en los pagos”.
En ese sentido, Sadofschi fue terminante: “Permítame enfatizar que Argentina no se siente ni puede ser considerada parte de la decisión que se adopte, disociándose de la misma, y le pido que quede registro de ello en los informes y actas de esta asamblea”.
Al pedir la palabra nuevamente, el embajador subrayó la firmeza de la posición argentina: “La Argentina es y ha sido siempre comprensiva ante las dificultades financieras que establecen los Estados partes de esta asamblea, pero no puede hacer caso omiso a la realidad de los crímenes que se cometen en ese país. En este marco, la actitud de Argentina de no interponerse a la voluntad de la Asamblea demuestra nuestro compromiso con la Corte Penal Internacional y una reafirmación del llamado a la Corte a tomar medidas concretas y urgentes ante la situación en Venezuela”.
La delegación argentina remarcó que evalúa imprescindible que la comunidad internacional acelere los mecanismos para la ejecución de las órdenes de arresto y no dilate la definición de responsabilidades en materia de crímenes de lesa humanidad. “La República Argentina sigue considerando prioritario que se avance en la investigación y se adopten medidas concretas para poner fin a la impunidad de los máximos responsables del régimen en Venezuela”, sostuvo el embajador ante los demás países presentes.
El planteo argentino suscitó la reacción del representante permanente adjunto de la dictadura chavista en La Haya, Héctor Constant Rosales, quien acusó al gobierno de Milei de “politizar la conferencia” y lo calificó como un “falso defensor de derechos humanos”.
Constant Rosales, que representa a un régimen que usurpó el poder al desconocer los resultados de las últimas elecciones presidenciales, invitó a “concentrarnos positivamente en los trabajos de esta Corte para garantizar que podamos avanzar constructivamente y con un espíritu de solidaridad en los temas que nos resultan comunes”.
Ante estas declaraciones, Sadofschi replicó tajantemente, rechazando “en todos sus términos” las expresiones agraviantes del delegado venezolano y subrayando que Argentina “no puede hacer caso omiso a la realidad de los crímenes que se cometen en ese país”.
Sadofschi insistió en que la postura argentina no implica un relajamiento en la exigencia de justicia internacional, sino una reafirmación del compromiso con la Corte, su proceso y los mecanismos multilaterales que hacen posible el avance de las investigaciones sobre crímenes de lesa humanidad. Hizo hincapié en que la situación en Venezuela representa un caso emblemático de inacción internacional que debe revertirse con medidas contundentes, como el dictado de órdenes de arresto contra los principales dirigentes chavistas. La Argentina pidió que su mensaje y disociación quedaran asentados en las actas e informes de la asamblea, subrayando que no puede ser incluida como parte de ninguna resolución que relativice la gravedad del caso venezolano.
La conferencia anual de la Corte Penal Internacional marca una semana clave donde los países miembros debaten los movimientos en expedientes judiciales críticos, como el referido a Venezuela, y discuten cómo mejorar los mecanismos de cooperación para la ejecución de órdenes de arresto contra acusados por crímenes de lesa humanidad.
El caso del gendarme argentino Nahuel Gallo
Fuera del discurso oficial del embajador ante la CPI, el contexto bilateral entre Argentina y Venezuela está atravesado, además, por la persistente preocupación por el caso del gendarme argentino Nahuel Gallo, detenido en Caracas. Gallo, miembro de la Gendarmería Nacional Argentina, fue arrestado bajo acusaciones infundadas y permanece privado de su libertad bajo condiciones inciertas. Autoridades argentinas y organismos de derechos humanos insisten en la urgencia de su liberación y en la necesidad de que la Corte Penal Internacional y la comunidad internacional presionen al régimen de Maduro y Cabello para garantizar su integridad y el regreso seguro a su país.
Rumbo a la sesión preparatoria de pasado mañana, la Unión Cívica Radical (UCR) busca subsanar su retroceso parlamentario y encarar el nuevo año legislativo desde la mayor fortaleza posible. Persiguen, para ello, un esquema de unidad que, mientras se define la carrera por la renovación del Comité Nacional, podría naufragar en la Cámara baja, donde los distintos sectores negocian en reuniones paralelas y con sugestivas ausencias que se encaminan a bloquear la confluencia esperada. La grieta entre Democracia para Siempre y la bancada radical se reedita, pero bajo nuevas etiquetas.
Dos encuentros comenzaron a delinear el futuro dicotómico del espacio la semana pasada. El miércoles pasado, se llevó a cabo la primera reunión de Provincias Unidas para empezar a darle forma al bloque federal que intentará mediar entre La Libertad Avanza (LLA) y Fuerza Patria. Estuvieron presentes 17 legisladores, entre peronistas y Pro disidentes, socialistas e incluso radicales. Algunos representantes de este último sector también participaron de otro cónclave que se desarrolló ese mismo día, horas más tarde para consolidar una bancada radical “pura” que recupere la identidad del espacio.
“Somos un partido con vocación de poder, por eso estamos trabajando en un bloque de unidad”, aseguró una fuente que participó del segundo encuentro. “¿Qué es esto de romper bloques y que hemos naturalizado?”, cuestionó en relación con la atomización que sufrió el partido centenario bajo la conducción nacional de Martín Lousteau.
El actual senador nacional, que desembarcará en la Cámara baja el 10 de diciembre, habría sido invitado al encuentro del bloque radical, pero no se presentó. consultó en su entorno para confirmar la versión, pero no obtuvo mayores precisiones.
Lo cierto es que el titular del Comité Nacional -que dejará su puesto el próximo 15 de diciembre- ya tiene definida su adhesión al bloque de Provincias Unidas, el sello por el que resultó electo diputado en la ciudad de Buenos Aires en una reñida disputa con los libertarios por la banca. Resta saber cuántos correligionarios seguirán sus pasos.
En el bloque de Provincias Unidas dan por descontado que tendrán también el apoyo de Mariela Coletta, diputada de Evolución, la corriente interna referenciada en Lousteau. Sin embargo, según pudo saber , la legisladora habría participado de la reunión de la bancada radical de la que hoy permanece escindida: desde su creación, engrosa las filas de Democracia para Siempre, el bloque disidente que se encamina a comparecer ante la reorganización del radicalismo en el recinto y el surgimiento de nuevas etiquetas.
Algo similar sucede con Pablo Juliano, presidente de dicho grupo, cuyo destino hasta 2027 no está definido. Podría, como prevén en el frente federal, confluir con Lousteau -pese al divorcio de su principal referente, Facundo Manes, con el senador- o regresar al bloque radical con legisladores que compartieron lista con LLA. intentó contactarlo para averiguar si ya había tomado una decisión, pero al cierre de esta nota no había obtenido respuesta.
La alianza electoral con los libertarios para los comicios nacionales en Mendoza, Chaco y Entre Ríos aún se erige como un obstáculo para la convergencia radical en el recinto. En algunos sectores consideran que tal acercamiento durante la contienda electoral implicó una subversión de los valores del espacio centenario y la desconfianza impera. Otros, en cambio, prefieren obviar las diferencias y se muestran abiertos a trabajar en conjunto. “Soy más de la idea de hacer tábula rasa y empezar a trabajar en reformas. El primero que habló de reforma fiscal y laboral fue Alfonsín. Hay que ponerse a pensar en cómo influir en las agendas que vienen por delante”, deslizó una fuente parlamentaria.
En este contexto, tampoco está definido qué sucederá con el diputado electo por Corrientes Diógenes González que, según indicaron a en el partido local, aún no habría determinado a qué bancada suscribirá, una decisión compleja en medio de la presión a su gobernador y jefe político, Gustavo Valdés, para que asuma la conducción del Comité Nacional.
La misma incertidumbre gira en torno a los dos legisladores por Jujuy, María Inés Zingarán y Jorge Rizzotti. En el entorno del gobernador Carlos Sadir evitan hacer referencia a su destino y, en el Congreso, no descartan que la dupla pueda terminar dividida entre Provincias Unidas y el bloque radical, aunque en ambos espacios agitan por anotarse una adhesión doble.
En el Senado, en cambio, el escenario se desenvuelve sin mayores complicaciones. Según confió un legislador a , el bloque se encamina a permanecer unido después del 10 de diciembre.
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El exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, pidió su sobreseimiento y presentó un informe pericial que dice que los audios son falsos.
La defensa de Spagnuolo también pidió la nulidad de todas las resoluciones vinculadas con las grabaciones.
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El informe pericial presentado por el exdirector de la ANDIS y realizado por el perito Miguel Ángel de la Torre Guijarro concluye en que fue “editado y modificado múltiples veces” el audio en el que se le atribuyen comentarios sobre un supuesto esquema de retornos del 3% en compras de medicamentos.
El perito aseguró que no dispone de la secuencia completa, por lo que “no es posible realizar un examen exhaustivo y concluyente de manera inequívoca sobre la autenticidad e integridad del audio”.
Previamente, el informe presentado ante la Justicia planteó una serie de elementos por los que Spagnuolo sostiene que los audios son falsos.
El primero de ellos sostuvo que la conversación comienza en un recinto cerrado “compatible con una cafetería” y que luego de casi dos minutos presenta «características acústicas diferentes, compatibles con una conversación telefónica».
A su vez, el perito determinó que la grabación “no es íntegra porque no mantiene continuidad durante los actos del habla, y presenta un total de 18 cortes compatibles con la edición y manipulación intencionada».
“También se han identificado otros artefactos compatibles con errores de la propia edición y manipulación del audio, efectuada con posterioridad al proceso de registro sonora», señaló.
De la Torre Gujarro también remarcó que “se identifican cambios bruscos en parámetros acústicos de amplitud y frecuencia, que no se corresponden con una grabación de secuencia única”.
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Por último, agregó: “Se detectaron trazas que acreditan la presencia de voz sintética generada mediante algoritmos de inteligencia artificial, con una estimación de probabilidad del 65%“.
Por todos estos motivos es que la defensa del exdirector de la ANDIS planteó la nulidad de todas las resoluciones que están amparadas en la fidelidad de los audios.
“Los audios que dieron origen a la presente investigación han sido editados, manipulados y modificados con inteligencia artificial, así como, con alto grado de certeza, producto de escuchas telefónicas ilegales», plantearon los abogados Mauricio D´Alessandro y Pablo Parera.
En consecuencia, los defensores remarcaron que los audios son producto de escuchas ilegales y también pidieron el sobreseimiento de Spagnuolo
Diego Spagnuolo, Agencia Nacional de Discapacidad
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