La oposición en la Cámara de Diputados prepara la convocatoria a una nueva sesión especial para discutir temas de alta sensibilidad social que el oficialismo y sus aliados, con el argumento de defender el equilibrio fiscal, rechazan de manera tajante. Los proyectos en carpeta son, en principio, tres: la declaración de emergencia en discapacidad en todo el país; la actualización del presupuesto universitario y un nuevo régimen que reemplace la última moratoria previsional, ya vencida.

Esta sesión aún no tiene fecha definida, aunque los opositores especulan con realizarla en la anteúltima semana de mayo. La semana previa está prevista una nueva ronda de interpelaciones en el recinto por el caso $LIBRA: en efecto, para el 14 de ese mes fueron citados nuevamente los ministros de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y de Economía, Luis Caputo, quienes pegaron el faltazo a la primera convocatoria que se realizó el martes –a la que únicamente asistió el jefe de Gabinete Guillermo Francos– aduciendo cuestiones de agenda.

De ausentarse una vez más, los opositores no descartan presentar una denuncia judicial o bien pedirles el juicio político ya que, advierten, ambos ministros estarían incumpliendo una manda constitucional que obliga a los miembros del gabinete a comparecer al Congreso una vez citados. En ese escenario, la oposición buscará destrabar la constitución de la comisión investigadora por el caso $LIBRA, que hoy no pudo elegir sus autoridades ni arrancar su tarea porque oficialistas y opositores están empardados en cantidad de integrantes.

Próxima ofensiva

En este marco de creciente tirantez política en la Cámara de Diputados, los bloques opositores buscan impulsar su agenda legislativa pese a la resistencia del oficialismo que, hasta ahora, ha contado con el apoyo de Pro y la UCR. Empero, los temas que pretenden impulsar en la próxima sesión especial amenazan esos respaldos. O, al menos, los pondrán en jaque.

Algo de eso se vio el miércoles en el plenario de las comisiones de Presupuesto y de Discapacidad: allí estaban presentes todos los bloques –incluso Pro y la UCR- menos La Libertad Avanza. En esa reunión -presidida por Daniel Arroyo (Unión por la Patria) ante el faltazo de José Luis Espert, presidente de Presupuesto- se discutió la situación de emergencia que atraviesa el sector de la discapacidad y se firmaron cuatro dictámenes que, aunque con diferencias, tienen un denominador común: actualizar las prestaciones de los servicios para personas con discapacidad, las cuales quedaron fuertemente rezagadas por el efecto inflacionario.

El dictamen de mayoría pertenece a Unión por la Patria, Encuentro Federal, la Coalición Cívica y la izquierda. Propone declarar la emergencia en discapacidad hasta diciembre de 2027 y prevé una compensación a los prestadores consistente en la diferencia entre el porcentaje del valor de los aranceles aprobados entre el 1° de diciembre de 2023 inclusive y el 31 de diciembre de 2024 inclusive y el porcentaje del Índice de Precios al Consumidor (IPC) para el mismo período. Los valores de este año deberán ser determinados por el directorio de la Agencia Nacional de Discapacidad.

“Una persona que trabaja en un taller protegido por cuatro horas cobra 28 mil pesos por mes, no por día. Ese monto no se actualiza desde febrero de 2023, estamos ante una evidente emergencia y un ingreso para la persona con discapacidad fuera de toda regla. El problema adicional es que las personas no cobraron ni enero, ni febrero ni marzo”, advirtió Arroyo.

Tanto Pro como la UCR y Democracia para Siempre presentaron sus propios despachos en minoría. El bloque amarillo, en la voz de Martín Maquieyra, advirtió que los retrasos en los valores de las prestaciones se remontan desde el gobierno kirchnerista y, en su dictamen, propone actualizarlos l IPC, pero no prevé una compensación retroactiva. La UCR presentó un proyecto similar mientras que Democracia para Siempre, si bien coincide con el dictamen de mayoría en otorgar una compensación por los retrasos en las prestaciones, sugiere que la emergencia no se extienda más allá de 2026.

Además de la problemática de discapacidad, los opositores esperan tener listo para la sesión especial el dictamen sobre un nuevo régimen previsional que, en reemplazo de la moratoria ya caduca, permita que aquellas personas en edad de jubilarse pero no reunieron los 30 años de aportes que prevé la ley, perciban un ingreso proporcional a lo que efectivamente aportaron.

El tema se discutió hoy en el plenario de las comisiones de Previsión y Presupuesto con la presencia de expertos. Su presidenta, Gabriela Brouwer de Koning, anticipó que el 6 de mayo vence el plazo para emitir dictamen.

La actualización del presupuesto universitario será otro de los temas que la oposición prevé impulsar durante la segunda mitad del año: la intención de los opositores es aprovechar la próxima sesión especial para emplazar al diputado Espert a que convoque a la Comisión de Presupuesto para iniciar su tratamiento de los proyectos ya presentados, entre ellos el que acordaron diversos bloques y que, en líneas generales, prevé la actualización automática de las partidas destinadas al funcionamiento de las universidades nacionales retroactiva al 1° de enero de 2025 y según el índice de precios al consumidor (IPC).