POLITICA
La oposición en Diputados presiona para crear una comisión investigadora del fentanilo contaminado

El número de víctimas fatales causado por el lote de fentanilo contaminado se acerca a los 100 y en el Congreso crece la presión para conformar una comisión especial investigadora: ya se presentaron tres proyectos, incluido uno de la bullrichista Silvana Giudici (PRO), aliada del Gobierno.
La última iniciativa fue presentada este jueves por los radicales disidentes de Democracia para Siempre y propone la creación de una comisión parlamentaria encargada de investigar en profundidad las fallas de control y las responsabilidades institucionales involucradas en el brote.
El fentanilo es un potente analgésico utilizado en diferentes tratamientos. Dos lotes de este producto, elaborado por los laboratorios HLB Pharma y Ramallo, fueron contaminados con bacterias como Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii y la Justicia aún busca determinar la cantidad de ampollas circulantes y el posible alcance de la adulteración.
“Ignoramos la magnitud de la situación, ya que el número de víctimas podría seguir aumentando a medida que avanza la investigación judicial”, advirtió el presidente del bloque Democracia para Siempre, Pablo Juliano.
De acuerdo a la letra del proyecto, la comisión investigadora deberá indagar la cantidad total de casos confirmados, probables y sospechosos registrados por fecha de síntomas, jurisdicción, centro de salud y desenlace clínico. Tendrá también que reconstruir la cronología del brote, desde la primera notificación hasta las alertas sanitarias y la activación de protocolos tanto a nivel nacional como en la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y otros organismos. Según indicaron los diputados, uno de los principales problemas radica en la falta de información centralizada y en la baja notificación voluntaria de los centros que detectaron o sospecharon casos.
Uno de los objetivos será “investigar las irregularidades, intentos de destrucción de pruebas y medidas adoptadas por HLB Pharma”, pero también relevar los expedientes, sumarios, inspecciones y acciones emprendidas por ANMAT desde marzo de 2020. En tanto, la investigación también abarcará el rol del Ministerio de Salud, las compras y distribución de los lotes alterados, y la articulación con provincias y municipios, con foco en los mecanismos de alerta epidemiológica.
Para evitar lo que sucedió con la comisión investigadora del cripto-escándalo $Libra, el proyecto prevé en su articulado un mecanismo de desempate a la hora de elegir las autoridades de la nueva comisión investigadora y establece un plazo de funcionamiento de tres meses desde su constitución.
Pero los radicales disidentes no fueron los únicos en impulsar la creación de una comisión investigadora. De hecho, el primer proyecto presentado es de la diputada del PRO, Silvana Giudici, cercana a la ministra Patricia Bullrich.
En su texto, la diputada del PRO propone investigar “posibles conflictos de interés y vínculos políticos de personas involucradas” y detalla que la comisión tendrá amplias facultades para solicitar información, citar testigos y remitir denuncias.
Ayer, en la comisión de Salud Pública de la Cámara de Diputados se aprobó un pedido de informes al gobierno nacional sobre los controles a los laboratorios involucrados en el fentanilo contaminado, la cantidad de muertos ocasionados por este opioide y las alertas sanitarias activadas por el Ministerio de Salud y la ANMAT.
Hasta el momento el bloque libertario guardó silencio y evitó pronunciarse a favor o en contra de la investigación. Ante la consulta de Infobae, señalaron que esperarán a la presentación del informe por parte del Ejecutivo.
POLITICA
Preocupación en la Corte Suprema: se aceleran las renuncias de jueces, Milei no envía pliegos y las vacantes que llegarán al 38% en 2026

Las renuncias de jueces federales y nacionales se aceleraron este año y prometen ampliar las vacantes en el Poder Judicial, que pasarán del 33% actual al 38% ciento en el primer trimestre de 2026. La situación genera máxima preocupación en la Corte Suprema de Justicia, mientras el Gobierno sigue prometiendo que tras las elecciones enviara al Senado los pliegos de los jueces ya elegidos por el Consejo de la Magistratura.
La situación es grave porque no hay listas de conjueces para subrogar cuando no se pueden conformar mayorías y las causas quedan trabadas. Los conjueces son abogados de la matrícula, que se eligen por fuero, para suplir a los jueces titulares, pero deben tener acuerdo del Senado y hay fueros donde esas listas no existen.
La Corte no tuvo tanta receptividad del Gobierno en este asunto como en el económico, del financiamiento del Poder Judicial. El presidente de la Corte, Horacio Rosatti, se sentó mano a mano con el ministro de Economía, Luis Caputo, y acordaron las partidas para mantener el nivel salarial, al menos a la par de la inflación. Sebastián Amerio, viceministro de Justicia, estaba sentado a la mesa y fue testigo del acuerdo.
El presupuesto elevado por el Gobierno al Congreso contempló estas partidas, excepto en un renglón: el de los bienes de uso del Consejo de la Magistratura, referido a infraestructura, tecnología y obras de mantenimiento.
Estaba presupuestada en la Justicia una partida de 29.000 millones de pesos y en el proyecto que llegó al Congreso quedaron 7.600 millones, un 73%. Tarea para el consejero de la magistratura y diputado Álvaro González, vicepresidente de la Comisión de Administración, cuando se debata el presupuesto en el Congreso.
Las renuncias y jubilaciones de jueces se aceleraron este año porque la mayoría de los magistrados que llegan a la edad de jubilarse, o que les falta poco, prefieren adelantar la decisión por temor a que cambie la ley jubilatoria.
Hoy, los jueces se jubilan con un régimen especial que les garantiza el cobro del 82% móvil (es decir, que se ajusta junto con los sueldos en actividad). El cálculo ya no es sobre el último sueldo, sino sobre el promedio actualizado de las últimas 120 remuneraciones (10 años), siempre que esas remuneraciones hayan estado sujetas a aportes. Esto redujo significativamente los haberes iniciales respecto al sistema anterior.
Además, los jueces en actividad designados después del 1° de enero de 2017 pagan el impuesto a las ganancias y al jubilarse, si estuvieron alcanzados, sus haberes también tributan. El haber promedio de un juez jubilado en 2025 era de unos 5.663.069 de pesos, según un relevamiento de Chequeado.
El Gobierno ya anunció que después de las elecciones avanzarán con una reforma al sistema previsional que incluye estos regímenes especiales. Los jueces aportan más que el resto de los próximos jubilados (18 por ciento contra un 11 por ciento) pero sus jubilaciones no tienen un tope como la del resto de los contribuyentes.
Antes que perder estos beneficios, muchos magistrados optaron en 2025 por jubilarse. Un estudio realizado por los propios magistrados sobre la base del Boletín Oficial, al que accedió , revela que en este año renunciaron 28 jueces. Además, hay 10 jueces que tendrán 75 años o más, que es la edad tope para que puedan seguir en el cargo sin un nuevo acuerdo del Senado.
Este total de 38 jueces que podrían dejar el cargo a fin del primer semestre de 2026 (excepto los que tengan una medida cautelar que les asegure seguir en el cargo) llevarán las vacantes en el Poder Judicial nacional del 33 por ciento al 38 por ciento en 2026, dijeron fuentes judiciales.
De las 28 renuncias de 2025, la mayoría fue del fuero laboral, con siete casos, y de los tribunales orales en lo criminal federal, con cuatro casos.
Entre los que tendrán 75 años en 2026 hay dos jueces de la Cámara de Casación Penal (Carlos Mahiques y Gustavo Hornos) y otros dos de la Cámara del Trabajo (Graciela Craig y Víctor Pesino).
Estos números están encima de los escritorios de los jueces de la Corte Suprema de Justicia, que ven con preocupación este vaciamiento del Poder Judicial por las vacantes que se suman entre los jueces y también entre los fiscales nacionales y federales. El asunto es más preocupante cuando el 11 de enero próximo se pone en marcha el sistema acusatorio en Comodoro Py. El próximo lunes se suma Bahía Blanca a los distritos donde ya funciona como Salta, Jujuy, Santa Fe, Mar del Plata y Mendoza, entre otros.
Actualmente están en manos del presidente Javier Milei 184 pliegos de jueces para cubrir otras tantas vacantes en juzgados, tribunales orales y cámaras nacionales y federales de todo el país. Otras 155 vacantes están en trámite en el Consejo de la Magistratura y hay 77 concursos en trámite para cubrirlas.
Los cargos vacantes son en los tribunales civiles, comerciales, penal económico, en los tribunales orales y cámaras del interior del país. No son necesariamente vacantes políticamente sensibles, pero sí generan atrasos en la tramitación de los procesos. Solo en los tribunales orales federales porteños faltan la mitad de los jueces, lo que retrasa los juicios. En la Cámara en lo Penal Económico, que tiene seis jueces, solo hay dos en funciones. Además, falta el 50 por ciento de los jueces del fuero comercial y la mitad de los jueces civiles de familia.
Los pliegos en manos del Gobierno no incluyen los estratégicos candidatos de los juzgados federales de Comodoro Py (cuatro vacantes), de la Cámara Federal (dos cargos), de la Cámara de Casación Penal (tres vacantes). Esos concursos están en trámite en el Consejo de la Magistratura.
Para cubrir cada cargo, el Consejo de la Magistratura hizo concursos, tomó exámenes escritos, hizo entrevistas personales y votó el envío de tres nombres al Poder Ejecutivo para cada vacante. El presidente Javier Milei debe elegir uno de los nombres de cada terna y enviarlo al Senado, donde el nombre del juez propuesto obtendrá acuerdo por mayoría o no.
El proceso es en general producto de una negociación política, donde el oficialismo y los partidos de oposición acuerdan dar apoyo a determinados candidatos según los deseos de cada bloque, y de los gobernadores. Sin diálogo político, los avances no se concretaron.
La semana pasada, el viceministro de Justicia Amerio se reunió con el presidente de la Cámara Civil, Omar Luis Díaz Solimine; la jueza y consejera de la magistratura Agustina Díaz Cordero y otros magistrados del fuero: les prometió que luego de las elecciones nacionales del 26 de octubre el Gobierno iba a enviar al Senado los pliegos de los candidatos que tuviera en su poder.
Esta misma promesa fue hecha por el Gobierno en anteriores ocasiones y nunca fue cumplida. El 6 de noviembre de 2024, hace casi un año, el vocero presidencial Manuel Adorni y Amerio se pararon en la sala de conferencias de la Casa Rosada ante los periodistas para afirmar: “El Gobierno elevará 150 pliegos (al Senado de la Nación) para nombrar jueces, fiscales y defensores”.
El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, tuiteó: “La casta dejó una justicia vacía, sin jueces ni fiscales. Como consecuencia, los criminales no van presos y los corruptos no son condenados. Para solucionar la crisis que heredamos, en esta primera etapa enviaremos 150 pliegos al Senado para cubrir las vacantes”. No enviaron ninguna. Hoy, las ternas de candidatos a jueces que tiene en sus manos el Poder Ejecutivo ya no son 150, como hace seis meses, sino 184.
Hernán Cappiello,Conforme a
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Círculo rojo: Milei busca una nueva épica, malos pronósticos en el Congreso y reclamos urgentes de las provincias y el PRO

“Por suerte apareció (Scott) Bessent, nuestro Terence Todman”, resalta un funcionario de gobierno y suelta una carcajada. El viernes, un cortocircuito imprevisto provocó un principio de incendio en el primer piso de la Casa Rosada, los bomberos actuaron con rapidez y tomaron control de la situación. Hubo algunos momentos de zozobra, incluso hubo que evacuar oficinas del ala que ocupa el asesor Santiago Caputo, que se había reunido minutos antes con Cristian Ritondo, pero nada comparado con el fuego que una semana atrás amenazó seriamente al proyecto libertario hasta que apareció otro bombero, el secretario del Tesoro. En el Gobierno volvieron a respirar, al menos de manera parcial. Dos viernes atrás, los ánimos eran propios de un funeral. “Estábamos muertos: no había nada que nos pudiera salvar”, reconoció un asesor presidencial muchísimo más aliviado después de que Bessent anunciara en sus redes el apoyo contundente de la administración republicana a Javier Milei y la confirmación posterior de ayuda financiera para rescatar al gobierno de una tragedia que, en la previa de las elecciones, hubiera tenido consecuencias indecibles.
Todman, de los primeros afroamericanos que llegó al mayor rango diplomático en Estados Unidos, fue a principios de los ‘90 el influyente embajador de la administración de George Bush (padre) que alineó a la Argentina, y fue clave para que Carlos Menem se sumara al Plan Brady de reestructuración de la deuda pública a cambio de reformas estructurales con las cuales el país cedió soberanía a grupos financieros. Menem brindó con Todman con espumante, en plenas relaciones carnales, un concepto inmortalizado por el entonces canciller Guido Di Tella. Esta vez fue Bessent, que ejecutó órdenes geopolíticas de Donald Trump y sacó el famoso “conejo de la galera”, un endorsement completamente inédito que se festejó en Casa Rosada y al que se aferraron en la cúpula del Gobierno después de intensísimas negociaciones durante todo el fin de semana pasado, entre Washington y Buenos Aires, que incluyeron a lobistas formales e informales, asesores libertarios y una decisiva participación de integrantes de la CPAC, el club de líderes ultraconservadores que integra Milei. Algunos cortocircuitos en la Cancillería con la administración republicana, que tampoco pasaron a mayores, se verá si pueden ser reparados después de las elecciones. Lo cierto es que el presidente volvió a tomar aire. A la espera de que se confirme la modalidad del préstamo del Tesoro, el swap por USD 20.000 millones y los requisitos, pero en la semana que pasó se calmaron los mercados y la volatilidad cambiaria, se recuperaron bonos y acciones y el riesgo país se desplomó por debajo de los 1.000 puntos -el viernes volvió a trepar por las restricciones anunciadas por el Banco Central-.
La decisión del gobierno republicano, por su magnitud, tomó a todos por sorpresa, incluso a los que fatigaron activamente durante 48 horas los teléfonos rojos de Washigton. En la campaña del 2023, cuando a parte del equipo económico actual que trabajaba para los candidatos de Juntos por el Cambio le preguntaban por las chances de que el Tesoro norteamericano pudiera llegar a rescatar al país, respondían “cero”. Así lo escribieron en un paper de campaña.
El lunes, en la reunión de gabinete previa al viaje de Milei a la ONU en el que se encontró con Donald Trump y Bessent, y tras la apertura de los mercados que reaccionaron muy positivamente al anuncio norteamericano, el clima fue otro, producto del “golpe de efecto”. Y mientras la comitiva presidencial se embarcó hacia Manhattan, en Casa Rosada se empezaron a trazar los primeros lineamientos de la nueva estrategia de campaña que tendrá al mandatario como protagonista central, con recorridas por casi una docena de provincias para tratar de recuperar la épica perdida, tras un mes de parálisis y psicosis. Se bajó, además, una directiva a todos los ministros que desde empezarán a recorrer el interior del país y el área metropolitana: “Busquen gestión y saquen a relucirla”.
Un verdadero desafío para Luis Caputo, “Toto”, que enfrenta una encrucijada. La liquidación de USD 7.000 millones por parte de las grandes cerealeras provocó previsible malestar en productores y chacareros que fue expresado hasta por Nicolás Pino, el presidente de la Sociedad Rural, que incluso meses atrás sonó como posible integrante del gabinete. El principal dilema, sin embargo, está atado a la corrección cambiaria que el Gobierno podría implementar después de las elecciones. En el 2018, Caputo abandonó la presidencia del Banco Central y el gobierno de Mauricio Macri tras quemar buena parte de las reservas, frente a la presión del FMI para dejar flotar el dólar y que el peso se devaluara. El ex presidente compró el acuerdo sellado entre Nicolás Dujovne y Christine Lagarde y Guido Sandleris reemplazó a “Toto”. Años después, el propio Macri reconocería como un error esa devaluación que sepultó su reelección.
¿Golpe de efecto? En la mesa de estrategia política, que trabajó esta semana en Casa Rosada mientras los hermanos Milei y “Toto” Caputo se abrazaban a los Estados Unidos en la ONU -“fue una reunión muy emocionante”, exageró el ministro tras el encuentro con Trump y Bessent-, se comenzaron a delinear los primeros pasos de la campaña que tendrá al Presidente esta semana en Tierra del Fuego y otros destinos, y en distritos bonaerenses en los que se puede recuperar territorio o se ganó en la muy magra elección del 7 de septiembre que dinamitó el programa, como en Mar del Plata. Habrá, como se adelantó en esta sección, una parada obligada en el Movistar Arena, el 6 de octubre, para la presentación del nuevo libro del presidente, un evento con el que buscará reeditar parte de la mística del cierre de campaña del 2023.
Existe, sin embargo, una duda instaurada en el seno del gobierno en torno al impacto que el “golpe de efecto” Trump podría tener en la campaña. “Esto no es una panacea, pero ahora al menos hay algo de que aferrarse”, planteó un operador libertario.
La pregunta que se impone es entonces si con eso alcanza para torcer el malhumor generalizado de buena parte del electorado que en las elecciones provinciales de Buenos Aires expresó un rechazo masivo al Gobierno. Hace quince días, en el congreso bonaerense de la UIA, “Somos industria”, que se llevó a cabo en Costa Salguero, se trazó un panorama del sector y sobrevoló insistentemente la necesidad de construir consensos de manera urgente, en un panel conformado por dirigentes de distintos espacios. La famosa gobernabilidad de la que ahora la Casa Rosada parece haber tomado nota por pedido de Bessent. “De un viernes a un domingo no cambió nada, fue solo una elección a concejales, pero si vos no tenés el sustento político necesario para pasar la crisis económica no vivirías enterrado en esa crisis. Hay que cruzar un desierto y para eso necesitas consensos políticos”, planteó un industrial.
Esa elección, por el contrario, enterró al gobierno y levantó a Axel Kicillof, que festejó el desdoblamiento y que esta semana sacó a pasear su proyecto presidencial por Manhattan, en un congreso con líderes globales y regionales como Yamandú Orsi y Lula da Silva, el mandatario brasilero que le prestó a Sergio Massa primero y a Cristina Kirchner después un puñado de estrategas que trabajaron con el PT y que, según trascendió en su momento, idearon el “Che Milei” que impuso la ex presidenta desde sus redes. Kicillof recorrió unos 8.500 kilómetros hasta Nueva York pero aún no visitó a la ex presidenta en su departamento de San José 1111 que está a solo 50 kilómetros de su despacho en La Plata. La última vez que discutieron telefónicamente, en el cierre de listas bonaerense, fue en un tono muy elevado. Un dirigente del peronismo que la vio hace unos quince días la notó muy disgustada con el gobernador. Dolida y furiosa, un sentimiento que empezó a acumular desde el momento en que su ex ministro no apoyó públicamente su decisión de lanzarse como presidenta del PJ. Unir esas partes de cara al 2027 será una tarea titánica. Es un oficio complejo para aquellos que trabajan para acercar posiciones como el intendente Federico Otermin, de Lomas de Zamora, que la visitó la semana pasada.
El Gobierno ya no se regodea con la crisis del PJ. Tiene su propia crisis, auto infligida. Recuperar la épica del 2023 no parece fácil: la gestión arrastra serios inconvenientes, el programa económico un deterioro severo, en especial en la economía real, con caída pronunciada de la actividad y una recesión en el consumo. El último estudio de la Universidad de San Andrés, que se publicó el viernes, volvió a mostrar un aumento en la desaprobación de la gestión de gobierno: alcanzó un 58%. El nivel de satisfacción con “la marcha general de las cosas” cayó al 32%, el nivel más bajo desde que asumió Milei. En el 2017, en la previa de las elecciones de medio término del segundo año de Macri, ese índice se ubicaba por encima del 50%. Cambiemos arrasó ese año en las urnas.
De todos modos, en el oficialismo se evidencia un contraste notorio entre el viernes anterior y esta semana cuando Trump se pronunció a cara descubierta en favor de la “reelección” de Milei. Bessent fue aún más sincero: “Mientras el presidente continúe con políticas económicas fuertes, estaremos para ayudarlo a llegar hasta las elecciones”.
Otra vez el Congreso. La administración republicana pidió, según trascendió del propio Gobierno, que el oficialismo recomponga los puentes con los aliados y reconstruya acuerdos de gobernabilidad para avanzar en reformas estructurales. En el corto plazo, sin embargo, no pareciera haber buenas noticias en el frente parlamentario para la Casa Rosada, que se prepara para una semana compleja en materia legislativa, y otra vez se pondrá en aprietos al esquema de gobernabilidad parlamentaria de La Libertad Avanza.
El jueves, el rechazo a los vetos de emergencia pediátrica y financiamiento universitario podría tener luz verde definitiva tras el revés reciente en Diputados. 48 horas antes, el martes, la modificación de la ley 26.122 de regulación de los DNU que ya tuvo media sanción en el Senado tendría dictamen de comisión y estaría lista para ser tratada próximamente en el recinto. Se trata de un proyecto vital para un gobierno parlamentariamente débil que, en reserva, ya exhibió preocupación en el Congreso por la posible sanción de ese proyecto que, de aprobarse tal como salió del Senado, implicará que solo con una cámara, y no con las dos, pueden rechazarse los decretos de necesidad y urgencia.
En Diputados hay un debate generalizado: si debe aplicarse, en caso de que se apruebe -más allá de que el Gobierno dejó trascender que podría vetarla-, desde ahora o a partir del 2027, con una nueva administración. “No podemos cambiar las reglas del juego en mitad de mandato, es demasiado”, explicó un jefe de bloque. Es una discusión que todavía no está saldada, que aún no tiene los votos garantizados en el recinto y que, en el caso del PRO, no fue llevada al debate interno, a pesar de que el antecedente del Senado es contundente: de los siete senadores de ese bloque, cinco apoyaron la media sanción hace quince días.
El PRO es un hervidero. La reciente discusión entre Cristian Ritondo y Silvia Lospennato, en pleno recinto, expuso las fracturas internas. La diputada aún medita qué hacer a partir del 10 de diciembre: ella quiere asumir su banca en la Legislatura porteña, a pesar de que hay dirigentes que la quieren convencer para que siga en el Congreso. Laura Alonso, vocera del gobierno porteño, sí ya tomó la decisión de mudarse a la Legislatura. El ministro Hernán Lombardi aún duda. Por las dudas, como adelantó esta sección, se prepara Cristian Gribaudo.
Son movimientos que sigue con atención el jefe del PRO, que sigue disgustado con la foto de Ritondo, Diego Santilli y Guillermo Montenegro vestidos de violeta en el lanzamiento de la campaña bonaerense, en el corazón de La Matanza. En la cúpula del PRO se preguntan si esos dirigentes son más permeables a las órdenes de “Balcarce 50 o de Balcarce 412″, la sede del partido. La respuesta es bastante obvia. “Cristian le había prometido a Mauricio que no haría nada que perjudicara la identidad del PRO”, subrayaron cerca de Macri. Esa desazón profundizó en los últimos meses una versión instalada que daría cuenta de que el jefe del PRO estaría decidido a conducir a un puñado de diputados de su riñón a partir del 10 de diciembre. Para tratar de reconstruir el partido, con otro jefe de bloque. Tiene lógica si se tiene en cuenta que con el recambio legislativo habrá una migración desde el PRO a La Libertad Avanza y el quiebre definitivo de la bancada amarilla tal como se la conoció hasta ahora. “Nosotros somos oposición”, abundó esta semana un ladero de Macri. En esa hipotética hoja de ruta se inscribiría la especulación que gira en despachos de Casa Rosada: ¿Santiago Caputo quiere a Ritondo de presidente de la Cámara baja? Habría que ver qué piensa Karina Milei.
En la cúpula del Gobierno sobrevuela de todos modos una preocupación mucho más urgente: los avances de la comisión por el caso $LIBRA que preside Maximiliano Ferraro, que se tomó muy en serio su rol. La inquietud estuvo particularmente centrada en las presentaciones judiciales que realizó María Florencia Zicavo, mano derecha del ministro Mariano Cúneo Libarona, que amplió una medida cautelar para evitar presentarse en la comisión por considerar que el Parlamento se superpone a la investigación de la Justicia.
Zicavo fue citada a la comisión por segunda vez. Walter Lara Correa, el juez a cargo del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°10, rechazó esta semana la ampliación de la cautelar de la funcionaria por “insustancial”. Fuentes inobjetables del oficialismo aseguraron que altos funcionarios del Ejecutivo intentaron contactarse con el juez. No por la suerte de Zicavo, si no por las posibles repercusiones en la figura de Karina Milei, que fue citada por segunda vez para este martes. El viernes, desde la comisión del Congreso se hizo la presentación en Comodoro Py para forzar a Zicavo a comparecer ante el Parlamento por la fuerza pública. La hermana del Presidente no va a presentarse este martes. En el seno de la comisión le propondrían una declaración en reserva en su despacho de la Casa Rosada, habilitada por la normativa vigente. En reserva, se trabaja además para citar a un colaborador que podría tener información directa de la reunión que mantuvieron en su momento el presidente y Hayden Davis, el creador de la criptomoneda $LIBRA.
Hay sectores del Congreso que no tienen mucha esperanza en que comparezca Karina Milei. En especial porque, según trasciende, se menciona un acuerdo implícito con un sector del peronismo, aún vigente, para proteger a la hermana presidencial.
Acuerdos, sí o no. El peronismo atraviesa un profundo debate interno tras la detención de Cristina Kirchner y el triunfo en la provincia de Buenos Aires. Con gobernadores atomizados, ocupados en sus distritos, empiezan a aparecer intentos para amalgamar sectores y sacarle los focos al PJ de la disputa bonaerense entre Cristina Kirchner, La Cámpora y Kicillof. Para darle un sentido federal y disputarle la taquilla a Provincias Unidas, el nuevo bloque de gobernadores que concentró en estos meses buena parte de la atención del círculo rojo en paralelo al deterioro del Gobierno. En especial, a uno de ellos, que ya no disimula sus ganas de ser candidato a presidente en el 2027.
El martes, candidatos y dirigentes de Primero la Patria tendrán su primer plenario con candidatos y dirigentes de todo el país: desde Teresa García y Juan Manuel Urtubey, a José Glinski, Sergio Uñac y Nicolás Trotta. Un espacio que se reconoce como “no camporista”, pero alineado a la conducción de Cristina Kirchner, que busca “desprovincializar” al peronismo, por fuera de Kicillof, y confrontar abiertamente con el Gobierno.
Un bloque político mucho más refractario a La Libertad Avanza que Provincias Unidas, que mantiene por lo bajo puentes de comunicación con la Casa Rosada. Los gobernadores, sin embargo, quieren gestos concretos por parte de Milei, que recién vuelto de Nueva York pareciera haberse convencido de la necesidad de ponerse al frente de la estrategia, y de la campaña.
El Presidente sabe que no hay margen para más errores. Que la institucionalización del Ministerio del Interior, con Lisandro Catalán a la cabeza, y la conformación de una nueva mesa política no son suficientes. El sistema político de posibles aliados esperan más gestos, especialmente después de las elecciones, cuyo resultado ya no se avizora arrasador. A lo sumo, una victoria módica.
¿Está dispuesto Milei a abrir el gobierno a dirigentes de otros espacios? Es la principal incógnita. Es lo que se preguntan gobernadores y legisladores. También Macri, que se cansó de los desplantes. El ex presidente dice querer colaborar. En las últimas semanas mantuvo una serie de charlas con colaboradores. Algunos de ellos incluso discutieron con él en torno al apoyo o no al gobierno. “Mauricio quiere que les vaya bien, pero le calientan mucho las pelotudeces que hacen con nosotros”, dijo uno de ellos.
Por ejemplo, el reclamo por la coparticipación federal que el gobierno se resignó a cumplir cuando la Corte Suprema resolvió la cautelar en favor de la ciudad de Buenos Aires, tras el recorte propinado en su momento por Alberto Fernández, en plena pandemia.
En los últimos meses, el gobierno se retraso con la transferencia del 1,55% correspondiente a la Ciudad, dispuesto por la Corte, por fuera del 1,40% automático que nación transfiere a diario a la administración porteña. Son unos 20.000 millones que se depositan todos los viernes y que el gobierno empezó a retacear, con más notoriedad el último mes. Jorge Macri, que retomó el vínculo con La Libertad Avanza gracias a la gestión de algunos operadores, avisó de la demora. El jueves, el ministro Gustavo Arengo y el procurador Martín Ocampo se reunieron con Carlos Guberman, el secretario de Hacienda, para encontrar una solución. No hubo avances técnicos. “El tema lo va a solucionar la política”, abundaron las fuentes. El gobierno quiere discutir el coeficiente, rebajarlo: desde la administración porteña le explicaron al Ejecutivo que ese reclamo lo tienen que hacer en la Corte.
Para la Ciudad es una cifra considerable: está estipulado en $2 billones para el 2026, el 10% del presupuesto porteño que este martes será presentado en la Legislatura y que, según trascendió, contempla un aumento importante en obras por parte del jefe de Gobierno para darle más vuelo a la gestión. El publicista Rodrigo Figueroa Reyes trabaja desde hace algunos meses en la construcción de una nueva marca.
Esa cifra por coparticipación no fue plasmada por el Gobierno en el Presupuesto que envió a mediados de mes al Congreso. En el PRO aún desconfían de Milei, algo similar a lo que ocurre con los mandatarios provinciales, que quieren ver en la ley madre los reclamos presentados a la Casa Rosada y al ministro de Economía, que se sumó a la mesa federal de negociación con las provincias. El debate parlamentario tomará vigor después del 26 de octubre, no antes. Quien alertó en el Congreso fue Ricardo López Murphy, candidato a diputado, que tiene un diálogo muy fluido con el PRO de la capital. Se le pronostica una buena elección en octubre. Quien está incómoda con el reclamo por coparticipación es Patricia Bullrich: ella fue la que impulsó y lideró el traspaso de la policía a la Ciudad en el 2016.
La ministra lidera todas las encuestas en la categoría del Senado, pero la opción de hacer una elección récord, como en las mejores épocas del PRO y JxC, ya quedó desechada. Peor aún es la situación de Alejandro Fargosi, que encabeza la boleta de LLA en la categoría diputados: está varios puntos por debajo de Bullrich.
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La Casa Rosada busca apoyo de los gobernadores para frenar la ofensiva opositora contra los DNU de Milei

CÓRDOBA.- Mientras la Cámara de Diputados se dispone a tratar esta semana en comisión el proyecto de ley para limitar los decretos de necesidad y urgencia (DNU), ya se iniciaron gestiones del presidente de la Cámara, Martín Menem, y del ministro del Interior, Lisandro Catalán, para que algunos gobernadores impulsen a sus legisladores a no aprobarlo. Hasta ahora ese número no está −por lo que podría demorarse el tratamiento en el recinto−, aunque sí tienen los votos necesarios para sostener el seguro veto presidencial.
El proyecto, que ya tiene media sanción del Senado, establece un plazo de 90 días de corrido para que los DNU sean aprobados “con mayoría absoluta” por las dos cámaras del Congreso. Ante el silencio del Congreso o el voto negativo de una de las dos cámaras, el DNU cae de manera automática.
En la actualidad, los DNU rigen desde su publicación y si el Congreso no se pronuncia, son convalidados, lo que se conoce como “sanción ficta”. También alcanza para ratificarlos que una sola de las cámaras lo apruebe. Así lo establece la Ley 26.122, impulsada en 2006 por la entonces senadora Cristina Kirchner, en beneficio del presidente Néstor Kirchner. Desde que rige esa ley, el Poder Ejecutivo tiene más herramientas y facilidades para legislar que el Congreso.
Los números que todas las partes usan como base del cálculo de lo que podría pasar con la iniciativa es el de la votación que se registró en Diputados cuando la oposición pidió tratar el expediente sin dictamen. No logró la mayoría especial necesaria: sobre 231 legisladores (26 ausentes), 142 levantaron la mano a favor y 88 en contra.
De repetirse ese esquema el sostenimiento del veto está garantizado, pero además el oficialismo descuenta que podría sumar algunos apoyos más entre los ausentes. En cambio, para conseguir que se rechace directamente el proyecto tienen que dar vuelta votos de un número más amplio de diputados. “En plena campaña, es difícil”, plantearon desde una gobernación que varias veces jugó aliada con los libertarios.
“Hay gobernadores a los que no les gusta nada esa iniciativa, menos los que tienen posibilidades o aspiraciones de llegar a la Casa Rosada”, sostienen desde Interior. El tema fue parte de las conversaciones que Catalán tuvo con algunos de los mandatarios con los que se reunió, como el tucumano Osvaldo Jaldo, el catamarqueño Raúl Jalil y el salteño Gustavo Sáenz. Los diputados que responden al salteño rechazaron tratar el proyecto, mientras que los tres del tucumano estuvieron ausentes.
Por supuesto, alineados con la Casa Rosada están los socios electorales de La Libertad Avanza (LLA): Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Leandro Zdero (Chaco). Los libertarios también cuentan como propios los votos de los legisladores que responden al misionero Hugo Passalaqua y al sanjuanino Marcelo Orrego.
Desde ese sector califican a la iniciativa de “sin sentido” y sostienen que no sólo afecta a la actual gestión sino a los próximos gobiernos. Enfatizan que, en el caso del libertario, es todavía más necesario que el proyecto no avance, porque aun con un triunfo en octubre no va a tener mayoría en el Congreso.
Para el oficialismo es clave poder frenar la iniciativa. La ponen en el mismo nivel de importancia que la aprobación del presupuesto 2026. En las conversaciones que vienen teniendo con gobernadores e incluso con diputados, los representantes del oficialismo subrayan que se encuentran con otra disposición al diálogo.
“Hemos aprendido”, le aseguró un negociador a un mandatario e inmediatamente añadió que “después del 26 de octubre” podrán comprobar que es así. Después de la promesa de auxilio financiero de los Estados Unidos, que descomprimió la crisis cambiaria, la capacidad de gestión política del oficialismo está en el centro del análisis.
En el bloque de mandatarios de Provincias Unidas hay posiciones diferentes. Los diputados que responden al correntino Gustavo Valdés y al cordobés Martín Llaryora ya votaron por la afirmativa cuando se intentó aprobar el proyecto, que en el Senado fue impulsado por la cordobesa Alejandra Vigo. En cambio, los legisladores alineados con Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Ignacio Torres (Chubut) y Claudio Vidal (Santa Cruz) no apoyaron.
Gabriela Origlia,Cámara de Diputados,Martín Menem,Javier Milei,Conforme a,Cámara de Diputados,,Juan Schiaretti. “No queremos que el Gobierno se caiga ni que el país estalle; venimos a aportar racionalidad”,,»Debe gobernar hasta el último día». Cecilia Moreau reclama un peronismo que vuelva a representar y dice que Milei está «desesperado»,,Presupuesto 2026. La oposición exige la presencia de Caputo y reclama que el salvataje de EE.UU. se discuta en el Congreso
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