POLITICA
La oposición presiona al Gobierno por las retenciones: busca sacar un dictamen en Diputados para evitar la suba de las alícuotas
La Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados buscará darle mañana un primer aviso al Gobierno con un dictamen que, a priori, le impediría subir las retenciones al campo. La iniciativa, de avanzar en su trámite parlamentario, promete sumarle presión al oficialismo toda vez que el presidente Javier Milei y su ministro de Economía Luis Caputo advirtieron que el 30 de junio próximo vencerá la baja temporaria de los derechos de exportación (DEX) a los principales cultivos.
En efecto, el ministro Caputo insistió ayer en que el compromiso del Gobierno es reducir las retenciones al campo, pero lo condicionó a que lo permitan las condiciones macroeconómicas y, por ello, no dio fechas. Hace un mes atrás, el propio presidente Milei advirtió a los productores que deberían apurar a liquidar sus cosechas porque a partir del 1° de julio las alícuotas recobrarán los valores previos al 24 de enero pasado, cuando se dispuso la rebaja temporaria.
Las principales centrales agropecuarias encendieron sus luces de alarma ante la eventualidad de una suba de las alícuotas, al tiempo que en el Congreso la oposición –incluso los bloques aliados al oficialismo- comenzó a trabajar en una ley para evitar que eso suceda, aunque todavía no hay acuerdo en un texto común.
“Nuestra voluntad es dictaminar este miércoles; queremos dar una señal frente a una situación que para muchos productores es apremiante con la caída en los precios de los commodities y la cotización del dólar a la baja”, indicó a el presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería, el radical Atilio Benedetti.
Empero, aún si esta comisión avanza en un dictamen restaría todavía superar un escollo mayor: la Comisión de Presupuesto. Presidida por el libertario José Luis Espert, difícilmente la convoque para avanzar en un proyecto que atente contra la política fiscal del Gobierno. Sin dictamen de la Comisión de Presupuesto, el proyecto necesitaría los dos tercios de los votos para ser aprobado en el recinto, mayoría que la oposición no tiene.
Si Espert no convoca a su comisión, la oposición no tendrá otra alternativa que llamar a sesión especial y, en el recinto, emplazarlo; solo así lo podría forzar a que la comisión dictamine. Nada que la oposición no haya hecho con otras iniciativas pero que implican demora en los tiempos parlamentarios, lo que beneficia al oficialismo.
Diferencias
Más allá de la voluntad de dictaminar este miércoles en la Comisión de Agricultura, los distintos bloques opositores aún no alumbraron una propuesta común. En su mayoría coinciden en mantener a lo largo del año la rebaja de las retenciones e impedir, por ley, que el Gobierno pueda subirlas. Ese es el denominador común de las iniciativas en danza. Los bloques de la oposición dialoguista –Pro y UCR principalmente- sugieren ir más allá y proponen una ley que establezca, a partir del 1° de enero de 2026, una rebaja gradual de las alícuotas –a partir de los valores actuales- hasta llegar al 0% en cinco años. Un borrador en ese sentido comenzó a circular en las últimas horas entre los miembros de la comisión, pero todavía genera resistencias en el oficialismo y en Unión por la Patria.
“Hay distintas alternativas en estudio. La más básica es la que prohíbe al Poder Ejecutivo a subir las retenciones este año, aunque hay quienes proponen legislar sobre el fondo de la cuestión, esto es, establecer una reducción gradual de las reducciones hasta llegar a cero en un plazo determinado. Esto es más complicado de acordar”, admiten en la comisión.
Lo cierto es que, con la rebaja temporaria que dispuso el Gobierno, las retenciones sobre la soja cayeron del 33% al 26%; las de trigo, maíz, cebada y sorgo, del 12% al 9,5%, y las del girasol, del 7% al 5,5%. La oposición pretende que estos porcentajes no vuelvan a su valor original a partir de julio.
“Consideramos que los valores actuales de las retenciones constituyen un derecho adquirido de los productores que el dictamen, cualquiera sea que se termine por acordar, debería contemplar”, enfatizó Carlos Gutiérrez, diputado de Encuentro Federal y portavoz en la Cámara baja del gobernador cordobés Martín Llaryora. En el mismo sentido se pronuncian los diputados que responden a los gobernadores Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe). Los tres mandatarios de la zona centro del país tienen al campo como base electoral.
Gutiérrez presentó hace tres semanas un proyecto que prohíbe el aumento de las alícuotas que hayan sido reducidas o eliminadas por decreto o resolución administrativa durante 2024 y 2025. Además, dispone que requerirá una ley expresa del Congreso toda modificación de las alícuotas de derechos de exportación aplicables al sector agropecuario y agroindustrial.
En las últimas horas, en tanto, comenzó a correr la propuesta de los bloques dialoguistas que establece que a partir del 1° de enero del año próximo el Poder Ejecutivo reduzca de manera gradual las retenciones a partir de los valores actuales, es decir, con la rebaja. El objetivo es que lleguen a cero en 60 meses (cinco años). El oficialismo ya puso el grito en el cielo: con esta iniciativa se pondría en riesgo el equilibrio fiscal, advierten.
POLITICA
Llamado de atención de diplomáticos y académicos por la caída de la Argentina en el ranking mundial de transparencia
Tras la publicación del Índice de Percepción de la Corrupción (CPI) de la ONG Transparencia Internacional, la Escuela de Gobierno de la Universidad Austral junto a las fundaciones partidarias alemanas Friedrich Naumann y Hanns Seidel organizaron una conferencia titulada “La lucha contra la corrupción en la Argentina y en el mundo”.
La charla se propuso ser “un análisis sobre la transparencia y la calidad institucional a mitad del mandato de Javier Milei”. Para eso, tuvo como expositores a Delia Ferreira Rubio, miembro del Consejo Global sobre el Buen Gobierno del Foro Económico Mundial y extitular de Transparencia Internacional; a Konstantin Kuhle, abogado y político alemán, y a Marcelo Bermolén, director del Observatorio de Calidad Institucional de la Austral.
“Milei llegó al poder con una promesa de cambio. El CPI le dio un golpe a esas expectativas”, sentenció Bermolén en su intervención. Es que en 2025, la Argentina bajó un punto y retrocedió cinco puestos en transparencia a nivel mundial, según el informe. “El Presidente está desatendiendo la lucha contra la corrupción, no le ha dado trascendencia a la calidad institucional”, agregó el abogado.
Bermolén comparó los resultados que obtuvo la administración de La Libertad Avanza (LLA) con los gobiernos kirchneristas: “En el 2024, Milei igualaba a la peor performance de Alberto Fernández”. Sumó que, con esta baja, el Gobierno se acerca a los índices de 2012 y cayó por debajo del puesto 100, umbral que no se pudo superar en el mandato de Cristina Kirchner. “En los datos, Milei y Kirchner no son tan diferentes”, aguijoneó.
“Que estemos hablando de que la Argentina tiene esta secuencia permanente de aplazos en el puntaje y en el ranking de transparencia habla de un problema sistémico”, analizó el letrado. “El primer gran problema de la política argentina es que decide que las reglas están para ser modificadas de acuerdo a sus necesidades y no para respetarlas. El debilitamiento intencionado con excusas de costos o ineficiencias le hacen el juego a la corrupción”.
En diálogo con , Bermolén dijo: “Se está dando una involución: Milei no tiene una política de lucha contra la corrupción, no le da importancia. No todo es su responsabilidad, pero el que lidera esa campaña es el Poder Ejecutivo, y él lo encabeza”. En ese marco, aseguró que “la mirada economicista, sin un fortalecimiento institucional, es un camino a medias”.
“Hay un caudal de vertientes que están en juego”, afirmó el abogado al enumerar el acceso a la información pública, la rendición de cuentas, la incidencia del Poder Ejecutivo en la cobertura de las vacantes en el Poder Judicial y la independencia de los organismos de control como asignaturas pendientes. De todos modos, Bermolén reconoció que la elección legislativa “funcionó bien, con el uso de la Boleta Única de Papel” y que la libertad de expresión “no está afectada, pero hay reacciones desmedidas”.
Por su parte, Delia Ferreira Rubio puntualizó que el caso “Andis impactó mucho, porque es un caso típico de corrupción que lo puede entender cualquiera, incluso más que $LIBRA”. Estableció que esas causas tuvieron impacto a la hora de formar el CPI. De cara a las próximas elecciones, la especialista en transparencia evaluó: “No creo que vaya a cambiar mucho. Primero debe haber una mejora en la Oficina Anticorrupción y un nuevo Defensor del Pueblo”.
“La corrupción es un problema global, mas allá de la geopolítica”, explicó Ferreira. “No se puede decir que Latinoamérica sea una región corrupta en base a su ADN, ya que Chile y Uruguay son distintos”, planteó. Al cierre, describió: “La polarización hace muy difícil la lucha contra la corrupción. Es como un ajedrez donde jugamos contra piezas corruptas. En 2025 perdimos una pieza importante, que es Estados Unidos, y veremos si Europa puede reemplazarlo. Estamos en un momento difícil, solo hay que mantenernos sin retroceder”.
Konstantin Kuhle, miembro del Parlamento alemán entre 2017 y 2025 por el Partido Democrático Libre, detalló en esa línea que “vivimos en una época con tendencias autoritarias y de aumento de la corrupción”, que deja a los países liberados para la influencia de actores extranjeros estatales o paraestatales. Esbozó así una “corrupción geoestratégica”, al apuntar a regímenes autocráticos como serían los casos de Rusia o China que “buscan influir en los procesos democráticos ajenos”.
“Argentina está en la mitad”, evaluó Klaus Binder, representante para la Argentina de la Fundación Hanns Seidel. “El índice mejoró durante el gobierno de Mauricio Macri, pero la situación empeoró nuevamente bajo la administración de Alberto Fernández”, recordó. “El informe tiene una conclusión negativa: la corrupción está en alza en todo el mundo, y tiene un efecto negativo en lo laboral y para el capital, ya que hace que sean ineficientes”.
Hans-Dieter Holtzmann, director de la Fundación Friedrich Naumann para Sudamérica, también evaluó el caso argentino: “El país atraviesa un momento de profundas transformaciones. En ese contexto, la transparencia no puede estar relegada a un segundo plano”. El economista sostuvo que “no hay reformas sostenibles sin instituciones sólidas y creíbles, porque la corrupción actúa como un impuesto invisible. Luchar contra ella es un requisito indispensable para que la Argentina vuelva a ser grande”.
En diálogo con este medio, Holtzmann apuntó a que el índice de Transparencia Internacional “ayuda también a traer inversiones del exterior”, dada la importancia que le dan las empresas privadas multinacionales. “En un país federal como la Argentina, luchar contra la corrupción que todavía existe es responsabilidad del gobierno nacional, de las provincias y a nivel local”, agregó.
“En la Argentina estamos en la B, yéndonos a la C. Ojalá podamos estar a mitad de la tabla de la A”, bromeó Alfonso Santiago, director de la Escuela de Gobierno. “A pesar de que tengan mucho en común con nosotros, en cuanto a la corrupción, Uruguay y Chile nos ganan por goleada”, consideró. “Tenemos una asignatura pendiente: hay que formar funcionarios que tengan convicción por lo público y que no estén tentados por el cargo para beneficiarse. Toda institución mejora de arriba hacia abajo y de adentro hacia afuera, con el ejemplo”.
Por último, se pronunció Gabriel María Astarloa, decano de la Facultad de Derecho. Describió que “la transparencia, además de un marco normativo que es un auxilio, es una cuestión de actitud por parte de los funcionarios públicos”. Y cerró: “La lucha contra la corrupción se tiene que transformar en una épica, no en un discurso. Nos hace falta una épica, una convicción, perseverancia, coherencia y ejemplaridad”.
la publicación del Índice de Percepción de la Corrupción,caso “Andis impactó mucho,Corrupción,Transparencia Internacional,Conforme a,,Un año de $LIBRA. Cómo fue el turbulento recorrido de Hayden Davis hasta llegar al negocio que complicó a Milei,,En un vestidor. La imagen de los fajos de dólares, euros y pesos que secuestró la Justicia en la causa Andis,Corrupción,,“Cometí dos errores”. El tenista argentino Hernán Casanova fue suspendido por haber apostado en partidos que no jugó,,Lavado. La Cámara de Casación resolverá quién investiga a los verdaderos dueños de la quinta ligada a la AFA,,Cayó 5 puestos. En el segundo año de Milei, la Argentina empeoró su nota en el ránking mundial de transparencia
POLITICA
Mayans apuntó contra la CGT tras la media sanción de la reforma laboral: “No estuvieron a la altura de las circunstancias”
El jefe del interbloque kirchnerista en el Senado, José Mayans, aseguró este domingo que el proyecto de reforma laboral aprobado durante la madrugada del jueves pasado en la Cámara alta implica la consolidación de un “sistema injusto, con falta de comprensión de la problemática argentina”, y que “recién hay gente que toma conciencia de lo que se trató”. El líder formoseño, presidente de la golpeada bancada “Popular”, también repartió críticas hacia gobernadores, legisladores e, incluso, la CGT.
“La ley es regresiva y de patrones para patrones, limitando los derechos de todo el sector laboral”, manifestó Mayans en el “A Confesión de Parte”, el programa radial de Romina Manguel. “Cuando peor está el sector laboral, peor está el país”, advirtió el histórico integrante del peronismo en el Senado, quien además denostó el “pésimo tratamiento” que tuvo la iniciativa en cuestión, cuyo destino se encuentra ahora en Diputados.
El legislador y terminal del inoxidable Gildo Insfrán -quien desde hace largas semanas desapareció de la agenda nacional- también denostó el ramillete de cambios durante el encuentro en el recinto. Hizo referencia a un “grado de improvisación” y una versión escrita recién antes de la votación. Agregó que aún no tiene disponible el proyecto final que se aprobó. Infobae corroboró el pasado jueves 12 que, minutos después de las 16 horas, el mismo fue comunicado a Diputados, lo que descarta los dichos del formoseño.
Mayans aprovechó la entrevista para remarcar que el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) representará “un desfinanciamiento de la ANSeS, con cifras multimillonarias” y luego direccionó la mira hacia gobernadores cuyos senadores acompañaron al Gobierno libertario. Hizo hincapié en Salta, Tucumán y Misiones.
“El Gobernador de Salta (Gustavo Sáenz) se pone el poncho y dice que no hay más gaucho que él y su senadora vota por una ley antilaboral”, dijo.
Seguido a ello, auguró que el programa que ejecuta la administración central “no va a terminar bien”, debido a que está basado “en la opresión” y en el “usura”. Utilizó como ejemplo el “pecado” que significa -según enfatizó- ser policía, médico o maestro para el actual Gobierno, y deslizó que la tensión generada días atrás por fuerzas de seguridad en Santa Fe “es el presagio que va a venir de otras partes”.
“Quiero que termine el mandato, pero sin justicia social no hay paz social”, sostuvo el titular del kirchnerismo en la Cámara alta, durante un diálogo que duró más de 40 minutos. Mayans no se guardó nada y habló de “compartimientos parecidos” del Ejecutivo con la última dictadura.
La situación planteada por el formoseño dio lugar a lo vivido en el recinto días atrás, cuando destacó lo que “decía en un campo de concentración: ‘el trabajo libera’”. Y añadió: “Era un campo de concentración y de exterminio, y eso estaba basado en la mentira”. Fue observado por la Casa Rosada y diferentes actores de la vida política y social. Como respuesta, sentenció: “No puedo ser molestado por mi opinión en el Parlamento”. Los integrantes del Congreso tienen inmunidad en este sentido.
Cerca del final del intercambio con Manguel, Mayans enfatizó que algunos representantes de la CGT “no estuvieron a la altura de las circunstancias”, ya que son los “encargados de preservar el sistema de derecho de los trabajadores” -ninguna mención a la derrota en el Senado, donde el kirchnerismo ni siquiera integró las comisiones ni presentó un dictamen alternativo- y dejó en claro, al indagarlo sobre quién tiene las riendas del peronismo, que “la organización vence al tiempo”.
“Tratamos de preservarlos nosotros, los militantes”, señaló el legislador formoseño en cuanto a los principios justicialistas. ´Tras ello, prefirió no confirmar a ningún conductor, ya sea la expresidenta Cristina Kirchner -hoy, con prisión domiciliaria- ni el gobernador bonaerense, Axel Kicillof. Sí tuvo un gesto hacia la exmandataria, ya que “mucha gente la tiene en el corazón”.
POLITICA
Licencias por enfermedad y billeteras virtuales: los puntos más conflictivos de la reforma laboral que complican la negociación del Gobierno
La reforma laboral impulsada por el Gobierno entra en una etapa clave esta semana, cuando el oficialismo busque avanzar con el tratamiento del proyecto en la Cámara de Diputados tras la media sanción en el Senado. La iniciativa incluye cambios en distintos aspectos del régimen laboral y hay varios puntos conflictivos que podrían complicar su aprobación.
Para avanzar con el debate, se convocó para el miércoles 18 de febrero a un plenario de las comisiones de Legislación Laboral y de Presupuesto y Hacienda. Durante la jornada expondrán especialistas, representantes de las centrales sindicales CGT y CTA, además de cámaras empresariales, con la intención de firmar dictamen y llevar el proyecto al recinto al día siguiente.
Leé también: En la previa a la cumbre, la CGT advirtió que “están dadas las condiciones” para convocar a un paro general contra la reforma laboral
Uno de los aspectos más controvertidos del proyecto es la modificación del sistema de licencias médicas por enfermedad o accidentes no laborales. El texto aprobado en el Senado propone reemplazar el esquema actual -que garantiza el cobro del 100% del salario durante la licencia- por un sistema escalonado que reduce la remuneración durante el período de recuperación.
Según el artículo 44, el trabajador cobraría solo el 50% del salario si el empleador considera que la incapacidad se originó en una actividad voluntaria y riesgosa para la salud, como lesiones producidas durante prácticas deportivas o actividades similares.
En los casos en que no exista una conducta riesgosa -por ejemplo, enfermedades o accidentes imprevistos- el pago sería del 75% del sueldo, lo que igualmente implica un recorte respecto del régimen vigente.
El nuevo esquema se aplicaría por períodos de tres o seis meses, según la antigüedad y la situación familiar del empleado (si tiene o no familia a cargo), y además incorpora mayores controles. Los trabajadores deberán presentar certificados médicos más detallados y los empleadores podrán solicitar revisiones médicas propias. En caso de discrepancias, podrían intervenir juntas médicas con costo a cargo de la empresa, lo que amplía la participación del empleador en la determinación de la licencia.
Quienes respaldan la modificación sostienen que apunta a reducir el ausentismo injustificado y a aliviar los costos laborales para las empresas, que actualmente deben afrontar el pago completo del salario durante las licencias. Sin embargo, sindicatos y especialistas en derecho laboral advierten que el cambio podría implicar una pérdida de derechos para los trabajadores y generar conflictos en la interpretación de las causas de las enfermedades o accidentes.
Otro de los puntos de fricción es la discusión sobre la posibilidad de cobrar los salarios a través de billeteras virtuales. El jefe del bloque del PRO, Cristian Ritondo, confirmó que su espacio insistirá en reincorporar ese mecanismo, eliminado durante el tratamiento en la Cámara alta.
“Vamos a pedir que se vuelva a incluir que las billeteras virtuales y los bancos digitales puedan percibir los sueldos. Tu libertad de trabajo es tu libertad con tu plata. Con tu plata hacés lo que querés: es tu sueldo, no es del Estado ni de ninguna empresa”, sostuvo ante distintos medios, entre ellos TN.
El planteo del PRO busca restablecer la opción de que los sueldos puedan acreditarse en Proveedores de Servicios de Pago (PSP) regulados por el Banco Central. Esa alternativa había sido incluida en el dictamen original, pero fue retirada tras objeciones de las cámaras bancarias ABA y ABAPPRA, que advirtieron sobre posibles riesgos jurídicos y sistémicos.
La discusión también expone diferencias dentro del interbloque Fuerza del Cambio, donde conviven posturas dispares sobre el alcance de la reforma. Los desarrollistas Oscar Zago y Eduardo Falcone acompañan el reclamo para reabrir el debate sobre el cobro de salarios mediante plataformas digitales y suman otros planteos.
Desde el bloque Provincias Unidas, que encabeza la diputada santafesina Gisela Scaglia, trabajan en una alternativa para el capítulo de indemnizaciones.
El foco está puesto en el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un esquema obligatorio para financiar indemnizaciones por despido. Según la propuesta en análisis, el fondo se integraría con un 3,5% de recursos vinculados a la ANSES: 1% a cargo de grandes empresas y 2,5% correspondiente a pymes.
Además, legisladores de provincias productoras —principalmente Córdoba y Santa Fe— preparan de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), destinado a empresas nacionales y extranjeras sin antecedentes penales tributarios ni deudas fiscales.
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