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La oposición rechaza el DNU que modifica la ley de inteligencia: qué puede pasar si el debate llega al recinto

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La próxima semana, cuando se cumplan los diez días hábiles desde su publicación en el Boletín Oficial, el DNU 941/2025 deberá ingresar al Congreso, enviado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. El decreto será girado a la Comisión Bicameral de Trámite legislativo, que tendrá otros diez días hábiles para expedirse y emitir un dictamen. Si no, las cámaras legislativas, después de ese plazo, quedarán habilitadas para llevar su validez a cada recinto.

De los 16 integrantes de la Comisión Bicameral, solo nueve están designados: su presidente, el diputado desarrollista Oscar Zago; los senadores Juan Carlos Pagotto, Francisco Paoltroni y Luis Juez del oficialismo, María Teresa González de UxP y Carlos Espínola de Provincias Unidas; junto a los diputados Lisandro Almirón de La Libertad Avanza, Ramiro Gutiérrez de UxP y Nicolás Massot de Encuentro Federal.

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Varios bloques de la oposición ya les solicitaron formalmente a los presidentes de las cámaras, Martin Menem en Diputados y Victoria Villarruel en el Senado, la conformación total de la comisión para poder iniciar rápidamente su trabajo.

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Después de que la Bicameral emita dictamen, el debate pasa a los recintos. Con la salvedad que, sin dictamen, los recintos pueden tratarlos con mayorías especiales de dos tercios del Cuerpo, como cuando se trata cualquier proyecto sin dictamen de una comisión.

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Para derogar el DNU, ambas cámaras deben rechazarlo con mayoría simple (la mitad más uno de los miembros presentes). En cambio, para ratificarlo, es suficiente con la aprobación de sólo una de las cámaras, con la misma mayoría. Si el Congreso no lo rechaza, el DNU se mantiene vigente.

Para intentar bloquear esas mayorías requeridas y que se mantenga la plena vigencia del DNU, La Libertad Avanza cuenta con 95 diputados nacionales y 21 senadores. La oposición primero deberá lograr la apertura de cada recinto, en Diputados con 129 legisladores y 37 en la Cámara alta.

Presentaciones por la inconstitucionalidad

Los diputados del interbloque Unidos, Maximiliano Ferraro, Mónica Frade, de la Coalición Cívica y el socialista Esteban Paulón presentaron un amparo contra el DNU 941/2025 sobre la Ley de Inteligencia y pidieron que “se declare la inconstitucionalidad y la nulidad absoluta e insanable”.

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Maximiliano Ferraro, diputado Coalición Cívica, quien junto a Mónica Frade y Esteban Paulón presentaron una acción de amparo. Foto Cámara de Diputados

“Es un interés bien concreto, personal, inmediato y sustancial el que intentamos preservar: el de hacer posible nuestro derecho político a actuar como legisladores, en el ámbito del órgano que integramos, y a fin de persuadir en determinado sentido a nuestros colegas y determinar la aprobación o rechazo de proyectos de ley con nuestro voto”, indicaron.

Rechazo del bloque Justicialista

La bancada que lidera el senador José Mayans emitió un comunicado donde rechaza la implementación de la medida para cambiar la norma de Inteligencia, ya que considera que no existe necesidad ni urgencia para su dictado.

Además, según comentaron, “el Presidente de la Nación tenía la posibilidad de modificar la ley de Inteligencia Nacional mediante la elaboración de un proyecto que podía incluir en el temario de las sesiones extraordinarias. Sin embargo, prefirió eludir la búsqueda de consensos necesarios firmando un DNU que vulnera nuestra Constitución Nacional. Esto demuestra una vez más el desprecio del presidente Milei por las Instituciones de la República y es un claro intento por avanzar sobre las libertades democráticas”.

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José Mayans, senador UxP, Bloque Justicialista. (Fotos: Charly Díaz Azcue / Comunicación Senado)
José Mayans, senador UxP, Bloque Justicialista. (Fotos: Charly Díaz Azcue / Comunicación Senado)

Por su parte, el diputado cordobés Carlos Gutiérrez (Provincias Unidas) pidió que se discuta esta norma en el Congreso y se llame a sesiones extraordinarias, “está claro que debe pasar por el Congreso. En todo caso debió ser incorporado en el temario de extraordinarias. En el mes de diciembre se le otorgaron 26 mil millones de pesos “extra” a la SIDE, mientras no tenemos (plata) para las universidades, ni para el (Hospital) Garrahan”.

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A partir del comunicado emitido en los últimos días por la Secretaría de Inteligencia, desde el Gobierno justificaron la medida ya que, “los cambios (a la Ley de Inteligencia) están alineados con los más altos estándares democráticos”. Señalaron también que “la reforma de segunda generación del Sistema de Inteligencia Nacional permite proteger al país frente a las amenazas contemporáneas, delimita competencias, reduce su estructura y fortalece los controles estatales”.

La mirada de los constitucionalistas

El exjuez y titular del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, Ricardo Gil Lavedra, entendió que el DNU “constituye una peligrosa e innecesaria regresión institucional». “Autoriza a ejercer actividades policiales o de investigación en un art 4 bis que no figura en el Boletín Oficial, a detener personas en el marco de actividades de inteligencia (que son encubiertas). Además, esas facultades no las otorga el Congreso, sino que se las auto atribuye el Poder Ejecutivo violando los límites constitucionales para el dictado de un DNU”, observó.

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“Cualquier persona está entonces sujeta a operaciones encubiertas de inteligencia y puede ser detenida por quienes realizan esas investigaciones. Esta medida no es propia de una democracia liberal, solo las autocracias otorgan facultades al poder para poner en riesgo la libertad personal de los ciudadanos”, sumó.

Antonio María Hernández, ex convencional constituyente de 1994. Foto diario Clarín
Antonio María Hernández, ex convencional constituyente de 1994. Foto diario Clarín

Antonio María Hernández, ex convencional constituyente del ’94, dijo que “el Poder Ejecutivo no puede en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo. Esto tiene que ver con el equilibrio de los Poderes”. Y aclaró que “por el artículo 99, inciso 3 de la Carta Magna, lo enunciado por (el Presidente, Javier) Milei debe pasar sí o sí por el órgano legislativo».

Congreso de la Nación, DNU, inteligencia

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Reforma laboral: por qué pierde apoyo el oficialismo en Diputados tras el debate sobre las licencias por enfermedad

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El Gobierno quedó en una encerrona. La inclusión del artículo que se refiere a una reducción en el pago de las licencias médicas generó un fuerte rechazo social que derivó en que algunos de los socios necesarios para aprobar la reforma laboral se planten en la vereda de enfrente.

Cada vez más diputados que La Libertad Avanza contaba como votos positivos se oponen y ya no solo en la intimidad de las conversaciones sino frente a los micrófonos, lo que hace que el cambio de opinión en un tema tan sensible sea más difícil por el costo político y social que esto podría significar.

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El oficialismo contaba con un paso complicado por el Senado y, una vez obtenida la media sanción, avanzar con mayor agilidad en la Cámara de Diputados. Con una votación en la Cámara Alta que lo dejó muy cerca de los dos tercios, los libertarios se mostraron confiados, pero el clima cambió.

El artículo 44 reduce al 50% o al 75%, según el caso, la remuneración que el trabajador tiene derecho a percibir en casos de enfermedad o accidente, así como los plazos de la licencia que pasan de 12 a 6 meses. Mientras se busca al responsable del artículo, todos miran al ministro de desregulación Federico Sturzenegger, quien fue el único que lo defendió públicamente, en la oposición empiezan a sopesar los dichos de la senadora Patricia Bullrich respecto de posibles cambios. La senadora promete una protección de 100 % para las enfermedades graves, pero la palabra de la ex ministra no parece suficiente, mucho más que no dio certeza cómo se iba a resolver.

Martín Menem y Cristian Ritondo

“Nosotros no le vamos a dar un cheque en blanco a Patricia Bullrich. Si quieren hacer algún cambio quien lo tiene que explicar es Javier Milei, Karina Milei, Manuel Adorni o Diego Santilli, no la senadora», señaló una alta fuente del PRO, uno de los aliados necesarios en la Cámara de Diputados.

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“Puede ser que la saquen -en Diputados- pero hay 21 votos que los suelen acompañar que hoy están en contra o que se pueden abstener en esos artículos y eso va a complicar”, agregó. La fuente amarilla hace referencia a los 12 diputados del PRO, más 6 de la UCR, dos del MID y 1 de Adelante Buenos Aires.

Pero a ese grupo que el oficialismo ya contaba como propios, ya que vienen acompañando en gran medida los posicionamientos de La Libertad Avanza, se le suman otros que responden a gobernadores o trabajan en espejo con el Senado.

El interbloque Unidos, que contiene a Provincias Unidas, camina a la oposición. Lo mismo sus socios Miguel Angel Pichetto y Nicolás Massot de Encuentro Federal y los miembros de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro y Mónica Frade. También estaría en este grupo Marcela Pagano de Coherencia, Natalia De la Sota de Defendamos Córdoba y varios de los diputados de Innovación Federal. Los senadores de Tucumán que responden a Osvaldo Jaldo votaron en contra en el Senado y en Diputados cuenta con un bloque de 3 diputados que podrían seguir el mismo camino.

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Este grupo se suma a los 93 diputados que tiene el bloque de Unión por la Patria que se opone en su totalidad a la norma y que está preparando un dictamen propio con un proyecto de ley que tiene 11 puntos de reforma de la ley laboral.

“Están emperrados con tener todo para el 1 de marzo -fecha de apertura de las sesiones ordinarias donde el Presidente se presenta en la Asamblea Legislativa- es inentendible cuando el escenario es este”, explicó un diputado dialoguista.

Más cambios

Pero el oficialismo no solo tiene en riesgo la parte que se refiere a las licencias por enfermedad, sino que también pondría en riesgo el Fondo de Asistencia Laboral en donde el peronismo también se opone. Pero aunque en este caso el PRO, la UCR y el MID se muestran en la misma línea que La Libertad Avanza aparecen luces de alarma en donde el malestar por las licencias puede “contagiar” al FAL.

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La representante del gobernador salteño Gustavo Sáenz en el Senado, la ex ministra de Energía Flavia Royón, en su discurso señaló que la ley le parecía mala pero solo votó en contra el FAL. En el caso de Diputados, el gobernador que supo ser candidato a vice de Sergio Massa cuenta con nueve votos en la Cámara Baja que podrían seguir el mismo camino que la senadora Royón.

En la Cámara de Diputados sienten que se “empiojó” el debate por la ley. Los legisladores que suelen acompañar a La Libertad Avanza entienden que son los senadores los que se tienen que responsabilizar por lo que las chances de que vuelva al Senado se incrementan con el paso de las horas.

“Patricia -por Bullrich- no es ministra como para decir qué va a cambiar. Y ahora no se pueden hacer los que no sabían del texto, todos lo sabían y lo votaron, que sean ellos quienes lo dejan afuera”, señaló un diputado provincial que tiene la intención de rechazar ambos artículos.

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En La Libertad Avanza también crece la percepción que la idea inicial de un pasaje tranquilo por la Cámara de Diputados está desapareciendo. Es por eso que apuran el llamado a una sesión para el próximo 19 de febrero.

La intención que dicen tener es la de dictaminar el miércoles en el plenario de comisión e ir al recinto el jueves. Si esto sucede, le daría tiempo al Senado para insistir con la norma original o aprobarla con cambios antes del 27 de febrero, fecha en que culminan las sesiones extraordinarias y cumplir con el objetivo de que el presidente Javier Milei tenga el paquete de leyes aprobado para su discurso el próximo 1 de marzo.

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Patricia Bullrich: “No nos asusta que vuelva al Senado”

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La casta fue dada de alta. Goza de excelente salud. Gracias, presidente Milei. Aunque el Gobierno acaba de alcanzar un importante triunfo parlamentario con la media sanción de la reforma laboral, esa contundente victoria hubiera sido imposible sin la participación activa de varios integrantes, de un lado y otro, de la vieja casta política. La actual senadora libertaria Patricia Bullrich tiene casi cincuenta años de vida política, y Diego Santilli, ministro del Interior de Milei, ronda los 30 años de actividad pública, si se cuenta también el tiempo que vivió como militante del peronismo. Ellos negociaron con amigos y allegados, exhibiendo su larga experiencia, el contenido de ese proyecto. Del lado opositor, negociaron los dirigentes sindicales (un antiguo pedazo de la casta que se aseguró la conservación de su famosa “caja” con el aporte forzoso de los trabajadores), y varios senadores peronistas y radicales, algunos de ellos alentados por los gobernadores de sus provincias, que son la casta de la casta. Sin embargo, sería necio negar que con la compañía de tan destacados cófrades de la vieja casta el Presidente comenzó, luego también del acuerdo comercial con Estados Unidos y de impulsar el tratado de libre comercio con la Unión Europea, un proceso de radical modificación de la estructura económica del país. Una transformación que necesitará tiempo para verla funcionar plenamente, pero que se propone terminar con el excesivo protagonismo del sindicalismo en la política argentina, con una economía renuente al intercambio comercial con el exterior y con una producción nacional desmedidamente protegida por el Estado. El sistema vigente solo creó un país injusto, con una pobreza creciente y con una desigualdad progresiva. Es el mismo país que se jactó durante muchísimas décadas de tener la clase media más numerosa de América latina. Gran parte de esa clase media se desgarra ahora sus manos aferrándose a una pared simbólica para no caer en los sectores bajos de la sociedad. Llegó la hora, en efecto, de intentar algo nuevo y diferente.

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La Justicia ya analiza los chats y audios entre la mano derecha de Pablo Toviggino y el financista para traer millones desde el exterior con empresas fantasma

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La Justicia ya analiza los chats y audios entre la mano derecha de Pablo Toviggino, Juan Pablo Beacon, y el financista que entró al país con millones de dólares desviados a empresas fantasmas.

Son una serie de grabaciones, a las que tuvo acceso TN, entre ambos hombres, en la que exponen una presunta maniobra para cobrar en efectivo en la Argentina los fondos que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) tenía en el exterior.

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La secuencia empezó días antes de que se concretara la primera operación de movimiento de fondos entre las firmas TourProdEnter, la firma de Javier Faroni y Dicetel. En el primer audio se escucharía Beacon ansioso por dar el primer paso de la operatoria.

Además, aparece un mensaje amenazante y se escucha al colaborador de Toviggino admitir que hay un video con la plata.

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Hay uno que lo envía Beacon después de una discusión con el financista porque en una entrega faltaban US$2000. “Dale, gracias amigo. Me dejás tranquilo. Nunca hubo error y no lo va a haber ahora, pero vos sabés que ese video lo hice por otra cosa. Algún día te contaré”, aseguró.

Ante ese mensaje, “Fiño” le contestó: “Es buenísimo ese video porque te termina liquidando. No puedo discutir por algo que decís que mandaste. Te creo. No tengo por qué no creerle a ellos. ¿Entendés lo que te digo? Es buenísimo. Estamos en el medio. Cuando me dijeron que no habían mandado un fajo de US$2000, le dije ‘bolu…, ustedes son pelot…’. Listo, amiguito, ya está, tranquilo“.

Hay otro audio de marzo de 2022 en el que el financista estaba preocupado por una transferencia a Dicetel que no se acreditaba y Beacon respondió que en breve le enviaba el comprobante.

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“Fiño, no me pidas ese nivel de certeza porque no lo tengo, pero me dijo Pablo que lo vio él todo. Me dijo que ya lo estaban esperando, que me mandaba el comprobante y lo mando, pero está pendiente. Son de US$425.000 y el otro hoy o mañana”, le planteó el abogado.

El financista “Fiño” aparece descrito como alguien que operaba desde una oficina en la Avenida Corrientes al 400, dedicada a préstamos y servicios financieros fuera del sistema bancario tradicional. Siempre según la documentación, se quedaba con un 10% de cada entrega.

El rol de Beacon es central en toda la trama. Abogado, con antecedentes laborales dentro de la AFA, Beacon tuvo vínculos estrechos con Toviggino, aunque ahora estarían distanciados por supuestos negocios irregulares que quiso hacer Beacon en nombre de Toviggino, sin que él diera su consentimiento.

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Cómo era la supuesta ruta de las entregas

  • La AFA recibió U$S260 millones por sponsors, partidos amistosos y AFA Play, en el exterior.
  • Esa plata la recibía Tourprodenter, la empresa de Javier Faroni.
  • Faroni hacía desvíos a empresas fantasmas, entre ellas, Dicetel, que recibió US$4,8 millones.
  • El intermediario era “Fiño”, el financista, quien le avisaba a Juan Pablo Beacon que entraba la plata. ¿Quién sería el destinatario final? ¿Pablo Toviggino?
Así era la ruta de las supuestas entregas. (Foto: TN).

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