POLITICA
La oposición sumó nuevos proyectos para defender YPF y bloquear en el Congreso la transferencia de acciones
En medio de la disputa legal en los tribunales de Nueva York tras el fallo dictado por la jueza Loretta Preska que ordena la transferencia del 51% de las acciones estatales de YPF a los fondos Burford Capital y Eton Park Capital Management como parte de una sentencia adversa en el litigio por la expropiación de la empresa en 2012, en el Congreso Nacional se han multiplicado los proyectos para proteger la soberanía nacional y los activos estratégicos.
La última presentación la realizaron los diputados Carlos Aníbal Cisneros y Sergio Omar Palazzo, quienes reclamaron que la Cámara de Diputados exprese “su más enérgico repudio” a la sentencia de Preska e insistieron en que cualquier eventual traspaso de acciones expropiadas solo puede concretarse “con autorización del Congreso de la Nación votada por las dos terceras partes de sus miembros”, según lo previsto por el artículo 10 de la Ley 26.741.
La iniciativa de los dos diputados de Unión por la Patria también señala que la sentencia extranjera avanza sobre competencias exclusivas del Congreso argentino e ignora la normativa nacional que regula los bienes estratégicos. Se considera que la orden judicial “desconoce la soberanía argentina y las atribuciones del Congreso de la Nación” y debe ser repudiada institucionalmente por todos los poderes del Estado.
Este proyecto de resolución se suma a iniciativas ya presentadas en ambas cámaras por diferentes bloques: todas proponen un fuerte repudio institucional al fallo y reivindican el rol clave del Congreso para cualquier medida que comprometa la titularidad pública sobre la empresa.
Por ejemplo, el proyecto presentado por Miguel Ángel Pichetto y Oscar Agost Carreño en Diputados determina que “toda medida o acción tendiente a ceder, enajenar, transferir, comprometer o disponer directa o indirectamente de acciones de YPF S.A. pertenecientes al Estado Nacional deberá ser votada por las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara del Congreso”.
En esa línea, también afirma que cualquier acción que prescinda de esta autorización resultará “nula de nulidad absoluta y carecerá de validez legal”. Por otro lado, exige al Poder Ejecutivo “abstenerse de realizar actos jurídicos que impliquen, directa o indirectamente, el desapoderamiento de acciones”.
La misma disposición fue reflejada en el Senado por el radical Maximiliano Abad y su correligionario Pablo Blanco, acompañados por el respaldo público de Martín Lousteau, presidente del partido: “Exhortamos a todas las fuerzas políticas a defender YPF porque constituye una causa común de todos los argentinos”. En su proyecto, Abad señala que cumplir el fallo de la jueza Preska implicaría “un grave avasallamiento a la soberanía nacional y al principio de inmunidad soberana y no injerencia reconocido por el derecho internacional”.
Por su parte, Unión por la Patria presentó proyectos en ambas cámaras para rechazar categóricamente la sentencia y exigir al Poder Ejecutivo que agote todas las instancias legales y diplomáticas en defensa de la soberanía nacional y del patrimonio público.
El rol del Congreso
Los diferentes textos coinciden en reivindicar el papel central del Poder Legislativo en la custodia de los activos estratégicos de la Nación. Insisten en que cualquier transferencia accionaria requiere aprobación calificada del Congreso, condicionante reconocido tanto por la Constitución (artículo 17) como por la ley especial que rige la expropiación de YPF.
La declaración de la bancada que lidera Pichetto subraya que “será nula de nulidad absoluta y carecerá de validez legal” cualquier medida dictada sin la intervención parlamentaria. Lisandro Nieri (UCR) también impulsó en Diputados una iniciativa que expresa “profunda preocupación” ante la sentencia y recalca que desconoce tanto la legislación interna argentina como los tratados internacionales suscritos por el país.
En el Senado, proyectos impulsados por legisladores como Mónica Silva (Juntos Somos Río Negro) y la bancada de Unión por la Patria también insisten en que el fallo viola artículos fundamentales de la Constitución y las disposiciones legales vigentes. Los proyectos contienen exhortos para que la Cancillería denuncie el fallo como un ataque a la autodeterminación ante organismos internacionales y gestione alineamientos diplomáticos con países aliados.
Esta semana el Estado argentino presentó ante la Justicia de Nueva York varios argumentos que apuntan a la inviabilidad legal de cumplir la orden de turnover emitida por Preska. Se argumentó que la transferencia de las acciones violaría la Ley 26.741 y generaría efectos legales y contractuales irreversibles sobre la estructura financiera de la compañía, incluyendo eventuales activaciones de cláusulas de deuda y riesgos laborales para más de 23.000 empleados. Adicionalmente, el Estado remarcó que no existe un marco legal claro que permita a un tribunal extranjero ejecutar bienes de un Estado soberano que no estén localizados en Estados Unidos.
Desde la Procuración del Tesoro se destacó que cumplir el fallo podría perjudicar las reservas, debilitar al mercado financiero local y dañar la confianza inversora. Asimismo, se advirtió que el caso plantea “cuestiones legales de primer impresión” y que la apelación ante el Segundo Circuito podría revertir o modificar la sentencia original.
South America / Central America,BUENOS AIRES
POLITICA
La Justicia Federal indicó que el segundo venezolano detenido en Corrientes no tendría vinculación con el Tren de Aragua
Los informes de Interpol y de otras agencias internacionales vinculadas a la seguridad dieron cuenta de que D. J. A. Z. no tendría relación con el Tren de Aragua. Toda esta documentación fue recabada por la Fiscalía Federal de Corrientes luego de su detención el viernes 30 de enero.
Una de las fuentes principales fue un oficial de enlace de Gendarmería destinado en Colombia. Fue quien confirmó que el individuo no tendría relación con la organización terrorista. Solo registraba problemas migratorios en Chile y Colombia.
El hombre estuvo detenido durante unos días en el destacamento de Prefectura. Pero al poco tiempo, personal de la Policía Federal lo trasladó a Buenos Aires.
Entre los integrantes de la Fiscalía hubo fuertes sospechas de que el detenido también estaba enrolado en el Tren de Aragua. Había elementos que sostenían esta hipótesis. El principal: un tatuaje en forma de rosa. Además, era venezolano indocumentado, una coincidencia doble con José Félix Peñalver Veliz, detenido 40 días antes y con vínculos comprobados con la organización criminal.
Por otro lado, los dos eran hombres jóvenes. El primer detenido tenía 35 años y el segundo, 32.
Prontuarios
D. J. A. Z. fue capturado en la zona de Ita-Ibaté. Estaba deambulando. Cuando fue abordado por fuerzas de seguridad, confesó no tener documentación personal. También manifestó que era venezolano y que entró a la Argentina por un paso clandestino. En ese momento, aseguró que pretendía regresar a pie a su patria y consignó que había salido de Mar del Plata antes de arribar a Ita-Ibaté.
La localidad está ubicada en el norte de la provincia, a 160 km de Corrientes Capital. Es ribereña del río Paraná, que actúa de frontera natural con Paraguay. A corta distancia de la costa vecina, está la ciudad de Panchito López.
Una alta fuente de Fiscalía comentó a Infobae que los antecedentes del segundo ciudadano venezolano detenido poco tenían que ver con los que registraba Peñalver Veliz. En el primer caso, se trataba de un ex militar que escapó de Venezuela, donde tenía cargos por homicidio y otros delitos.
Además, se mantuvo en la clandestinidad en casi todos los países de América Latina y fue expulsado de Estados Unidos por integrar el Tren. Era buscado por agresión en Canadá. Cuando se le hizo la revisión corporal, se constató que tenía 20 heridas de arma blanca y una bala alojada en el abdomen.
La presencia del Tren en Corrientes
La situación de D. J. A. Z. fue diferente. Cuando se lo demoró, estaba en un avanzado estado de intoxicación. Esto evitó que pudiera ser llevado ante el Juzgado Federal de Garantías para ser indagado.
El magistrado que tenía jurisdicción es Gustavo Fresneda, quien tuvo una participación activa en casos relacionados con el Tren, detectados en Corrientes. Primero fue la “Banda de Yiyi”. Y luego Peñalver Veliz, quien fue expulsado de la Argentina y llevado a Venezuela la semana pasada. En el mismo vuelo se iba a ubicar a D. J. A. Z., pero eso no ocurrió.
“Yiyi” es el alias de Guillermo Rafael Boscán Bracho. El hombre lideraba una banda de 13 personas con ramificaciones en la provincia del litoral, Ezeiza y La Plata. Su organización estaba relacionada con el Tren. La operación se dividía en dos células criminales: una a cargo de su pareja y la otra de su primo.
Está detenido en el Penal de Ezeiza. Permanece alojado en el Pabellón 20. Su día transcurre casi por completo dentro de la celda. Solo tiene 4 horas fuera. Su expulsión ya fue pedida por Migraciones y está en proceso de concretarse.
El Tren de Aragua entró en la calificación de organización terrorista el año pasado por una resolución de la ex ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich. La decisión tomada por el Gobierno nacional se dio en consonancia con la determinación del presidente norteamericano Donald Trump de poner al Tren en la lista de organizaciones de este tipo.
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POLITICA
Alejandra Monteoliva, sobre la baja de la edad de imputabilidad: “El delito se ha transformado”
El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que el Gobierno llamará a licitación pública nacional e internacional para la “construcción, explotación, administración y mantenimiento de la Etapa II-B de la Red Federal de Concesiones”. El esquema comprende más de 2.500 kilómetros de rutas estratégicas en las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe, Córdoba y San Luis, y estará dividido en cuatro tramos: Mediterráneo (672 km), Puntano (720 km), Portuario Sur (637 km) y Portuario Norte (528 km), corredores clave para la logística, el transporte de cargas y la conexión con los principales polos productivos y portuarios del país.
Según precisó el funcionario en la red social X, las obras se desarrollarán sobre las rutas nacionales 7, 8, 9, 12, 33, 35, 36, 188, 193, A005 y A008 y apuntan a reemplazar un modelo deficitario por otro sin subsidios, con mayor transparencia, competencia y eficiencia en la gestión vial. El objetivo, agregó, es modernizar la infraestructura, mejorar el estado de las rutas, fomentar la inversión privada y preservar los recursos del Estado.
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POLITICA
Reforma laboral: la mesa política se reunió para cerrar filas antes del inicio del tratamiento en el Senado
La mesa política de Javier Milei, volvió a reunirse en Casa Rosada para dar los últimos ajustes al proyecto de ley de Reforma Laboral, que comenzará a debatirse el miércoles 11 de febrero, en el Congreso.
A instancias del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, los principales puntales políticos de la gestión libertaria acordaron dejar el artículo que busca eliminar Ganancias a pesar de la queja de los gobernadores aliados.
Patricia Bullrich habló sobre la votación de la reforma laboral: “Llegamos a un acuerdo muy sólido”
El encuentro contó con la participación de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el asesor presidencial, Santiago Caputo; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el ministro del Interior, Diego Santilli; la jefa de bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado, Patricia Bullrich; el armador Eduardo “Lule” Menem; y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt.
A pesar de que el Gobierno se encarga de confirmar de manera pública que cuenta con los votos necesarios para aprobar el proyecto de ley, aun caben dudar sobre la postura de los representantes de las provincias aliadas, ya que los mandatario buscan mantener la coparticipación del impuesto a las Ganancias, sobre todo en 2027, que es un año electoral.
El Gobierno retiró el proyecto para bajar la edad de imputabilidad: lo modificará a los 14 años
Por ello, crece la tensión en torno al tratamiento de la ley y la negociación política con los gobernadores que el oficialismo necesita para aprobar la reforma laboral y enviara a la Cámara de Diputados, para su sanción, y que no ocurra lo mismo que con la Ley Ómnibus que a pesar de la confianza del Ejecutivo, terminó cayendo por la falta de apoyo de las provincias.
Otro de los puntos a tener en cuenta es el accionar de los sindicatos y la sociedad en general, de hecho la CGT, organizaciones de izquierda e independientes convocaron a una movilización frente al Congreso para el miércoles, en donde buscan demostrar al Gobierno su descontento con la reforma laboral. La UTA, por su parte, llamó a un paro nacional de colectivos que hasta el momento no está confirmado.
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