POLITICA
La otra baja de Espert: buscan reemplazarlo por Bertie Benegas Lynch en la Comisión de Presupuesto para alcanzar un acuerdo
El caso que involucra a José Luis Espert no solo sobrevoló a la campaña electoral de La Libertad Avanza, sino que tuvo implicancias en asuntos vinculados a la política gubernamental. El dirigente libertario es, además, el máximo responsable de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, y en la Casa Rosada tienen decidido cambiarlo de ese rol para promover el diálogo para el Presupuesto 2026, aunque bajo la condición de que se reemplace por alguien del mismo signo político.
En la Casa Rosada son conscientes de que la oposición en la Cámara baja iba a buscar expulsarlo de esa comisión más temprano que tarde. “Muchos bloques y gobernadores aliados ya le picaron el boleto y no van a aportar para protegerlo”, marcaba un funcionario antes de que se supiera que Espert iba a dar de baja su nueva carrera electoral.
Diferentes diputados opositores habían convocado a una sesión especial para este miércoles, que tiene como tema central la modificación de la Ley 26.122, que regula el funcionamiento de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU). En el cronograma de iniciativas también está un emplazamiento con un pedido para remover a Espert de la Comisión y el establecimiento de un cronograma para tratar y debatir el Presupuesto 2026.
La oposición precisa dos tercios del recinto para poder tratar esa remoción en el recinto y hacerla efectiva el miércoles. “No veo que lleguemos a ese número. Por eso vamos al emplazamiento”, afirmaba esta tarde una importantísima espada legislativa de la oposición. La discusión posterior que tendrá esta iniciativa en comisión hará que vuelva al recinto, en donde -ya teniendo dictamen- se podrá votar con mayoría simple. Ese es el procedimiento que piensan quienes buscan expulsar a Espert del manejo presupuestario.
La presión se fue haciendo más fuerte con el paso de los días. El presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, fue bien explícito. Ante Radio Gráfica, aseguró que “Espert debe ser removido de la presidencia de la Comisión de Presupuesto”.
En las principales filas libertarias ya se resignaban y marcaban que no tenía sentido sostenerlo. “Hay diputados opositores que no lo conocen, pero que lo quieren echar a Espert porque les cae mal”, revela uno de ellos, que indica que -por la relevancia mediática del caso- prácticamente ningún gobernador va a querer aportar a la estrategia de sostener al diputado al mando de la Comisión de Presupuesto.
Los propios tampoco han demostrado devoción por manterlo. Tal y como informó Infobae, la posición casi unánime en el Gabinete era de declinarle la candidatura.
Un diputado oficialista hizo su descargo ante este medio: “No lo estoy ni culpando ni nada. Pero creo que así como están las cosas, hoy su figura perjudica el tratamiento del Presupuesto. El país necesita eso. El Gobierno lo necesita para que no le rompan el equilibrio fiscal. El país está por encima de las personas. Nadie es tan importante, y menos alguien en un cargo o por un ego”.
En la mesa chica de Milei miran este procedimiento y quiénes deberán liderar el trabajo legislativo si es que se da la situación hipotética que promueve la oposición. La mayoría coincidía en que el reemplazante debía ser uno de los dos secretarios de la Comisión, Alberto “Bertie” Benegas Lynch, economista y persona de extremísima confianza de los hermanos Milei.
“El reemplazo será de LLA, manteniendo la Presidencia como corresponde a la proporcionalidad en la representación parlamentaria en lo que se refiere a las comisiones”, dijo una fuente inobjetable de ese círculo. Junto a Asuntos Constitucionales, Juicio Político y Legislación General, la de Presupuesto y Hacienda suele ser presidida por un diputado del signo político del oficialismo, ya que se trata de una instancia vital para el funcionamiento del Gobierno de turno.
Otros sectores del oficialismo marcan que el interlocutor debe ser Diego Santilli, quien será el reemplazante de Espert en la primera posición del boleta en Provincia. “Necesitás a alguien interlocución con la oposición y los gobernadores. Ya perdimos mucho tiempo con José Luis”, justificó una importante fuente.
Se habla de que, incluso, antes de este fin de semana “ya había planes para sacarle la comisión [a Espert] y que todos los bloques pusieran al que La Libertad Avanza elija”. Un importante alfil del oficialismo sentenciaba ante Infobae: “Era imposible sostenerlo a José Luis. Te bloqueaba cualquier tipo de diálogo y nosotros tampoco lo podíamos defender”.
La opción de prorrogar el Presupuesto 2023 por tercera vez consecutiva no estaría siendo una opción barajada por la Casa Rosada. De ser el caso, saben que la oposición se encolumnará para sacar un proyecto propio. Milei podría vetarla completamente, pero toda esa situación generaría un clima político que no sería el más adecuado para tratar de conseguir los consensos de las reformas tributaria y laboral que el Gobierno precisa para la segunda parte del mandato.
Uno de los integrantes de la Mesa Política de Milei tiene una estrategia para este complicado escenario que se está configurando en Diputados. “Falta mucho, pero si la oposición quiere aprobar un proyecto de Presupuesto sin nuestro consenso, nosotros queremos vetarla parcialmente y consensuarlo de manera obligatoria. Que todos se sienten en la mesa”, afirmó una altísima fuente libertaria. El diálogo deberá involucrar a los gobernadores y a bloques tanto aliados como díscolos.
“Nosotros no tenemos ningún tipo de condicionamiento, pero sí tenemos que construir políticamente un consenso sobre este tema. Es algo que tal vez podríamos haber hecho en los proyectos de Discapacidad y Financiamiento Universitario”, agrega. Todos los escenarios que se manejan son con la elección de octubre ya consumada. Incluso, desean que se produzca la renovación legislativa a los fines de asegurar el número de diputados que puedan asegurar cualquier veto presidencial.
La prórroga del presupuesto le permite al Poder Ejecutivo Nacional a diagramar las partidas de manera discrecional, sin tener que regirse por una estimación específica. Esto ha permitido pisar gastos para cumplir con la meta de déficit cero, la cual es una base significativa del programa económico. Lo que resultó como una política de reducción del gasto terminó convirtiéndose en un boomerang: por esta misma cuestión, los bloques opositores comenzaron a impulsar proyectos propios para actualizar partidas a niveles que la Casa Rosada no acordaba.
La primera reunión de la Comisión tuvo la exposición del secretario de Hacienda, Carlos Guberman. Allí detalló que el Gobierno proyecta un crecimiento del 5%, una inflación acumulada del 10% y un dólar a $1.423 para el próximo año. Además, subrayó tres ejes de gestión: asistencia social directa, fortalecimiento de las fuerzas de seguridad y defensa, y la transformación del Estado para optimizar organismos como ARCA y modificar la relación con los contribuyentes. El funcionario remarcó: “Lo más importante es haber alcanzado el equilibrio en las cuentas, el alcance del superávit fiscal y el resultado más importante es la baja al 31,6% de la pobreza. Tener equilibrio financiero ayuda a pagar las cuentas, incluidos los intereses de la deuda”.
En relación a las leyes vetadas, Guberman afirmó que “no existen” los recursos para financiarlas, como la emergencia en discapacidad. Explicó: “Ojalá tuviéramos recursos sin afectar por 4 o 5 puntos del PBI. No están abajo de la alfombra esos recursos que le piden al jefe de gabinete que reasigne para aplicar las leyes aprobadas por el Congreso. Por eso se tomó la decisión de dar una mejora en el valor del nomenclador de la asistencia de tratamiento para las personas con discapacidad pero suspender el resto de la ley, porque no hay forma de que podamos afrontar 1,5 billones de pesos a los prestadores por el ajuste, no tenemos disponibles esos recursos”.
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POLITICA
Pro alertó sobre un rebrote de inseguridad y la falta de avances en la lucha contra la corrupción en la era Milei
A dos meses de la última cena de Javier Milei y el expresidente Mauricio Macri que selló el divorcio entre ambos dirigentes, Pro volvió a tomar distancia respecto del líder de La Libertad Avanza y reclamó por una mayor inversión en infraestructura y un fortalecimiento institucional. Aunque reconocen los avances de la administración libertaria en cuanto a baja de la inflación y equilibrio de las cuentas públicas, destacan que “el orden macroeconómico por sí solo no alcanza”.
Así surge del último informe de la Fundación Pensar, titulado “A mitad de Camino”, en el que el principal aliado del oficialismo presentó un balance de los primeros dos años de gestión de Milei. En el think tank que conduce la exdiputada nacional María Eugenia Vidal señalan la lucha contra la corrupción, la reanudación de la obra pública y la inseguridad, entre otros ejes, como las principales deudas de esta primera mitad de mandato.
El informe celebra los esfuerzos del gobierno para bajar la inflación y consolidar el equilibrio fiscal y los avances en materia de desregulación económica, un rumbo que -consideran sus autores- se debe profundizar en el corto plazo. En este sentido, destacan la necesidad de completar la liberalización del mercado de cambios y avanzar con una reforma tributaria que genere alivio fiscal entre los empresarios.
No es el único cambio que Pro demanda al gobierno. También pide por la aprobación de una reforma laboral, a tratarse en febrero, que permita ampliar la base de trabajadores privados registrados -estancada, según señalan, desde 2014- y cambios que permitan apuntalar un fortalecimiento institucional. Es sobre este último punto sobre el que concentran sus principales críticas a La Libertad Avanza, que se profundizaron tras la postergación de Pro en las listas nacionales y la cena fallida de Macri y Milei en la Quinta de Olivos a fines de octubre, cuando el expresidente cuestionó las divisiones al interior del oficialismo y el encumbramiento de Manuel Adorni como jefe de Gabinete.
A mediados de noviembre, el exmandatario reunió a la Mesa Nacional de Pro en la sede central del partido, donde se terminó de ratificar la ruptura con LLA. En esa oportunidad confirmaron que el espacio amarillo tendría su propio bloque parlamentario y que se dedicaría a reconstruir su identidad a partir, entre otros ejes, de su histórica defensa a la institucionalidad, una deuda por la que ahora presionan al Presidente.
“Es imperioso que junto a las reformas económicas, el gobierno avance con el fortalecimiento institucional de nuestro país, empezando por la Justicia.”, explica Silvia Lospennato, exdiputada nacional y presidenta del bloque Pro en la Legislatura de la Ciudad. Reclama, entre otras cuestiones, porque se insista con una ley de ficha limpia -un proyecto que impulsó durante su paso por la Cámara baja, pero se cayó en el Senado- y se retrotraigan los decretos por los que se quitó la facultad de querellar a la Unidad de Información Financiera (UIF) y se restringió el derecho de acceso a la información pública.
En el informe, además, cuestiona el intento de LLA de sortear al Congreso y avanzar con las designaciones de los jueces de la Corte Suprema, Ariel Lijo y Manuel García Mansilla, por decreto. Las dificultades para alcanzar acuerdos parlamentarios -uno de los ejes que no deja de señalar Pro, pese a haber sido un aliado estratégico del oficialismo en este ámbito- afectaron la cobertura de un total de 580 vacantes del Poder Judicial, entre jueces, fiscales y defensores.
Las vacantes que sí se cubrieron en otros organismos, por su lado, también supusieron un foco de tensión entre el macrismo y el partido de Milei en materia institucional. El acuerdo del oficialismo y el kirchnerismo para designar a los representantes de la Auditoría General de La Nación (AGN), sin previo aviso, en la misma sesión en que se trató el Presupuesto 2026, abrió un nuevo capítulo en el distanciamiento entre LLA y Pro, incluso con los sectores que mantuvieron un estrecho vínculo con el Gobierno en este primer período.
“El cambio que defendemos no es cualquier cambio. Es un cambio inteligente, sustentable, de fondo, cuidando las instituciones, con reglas claras y con respeto a la Constitución. Por eso, cerramos el año defendiendo esos valores, incluso cuando eso implica marcar límites, como lo hicimos a la hora de denunciar la inconstitucionalidad del nombramiento de los miembros de la AGN”, sostuvo Cristian Ritondo, titular de la bancada amarilla en Diputados, en sus redes sociales. La disputa por los auditores no está mencionada en el informe de la Fundación Pensar.
El malestar de Pro en materia institucional, sin embargo, encuentra un límite en la sanción de la Boleta Única de Papel, utilizada por primera vez este año a nivel nacional, y del Presupuesto 2026, que otorga previsibilidad y reduce la discrecionalidad del Ejecutivo en materia de gasto. Pro respaldó la ley de leyes, pese a que no deja de reclamar una mayor inversión en infraestructura, otro de los contrapuntos que lo alejan del oficialismo y que ratificó el balance de la Fundación Pensar. Abogan por la reanudación de la obra pública energética, hidráulica y de transporte a nivel nacional.
El texto del think tank macrista advierte, de igual modo, sobre la baja inversión en educación superior -que alcanzó sus niveles mínimos en los primeros dos años de gestión libertaria-, pero pone el énfasis en la necesidad de que el debate educativo trascienda lo meramente presupuestario. “Aún está pendiente implementar políticas para cumplir con el Pacto de Mayo: modernizar la educación inicial, primaria y secundaria, reducir el abandono escolar y lograr la alfabetización plena. Así como sancionar proyectos de ley para institucionalizar evaluaciones de fin de curso, las prácticas profesionales, la educación financiera y programación, entre otras”, establece el informe.
En cambio, Silvia Lospennato, a cargo del capítulo institucional, destacó la aprobación del Presupuesto 2026. El propio Macri emitió un tuit la semana pasada en el que celebró la sanción de la ley de leyes y destacó el aporte de los bloques de Pro.
Los cuestionamientos a la gestión de Milei también alcanzan a una exaliada de Pro. Se trata de la exministra de Seguridad Patricia Bullrich, ahora presidenta del bloque libertario en el Senado y artífice del desguace parlamentario de Pro: ocho legisladores que respondían a su figura migraron a las filas del oficialismo y, en la ciudad, sus legisladores se plegaron al espacio que lidera Pilar Ramírez, mano derecha de Karina Milei en el distrito.
Aunque no la mencionan de manera directa, en la Fundación Pensar plantearon el retroceso en materia de seguridad, lo que deja en evidencia reparos a su trabajo como funcionaria por el aumento de la delincuencia. Según consigna en el balance presentado, “la Argentina terminó 2025 con un incremento del 20% en los episodios vinculados a la inseguridad”.
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POLITICA
Pullaro rechazó un pedido de Caputo para traer ahora USD 800 millones del exterior: “Santa Fe no puede perder un peso”
El gobernador Maximiliano Pullaro confirmó que dialogó con el ministro de Economía, Luis Caputo, quien le solicitó que Santa Fe ingresara de inmediato los USD 800 millones correspondientes a un crédito internacional obtenido por la provincia. La administración provincial rechazó el pedido y argumentó que, bajo las condiciones actuales, no puede asumir un riesgo financiero que implique pérdidas para las arcas santafesinas.
Los fondos provienen de un bono emitido en los mercados internacionales a principios de este mes, por un monto de USD 800 millones, con un plazo de nueve años y una tasa de interés anual del 8,10%. La colocación fue ampliamente demandada tanto por inversores internacionales como locales, lo que desde la gobernación se interpretó como una señal de confianza en la calidad crediticia de la provincia.
“El crédito es para obra pública, no para gastos corrientes”, señaló el gobernador durante una entrevista con Cadena 3 de Rosario. “Los dólares los tenemos afuera, y los vamos a ir trayendo en función del pago de certificados de obras. Nación pretendía que los trajésemos ya, pero es muy difícil encajarlos con lo que va aumentando el dólar”, expresó Pullaro al describir el intercambio con Caputo.
Precisó que la evolución del tipo de cambio entre el momento de la adquisición y las cotizaciones actuales podría implicar una pérdida para Santa Fe si los fondos ingresan sin cobertura adecuada.
Pullaro sostuvo que, si existiera “algún instrumento financiero que asegure que si el dólar aumenta Santa Fe estaría cubierta, desde luego que los traemos”. Dejó así abierta la posibilidad de coordinar con Nación la llegada de los fondos si se logra un mecanismo de cobertura cambiaria satisfactorio para la provincia.
El diálogo entre Pullaro y Caputo ocurre mientras el gobierno de Javier Milei enfrenta un próximo vencimiento de deuda del orden de los USD 4.300 millones. Hasta el momento, el Poder Ejecutivo no ha detallado públicamente de dónde provendrán los dólares para ese pago, lo que mantiene la discusión sobre las reservas y la disponibilidad de divisas.
Pullaro remarcó que la decisión de Santa Fe responde a criterios técnicos enfocados en la preservación del valor de los recursos y su destino exclusivo a las obras para las cuales fueron obtenidos. “Queremos que al país le vaya bien y, si podemos colaborar con el Gobierno nacional, lo vamos a hacer. Siempre lo hicimos”, afirmó Pullaro, aunque aclaró que la provincia no puede asumir un riesgo de pérdida al ingresar los fondos sin un mecanismo que proteja su valor.
Desde la gobernación santafesina enfatizaron en diálogo con Infobae que la postura provincial no constituye un desafío político al Gobierno nacional. Fuentes del Ejecutivo provincial, en diálogo confidencial con Infobae, afirmaron: “No hay ningún desafío al Gobierno ni se puede tomar la conversación con Caputo como una presión para que Santa Fe traiga los dólares”. Destacaron que la relación institucional con la Casa Rosada continúa “buena, más allá de que tenemos reclamos que todavía no encontraron una respuesta satisfactoria”.
Entre los reclamos planteados, desde la provincia subrayó dos cuestiones prioritarias: la reparación y mantenimiento de rutas nacionales, considerada urgente, y la restitución del flujo por parte de la Caja de Jubilaciones interrumpido en enero de 2024, situación que afecta las cuentas provinciales y que, según Santa Fe, sigue sin resolverse.
La emisión de deuda de Santa Fe, concretada en diciembre pasado, representó uno de los hitos financieros de la provincia. Según el comunicado oficial, la salida al mercado internacional fue exitosa: se recibieron ofertas por 1.800 millones de dólares, más del doble del monto emitido, con la participación de más de 111 grandes inversores internacionales y más de 1.200 minoristas, incluidos ochocientos inversores locales argentinos. La gobernación interpretó esto como un respaldo a la gestión fiscal y a la capacidad de financiamiento internacional de la provincia.
El destino de los recursos fue definido por Santa Fe como la financiación de obras estratégicas: proyectos energéticos, mejoras en infraestructura vial —especialmente rutas clave para la circulación de bienes—, inversiones en seguridad pública y obras sociales. La provincia sostiene que los ingresos de divisas deben acompañar la ejecución efectiva de certificados de obra, principio que motiva su rechazo a anticipar el ingreso total de los fondos.
La discusión entre Nación y Santa Fe expone una tensión técnica, no política. El Gobierno nacional busca ordenar el flujo de dólares para afrontar compromisos de deuda sin afectar su estrategia financiera. Por su parte, la provincia administra recursos obtenidos en condiciones de mercado internacional, con compromisos contractuales para infraestructura, y aplica una interpretación estricta que prioriza la ejecución de obras y la preservación del valor de los fondos.
La postura de Pullaro se inscribe en un contexto político más amplio: a diferencia de otros gobernadores no alineados con el kirchnerismo, el mandatario santafesino no participó en la ronda de reuniones que el Gobierno nacional mantuvo recientemente con mandatarios provinciales encabezadas por el ministro del Interior, Diego Santilli, ni con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Este dato fue interpretado como una señal de una relación distante pero institucional entre la provincia y la Casa Rosada.
La posición de Santa Fe ante el pedido de Caputo se fundamenta en argumentos financieros y técnicos, con una visión de coordinación que no compromete la autonomía ni la administración de los recursos provinciales. Pullaro dejó en claro que la decisión responde a los objetivos de ejecución de obra pública para los que se tomaron los fondos, sin perjudicar el patrimonio provincial. Al mismo tiempo, manifestó su disposición a colaborar con el Gobierno nacional siempre que existan condiciones para proteger el valor de los recursos.
La definición sobre cómo y cuándo ingresarán los USD 800 millones al país será clave en las próximas negociaciones entre la provincia y la Nación, en un escenario donde cada flujo de divisas adquiere relevancia para la política económica nacional y provincial.
POLITICA
Javier Milei difundió un mensaje de Año Nuevo y aseguró que el Gobierno “cumplió todas sus promesas de campaña”
El presidente Javier Milei envió este miércoles un mensaje de Año Nuevo donde aseguró que su Gobierno “cumplió todas las promesas de campaña” y enumeró los éxitos de la administración.
“Habiendo terminado los dos primeros años de gestión puedo decir orgullosamente que hemos cumplido con todas nuestras promesas de campaña: estamos bajando la inflación, terminando con la inseguridad, sacando a más del 30% de los argentinos de la pobreza -hoy hay 14 millones argentinos menos en la pobreza- y estamos empezando a crecer. Les quiero desear felices fiestas y vayamos por un ’26 que sea el inicio de este camino que hará grande a la Argentina nuevamente. Viva la libertad carajo”, detalló en un video compartido en sus redes sociales.
Noticia en desarrollo
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