POLITICA
La Plata: Julio Alak recibió a autoridades de Shanghai y apuesta a profundizar los vínculos productivos

En un movimiento que busca consolidar a La Plata como un polo de innovación y desarrollo económico, el intendente Julio Alak encabezó este jueves una reunión clave con autoridades del gobierno de Shanghai, una de las ciudades más importantes del mundo en términos económicos y tecnológicos.
El encuentro tuvo lugar en el Salón de los Acuerdos del Palacio Municipal y fue protagonizado por Chen Tong, ministro del Gobierno de Shanghai y alto dirigente del Partido Comunista Chino, acompañado por una nutrida delegación de funcionarios vinculados al comercio, la industria y las relaciones internacionales.
Durante la reunión, ambas partes coincidieron en la importancia de potenciar los lazos de cooperación bilateral, con foco en áreas estratégicas como la producción, la innovación tecnológica, la inversión y la cultura. “Compartimos el interés en fortalecer los vínculos recíprocos y la colaboración en distintos ámbitos”, expresó Alak.
El jefe comunal destacó especialmente la experiencia de Shanghai en materia de tecnología aplicada a la logística y la infraestructura urbana: “Abordamos temáticas de desarrollo productivo y también puntos vinculados a la tecnología, que es un campo donde Shanghai hace mucho destaca, teniendo por ejemplo un puerto que se encuentra 100% automatizado”.
Además, valoró el equilibrio que mantiene la ciudad asiática entre modernidad y patrimonio histórico: “Esa vanguardia tecnológica convive con un sumo respeto por la tradición y la historia, lo que se ve en el cuidado con que ha sido preservado el centro histórico de Shanghai. Es algo de lo que todas las ciudades del mundo tenemos que aprender”.
Entre los miembros de la delegación estuvieron Qi Quansheng, de la Federación de Chinos Retornados de Ultramar; Yang Xi, de la Federación de Industria y Comercio; y representantes de la Asociación del Pueblo Chino para la Amistad con el Extranjero (CPAFFC), además de funcionarios de la Oficina de Asuntos Internacionales shanghainesa.
En representación del municipio participaron la secretaria de Producción e Innovación Tecnológica, Mercedes Lagioiosa, y el secretario Administrativo, Santiago Ávila, junto a otros miembros del gabinete.
Con más de 24 millones de habitantes y un perfil altamente enfocado en la innovación, Shanghai se posiciona como un aliado estratégico en la mirada global de desarrollo que Alak busca para La Plata. El diálogo abierto con autoridades de esa ciudad refuerza la intención del municipio de posicionarse en la agenda internacional y atraer inversiones de alto impacto.
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POLITICA
Causa Securitas: los chats que mencionan a dos funcionarios cercanos a Gustavo Bordet

En los mensajes recuperados por las pericias judiciales de los celulares de los empresarios imputados en el caso hay otros nombres, además de el del ex gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, que aparece 98 veces. Se trata de las conversaciones que mantenían los hermanos Claudio y Marcelo Tortul sobre las presuntas operaciones para obtener y mejorar el contrato de seguridad privada de Enersa, la empresa estatal eléctrica de Entre Ríos.
Esta maniobra fue denunciada ante la Justicia por la propia empresa multinacional de vigilancia. El trámite se lleva adelante en el Juzgado Federal de San Isidro, a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado.
En esos nombres hay dos que destacan. Se trataría de quienes mantuvieron los vínculos indirectos entre los empresarios y el ex gobernador en distintos momentos. En las conversaciones se habla de pagos que llegarían hasta Bordet. El ex mandatario entrerriano lo negó. “No formé parte de ningún sistema de coimas o de maniobras ilícitas”, aseveró.
Uno se identifica con claridad. Se trata de José Gervasio Laporte. Se lo menciona como “el negro” en las conversaciones. En uno de los mensajes, hay una foto incluso donde Claudio Tortul y Laporte comparten un café en el bar de un hotel de la costanera de Paraná.
Un nombre en la penumbra

Sobre el otro hay indicios, pero no está confirmado. Se trata de “Hugo”, quien podría ser Hugo Ballay, ex ministro de Economía durante las dos gestiones de Bordet. El funcionario también cumplió funciones como presidente de Enersa, la empresa cuyos contratos con Securitas están bajo la lupa. Estuvo al frente de la firma casi dos años. Lo designó otro gobernador peronista, Sergio Urribarri, en enero de 2012. En noviembre de 2013 dejó ese lugar para ir al gabinete.
Cuando Bordet llegó a la Gobernación a fines de 2015, Ballay volvió a Enersa como director titular. Fue durante la presidencia de Alfredo Muzachiodi. Los chats que describen las operaciones ilícitas abarcan un período que va desde el 2016 al 2024.
Ballay siempre mantuvo un perfil bajo. No ha dado declaraciones públicas desde la previa a las elecciones de 2023. Tras la derrota del PJ, extremó su silencio. En su entorno confirmaron a Infobae que el exfuncionario conoció a Claudio Tortul. El vínculo, precisaron, no estaba relacionado con actividades comerciales o políticas sino con las sociales. El empresario era también presidente del Club Rowing, uno de los más exclusivos de la capital entrerriana y que tiene a más de un socio implicado en este expediente. Además, subrayaron que Ballay no tiene nada que ver con el caso Securitas y que su apellido no está mencionado ni en los chats ni en la causa.
La jueza Arroyo Salgado no imputó ni a Bordet ni a Ballay. Sí involucró a Edgardo Kueider, el ex senador ahora detenido en Paraguay. Se basó en dos elementos. El primero fue un mensaje, el único, en el que Claudio Tortul lo menciona. El segundo factor fue que Kueider, por entonces secretario General de la Gobernación, representó al Ejecutivo provincial en asambleas de Enersa.
Vínculos más allá de la política

Tres fuentes cercanas a Bordet, sin relación entre sí y con altas responsabilidades en el gobierno provincial durante el período 2015-2023, confirmaron a Infobae que el actual diputado nacional tenía con Laporte y Ballay una relación personal de larga data. Ninguna se atrevió a hablar de amistad. El ex gobernador suele remarcar que no tiene amigos en política y que ocupar cargos públicos lo alejó de sus relaciones personales.
Laporte, fallecido en julio de 2020, fue el histórico secretario Legal y Técnico de la Gobernación de las gestiones peronistas. Estuvo allí con Jorge Busti, Urribarri y Bordet. Su función era estratégica: cuidaba la firma de los gobernadores en todos los actos administrativos.
Con Ballay la relación era más marcada. Se conocieron de jóvenes, en las aulas de la Universidad. Ambos son coetáneos y estudiaron para ser contadores. Eran los años de la vuelta a la democracia y de la primavera alfonsinista.
En uno de los mensajes recuperados en la pericia y publicados en un informe del diario La Nación, Claudio Tortul consignó: “Te paso maso en 5 números como quedaría los 10 palos y pico de ENERSA. Los politicos el fronting nosotros. 4000000 (bordet / Negro / Gonz / Charly / Cis / Marcelo M / Aldana / Ramiro / Daniel / Vos / yo) Participacioned en Grone. Mas 200 lucas para mi (gastos obra social hoteles etc)”.
En otro, apuntó: “El Negro me dijo q si le damos el 40 saca el pago cn el ajuste. Reparte cn Bordet Julio y el. Me pidio el 50 le dije q era alevoso no x el pedido q era incobrable (sic)”.
La mención a “Hugo” se produjo luego del deceso de Laporte. “El lunes me contesta Hugo. Habla cn Bordet y me dice. Cree que si” Con todo como lo planteas. 14 / costos / y lo que repartimos. Leestoooo”, “Me dijo tbm q lo tuvo que alinear medio fuerte a Caminos cn el ajuste y el presupuesto cn”, “Asi que cree si le da Ok Border”, “Vamos para delante !!!”, rezaba el mensaje enviado por Claudio a su hermano Marcelo.
POLITICA
La trama millonaria de corrupción en la Agencia de Discapacidad: cómo funcionaba el esquema que desvió más de $43.000 millones

El corazón de la trama que operó durante casi dos años dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) era un esquema de asociación ilícita, cohecho y defraudación agravada, al decir del fiscal federal Franco Picardi. La maniobra se estructuró sobre las “compulsas reducidas” y fue protagonizada por un puñado de exfuncionarios, empresarios e intermediarios para obtener un rédito patrimonial indebido que, solo en un período de un año, superó los $43.000 millones de las arcas públicas.
El fiscal Picardi y el juez federal Sebastián Casanello decidieron avanzar sobre los protagonistas más visibles de la operatoria, entre los que destacan los ahora exfuncionarios Diego Spagnuolo y Daniel Garbellini. Pero dejaron indicios de que avanzarán sobre aquellos que colocaron a Garbellini dentro de la Andis, y a quienes habrían dirigido la cartelización de las droguerías, entre los que descollarían los dueños de la firma Suizo Argentina, los hermanos Kovalivker, de vínculos fluidos con los Menem. En particular, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.
“Las evidencias recolectadas comienzan a confirmar lo que decía Spagnuolo en los audios”, indicó una fuente judicial a . Aludía a los audios que salieron a la luz en los días previos a las elecciones bonaerense del 7 de septiembre pasado, en los que el entonces abogado particular del presidente Javier Milei y titular de la Andis detallaba cobros de sobornos, el rol de Garbellini como recaudador entre las droguerías, y el envío hacia “arriba” de los retornos, con alusiones explícitas a Eduardo “Lule” Menem y a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
¿Cómo se habría desarrollado la maniobra delictiva dentro de la Andis, según las evidencias que recolectó la Fiscalía? Se estructuró alrededor de la manipulación del sistema informático que utilizaba la Agencia para adquirir medicamentos e insumos de alto costo y baja incidencia. Los funcionarios crearon dos circuitos paralelos de compras: uno “regular” donde invitaban a competir a entre 14 y 16 droguerías, y otro de “compulsas reducidas” donde solo participaban 3 o 4 empresas cuidadosamente seleccionadas: Profarma, Génesis, New Farma y Floresta.
El patrón era siempre el mismo: dos de ellas actuaban como adjudicatarias reales mientras las otras dos simulaban competencia, pero no presentaban ofertas o cotizaban precios que no eran competitivos, creando una apariencia de legalidad en un mercado que en realidad operaba cartelizado en el que alternaban roles según el tipo de producto. Así, Profarma y Génesis dominaban las compulsas de medicamentos (concentrando el 93% de las adjudicaciones), mientras que New Farma y Floresta monopolizaban los insumos auditivos como implantes cocleares y audífonos.
El análisis técnico de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) reveló casos extremos de sobrefacturación. El medicamento Macitentan, por ejemplo, que en compulsas abiertas costaba $411.764, llegó a adjudicarse en casi $8,3 millones en compulsas reducidas apenas tres días después: un incremento del 1900 por ciento. Y el Burosumab pasó de $19 millones a $45 millones por unidad, mientras que el Guselkumab experimentó aumentos del 15 al 20 por ciento respecto de ofertas simultáneas en compulsas abiertas.
Ese patrón se repitió de manera sistemática, remarcó el fiscal Picardi en su dictamen, al punto que si otras droguerías lograban participar en compulsas abiertas para los mismos medicamentos, ofrecían precios que representaban menos de la mitad de lo pagado a las empresas favorecidas. ¿Conclusión? Solo entre julio de 2024 y agosto de 2025, estas compulsas irregulares generaron adjudicaciones por más de $43.000 millones de pesos.
“Esto venía de antes”, remarcó una fuente tribunalicia al tanto de la investigación en curso ante la consulta de . “Estamos hablando de nichos de corrupción en los que mezclan ‘cajas’ del Estado, intermediarios y sobornos, como también lo fue la operatoria de los ‘brokers’ de seguros”, detalló.
Siempre de acuerdo al dictamen de la Fiscalía, la presunta operatoria criminal registró tres niveles. En el primer nivel estaban los funcionarios que controlaban Andis. Es decir, Spagnuolo, como director ejecutivo, y Garbellini, como director de Acceso a Servicios de Salud. Ellos autorizaban y ejecutaban el direccionamiento, garantizaban cobertura institucional y recibían pagos en efectivo como contraprestación.
El segundo nivel era el de los operadores para-estatales: Miguel Ángel Calvete y Pablo Atchabahian. No tenían rol formal dentro de la administración pública, pero impartían órdenes dentro de la Andis como si fueran funcionarios, al punto de diseñar la estrategia, gestionar retornos y decidir adjudicaciones desde fuera. Lo notable es que incluso colocaron personal propio dentro del organismo: Lorena Di Giorno y Eduardo “Pino” González actuaron como agentes internos de Calvete, filtrando información y facilitando pagos; y Luciana Ferrari hizo lo propio para Atchabahian como empleada del laboratorio Roche, pero con usuario y contraseña del sistema informático de la Andis para operarlo “desde afuera”.
El tercer nivel criminal, en tanto, lo componían los empresarios beneficiarios vinculados a las cuatro droguerías favorecidas. Es decir, Andrés Arnaudo de Génesis, Ruth Lozano de Profarma, Patricio Rama de New Farma, y Silvana Escudero junto a Alejandro Fuentes de Floresta, quienes coordinaban entre sí qué empresa ganaría cada compulsa. Roger Grant ejecutaba materialmente las compulsas en el sistema según las instrucciones recibidas.
Los beneficios económicos de la presunta banda criminal fluyeron, en tanto, en múltiples direcciones. La Fiscalía encontró evidencias de Spagnuolo cobrando al menos $5 millones en efectivo de Calvete y su pareja Guadalupe Muñoz para un viaje a Israel que no se concretó. Y guardaba US$ 82.000 no declarados en una caja de seguridad, además de tener una máquina contadora de billetes en su casa.
Dinámicas similares se repitieron una y otra vez. Eduardo González consultaba a Calvete “cómo y cuándo hacerse de los dólares”, recibiendo como respuesta una fecha específica, mientras que Lorena Di Giorno recibía instrucciones de “pasar por Defensa a buscar lo tuyo” y facturaba millones de pesos a INDECOMM y Profarma, empresas vinculadas a Calvete. ¿Garbellini? Realizó obras millonarias en su vivienda que derivaron en una multa del country por $22,5 millones, mientras que acumulaba gastos por más de $4 millones por mes en tarjetas de crédito, muy por encima de su salario como funcionario.
Pero para el presunto blanqueo a gran escala, el fiscal Picardi consideró que existen evidencias suficientes para avanzar contra otros dos presuntos eslabones de la operatoria. ¿Quiénes? Alan Pocovi, hijo del exmarido de Zulemita Menem, y Sergio Mastropietro, vinculado a la empresa Baires Fly.
Pocovi recibía sistemáticamente efectivo y transferencias que luego invertía en criptomonedas a través de la plataforma “NEBLOCKSHAIN”, cumpliendo un rol de recaudador. Mastropietro recibía transferencias millonarias desde las droguerías investigadas hacia Baires Fly bajo el concepto genérico de “compra de kilómetros nacionales para aeronaves”, emitiendo facturas por montos idénticos. Federico Santich y Guadalupe Muñoz completaban el engranaje financiero moviendo fondos entre las empresas del entramado.
Pocovi y Mastropiero quedaron en evidencia, incluso, las escuchas telefónicas que captaron a Calvete dando órdenes para mover dinero a través de ambos (“llamalo a Alan”, “preguntale a Sergio primero”), evidenciando que ambos constituían la infraestructura financiera del esquema, mientras que Baires Fly, con su servicio de aviación privada 24 horas, representaba además un potencial medio de fuga.
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Causa Cuadernos: procesaron al expolicía acusado de modificar los escritos de Centeno para entorpecer la investigación

El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi procesó nuevamente al expolicía Jorge Bacigalupo por ser el responsable de haber intervenido con tachaduras los cuadernos del chofer Oscar Centeno con el objetivo de desviar la investigación.
La causa contra Bacigalupo se inició con la denuncia del empresario Armando Loson, quien aseguró que se habían modificado algunas anotaciones con el objetivo de perjudicarlo.
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El procesamiento se sustenta en un exhaustivo análisis forense realizado sobre imágenes digitales de los cuadernos. Expertos en grafoscopía y lingüística concluyeron que las enmiendas coinciden con la caligrafía del oficial retirado de la Policía Federal. Las intervenciones se concentraron en los cuadernos números 4 y 7, donde se reemplazaron nombres, se modificaron direcciones y se reescribieron pasajes claves.
Los peritajes realizados por peritos independientes y especialistas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), revelaron alteraciones como el cambio de nombres —de “Marcelo” a “Armando”—, la corrección de direcciones como “Alem 855” y la adición de referencias como “Ing. Ferreyra” en entradas de 2008.
Los profesionales aseguraron que las enmiendas no pertenecen a la letra de Centeno, sino a la de Bacigalupo. “Las anotaciones manipuladas comparten un trazo idéntico, distinto al del resto del material”, sostiene la resolución.
“No se trata de notas diarias improvisadas, sino de un documento reconstruido con fines específicos”, concluyeron los lingüistas. Estos hallazgos superan limitaciones de peritajes anteriores, por las que Bacigalupo fue absuelto, y permiten, según el juez, “afirmar de manera unívoca” la autoría de las falsificaciones.
Martínez de Giorgi aseguró que el accionar de Bacigalupo responde a los delitos de encubrimiento agravado y falsificación de instrumento público, al considerar que las alteraciones sirvieron para “favorecer a al menos una persona” y desplazar la culpa hacia Loson, implicado en presuntas reuniones que, según la evidencia manipulada, nunca ocurrieron.
“La maniobra estuvo orientada a eludir la justicia en la causa por defraudación en la importación de GNL, utilizando los cuadernos como prueba torcida”, aseguró el magistrado.
El juez ordenó trabar un embargo por 150 millones de pesos, le dictó la prohibición de salida del país y, por ahora, libertad condicional sin prisión preventiva.
Quién es Jorge Bacigalupo
Fue conocido como el “testigo B” de los cuadernos de las coimas. Bacigalupo tiene un pasado como policía federal y un lazo de amistad con Oscar Centeno, el exchofer de Roberto Baratta, que le pidió guardar los cuadernos por un tiempo.
Bacigalupo y Centeno se conocieron a finales de los años noventa cuando trabajaron en una remisería de la localidad bonaerense de Martínez. Centeno pasó en 2003 al Ministerio de Planificación Federal, donde conoció a Baratta, pero su amistad con Bacigalupo siguió intacto: se llamaban, se escribían por Facebook y se visitaban.
Un día, Centeno le dio una caja con los ocho cuadernos y Bacigalupo prometió guardarlos. El expolicía juró que nunca los leyó, pero se los entregó al periodista de La Nación, Diego Cabot, porque había escrito “Hablen con Julio”, un libro que reveló la misma mecánica de corrupción que la detallada en los “cuadernos de las coimas”.
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“Centeno me dijo que eran anotaciones sobre su trabajo en el Ministerio. Me los entregó por confianza. Se quiso cubrir ante una eventualidad. Más de una vez le dije que se presentara en la Justicia con esos papeles, pero este hombre estaba identificado ideológicamente con la gente para la que trabajaba», declaró a la prensa el exagente.
“Tomé este riesgo porque esto va a ir cada vez peor. El que diga que no tiene miedo está loco. Esta gente se ha llevado puesto todo. El problema es que estos van a volver si no hacía algo“, insistió. Cuando Baratta fue excarcelado, Bacigalupo le devolvió el material a Centeno, pero Cabot ya los había fotocopiado. Ya no había vuelta atrás.
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