POLITICA
La policía vigila la lujosa quinta de Pilar que se les adjudica a las autoridades de la AFA

Por disposición de un juez, un grupo de efectivos de la Policía Federal vigila una lujosa quinta de Villa Rosa, en Pilar, que está en la mira de la Justicia para determinar si es propiedad de Pablo Toviggino y Claudio “Chiqui” Tapia, autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). A partir de una denuncia de la Coalición Cívica, se investiga una presunta maniobra de lavado de dinero.
El juez federal Daniel Rafecas dispuso reforzar la seguridad hasta que se defina quién será el magistrado que finalmente se quede con este causa, iniciada por la denuncia de Elisa Carrió y los dirigentes de la Coalición Cívica Matías Yofe y Facundo del Gaiso.
La orden a la Policía Federal fue poner consignas en entradas y salidas de la mansión para la identificación de las personas que entren o salgan. Además, se pidió fotografiar y registrar bienes, por ejemplo, vehículos que lleguen o salgan del lugar.
El juez Rafecas enviará la causa este martes a la Cámara Federal, que esta semana decidirá si el caso se queda en el fuero federal o en el Penal Económico.
La denuncia originaria se presentó el lunes 1° de diciembre en Comodoro Py. Rafecas se declaró incompetente y la envió al fuero en lo penal económico, dado que no hay funcionarios públicos implicados y se trataría de un delito económico, como es el lavado o la evasión.
El juez Javier López Biscayart se declaró incompetente y le devolvió la causa a la justicia federal, previo pedido de la Coalición Cívica de que coloque una custodia policial.
El mismo viernes regresó el caso al juzgado de Rafecas, que le dio intervención del fiscal Ramiro González. El fiscal impulsó la causa y pidió una batería de medidas de prueba para investigar a quienes aparecen como titulares de la casa quinta de Pilar.
Rafecas dispuso el viernes pasado las medidas y ordenó colocar una consigna policial para evitar que se lleven evidencias del lugar, como denunció la Coalición Cívica, sobre la base de testimonios de vecinos. Desde la noche del viernes los uniformados controlan el lugar.
La sospecha de la Coalición Cívica es que la fastuosa casa quinta con helipuerto pertenece a las autoridades de la AFA o está a nombre de testaferros.
Rafecas ordenó peritar y tasar la casona y dispuso investigar a Luciano Nicolás Pantano y a Ana Lucía Conte, como también a la empresa Real Central SRL, mencionados como responsables del inmueble.
Pantano y Conte serían los dueños de Real Central SRL, una empresa que habría adquirido una propiedad, ubicada en Villa Rosa, Pilar, compuesta por dos lotes con una superficie total de 105.384,80 metros cuadrados, según la denuncia de la CC.
Pantano tiene lazos con el mundo del fútbol. Fue presidente de la Asociación Civil Argentina de Futsal y ocupó un cargo en la tesorería del Club Almirante Brown.
Se tratarían de personas con un perfil económico que no se condice con la propiedad adjudicada a Tapia y Toviggino.
La casa quinta cuenta con pista de entrenamiento para caballos, un haras con caballos árabes y pura sangre de carrera y un helipuerto. Además, la denuncia mencionó la existencia de 120 automóviles de colección o de lujo, muchos radicados en Santiago del Estero, patria chica de Toviggino.
El juez no dispuso el allanamiento de la vivienda, ya que no está acreditado un vínculo entre la sociedad y la casa y no hay elementos mínimos para ordenarlo.
El juez le pidió a ARCA un perfil de quienes aparecen como dueños, y a la Inspección General de Justicia (IGJ), que remita toda información sobre la firma Real Central SRL y si surge en sus registros que Pantano y Conte integran alguna sociedad más allá de esta.
El juez quiere saber si los dos investigados, Pantano y Conte, tienen otras propiedades, autos, aviones, o embarcaciones. También quiere conocer sus cuentas bancarias, movimientos de fondos, transferencias, o productos y servicios adquiridos.
El juez levantó el secreto bancario de ambos y le pidió a la Unidad de Información Financiera (UIF) que le informe si existen en su base de datos Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) sobre ellos.
Con respecto a la propiedad, el juez ordenó “un exhaustivo peritaje sobre el inmueble que se individualiza en la denuncia y toda la infraestructura existente en dicho lugar, con objeto de establecer una valuación económica del mismo, conforme los valores actuales del mercado inmobiliario”.
Además, el juez pidió al Cuerpo de Peritos Tasadores de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que designe un perito tasador y lo mismo Colegio de Martilleros y Corredores Públicos del Departamento Judicial de San Isidro.
También solicitó informes sobre Lucas Juan Labbad, otro de los mencionados en la denuncia de la Coalición Cívica. Con respecto a este último se dispuso el levantamiento del secreto fiscal, bancario y bursátil.
El juez pidió además a la Administración Nacional de Aviación Civil que informe si en sus registros obra que en la quinta de Misiones 4097, de Villa Rosa, en Pilar, existe un helipuerto habilitado.
Ana Lucía Conte fue monotributista hasta el año 2012 y que, durante la pandemia, percibió el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) otorgado por la Anses. Posteriormente, la mujer obtuvo su jubilación y quedó registrada bajo la cobertura de PAMI.
En mayo de 2022 pasó a registrarse como trabajadora autónoma con ingresos por un monto irrisorio de $15.000 mil pesos. Ese trámite coincidió en tiempo con su constitución como accionista mayoritaria de la empresa que compró el lote en Pilar, siempre de acuerdo a lo denunciado.
Por su parte, Luciano Pantano figuró inscripto en el régimen simplificado de impuestos, con una facturación anual de $40 millones -como tope- y deudas bancarias registradas hasta septiembre de este año. Para los legisladores que impulsaron la acción penal, resultó inverosímil que una persona con su nivel de ingresos pudiera afrontar la compra de una mansión.
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POLITICA
Kicillof recibió a Pablo Moyano luego de las protestas de Camioneros a los intendentes del Movimiento Derecho al Futuro

El gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, intervino personalmente y mantuvo una reunión en la sede de la Gobernación con el secretario adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, el secretario gremial Marcelo Aparicio, y los referentes sindicales Damián Comas (seccional La Costa) y Miguel Forte (seccional La Plata) tras una serie de protestas impulsadas por el sindicato en La Plata y Villa Gesell. En esos municipios asoman, con diferente proyección, conflictos con trabajadores de las empresas encargadas de la limpieza y recolección de resiudos. Un termómetro que pone en alerta al resto de los jefes comunales y particularmente del peronismo provincial.
El clima de tensión se intensificó luego de que el intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera, dispusiera el cese del servicio de barrido en el centro de la localidad, medida que implicó el despido de cerca de cuarenta empleados de la empresa Santa Elena. En La Plata, se evalúa una reorganización del personal afectado a la limpieza urbana, lo que motivó la advertencia de la seccional local de Camioneros. El gremio sostiene que “no va a haber un solo despido” y reclama la reincorporación inmediata de los trabajadores desvinculados, sobre todo en Gesell. Fuentes del ejecutivo platense aseguraron a este medio que “no hay tal conflicto” y que el único pedido que se le hizo a la empresa -Esur- es que no haya despidos.
Durante la reunión con el gobernador, Moyano expuso la preocupación del sindicato y exigió garantizar la estabilidad laboral de los compañeros en conflicto. Fuentes cercanas al encuentro indicaron que Kicillof se comprometió a buscar una solución urgente y ordenó a los ministros Carlos Bianco (Gobierno) y Walter Correa (Trabajo) conformar una mesa de diálogo con los intendentes y los representantes gremiales. El asunto allí es que el tema no escale a otros distritos. Además, políticamente, también fue un llamado de atención al interior del peronismo, toda vez que tanto el gesellino Gustavo Barrera como el platense Julio Alak son kicillofistas de la primera hora.

En un comunicado posterior al encuentro, Pablo Moyano expresó: “El único compromiso que asumimos es defender los puestos de trabajo, como lo hicimos siempre”. El dirigente agradeció la predisposición del gobernador para atender el reclamo del sindicato, según consta en la comunicación difundida en redes sociales.
Los intendentes argumentan que hay una caída de la coparticipación que reciben los municipios de parte de la Provincia por la caída en la recaudación y que recién en abril recibirán el primer desembolso del fondo prometido por Kicillof por el endeudamiento votado a finales del año pasado en la Legislatura bonaerense. El caso de Gesell parece más complejo, ya que el distrito ni siquiera tiene presupuesto propio porque la oposición no se lo votó. “No podemos pagar más el servicio de barrido. Son veinte cuadras del centro que podemos cubrirlo con el personal municipal”, describieron cerca del jefe comunal. Hasta el cierre de esta nota, desde el Ejecutivo provincial no se habían comunicado con el intendente.
En los actos realizados en Villa Gesell -donde además Pablo Moyano cruzó fuertemente al intendente- Camioneros viene planteando que si se efectivizan los despidos se parará la recolección de residuos en toda la Provincia. Por eso, se sigue con zigilo los movimientos en esta dinámica peronista.

La situación en Villa Gesell también generó posturas encontradas entre el municipio y la empresa concesionaria. Según explicó el gobierno local a Infobae, la rescisión del servicio se ajustó al contrato y la responsabilidad de los despidos recae en la prestadora. El sindicato rechaza ese argumento y exige la reincorporación de los trabajadores afectados.
El gobierno provincial busca evitar una escalada del conflicto y conservar la prestación de un servicio esencial en el territorio bonaerense.
En el caso de La Plata, el conflicto podría desatarse ante la empresa Esur. Días atrás hubo un plenario general del que partició Pablo Moyano. En el gremio hablan de la posibilidad de 150 despidos. “Estamos hablando de más de 150 familias que pueden quedar en la calle de un día para el otro. No lo vamos a permitir”, sostuvo Moyano, quien remarcó que el gremio se encuentra en estado de alerta y movilización.
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POLITICA
Con un sector aliado en alerta, el oficialismo se reunirá con dialoguistas para delinear la agenda del Senado

El oficialismo libertario y la oposición dialoguista aprovecharán una reunión virtual que se consumará esta tarde, desde las 17, para definir la agenda del Senado de cara al mes próximo, con bancadas aliadas que ya revisan la iniciativa que blinda la propiedad privada y algunas dudas de aliados sobre eventuales propuestas sobre corrupción en el Código Penal que el Ejecutivo promete enviar, en algún momento, a Diputados.
La última cuestión, sin el proyecto presentado de manera oficial, se activó por trascendidos que, como suele ocurrir, levantan la guardia de un par de bloques que sí o sí precisa La Libertad Avanza (LLA) en la Cámara alta. “Si es cierto que se revisan penas sobre algunos delitos contra la administración pública, en el sentido de si algunas llegaran a disminuir, estaremos en problemas”, sentenció un referente dialoguista a Infobae.
“Acabo de tener una reunión de trabajo con el Presidente, Javier Milei, en la que hemos decidido avanzar en la redacción de un nuevo Código Penal a la altura de los desafíos actuales. A su vez, en la transición hacia el momento en que tengamos el nuevo Código Penal, trabajaremos junto al Congreso de la Nación en el endurecimiento de penas, la armonización de las mismas y en la incorporación de nuevos delitos tales como: delitos migratorios, estafas piramidales, viuda negra, salideras y ‘entraderas’, motochorro, daño animal, armas en las cárceles, picadas y centralidad sobre las víctimas. También impulsaremos el agravamiento de la pena para: casos de incumplimiento de deberes alimentarios; trapitos; grooming y abuso sexual infantil”, manifestó el martes pasado el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.
Vale recordar que, durante largos meses, un equipo de expertos liderado por Jorge Buompadre, y acompañado por los jueces Mariano Borinsky, María Eugenia Capuchetti y Ricardo Basílico, entre otros, entregó una documento actualizado, detallado y fundamentado a la Casa Rosada para renovar el Código Penal.

Propiedad privada
Tras la ansiedad que generaron las leyes lanzadas por el primer mandatario el 1 de marzo pasado -inauguración de sesiones ordinarias-, el texto sobre propiedad privada ingresó el viernes último a la Cámara alta. Llegó más que completo: modifica normas sobre expropiaciones -antecedente fresco por la victoria en YPF-, barrios populares -se votó durante el macrismo, con amplísimo apoyo-, tierras rurales e incluso la criticada ley de manejo del fuego que Máximo Kirchner impulsó durante la gestión de su “compañero” Alberto Fernández.
“El derecho de propiedad no sólo protege intereses individuales, sino que constituye un presupuesto esencial para el desarrollo económico, la inversión, la previsibilidad y la autonomía personal. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido reiteradamente que la garantía del artículo 17 de la Constitución Nacional no se limita a la titularidad formal del bien, sino que se extiende a su contenido económico, y comprende el uso, el goce y la disposición de éste”, argumentó el Ejecutivo.
Uno de los capítulos resaltó que el Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana (RANABAP), “lejos de lograr su objetivo, luego de más de siete años desde la entrada en vigencia de la ley, tan solo un 0,08% del suelo” a los que “apunta la norma tiene título de propiedad privada, es decir, un número extremadamente bajo”.
Esto implicaría un punto delicado si se considera, cuando se discutió la ley, el “consenso” entre movimientos sociales -el hoy diputado nacional Juan Grabois– hoy criticados por la Casa Rosada, la iglesia y la entonces ministra de Desarrollo Social del macrismo, Carolina Stanley. La nueva ley dinamita varios artículos y aclara que los procesos en curso no se verán afectados.
Para el Manejo del Fuego, en tanto, se reformula el artículo 22 bis y derogan el 22 ter y 22 quater. Los primeros hablan de no tocar tierras -tras incendios- por 60 y 30 años, respectivamente. Ya no aparecen más esos plazos, pero sí otras prohibiciones relacionadas con superficies de bosques nativos, por ejemplo.
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POLITICA
El presidente Milei se reunió con el senador estadounidense Rand Paul y el embajador Peter Lamelas en Casa Rosada

El presidente Javier Milei mantuvo hoy una reunión en Casa Rosada con el senador estadounidense Rand Paul, referente del ala libertaria del Partido Republicano por Kentucky. Participaron también el embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, y el economista Demian Reidel, ex funcionario y colaborador cercano del mandatario.
Durante el encuentro, Milei y Rand Paul, conocido por su defensa de la desregulación económica, consolidaron un diálogo enmarcado en la afinidad ideológica que une al gobierno argentino con sectores libertarios y con la administración Trump.
El senador Paul, hijo de Ron Paul —considerado una figura clave del libertarismo estadounidense—, se ha destacado en el Congreso de Estados Unidos por su exposición ideológica en temas de política exterior y economía. El vínculo entre Milei y Paul se apoya tanto en coincidencias doctrinarias como en el interés del gobierno argentino en fortalecer lazos con referentes del Partido Republicano.

Peter Lamelas, embajador estadounidense en Argentina desde fines del año pasado, mantiene una agenda activa con el oficialismo y ha tenido un rol central en los encuentros bilaterales más relevantes desde la llegada de Milei al poder. Su participación en la reunión refuerza el reconocimiento institucional de Estados Unidos hacia la actual administración.
Por su parte, Demian Reidel dejó la presidencia de Nucleoeléctrica Argentina en febrero, pero conserva una relación de confianza con Milei. Además del trabajo académico conjunto, Reidel fue responsable de coordinar parte de la agenda presidencial con líderes tecnológicos y financieros estadounidenses durante las recientes visitas oficiales a Estados Unidos.
Hasta el momento, no se difundieron detalles oficiales sobre los temas abordados en la reunión entre Milei, Paul, Lamelas y Reidel. Voceros de la Casa Rosada y de la Embajada de Estados Unidos evitaron hacer declaraciones públicas sobre el contenido del diálogo.
Un detalle del encuentro es que en la foto oficial se observó que Milei mantiene en su despacho y sobre el famoso “sillón de Rivadavia” la camiseta de Estudiantes del Plata, el club que preside Juan Sebastián Verón, enfrentado a la conducción de la AFA que lidera Claudio “Chiqui” Tapia.
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