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POLITICA

La política se mueve, pero Milei marca el ritmo

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La dirigencia política no oficialista ha empezado a explorar otros universos y a ensayar nuevos movimientos, pero, por ahora, sigue orbitando en torno de Javier Milei y lo que su gobierno hace, deja de hacer, acierta o falla, tanto en la construcción política como en el plano económico. Solo asoman bocetos que no terminan de plasmarse en una novedosa oferta concreta.

La conformación de una coalición, con propósitos difusos, formada por cinco gobernadores de cuatro espacios políticos diferentes, que hasta hace muy poco se caracterizaban por su conducta amigable con el Gobierno, refleja esa realidad. Tanto como la compleja conformación de alianzas claves en la ciudad de Buenos Aires, todavía sin definiciones ciertas entre La Libertad Avanza y el macrismo, cuando faltan solo cuatro días para que venza el plazo de inscripción de frentes.

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En uno y otro caso, todos los actores y sus actos reafirman que el mazo lo tienen los hermanos Javier y Karina Milei y en los dos escenarios se expresa más una pulseada por restarle potencia a ese predominio que un intento serio por disputarle el control. Al menos, por ahora.

La presentación de la entente de los mandatarios Martín Llaryora (PJ-Córdoba), Maximiliano Pullaro (UCR-Santa Fe), Ignacio Torres (Pro-Chubut), Carlos Sadir (UCR-Jujuy) y Claudio Vidal (Energía para Transformar Santa Cruz) apunta a un armado electoral defensivo en cada territorio tendiente a preservar capacidad de acción frente al Gobierno en su demanda de recursos, defender sus intereses locales y mantener su representación en el Congreso de la Nación. No buscan dar (todavía, al menos) un salto a la escaal y ni siquiera regional.

El pronunciamiento hecho público al momento de aparecer en sociedad expone lo amplio y difuso de sus objetivos, que los llevan a asemejarse a un grupo de presión antes que asomar como un factor de poder. En todos los casos, el solapamiento de electores que apoyan a los gobernadores en la dimensión provincial y sostienen o han votado a Milei en el ámbito nacional constituye la base del dilema que enfrentan los mandatarios. Complejo equilibrio.

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“Lo novedoso de los cinco es que no es una nueva liga de gobernadores o una fuerza electoral interprovincial, sino que se parece más a la conformación de un gremio para reclamar a la Nación y defenderse en sus territorios”, acierta el politólogo y consultor Gustavo Marangoni.

No puede negársele sinceridad al flamante agrupamiento al momento de la elección del nombre. Ni “Alianza”, ni “Fuerza”, ni “Compromiso”, ni “Frente”. Llamarlo “Un grito federal” es toda una admisión de que se trata, al menos por ahora, de un intento de llamar la atención, de ser escuchados, de una advertencia. Momentánea, coyuntural.

Según el Diccionario de la lengua española de la Real Academia, el grito es, en su primera acepción, “voz muy esforzada y levantada”, en la tercera acepción señala que es la “manifestación vehemente de un sentimiento colectivo”. Si no hay dudas de que fue una “manifestación vehemente”, igual de claro es que el “sentimiento colectivo” es el temor a que el futuro sea para este quinteto más complicado que el presente si el oficialismo se consolida no solo en el plano nacional, sino también en sus provincias. Es lo que los obligó a apurar sus planes.

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Al margen de sus muchas diferencias de orígenes y proyectos, los cinco tienen algunos puntos en común que permiten explicar su confluencia. Todos son gobernadores jóvenes, en la mitad de su primer mandato, de perfil moderado o centrista. Ninguno tiene una representación nacional que los contenga y esté en condiciones de defender sus intereses y amplificar sus demandas.

Por todo eso, en la primera etapa de la era mileísta todos se habían mostrado amigables y colaborativos con el gobierno nacional a la espera de una reciprocidad que les permitiera consolidarse y ahora ven que no les ha llegado en muchos planos.

La mayoría argumenta, contra la prédica mileísta, que lejos de ser gastadores compulsivos ellos han hecho tanto o más ajuste en sus gastos que el que hizo la Nación, mientras esta retacea recursos que les corresponden.

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Es el caso de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), que la Casa Rosada y el Ministerio de Economía administran con la misma discrecionalidad que los más arbitrarios gobiernos que precedieron al mileísmo. Por eso, el Senado dio media sanción a un proyecto para regular su distribución.

Otro tanto ocurre con las obras públicas de las que la administración mileísta se desentiende, al tiempo que justifica el deterioro de la infraestructura en la herencia recibida, sin hacerse cargo de lo acumulado en los últimos 19 meses. Para explicar que no haya más accidentes viales que los que ya suceden en las rutas nacionales solo cabe recurrir a la fe.

A la mezquindad se le sumaría la ineficiencia de la gestión. “No solo el gobierno nacional no hace las obras, sino que cuando reclamás que te las transfieran para poder hacerlas o terminarlas nosotros, tardan una eternidad en responder, si es que lo hacen, como si fuera ayer que llegaron al gobierno”, dice uno de los mandatarios, con el que concuerdan algunos más que los otro cuatro “gritones” y muchos intendentes de varias provincias.

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Ese combo tiene un efecto demasiado riesgoso para los gobernantes subnacionales. Sus administraciones son la primera ventanilla de queja para los ciudadanos de las provincias y los municipios que demandan soluciones. Más cuando muchos de ellos encuentran que el gobierno nacional satisface una de sus demandas más acuciantes, como es la baja de la inflación, y coinciden con la prédica de la baja del gasto público, hartos de que el Estado les saque o los complique más de lo que les provee o les soluciona.

A eso se agrega el impacto negativo en la actividad económica de esas provincias que están generando el ajuste y, hasta ahora, la apertura importadora, impulsada por el atraso cambiario que se registraba hasta el nuevo salto de la cotización. La Casa Rosada y las provincias manejan números muy distintos respecto de la recaudación y el empleo. Así la inminencia de las elecciones se ha convertido en un precipitador de novedades que no estaban en carpeta.

Estos cinco gobernadores, al igual que varios otros que miran con simpatía el ensayo, pero por diferentes razones están imposibilitados de sumarse o de ser aceptados, debieron cambiar sus planes ante esta realidad.

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Ninguno de ellos pretendía asomar la cabeza fuera de las fronteras de sus provincias en su primer mandato. Menos, por ejemplo, el santafesino Pullaro, luego de imponerse en la elección de constituyentes para reformar la carta magna provincial y poder aspirar a un segundo turno que originalmente tenía vedado.

En el calendario de todos ellos la fecha resaltada era octubre de 2031. Allí apuntaban sus aspiraciones nacionales. La única excepción admitida a medias era la del precoz Ignacio Torres, el más joven de todos, que nunca ocultó su intención de proyectarse nacionalmente y lo hizo desde el primer día de su mandato. Para bien o para mal, ya no está solo en esa senda.

Como se ve, la conformación de este espacio político-gremial es menos producto de la voluntad de los gobernadores que fruto de las decisiones de gobierno de Milei y de las construcciones político-electorales de su hermana Karina, quien con el objetivo de la reelección presidencial en 2027 prefiere romper puentes sin reparar en efectos no deseados.

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Tal vez, el Presidente debiera revisar a qué mujer de su propio espacio político le corresponde más responsabilidad por la rebelión parlamentaria que él le adjudica a “la traidora” Victoria Villarruel. Ya antes de los últimos avances de proyectos que desafían el nuclear superávit fiscal, el (¿ex?) supergurú Santiago Caputo advertía sobre las consecuencias de la táctica electoral karinista.

“Hace cuatro meses teníamos un solo adversario en serio en el Congreso y menos de 600 puntos de riesgo país. Hoy tenemos cada vez más legisladores que nos desafían y superamos los 700 puntos de riesgo, aunque seguimos teniendo la inflación controlada, el superávit intacto, el apoyo de Estados Unidos y logramos el acuerdo con el FMI”, decía Caputo, el asesor. Lo solía repetir en conversaciones reservadas en las que no solo se cuidaba de mencionar a la hermanísima, sino que insistía en que con ella tenía la mejor de las relaciones, aunque admitía que por debajo de ambos abundaban los conflictos, entre sus influencers de Las Fuerzas del Cielo y los heterogéneos territoriales de Karina.

A esos desajustes y daños colaterales les temía y les teme más el gurú libertario que a la potencialidad electoral de los adversarios. El riesgo es que la combinación de los efectos no deseados de las medidas de gobierno con los intentos de intrusión en territorios “amigos” pueda tener consecuencias mayores.

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Por ahora, todo sigue dependiendo del Gobierno, un colectivo que no es demasiado amplio y que padece divisiones internas. Pero que en su favor cuenta con atributos únicos. En especial, un conductor determinado como pocos para seguir su hoja de ruta e indiscutido en su liderazgo como ninguno, que ha logrado fijar varios mojones de éxito, sin que nadie asome en condiciones de ofrecer un trayecto alternativo y más atractivo. Para octubre de 2025 parece sobrarle si no comete más errores no forzados ni la realidad internacional le trae complicaciones. Nada para descartar.

De la superioridad de su espacio es de lo que está convencida la secretaria general de la Presidencia, para no atender advertencias. De ahí la tensión para terminar de cerrar un acuerdo con el macrismo en la ciudad de Buenos Aires, cuando no falta nada para inscribir las alianzas.

El objetivo de quedarse con el bastión porteño amarillo en 2027, sin socios minoritarios con los que compartir poder (y caja), no empezó ahora, pero avanza a paso redoblado. Por eso, solo le ha ofrecido migajas, que es lo que cree que merece y vale hoy Pro.

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El macrismo fragmentado aun al interior de la propia familia fundadora sigue sin encontrar un rumbo. Hasta el instinto de supervivencia da señales de fatiga. Las próximas 72 horas serán decisivas. No solo para Pro, sino para otros espacios como los exsocios del extinto Juntos por el Cambio, que, si bien no volverían a ser socios como antes, podrían conformar una UTE (unión transitoria de empresas) para los comicios de octubre.

El renovado empoderamiento del mutifacético empresario del juego Daniel Angelici deja abierta las puertas para varias martingalas. Su diversidad de vínculos, que van desde la relación con el vicepresidente del Banco Nación, Darío Wasserman, esposo de Pilar Ramírez, el brazo (y algo más) del karinismo porteño, hasta la dirigencia que controla el radicalismo local, su partido de origen, le permiten manejar el sabot. Aunque, como en otros de sus negocios, no es el único dueño y ni siquiera el accionista mayoritario. Pero a él le basta con no quedar de punto, aunque algunas de sus amistades se vean obligadas a hacer apuestas riesgosas y salgan perdidosas de sus mesas.

Otra demostración de que la dirigencia política no oficialista ha empezado a moverse, aunque el ritmo lo sigue marcando Milei. Hasta cuando se equivoca, emprende disputas innecesarias o le tocan semanas turbulentas. Pero siempre es por ahora.

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Claudio Jacquelin,Javier Milei,Conforme a,Javier Milei,,Análisis. Milei se juega la reelección en octubre,,En pleno clima electoral. Milei firmó tres vetos totales y confía en que la oposición no podrá revertirlos en el Congreso,,“La casta está instalada en el Gobierno”. Un gobernador apuntó contra el oficialismo y lo acusó de repartir “fondos para amigos”

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El Gobierno desmiente a Victoria Villarruel, redobla las críticas y le reclama alineamiento político

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La tensión abierta entre el presidente Javier Milei y la vice Victoria Villarruel escaló en las últimas horas, cuando la titular del Senado reveló a través de un mensaje de X que el Gobierno quiere su renuncia, pero que no dará el brazo a torcer. A horas de la publicación, en Casa Rosada desmienten la posibilidad, pero redoblan las críticas al sostener que Villarruel “no hace bien” su trabajo.

“Lo único que queremos es que haga su trabajo. Empujar y defender la agenda del Gobierno en el Senado. Para eso la votaron y no lo hace”, sentenció una importante voz con acceso al despacho presidencial a Infobae. Es que, pese a no considerarla parte del Gobierno, en Balcarce 50 descartan promover una salida anticipada de quien supo ser la exitosa compañera de fórmula del libertario.

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Luego de varios meses de sufrir la marginación del Poder Ejecutivo, Villarruel, quien vio como el propio Milei le acusaba en vivo de querer atentar contra su presidencia, en medio del discurso que pronunció en el Congreso Nacional el pasado domingo para inaugurar formalmente el año legislativo, decidió responder los dardos que, en esa oportunidad, propició el diputado Luis Petri. “Cuando el Presidente habla de aquellos que desde la oposición o el Gobierno se relamían por sentarse en el sillón de Rivadavia, hacía alusión a una Vicepresidenta que no estuvo a la altura de las circunstancias”, aclaró el exfuncionario en declaraciones televisivas.

Inmediatamente, pero a través de las redes sociales, la titular del Senado recogió el guante y se hizo eco de los cuestionamientos. “Quieren mi renuncia, pero no se les va a dar. Hasta el 10 de diciembre ocupo con honestidad mi cargo. Al que no le gusta, vota lo que quiere en el próximo turno”, sentenció junto a una serie de críticas contra el radical que lideró el Ministerio de Defensa, uno de los cargos que le habían prometido a ella antes del 10 de diciembre de 2023.

La titular de la Cámara de Senadores, Victoria Villarruel (REUTERS/Matias Baglietto)

El día después del tenso cruce, un integrante de la mesa política tomó distancia de los dichos de Petri, pero admitió que las diferencias con Villarruel son irreconciliables, al tiempo que remarcó que no hay intenciones de correrla de su rol antes del 2027. “No tiene la más mínima gota de dignidad. ¿Si me gustaría tener un Vice alineado, que defienda las políticas del Presidente en Senado? Sí, claro. Ahora, ¿eso se traduce en que vamos a promover la renuncia? Por supuesto que no”, enfatizaron ante Infobae.

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Lo cierto es que en el corazón de la administración libertaria aseguran que el eje del conflicto surgió en diciembre de 2023, cuando Villarruel “repartió” cargos en las carteras que el mandatario le había prometido con otras fuerzas. Por esta razón, y a raíz de la constante intención de la Vicepresidenta de desmarcarse de la política del Gobierno es que analizan nuevas opciones para acompañar a Milei en su aventura reeleccionista.

“Necesitamos un perfil puro. Alguien que garantice la continuidad del modelo”, se sinceró un alfil que está en tema. Con mucho tiempo para la definición, cobra fuerza el nombre del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que responde directamente a Javier y Karina Milei, y en segunda instancia el de la titular de bloque libertario en la Cámara de Senadores, Patricia Bullrich, aunque hay quienes la resisten.

En el mientras tanto, sobran los embates de la administración libertaria contra la titular del Senado, a la que acusan de levantar el perfil y profundizar sus críticas porque “quiere fama”. “Está bien. Es peronista, con ansias de poder y antiliberal”, la definieron el día después de que la abogada se mostrara junto al gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, uno de los principales opositores de la Casa Rosada.

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La vicepresidenta Victoria Villarruel junto al gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela

La respuesta del entorno de Villarruel se repite frente a todas las acusaciones que le machacan en Balcarce 50: “Es la más institucionalista de todas”. Bajo esa expresión intentan justificar la foto con el mandatario provincial riojano, que se acumula a otras tantas con representantes de las provincias, y su desempeño en la Cámara de Senadores.

“El Vice es parte del binomio electo para gobernar el país. Por eso no tiene capacidad para evitar una sesión de mayoría. Vulneraría el principio de división”, supo explicar la propia Victoria a Bullrich, luego de que la acusara de ser funcional al kirchnerismo por habilitar la sesión en el Senado de proyectos vinculados a jubilaciones y discapacidad en julio de 2025.

De esta forma, en la Cámara Alta diferencia la figura de la Vicepresidenta del titular de Diputados, lugar que ocupa actualmente Martín Menem, quien integra la bancada y sostienen que el mote de “golpista” que acuñó públicamente Petri debe estar sustentado por pruebas. “Victoria es intachable. Es algo que podría terminar en la justicia”, deslizaron.

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POLITICA

Rechazaron una apelación de D’Onofrio y confirmaron su procesamiento por lavado de dinero

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La Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín confirmó ayer el procesamiento del exministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Jorge D’Onofrio, por presunto delito de lavado de activos de origen ilícito, agravado por su carácter de funcionario público.

Se trata de una causa que se deriva de la investigación contra D’Onofrio por maniobras con gestores informales que, supuestamente, habían armado un esquema paralelo de eliminación de fotomultas a cambio de un pago de dinero, trama que incluye también la pesquisa sobre la empresa que brindaba el servicio de turnos y logística para la Verificación Técnica Vehicular (VTV), que cobraba el 8% de cada verificación y tenía como titular a una persona que sería militante de la estructura política de D’Onofrio en el distrito de Pilar.

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En noviembre del año pasado, el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, había procesado a D’Onofrio por el delito de lavado de dinero y le había trabado un embargo por $350.000.000. En el mismo fallo, el magistrado había procesado también (con un embargo de $300.000.000) a Facundo Asencio, exdirector de Fiscalización y Control de la VTV, que fue desplazado de ese cargo hace poco más de un año, cuando asumió el reemplazante de D’Onofrio en el ministerio, Martín Marinucci, un dirigente del Frente Renovador, al igual que D’Onofrio. El procesamiento de Asencio también fue confirmado por la Cámara de San Martín, integrada en su Sala I por los jueces Juan Pablo Salas, Marcelo Fernández y Marcos Morán.

Al dictar los procesamientos, González Charvay había indicado, entre otros puntos, que Asencio se manejaba como “testaferro” del exministro. Individualizó la compra de una camioneta Audi Q8, dominio AE554ZD, que estaba a nombre de Asensio pero era utilizada por D’Onofrio. “Asencio actuó como interpuesto registral o testaferro, ocultando la verdadera titularidad del rodado y disimulando el patrimonio real de D’Onofrio”, había subrayado el juez federal de Campana en noviembre pasado.

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Además, el juez federal había planteado que, para justificar la supuesta compra del vehículo, Asencio aportó un contrato de mutuo por $30 millones con la firma “Los Altos de Don Carlos Emprendimiento Inmobiliario SA”, creada para la ocasión y puesta a nombre de sus padres.

Los abogados Ramiro y Juan Isidro Pérez Duhalde (de D’Onofrio) y Griselda Cecilia Toscano (de Asencio) apelaron el fallo de González Charvay, con argumentos como “la falta de motivación suficiente del decisorio” y “la arbitrariedad en la valoración de la prueba reunida”.

La camioneta Audi Q8, dominio AE554ZD, a nombre de Asencio pero utilizada por D’Onofrio

“La sola existencia de una cédula azul extendida a favor de D’Onofrio, así como el pago del Telepeaje por su parte, no constituyen elementos suficientes para tener por acreditada la titularidad real del vehículo en cuestión”, argumentaron los abogados en el recurso rechazado.

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Según consta en el fallo de la Cámara de San Martín, al que tuvo acceso , los representantes de D’Onofrio y Asencio consideraron que es legítimo “el contrato de préstamo con la firma Los Altos de Don Carlos SA” y señalaron que “no se encuentra descripto ni acreditado en el auto atacado el delito precedente requerido”.

Los abogados cuestionaron también “la utilización de la póliza de seguro como parámetro idóneo para establecer el precio real de la operación” porque, afirmaron, “los valores allí consignados suelen encontrarse sobrevaluados”.

D’Onofrio, en un acto con Kicillof; renunció al ministerio a fines de 2024

Los representantes legales de D’Onofrio, además, remarcaron que el caso debía investigarse en la justicia provincial porque “no hay afectación a bienes jurídicos federales” y porque “el procesamiento vulnera el principio de organización federal”.

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En su fallo, los jueces de Cámara marcaron que “de las constancias del sumario surge que la mencionada sociedad [por Los Altos de Don Carlos] no registra actividad verificada y que los domicilios denunciados ante los organismos oficiales no se corresponden con un funcionamiento efectivo”. Añadieron que D’Onofrio y Asencio declararon y “brindaron distintas explicaciones en torno a la suscripción del sistema de peaje y al uso de la camioneta”.

La decisión de González Charvay, concluyeron los camaristas, “no se trata de una inferencia conjetural ni de una apreciación subjetiva, sino de una conclusión fundada en una valoración integral, lógica y concordante del plexo probatorio reunido”.

D’Onofrio, cuando era ministro, con integrantes de su equipo que fueron desplazadosX

“Las explicaciones brindadas por Asencio para justificar la diferencia entre el valor declarado de adquisición y el monto por el cual fue asegurado el rodado carecen de corroboración en elementos objetivos incorporados al sumario, más allá de sus propias manifestaciones, las que, en tales condiciones, resultan insuficientes para desvirtuar las conclusiones alcanzadas”, remarcaron los jueces. “Sebastián Berterretche -quien adquirió posteriormente el vehículo- declaró que la camioneta se encontraba publicada en la suma de cien millones de pesos y que, tras formular una oferta, la compró por un monto apenas inferior a los ochenta millones -$77.310.000-”, añadieron.

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Sobre la falta de acreditación del delito previo al lavado de dinero que plantearon los abogados de los procesados, los camaristas argumentaron que “no se exige, en modo alguno, la corroboración judicial del hecho delictivo previo, mediante una sentencia firme, ya que solamente basta para cumplir la exigencia objetiva tener por acreditado que los bienes objeto del caso proceden de hechos susceptibles de ser calificados como delitos o que poseen un origen delictivo, siendo suficiente la relación de los imputados con actividades delictivas”.

Ahora, los abogados de D’Onofrio y Asencio recurrirán el a la Casación para intentar que se revoquen los procesamientos. Según pudo saber de fuentes cercanas al exfuncionario, plantearán que algunos testigos incurrieron en falso testimonio. Además, insistirán en que la acusación por lavado “solo se circunscribe a una camioneta de la cual él tenía cédula azul”. En el entorno de D’Onofrio sostienen que ya se demostró que otras acusaciones no tenían asidero y que, por eso, el juez dictó sobreseimientos en puntos de la investigación vinculados con los allanamientos que se realizaron a principios de 2025 en el Sheraton de Pilar, una peluquería y una financiera.


delito,había procesado,fue desplazado,Javier Fuego Simondet,Jorge D’Onofrio,VTV,Lavado de activos,Conforme a,Jorge D’Onofrio,,Denuncias cruzadas. Tapia acusó de “extorsión” a los dirigentes de la Coalición Cívica y también apuntó contra un empresario,,En la Justicia. Un custodio de Yofe declaró que el denunciante de la AFA “revoleó” su celular al mar tras el allanamiento,,Con un embargo millonario. Procesaron al ex ministro de Transporte bonaerense Jorge D’Onofrio por lavado de dinero

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Tras la ratificación del acuerdo con la UE, el Gobierno activa negociaciones para quedarse con las mejores cuotas de exportación

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Cuando en enero se firmó en Asunción el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur comenzó una carrera silenciosa pero intensa en cada uno de los países del bloque sudamericano. El objetivo es claro: acelerar la ratificación parlamentaria para llegar antes a la instancia en la que se definan y negocien las cuotas de exportación por producto.

El acuerdo establece cupos para las exportaciones sudamericanas hacia los países europeos. Esas cantidades no quedarán automáticamente asignadas, sino que deberán negociarse a través del propio bloque europeo y también mediante conversaciones bilaterales entre los Estados interesados. Esa instancia abrió una puja anticipada dentro del Mercosur.

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Desde el momento de la firma, los sectores que buscan ampliar sus ventas al Viejo Continente comenzaron a trabajar en la Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil para que los congresos aceleren la aprobación. La lógica es adelantarse y asegurarse una porción relevante de los cupos previstos.

Todos los países miembros tendrán posibilidades de exportación, pero puertas adentro del Mercosur ya se perfila otra discusión: la distribución interna de los beneficios. A algunos les interesa obtener una mayor cuota de exportación de determinado producto por sobre otro, lo que podría derivar en intercambios entre los negociadores del bloque.

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En la Argentina, el impulso más fuerte provino del sector agropecuario. Desde allí se trabajó durante meses para que el Congreso avance rápidamente con la ratificación y deje el acuerdo listo para su entrada en vigencia provisoria por parte del país. La urgencia no es solo formal: el momento en que cada Estado complete su trámite interno puede incidir en el posicionamiento posterior en la negociación de los cupos.

Mientras tanto, del lado europeo también hay expectativas concretas. La Unión Europea prevé que sus exportaciones al Mercosur aumenten hasta un 39%, un dato que anticipa impactos en distintos sectores productivos de la región. En Sudamérica, uno de los rubros más sensibles es el automotor, ya que el acuerdo contempla la eliminación de aranceles para la importación de vehículos de pasajeros en un plazo de 15 años. También aparecen como áreas desafiadas las de químicos, laboratorios y maquinaria.

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La Unión Europea prevé que sus exportaciones al Mercosur aumenten hasta un 39%. (Foto: Reuters)

Entre la dirigencia política y el empresariado sudamericano predomina una expectativa: que los efectos negativos que puedan registrarse en el corto plazo se compensen —e incluso se reviertan— en el largo plazo. La apuesta está puesta en una mayor apertura comercial y en un aumento de la competitividad derivado de ese proceso.

Sin embargo, la implementación del acuerdo no se limita a la cuestión arancelaria. Uno de los capítulos centrales es el ambiental. La Unión Europea exigió la incorporación de protocolos y regulaciones que, en algunos casos, requerirán adecuaciones por parte de los países del Mercosur. Se trata de normas que no siempre estaban presentes en la legislación o en la práctica regional.

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Fuentes consultadas por TN coinciden en que este apartado ambiental fija un marco de compromisos que condiciona la política futura. En el caso argentino, señalan que ese capítulo “entierra por completo” la posibilidad de retirarse de los Acuerdos de París, una alternativa que en algún momento había sido mencionada por el presidente Javier Milei.

Así, mientras los congresos nacionales debaten la ratificación, la discusión de fondo ya está en marcha. El “apuro” no responde solo a una cuestión de calendario legislativo, sino a una carrera estratégica por llegar mejor posicionados a la mesa donde se definirán las cuotas y, en definitiva, el reparto concreto de los beneficios del acuerdo.

Acuerdo Mercosur UE, MERCOSUR, Unión Europea, exportaciones

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