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POLITICA

La politóloga Andrea Castagnola analizó el proyecto de reglamento para la elección de jueces que presentó la Corte Suprema

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En una entrevista con Andrea Castagnola durante el programa Infobae al Regreso, la politóloga analizó en detalle el nuevo reglamento que la Corte Suprema impulsa para elegir jueces en Argentina.

En el estudio junto a Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos, Matías Barbería y Mica Mendelevich, Castagnola consideró que la propuesta “tiene muchos aspectos positivos”, aunque advirtió sobre puntos que aún generan controversia. “El examen se volvió algo muy discrecional, inclusive el tema de las preguntas, se rumoreaban que las preguntas ya se iban circulando antes. Lo que propone la Corte es hacer dos exámenes escritos, uno anónimo y automatizado con inteligencia artificial, y otro también anónimo similar al anterior”, puntualizó.

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La Corte Suprema propone exámenes anónimos y menos discrecionalidad

Castagnola remarcó que el nuevo reglamento plantea una innovación clave: “Actualmente, la comisión que hace el examen es la que lo corrige. La propuesta que hace la Corte es: tengamos una comisión que hace el examen y otra comisión diferente que lo corrige”. Además, señaló la intención de crear concursos anticipados para reducir los tiempos y evitar la acumulación de vacantes: “La duración reglamentaria tendría que ser máximo nueve meses, pero duran tres, hasta inclusive siete años”.

El nuevo esquema introduce un primer examen múltiple choice, corregido de manera automatizada y anónima, seguido por una segunda instancia escrita. “Uno de los aspectos interesantes es la utilización de inteligencia artificial y la anonimización de las pruebas para evitar filtraciones y favoritismos”, indicó la politóloga.

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Límites a la entrevista y transparencia en la selección

El debate se centró en la fase de entrevistas, históricamente señalada como espacio de discrecionalidad. Castagnola explicó: “La parte de la discrecionalidad entra muy fuerte en la parte de la entrevista. Lo que propone la Corte Suprema es que la entrevista sea solamente el 10% del puntaje final”. Aclaró que hoy ese porcentaje no está regulado y puede modificar el orden de mérito de manera arbitraria.

Insistió en la importancia de establecer parámetros objetivos y transparencia: “Que la entrevista sea transmitida y que se pueda ver, que no sea puertas adentro y que no quede, al fin y al cabo, en una reunión informal de café o negociaciones”. Para Castagnola, la oralidad es insustituible en la evaluación de futuros jueces, pero debe estar sujeta a reglas claras y control público.

El nuevo reglamento de la Corte Suprema no resuelve el bloqueo político en las designaciones de jueces, pero avanza en transparencia y control de los concursos judiciales (Infobae en Vivo)

Vacantes, discrecionalidad política y la urgencia de la reforma

La especialista advirtió sobre la consecuencia de la parálisis en las designaciones: “Hoy en día, el 37% de los juzgados nacionales y federales están vacantes. Porque el presidente no eleva ninguna terna al Senado. No existe el consenso político en ver quién va en qué lugar y termina siendo funcional el vaciamiento de la justicia en cierto punto”. Explicó que si bien el nuevo reglamento busca agilizar concursos, “no resuelve el cajoneo político que está en el Poder Ejecutivo, que decide elevar o no una terna, que también sucede con fiscales”.

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Para Castagnola, la propuesta de la Corte avanza en reducir la discrecionalidad política, pero queda el desafío de efectivizar los nombramientos y transparentar todas las etapas del concurso. Concluyó que la sociedad civil y los académicos exigen cambios urgentes, mientras el debate sigue abierto en el Consejo de la Magistratura: “El consejo mismo es el que regula su propio funcionamiento. Se necesita mayoría calificada de dos tercios para aprobar modificaciones”.

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POLITICA

Temen dilaciones: La Corte quiere apurar en el Consejo los cambios en el sistema de selección de jueces

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El proyecto de la Corte Suprema para modificar el proceso de selección de jueces inició esta semana su camino dentro del Consejo de la Magistratura al ser girado, como un expediente más, a la Comisión de Reglamentación, la primera parada de muchas.

El tratamiento ordinario que recibió la iniciativa generó malestar entre los impulsores. Esperaban una mejor recepción y una mayor agilidad en el trámite.

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Desde su presentación, el proyecto recibió amplias expresiones de respaldo, ya que limita la inicidencia de la política en la elección de jueces y reduce los márgenes de arbitrariedad.

La iniciativa fue firmada por dos de los ministros de la Corte, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, e introduce modificaciones en distintas instancias del proceso, pero recalibra, especialmente, el peso que tienen las entrevistas personales, una instancia cuestionada que, en palabras de Rosenkrantz, se utiliza para “reescribir el orden de mérito” de los candidatos.

Los efectos de esa “discrecionalidad” quedaron a la vista en la ventana hacia el pasado que abrió el lunes el envío al Senado del pliego de Emilio Rosatti, hijo del ministro de la Corte Horacio Rosatti. Tal como contó , en parte gracias a los puntos que ganó en la entrevista personal, Emilio Rosatti saltó del cuarto al primer lugar en ese ranking de mérito.

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Horacio Rossatti preside la Corte y el ConsejoEnrique García Medina

Rosatti, presidente del máximo tribunal, no firmó la acordada, aduciendo que él también preside el Consejo, donde debe debatirse la iniciativa. Sí participó de su presentación, el lunes, en una ceremonia de gran pompa judicial en el Palacio de Tribunales.

El nuevo reglamento apunta a poner nuevos límites al Consejo -donde se inicia el proceso de selección de jueces- para “limitar la injerencia” de la política. Dispone, por ejemplo, que los concursos se realicen con un banco de preguntas que se corregirá mediante un multiple choice o que las entrevistas personales solo puedan dar puntos al candidato con un límite del 10%.

“Nos sentimos obligados a promover la iniciativa por una necesidad imperiosa de mejorar el procedimiento de selección de magistrados”, dijo Rosenkrantz, el lunes, durante la presentación.

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Carlos Rosenkrantz en el acto de Presentación del Proyecto de Reglamento para la Selección de Magistrados del Poder Judicial de la NaciónCSJN

Respecto de las entrevistas personales, el ministro sostuvo que son una fuente permanente de queja “en los aspirantes serios”, que alteran el orden de mérito “sin parámetros claros ni límites cuantitativos”.

Los caminos

“Si lo dilata [al proyecto de la Corte dentro del Consejo], va a estar deshonrando el mandato que le impartieron como presidente de la Corte y por ende del Consejo”, dijeron respecto a Rosatti en una de las vocalías de la Corte.

El malestar surge porque la acordada mayoritaria de la Corte no recibió un trato especial y ahora la iniciativa podría iniciar una larga peregrinación entre escritorios del Consejo y entremezclarse con otros proyectos similares.

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“Dependerá de cómo se trabaje en las comisiones”, advierte una fuente del órgano respecto a los tiempos, que son inciertos.

Es que el texto deberá tratarse primero en la Comisión de Reglamentación -hay una reunión prevista para el jueves- y luego en la de Selección; recoger allí sus dictámenes, para después sí recalar en el pleno del Consejo. Compite junto a otra docena de proyectos orientados en el mismo sentido, que no han logrado grandes avances en el último año.

Carlos Rosenkrantz, Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti en el actoCSJN

Formalmente, había al menos dos caminos alternativos al que se tomó: llevar la propuesta directamente al plenario previsto para el próximo 14 de abril y tratarlo “sobre tablas”, lo que requiere para su aprobación una mayoría agravada; o buscar darle un dictamen sin retoques profundos en una comisión conjunta, integrada por las de Reglamentación y de Selección.

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Ninguna de las alternativas contaba con apoyo suficiente, en parte porque cualquiera de ellas habría sido abrirle la puerta del Consejo de par en par a la Corte.

Algunos constitucionalistas mostraron reparos en la forma en que la Corte presentó la iniciativa. Andrés Gil Domínguez sostuvo en redes que “la CSJN no quiso intervenir ‘lateralmente’ en el debate, sino que dotó al texto de una investidura institucional reforzada, con pretensión de autoridad y de irradiación sobre todo el sistema judicial argentino”.

El volumen que ganó el asunto, habiendo tantos otros proyectos en el Consejo, produjo en algunos consejeros la sospecha de que en el fondo del proyecto se libra una batalla interna de la Corte, que tuvo en este tema un realineamiento, con Rosenkrantz y Lorenzetti en la misma vereda.

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Aún aquellos que ven con buenos ojos volver a sopesar el peso de las entrevistas defienden el camino adoptado por el Consejo, afirmando que es el habitual y respeta el “procedimiento interno”.

Las mismas fuentes del Consejo, sin embargo, reconocen amplios márgenes de mejora posibles. Es que no solo las entrevistas han quedado ensombrecidas en distintos concursos, sino también los exámenes escritos, cuyo contenido no se publica.


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Reino Unido cuestionó el respaldo de Bolivia a la Argentina por Malvinas y Cancillería reaccionó

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Luego de que el embajador del Reino Unido en Bolivia repudiara un acto oficial del gobierno del presidente Rodrigo Paz donde reafirmaba la soberanía argentina en las Islas Malvinas y el Ejecutivo del país del altiplano sostuviera su postura, la Cancillería agradeció el apoyo de Paz en la disputa.

En el comunicado oficial, el Gobierno agradeció el “histórico y valioso respaldo” de Bolivia a los derechos soberanos sobre las Malvinas, así como sobre las islas Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. En esa línea, remarcó que la cuestión debe ser abordada como un caso de colonialismo pendiente de resolución mediante el diálogo bilateral.

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La Cancillería sostuvo que la disputa debe resolverse a través de negociaciones entre la Argentina y el Reino Unido, en línea con lo establecido por resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Además, cuestionó la postura británica de apelar al principio de libre determinación de los pueblos, al considerar que no resulta aplicable al caso Malvinas.

El Presidente Javier Milei junto al Presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira. (Foto: Presidencia)

Según el texto, no existe allí un pueblo colonizado con derecho a decidir su estatus, sino una población implantada tras la ocupación británica de 1833. En ese marco, el Gobierno argentino volvió a rechazar la validez del referéndum realizado en 2013 en las islas, al entender que no modificó la situación jurídica de la disputa.

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El comunicado también subrayó que la causa Malvinas trasciende el ámbito nacional y constituye una cuestión de carácter regional, respaldada de manera sostenida por países de América Latina en distintos foros internacionales. Entre ellos se mencionan espacios como la OEA, el MERCOSUR y la CELAC, donde se ha reiterado el apoyo a la posición argentina.

Finalmente, la Argentina reafirmó su disposición a retomar negociaciones bilaterales con el Reino Unido con el objetivo de alcanzar una solución pacífica y definitiva al conflicto de soberanía, conforme al marco establecido por las Naciones Unidas.

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La postura del embajador británico en Bolivia

El Embajador de Reino Unido en Bolivia, Richard Porter, calificó como “decepcionante e inaceptable” la posición de la Cancillería boliviana sobre las islas Malvinas, que reafirmaron su postura en favor de Argentina respecto a la cuestión de la soberanía de las islas.

“Las islas Falkland (en inglés) son británicas, su soberanía no está en cuestión. En 2013, sus habitantes expresaron libre y democráticamente su voluntad en un referéndum, el 99,8% votó por seguir siendo británicos”, aseguró en un video que publicó en redes sociales.

En ese sentido, remarcó que la declaración de la Cancillería de Bolivia “constituye una intervención profundamente decepcionante e inaceptable en los asuntos soberanos del Reino Unido”.

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En tanto, el gobierno trasandino retrucó: “Bolivia reafirma que su política exterior se rige por los principios y propósitos consagrados en la Carta de las Naciones Unidas. En ese marco, el Estado Plurinacional de Bolivia recuerda que la cuestión de las Islas Malvinas es tratada por Naciones Unidas como una situación aún pendiente e instan a las partes involucradas a reanudar negociaciones”.

malvinas, Cancillería, Reino Unido

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Pettovello desplazó a su jefe de Gabinete en medio de los cuestionamientos por el acceso a créditos del Banco Nación

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Sandra Pettovello desplazó a su jefe de Gabinete, Leandro Massaccesi, tras conocerse que el funcionario había accedido a un crédito hipotecario en el Banco Nación. Según indicaron fuentes del Gobierno a , la ministra no cuestiona el otorgamiento de estos préstamos, pero evaluó que se trató de una decisión de “alto perfil” que debió haber sido consultada previamente y que generó “ruido” dentro de la cartera.

La salida se da en medio de una creciente exposición sobre los préstamos otorgados a funcionarios y legisladores del oficialismo. Este miércoles, la oposición en el Congreso pidió investigar estas operaciones, mientras que la entidad financiera aseguró en un comunicado que el proceso de acceso es “homogéneo, sin excepciones”, aunque desde 2024 existe una línea diferencial para empleados públicos con condiciones más favorables.

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La discusión se intensificó tras la difusión de datos públicos a través del sitio “¿Cuánto deben?”, que releva información de la Central de Deudores del Banco Central. A partir de ese relevamiento comenzaron a circular nombres de integrantes del Gobierno con pasivos de alto monto, entre ellos Felipe Núñez, Federico Furiase y Pedro Inchauspe, además de otros dirigentes y legisladores de La Libertad Avanza.

Noticia en desarrollo.


Sandra Pettovello,Banco Nación,Conforme a,Sandra Pettovello,,Acuerdo. El Gobierno le transfiere a Chubut $48.000 millones por una deuda en las cajas jubilatorias,,»Va a tocar darte las gracias». Con una frase, Milei volvió a mostrar su apoyo a Adorni en el cierre de una semana complicada,,Conflicto. Los piqueteros vuelven a la protesta callejera para oponerse a la eliminación de un plan de $78.000

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