El Gobierno y los dirigentes que aconsejan a Cristina Kirchner coinciden en un detalle sensible. Los dos sectores quieren que la ex presidenta cumpla prisión domiciliaria y sea notificada en su casa sin pasar por los tribunales de Comodoro Py. Al Ejecutivo le serviría para desactivar un escenario de conflicto con una marcha multitudinaria frente al juzgado. El kirchnerismo quiere garantizar que su líder cumpla su pena en su departamento y evitar imágenes que quieren evitar a toda costa. La última palabra la tiene el juez. En la mesa chica de la ex presidenta afirman que habrá una movilización masiva pase lo que pase.

“Se baraja como posibilidad que se le tomen los datos en su casa, pero no más que eso. Por ahora va a Comodoro Py. La decisión es judicial”, afirman en el Gobierno. En Tribunales no lo descartan, pero la decisión no está saldada. Más allá del contacto institucional, todas las partes niegan cualquier conversación formal o informal o injerencia en ese sentido.

En el Gobierno quieren evitar sugerencias explícitas que sean leídas ese sentido. Señalan las internas y hasta las vanidades que atraviesan a jueces y fiscales; en especial del Tribunal Oral Federal. En el ministerio de Seguridad, que además tiene a su cargo el servicio penitenciario, celebraron que el juez del Tribunal Oral Federal 2 Jorge Gorini que debe decidir sobre la prisión de CFK, suspendiera la licencia que se había pedido para irse de viaje. “Por suerte se quedó. Era una locura. Sería bastante razonable que no vaya a Py y no tengamos que comernos una movilización”, consignan altas fuentes de la administración mileísta.

El jefe de Gabinete Guillermo Francos explicitó la posición del Gobierno sobre el futuro donde la ex mandataria debería cumplir su pena de seis años de prisión. «Por muchas razones correspondería que le otorguen el beneficio de la prisión domiciliaria”, sostuvo el ministro coordinador en una entrevista con Radio Con Vos.

En la Rosada y en el ministerio de Seguridad opinan lo mismo. “No hay razón para no dársela. Tiene 70 años, es ex presidenta. ¿Qué va a hacer? ¿Se va a escapar?”, razonan.

No es la única certeza que le gustaría tener a Patricia Bullrich, que suspendió un viaje a Washington para monitorear los operativos, como jefa de las fuerzas de seguridad federales y del servicio penitenciario. Además de la de Cristina, la ocupan las notificaciones de los otros ocho condenados, entre los que sobresale Lázaro Báez. Cuatro de ellos, el ex secretario de Obras Públicas José López, el ex titular de la Vialidad Nelson Periotti y el ex funcionario de Vialidad santacruceño Raúl Pavesi, solicitaron -al igual que Cristina- cumplir sus respectivas penas en sus casas.

La ministra de Seguridad espera resoluciones sobre las condiciones de la eventual domiciliaria en el departamento donde vive CFK en la calle San José. Bullrich pretende tener normativas para ordenar la vigilancia en lo inmediato y de cara a los próximos años.

No solo preocupa al Gobierno el desafío que supone garantizar la seguridad en una locación incómoda por la cantidad de vecinos sumado a la sobreexposición de la ex presidenta, que sale permanentemente al balcón a saludar a sus seguidores. También hay alarma por las consecuencias de desplegar fuerzas federales frente a la militancia movilizada. “Es horrible para la seguridad”, sostiene en el Gobierno sobre el semipiso del barrio de Montserrat, donde vive la ex mandataria. En el entorno de la ex presidenta no barajan otra alternativa para su domiciliaria.

Aunque eligió presentarse el miércoles, Cristina tiene hasta el jueves a la mañana para asistir a los tribunales de Retiro. “Podría ir sorpresivamente y dejar a todos en banda, como hizo en otras oportunidades, pero no parece ser lo que vaya a ocurrir”, explican en el Ejecutivo.

Los cortes en diferentes accesos a la Capital desde que se conoció el fallo de la Corte Suprema amenazan con convertirse en un problema y en un desafío abierto a una de las políticas que el Gobierno defiende como un hito: el protocolo antipiquetes.

“Del otro lado están los que dicen defender a los trabajadores, pero les arruinan la vida cortando calles para defender a una condenada por corrupción. Frente al caos, respondemos con orden. Las autopistas todas liberadas”, escribió la ministra el jueves en X.

En el Ejecutivo hay quienes dudan de que el músculo de las fuerzas federales alcance para blindar tantos focos permanentes. Suponen que la Provincia y la Ciudad no serán tan activos para colaborar con el Gobierno.

Cerca de Bullrich relativizan esas versiones. Creen superadas las tensiones con la Ciudad desde la asunción del ministro de Seguridad Horacio Giménez, que participará del comando unificado previsto para la marcha del miércoles. El gobierno de Axel Kicillof -que recibe otra vez el fuego amigo constante de La Cámpora- colaboró con cuestiones puntuales, como la gestión para que la Selección llegara desde el predio que posee la AFA en Ezeiza a la cancha de River, el mismo martes en que la Corte ratificó la condena.

En el Gobierno no hay claridad sobre el efecto de una eventual notificación a CFK en su domicilio, si alcanzaría para evitar la manifestación a Comodoro Py. El peronismo sigue alerta para evitar el peor escenario y en la cúpula de La Cámpora garantizan que habrá marcha pase lo que pase.

Luego de reunir a intendentes en el Consejo del PJ, entre lunes y martes será el turno de los gobernadores del peronismo y de la CGT. Los máximos referentes de la central obrera ya dejaron saber que no convocará un paro para acompañar la movilización, a pesar de que Sergio Palazzo, de La Bancaria, y Pablo Moyano, de Camioneros -que el viernes se reunió con Cristina en su domicilio- pidieron que se convoque a un “cese de tareas”.

“No nos manejamos con rumores. Por lo tanto, estamos organizando la caravana masiva para acompañar a Cristina”, afirman en la mesa chica de la ex mandataria.