En un acto del foro Agribusiness Amcham, Guillermo Francos tomó la palabra para pedirle a Espert que “de una explicación clara y contundente” sobre su vínculo con el empresario detenido Fred Machado. Francos sostuvo que “no es una situación menor en medio de una campaña electoral” y que la ciudadanía merece conocer la verdad detrás de las acusaciones.

Sin embargo, el jefe de Gabinete dejó en claro que no considera que Espert deba abandonar su candidatura: “No creo que tenga que dar un paso al costado, salvo que diga que tenga algún tipo de responsabilidad”, dijo. La posición sugiere que, aunque las declaraciones son exigentes, el Gobierno no está dispuesto a romper con el candidato libertario salvo que surjan pruebas concluyentes.

Milei defendió a Espert, negó que haya corrupción en su Gobierno y denunció “operaciones” del kirchnerismo

La controversia se origina en una denuncia presentada por Juan Grabois que acusa a Espert de haber recibido US$ 200.000 de parte de Machado durante su campaña de 2019. El empresario, detenido y con pedido de extradición solicitado por Estados Unidos, figura como involucrado en causas de narcotráfico y lavado de dinero. 

Francos también se refirió a los pedidos de la oposición para que Espert deje la presidencia de la comisión de Presupuesto y Hacienda en la Cámara de Diputados. Dijo que tales reclamos “formen parte de la política a días de las elecciones” y que las mayorías “se muestran más combativas” ante candidatos minoritarios.

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En un resultado anticipado, el Gobierno recibió esta tarde una contundente derrota en el Senado: la oposición casi en su conjunto rechazó los dos vetos de las leyes que declara la emergencia pediátrica -hospital Garrahan como emblema-, y que mejora y blinda los presupuestos de universidades públicas. De esta manera, ambas normas recuperan vigor y se aguarda, de cara al corto plazo, los próximos movimientos del Ejecutivo, que en el también reactivado articulado sobre discapacidad dilató, días atrás, el giro de fondos.

Los vetos de este jueves fueron debatidos de forma conjunta; la definición, separada. Por un lado, la emergencia pediátrica obtuvo 59 votos positivos, siete negativos y tres abstenciones -de los macristas Alfredo De Ángeli, Martín Goerling y Victoria Huala– sobre un total de x presentes. En tanto, la iniciativa relacionada con universidades consiguió 58 adhesiones, siete rechazos y las mismas tres abstenciones del Pro, más la radical Carolina Losada. Es decir, ambos textos lograron -bajo la mirada de la vicepresidenta y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel-, por amplio margen, los dos tercios que requieren las leyes para ser insistidas por el Congreso.

Emergencia pediátrica

Uno de los artículos deja en claro que la emergencia en cuestión implicará “la asignación prioritaria e inmediata de recursos presupuestarios para bienes de uso y consumo, insumos críticos, mantenimiento de infraestructura, medicamentos, vacunas, tecnologías médicas y personal esencial destinados al cuidado y atención pediátrica en el país”.

Además, se establece “la recomposición inmediata de los salarios del personal de salud asistencial y no asistencial que atiende a la población pediátrica con criterios de equiparación y reconocimiento por funciones críticas”, que incluye “a los residentes nacionales de salud de todas las especialidades que se desempeñan en efectores de salud pediátricos y no pediátricos”. De hecho, la “recomposición no podrá ser menor a la que recibían en términos reales en noviembre” de 2023.

Otro punto importante es la eximición “a todo el personal de salud que se desempeña en efectores públicos y privados del pago de ganancias cuando desempeñan actividades críticas, horas extras y/o guardias”, algo observado semanas atrás por la potencial queja de otros sectores en breve tiempo. Como símbolo de esta puja se declara “al Hospital de Pediatría ‘Prof. Dr. Juan P. Garrahan’ como hospital de referencia nacional en la atención pediátrica de alta complejidad”. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el “impacto fiscal” de julio a diciembre sería de $65.573 millones.

Universidades

El texto impone la actualización “al 1 de enero de 2025, según la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC),en el período comprendido entre el 1º de mayo al 31 de diciembre de 2024”, del “monto de los gastos de funcionamiento de las universidades públicas”. Y, para el corriente año, subas bimestrales.

Por otra parte, el Ejecutivo “deberá actualizar los salarios de los docentes y no docentes de las universidades públicas entre el período 1/12/2023 hasta la sanción de la presente ley, en un porcentaje que no puede ser inferior al Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC en el mismo período”. Y todo incremento tendrá que “ser remunerativo y bonificable”.

Ante la reactivación de la ley, al mes habrá que “convocar con carácter obligatorio a la negociación paritaria, con una periodicidad que no podrá exceder los tres (3) meses calendarios, asegurando en todos los casos y tramos de la negociación una actualización mensual no inferior a la inflación publicada” por el INDEC, tanto “para personal docente como no docente”. Este ítem fue criticado en el pasado y, en vez de ser escuchados, los dos o tres legisladores que fueron por ese camino terminaron denostados en el recinto.

Qué se dijo en el recinto

Lo más curioso de la discusión de hoy fue que los dos miembros informantes fueron dos senadores kirchneristas que, durante largos meses de 2024, se rehusaron a integrar las comisiones que ahora presiden y que empujaron ambos debates: la catamarqueña Lucía Corpacci (Salud) y el bonaerense Eduardo De Pedro (Educación). La primera afirmó que no se puede “mirar para otro lado cuando la sociedad nos indica diariamente qué es lo que está pasando con la atención pediátrica”.

Aparecieron otros soldados del Frente de Todos para reforzar los conceptos iniciales. Por caso, el peronista Guillermo Andrada (Catamarca) señaló que “el Presidente no entiende que el pueblo argentino, ante ciertas conquistas, como las universidades, no se va a rendir y el Congreso lo va a acompañar”. En esa línea, sentenció: “A más vetos, más votos”.

El también justicialista Pablo Bensusán (La Pampa) aseguró la batalla legislativa nunca se trató de algo “técnico, fiscal o contable”, sino de “un debate político y moral”. Y añadió: “Para -el primer mandatario, Javier– Milei y su gobierno, sólo puede estudiar el que paga una carrera. Sólo puede atenderse en los hospitales quien paga una obra social privada. Ése es el criterio que estamos viendo con estos dos vetos que estamos tratando. Evidentemente, es un proyecto de motosierra que no corta privilegios, sino derechos.

“Si el Presidente y su equipo de funcionarios hubiesen tenido en mismo nivel de obsesión y de creatividad -en referencia a la macroeconomía- para buscar consensos, acuerdos y, sobre todo, soluciones, no estaríamos nuevamente ante esta situación”, lanzó la senadora larretista Guadalupe Tagliaferri (Ciudad de Buenos Aires).

La legisladora porteña electa pinceló la realidad de los últimos tiempos del Congreso, al acusar a la Casa Rosada de “romper todos los puentes habidos y por haber”. Más tarde, sentenció: “Echaron a los propios que osaban pensar algo distinto, crearon un nivel de agresión en este Congreso que en algunos casos, rozó lo inaudito a niveles personales, y ningunearon a gobernadores“.

Tagliaferri luego apuntó a que “apareció la plata por algo tan típico de la casta, que es el resultado de una elección, algo de ‘casta’ que ustedes -por el Gobierno- dijeron que iban a combatir”. Y finalizó: “Dejen de ser necios y empiecen a registrar que en la micro vive la gente”.

Desde la Unión Cívica Radical (UCR), el fueguino Pablo Blanco indicó que “la obligación del Gobierno, si bien todos defendemos el equilibrio fiscal, es que haya también equilibrio social”. Por su parte, el bonaerense Maximiliano Abad expresó: “Llevamos más de un año y medio debatiendo el financiamiento de las universidades. Me da vergüenza decirlo. Ninguna política pública tiene sentido si no le damos prioridad a la educación”.

Cierres

“Un tema importante es qué hará el Ejecutivo. Si no cumple con la ley, estará cometiendo un delito e incumpliendo los deberes de funcionario público”, opinó el puntano Fernando Salino, del espacio Convicción Federal que integra el interbloque K del Frente de Todos.

En tanto, desde Provincias Unidas, el peronista disidente Carlos Espínola enfatizó: “¿Alguien le explicó al Presidente que está en juego la vida de muchos niños? Hablamos de miles de familias que recorren cientos de kilómetros con la esperanza de que su hijo sea curado. En Corrientes, por ejemplo, atendieron a más de 5.000 niños el año pasado en el Garrahan“.

Por la UCR, Eduardo Vischi -comprovinciano de Espínola, flamante aliado en la última elección provincial del oficialismo local, que responde al centenario partido- habló de una “Argentina muy vulnerable y un Gobierno que, en vez de tomar nota de cuestiones prioritarias que el Congreso describe, no avanza en una decisión”, y lo calificó de “récord de insensibilidad”. Y puntualizó: “Priorizan las matemáticas y no entienden cómo hacer para equilibrar las cuentas públicas y no dejar a la deriva a sectores vulnerables”.

Tras la comparación de la administración actual con la gestión del peruano Alberto Fujimori que realizó la cristinista Juliana di Tullio (Buenos Aires), el jefe del Frente de Todos, José Mayans (Formosa), manifestó que Milei “quiere a un Estado sin responsabilidades y es todo lo contrario”. Para el experimentado legislador, “el plan ya fracasó” y relató el escenario complejo en cuanto a consumo y producción en las Pymes -habló de “más de 16.000 empresas cerradas”-, entre otras cosas.

El último orador fue el titular de La Libertad Avanza, Ezequiel Atauche (Jujuy), sostuvo que “utilizar a niños para hacer política les debería dar vergüenza”, en clara referencia al kirchnerismo, y contó que el Gobierno libertario dio “un 274% de aumento real” al Garrahan -sin precisar sobre esto, y el dato quedó en una nebulosa-, mientras que “la provincia de Buenos Aires le debe $5.000 millones, y donde no vi a nadie que marchara allí”. “Otra hipocresía”, conjeturó.

Sobre universidades, mencionó que la -destacada en el mundo- Universidad de Buenos Aires (UBA) “no hizo una auditoría en diez años y los fondos se manejan de forma discrecional”, y subrayó que existen decenas de triangulaciones “con contrataciones directas” con otras instituciones educativas. Atauche además recordó a la oposición dialoguista el maltrato que recibieron radicales, macristas y silvestres provinciales durante años de parte de los diversos gobiernos kirchneristas. “En un año y medio nos olvidamos”, apuntó el jujeño.