El Gobierno promulgó el nuevo régimen penal juvenil que establece la responsabilidad penal desde los 14 años y fija un sistema de sanciones específico para quienes cometan delitos antes de cumplir los 18. La norma contempla la posibilidad de penas privativas de libertad en determinados casos, fija un máximo de 15 años de detención y establece medidas orientadas a la educación y resocialización de los jóvenes en conflicto con la ley penal. La norma fue sancionada por el Senado hace diez días.

La ley fue publicada este lunes en el Boletín Oficial bajo el número 27.801 y establece el régimen penal aplicable a adolescentes de entre 14 y 18 años imputados por delitos previstos en el Código Penal o en leyes penales especiales. Según el texto oficial, el objetivo del sistema es fomentar en el adolescente imputado el “sentido de la responsabilidad legal por sus actos y lograr su educación, resocialización e integración social”.

Hace diez días el Senado había aprobado la iniciativa impulsada por el Gobierno de Javier Milei. El proyecto recibió 44 votos a favor, 27 en contra y una abstención, lo que permitió su sanción definitiva en el Congreso.

La ley establece que las personas podrán ser imputadas por delitos cometidos desde los 14 años hasta el momento en que cumplan 18. Para esos casos se crea un esquema de sanciones que contempla tanto penas como medidas orientadas a la integración, la formación y la educación.

Entre las medidas previstas se incluyen programas educativos obligatorios, capacitación laboral, participación en actividades deportivas, recreativas o culturales y asistencia a programas de formación ciudadana. También se contemplan tratamientos médicos o psicológicos cuando resulte necesario y la asistencia a servicios de salud acordes a la edad del adolescente.

El régimen prevé además distintas sanciones que pueden ser aplicadas por la Justicia, entre ellas la amonestación judicial, la prohibición de acercamiento a la víctima, la restricción para concurrir a determinados lugares o espectáculos, la prohibición de conducir vehículos en determinados casos y el monitoreo electrónico.

Otra de las penas previstas es la prestación de servicios a la comunidad, que consiste en la realización de tareas de interés social en instituciones públicas o privadas sin fines de lucro como hospitales, escuelas u organizaciones destinadas al bien común. La ley también contempla la reparación integral del daño causado a la víctima.

Cuando corresponda aplicar una pena privativa de libertad, el régimen establece distintas modalidades de cumplimiento, entre ellas la detención domiciliaria, la permanencia en institutos abiertos o el alojamiento en institutos especializados de detención para adolescentes.

La norma fija que los menores de edad detenidos no podrán permanecer alojados junto a personas adultas y establece que los institutos especializados deberán contar con personal capacitado en el trato con jóvenes en conflicto con la ley penal.

Además, prohíbe la imposición de penas de prisión perpetua o reclusión perpetua para adolescentes y establece que el plazo máximo de privación de libertad será de 15 años, aun cuando la escala penal del delito sea superior.

El régimen también prevé mecanismos destinados a evitar la continuidad del proceso penal en determinados casos. Entre ellos se incluyen la mediación penal juvenil, la posibilidad de aplicar criterios de oportunidad por parte del fiscal y la suspensión del proceso a prueba cuando se cumplan las condiciones previstas por la ley.

La norma establece además que el cumplimiento de las medidas o sanciones deberá ser supervisado por profesionales especializados designados por la justicia, quienes deberán realizar un seguimiento periódico de la evolución del adolescente y elaborar informes sobre su situación personal, educativa y social.

Entre los principios que rigen el régimen se incluyen el respeto por la dignidad del adolescente imputado, el derecho de defensa desde el inicio del proceso, el debido proceso legal y la reserva del proceso judicial. La ley también prohíbe la difusión de datos que permitan identificar a los menores involucrados en causas penales.

El texto aprobado por el Congreso deroga la ley 22.278, que regulaba hasta ahora la responsabilidad penal de los menores, e invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adecuar su legislación a los principios establecidos en el nuevo régimen.

La ley establece que el Poder Ejecutivo nacional deberá supervisar su implementación y promover la coordinación con las jurisdicciones provinciales para la aplicación del sistema.

Durante su último discurso ante la Asamblea Legislativa, Javier Milei anunció un ambicioso paquete de «90 reformas estructurales» −diez por cada ministerio− que su Gobierno planea enviar al Congreso en tandas mensuales.

El menú incluye modificaciones al Código Civil y Comercial, al Código Penal, a la legislación ambiental y educativa, al régimen electoral y al financiamiento de los partidos políticos, así como cambios en materia de inteligencia, medios de comunicación, patentes y comercio exterior. El Presidente incluso insinuó la posibilidad de abrir el debate sobre una reforma de la Constitución Nacional.

Según pudo saber de fuentes legislativas y de Gobierno, buena parte de las iniciativas se gestaron en el Consejo de Mayo, el órgano consultivo creado por Milei para diseñar reformas estructurales.

El Consejo fue integrado por una mayoría de funcionarios del oficialismo y aliados: el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger; el gobernador mendocino, Alfredo Cornejo, y los legisladores Carolina Losada (UCR) y Cristian Ritondo (Pro). Completaron la nómina el presidente de la UIA, Martín Rapallini, y el titular de la Uocra, Gerardo Martínez, en representación de la CGT, que tras el mal trago de la reforma laboral esta semana afirmó que el Consejo “no existe más”.

En su discurso, Milei reivindicó el impulso reformista de su gestión y convocó a “abrazar políticas de Estado” para construir una “nueva arquitectura institucional” basada en lo que definió como los valores de la “moral occidental”. Los anuncios, sin embargo, quedaron opacados detrás de cruces que el mandatario mantuvo con los legisladores opositores presentes.

A continuación, algunos de los cambios que el Gobierno evalúa impulsar en el Congreso.

Uno de los primeros anuncios fue la reforma del Código Civil y Comercial y del Código Procesal Civil y Comercial, que el Presidente presentó como un paquete destinado a “proteger los derechos fundamentales de los argentinos”.

Entre las iniciativas analizadas figura una modificación a la Ley de Expropiaciones, que limitaría la indemnización al valor objetivo de mercado y a los daños directos, además de establecer que el pago se realice en efectivo antes de la transferencia del dominio.

También se estudian cambios procesales para agilizar los juicios de desalojo.

En materia de tierras, el Gobierno propone reformar la Ley de Tierras Rurales para fijar un límite de 1000 hectáreas a la titularidad por parte de entes gubernamentales extranjeros, aunque con excepciones para inversiones consideradas de interés público.

Otro proyecto apunta a modificar la Ley de Integración Socio Urbana, vinculada a la regularización dominial de barrios del Renabap. La iniciativa propone que las cuotas no superen el 20% del ingreso familiar y habilita la libre disposición de la vivienda tras la primera adjudicación.

El Presidente también anticipó una nueva ola de reformas destinada a “barrer con una montaña de cadenas regulatorias” y facilitar la inversión.

La idea había sido adelantada por el secretario de Desregulación, Alejandro Cacace, durante el debate del presupuesto 2026. El plan oficial consiste en avanzar con una segunda generación de reformas desregulatorias, muchas de ellas inspiradas en el espíritu de la primera Ley Bases.

A diferencia de aquella norma, el Gobierno no enviará un único megaproyecto: las iniciativas llegarán fragmentadas por temas.

El objetivo central, según explicaron fuentes del Ministerio de Desregulación, es eliminar privilegios regulatorios y barreras de acceso a los mercados para promover la competencia.

Durante su exposición −que se extendió por una hora y cuarenta minutos− Milei también insistió en la necesidad de ratificar un acuerdo comercial con Estados Unidos, similar al firmado con la Unión Europea.

Según pudo reconstruir , el proyecto el fallo de la Corte Suprema estadounidense que cuestionó el alcance de aranceles dispuestos por Donald Trump.

Desde la Cancillería sostienen que el entendimiento implicará compromisos internacionales que deben ser aprobados por el Congreso, por lo que sus distintos capítulos deberán tratarse por separado.

Uno de ellos es la ratificación del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) antes del 30 de abril de 2026. El objetivo es alinear el sistema argentino con estándares internacionales, una decisión que impactará especialmente en medicamentos y semillas para el agro.

Milei presentó esta iniciativa como parte de una “revolución productiva” para el sector agropecuario. Según dijo, el país podría duplicar su producción de granos hasta alcanzar 300 millones de toneladas, siempre que se garanticen derechos de propiedad intelectual sobre las innovaciones en semillas.

La eventual eliminación de las retenciones, añadió, dependerá de que el Gobierno logre mantener el superávit fiscal.

En materia ambiental, el Gobierno buscará revisar regulaciones que, según Milei, limitan el aprovechamiento de recursos naturales.

Uno de los cambios en estudio es la modificación del Régimen de Zonas Frías, con el objetivo de centralizar en el Poder Ejecutivo la definición de los beneficios tarifarios de gas.

También se analiza una reforma a la Ley de Bosques Nativos. El esquema mantendría la prohibición de desmontar áreas de alto valor de conservación (categoría roja), pero flexibilizaría el uso productivo en zonas de menor valor ambiental (categoría verde), donde bastaría con informar la actividad y presentar planes de manejo sostenible. Se trata de un guiño hacia el agro y la ganadería.

El Gobierno además evalúa actualizar la Ley de Acuicultura para promover el desarrollo de la producción en ambientes naturales y artificiales.

Por último, se estudia derogar el régimen regulatorio del gas licuado de petróleo.

Milei también anticipó cambios en el sistema político. Según fuentes del Gobierno, se trabaja en lo que definieron como un “paquete anticasta” que podría incluir reformas en la legislación sobre medios de comunicación y regulaciones sobre funcionarios públicos.

En materia electoral, se evalúan tres objetivos: eliminar definitivamente las PASO, suprimir el financiamiento público de los partidos políticos e implementar la Boleta Única Papel a nivel federal.

La reforma judicial será otro de los capítulos centrales. Milei, que aceptó la renuncia de Mariano Cúneo Libarona en el Ministerio de Justicia y designó como sucesor a Juan Bautista Mahiques, prometió enviar proyectos para que el Poder Judicial sea “ágil, eficaz y justo”.

Entre las iniciativas mencionó una reforma del Código Penal para endurecer penas y ampliar los delitos con cumplimiento efectivo de prisión, aunque el texto definitivo todavía no se conoce. Según trascendió, el flamante ministro prevé reunirse esta semana con los jueces de la Corte Suprema de Justicia para sumarlos a este debate.

Milei también volvió a mencionar la implementación del juicio por jurados a nivel federal, una propuesta que en 2024 había obtenido apoyo casi unánime en Diputados.

La puesta en marcha del sistema acusatorio en los tribunales federales de Comodoro Py, en tanto, no sería una prioridad para Mahiques.

En el plano educativo, Milei afirmó que el Gobierno avanzará en reformas de la educación inicial, primaria y secundaria.

El proyecto de Libertad Educativa, surgido del Consejo de Mayo, declara a la educación básica como servicio esencial y reconoce modalidades alternativas como el home schooling y la educación virtual.

Entre sus principales ejes figuran un sistema de financiamiento centrado en el alumno, la creación de un Examen Nacional de Educación Secundaria y un instituto destinado a profesionalizar la carrera docente con criterios de mérito.

Por último, el Gobierno planea enviar un paquete de leyes para reorganizar el sistema de inteligencia y “fortalecer” su coordinación con las fuerzas de seguridad.

Las reformas aún se encuentran en elaboración, pero la intención es convertir en ley varios cambios introducidos por el DNU 941/25, que amplió las facultades de la Secretaría de Inteligencia (SIDE).

Entre los puntos más controvertidos figura la posibilidad de detener personas sin orden judicial y acceder a datos personales almacenados en organismos públicos, medidas que generaron fuertes cuestionamientos de la oposición.