POLITICA
La rebeldía interna amenaza el liderazgo de Furlán en las elecciones de la UOM y ya precipitó la caída de Caló
Quedaron muy atrás esos viejos tiempos del sindicato metalúrgico en donde regía como una ley una frase del histórico líder Lorenzo Miguel: “En la UOM siempre se vota por unanimidad”. Era una suerte de autoelogio porque le daba una extrema importancia a no tener opositores y ser revalidado mediante una lista única, como sucedió en sus 32 años de predominio.
Hoy, lejos de aquella unanimidad del lema miguelista, la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) es un caldo de cultivo de peleas, tensiones y rebeldías que ya se cobró una víctima, Antonio Caló, y amenaza con poner en riesgo la continuidad del jefe del gremio, Abel Furlán.
Es que la UOM puso en marcha la maquinaria para renovar sus autoridades en las 54 seccionales de todo el país y a nivel nacional. Ya se eligieron las juntas electorales y las listas que competirán deben presentarse el 17 de noviembre próximo. En cada seccional donde haya competencia, los afiliados votarán el 2 de marzo de 2026 y el colegio electoral metalúrgico se reunirá el 18 de marzo para elegir a la nueva conducción nacional.
En realidad, como es tradicional, al secretariado nacional de la UOM no lo eligen los trabajadores ni los líderes de las seccionales, sino los electores que también son votados en los comicios de cada filial del país.
Es decir, en las elecciones de la UOM el voto es indirecto y depende del peso de cada seccional (que aporta votos en forma proporcional a su número de afiliados), por lo que es clave la Seccional Capital, la más numerosa, que en 2022 tuvo 24 electores sobre un total de 290.
De esa seccional porteña provenía el prócer de la patria metalúrgica, Lorenzo Miguel, que la lideró desde 1970 hasta que murió, en 2002. Y desde 2004 su sucesor fue Caló, tanto a nivel nacional como en Capital, pero acaba de sufrir un duro revés que lo jubilará en 2026: el martes pasado, como anticipó Infobae, el dirigente de 78 años fue desplazado de la comisión interna de su empresa, Prysmian (ex Pirelli), y casi en forma simultánea la comisión directiva de su seccional en pleno le anunció que no iba a apoyar su continuidad en el cargo.
El que se lo anunció primero fue Roberto Bonetti, su actual secretario adjunto, que ahora encabezará la única lista que se presentará en las elecciones de la UOM Capital en marzo, secundado por Gustavo Naso, el delegado que reemplazó a Caló en la comisión interna de la ex Pirelli. Tiene 54 años, es de Villa Lugano (como Lorenzo Miguel) y presidió la junta electoral que hace 4 años proclamó a Furlán como líder de la UOM nacional.
Fue una doble derrota a la que el titular de la UOM Capital se resistió como pudo, pero finalmente aceptó la decisión de los delegados y de sus colegas de la comisión directiva. Lo asimiló tan bien que hace 48 horas posó sonriente al lado de Bonetti en la Legislatura porteña, donde se presentó un proyecto para declarar al fallecido Saúl Ubaldini como persona ilustre de esta capital.
Caló, según trascendió, tendrá un cargo honorífico en la nueva conducción de los metalúrgicos porteños. Así, el heredero de Lorenzo Miguel y ex secretario general de la CGT entre 2012 y 2016 tendrá finalmente su retirada. Algunos colegas aún le pasan facturas por lo que sucedió hace cuatros años, cuando Furlán, al frente de una rebelión de la mayoría de las seccionales, lo desplazó de su cargo luego de 18 años de mandatos consecutivos.
Caló, otro dirigente surgido de Villa Lugano, no sólo perdió la conducción a nivel nacional sino también 70 años de hegemonía que tuvo la UOM Capital gracias a Lorenzo Miguel y Augusto Timoteo Vandor. Un pecado imperdonable para los metalúrgicos porteños, que ahora se materializó en la falta de respaldo para que siga.
La salida de Caló aliviará a Furlán porque ambos se convirtieron en enemigos perfectos, pero el líder de la UOM está preocupado por otro motivo: en su propia Seccional de Zárate-Campana, que dirige desde 2008, surgió un sector disidente que encabeza Angel Derosso, ex secretario de Organización de esa filial que renunció en diciembre pasado por diferencias con la conducción de su jefe y que ahora presentará una lista opositora para tratar de ganarle en las elecciones de marzo.
Por lo pronto, Derosso creó en julio pasado la Agrupación Metalúrgica 25 de Febrero Azucena Villaflor, que lleva como consigna: “Recuperar el gremio para los trabajadores”. En las redes sociales, esta fracción opositora de la UOM Zárate-Campana denunció: “Hemos sido blanco de ataques cobardes: aprietes, amenazas anónimas y hasta agresiones físicas”.
Los veteranos de la UOM aseguran que hace 30 años que no hay oposición en Zárate-Campana y creen que Derosso podría capitalizar el malestar de los trabajadores de la empresa Siderca, del grupo Techint, porque desde 15 meses que Furlán no cierra la paritaria de la rama siderúrgica y, según se quejan, hay una actitud pasiva ante alrededor de 300 despidos en la planta.
La semana pasada, pese a todo, Furlán ganó por 20 votos la votación para elegir la junta electoral que fiscalizará los comicios de la seccional: obtuvo 75 y el sector de Derosso, 55, un número considerado alto, pese a la derrota, porque hasta hoy el oficialismo predominaba de manera excluyente, sin disidencias internas.
Todos los jefes sindicales apuestan fuerte a manejar la junta electoral, que es la encargada de convocar y supervisar los comicios, además de aprobar o rechazar las listas de candidatos que se presenten. Por eso fue crucial para su batalla interna que Furlán haya ganado esa votación, aunque no esperaba 20 votos en contra.
El titular de la UOM también es cuestionado por algunos por la enorme influencia que tiene en el sindicato Sol Calle, una joven dirigente de La Cámpora de Campana que fue concejal del Frente de Todos y sigue a Furlán a sol y sombra, ocupando importantes cargos en nombre del gremio a los no llegan ni miembros del secretariado.
Promovida por Furlán, la militante camporista es presidenta para América Latina y el Caribe de IndustriAAL, una poderosa federación sindical internacional que representa a 50 millones de trabajadores industriales de 140 países. Y también es secretaria adjunta de la Confederación de Sindicatos Industriales de la República Argentina (CSIRA), que agrupa a los más importantes gremios del sector.
El papel clave que desempeña Calle llevó a que el líder de una seccional del interior criticara el inmenso poder que tiene durante una reunión de la comisión directiva de la UOM nacional. En el entorno de Furlán le restaron importancia a los cuestionamientos y aclararon que la joven camporista incluso participa de los encuentros del secretariado del gremio metalúrgico, siempre “en nombre del sector de las mujeres” de la UOM.
Suspicacias al margen, Furlán se juega a todo o nada en los comicios de la Seccional Zárate-Campana: si pierde, tampoco podrá seguir al frente de la UOM nacional.
El sindicalista, para colmo, afronta un complejo cuadro interno porque algunas seccionales comenzaron a mostrar signos de rebeldía y amagan con ponerse de acuerdo para hacerle frente en la elección de 2026.
Dicen que hay movimientos disidentes en seccionales como Vicente López, conducida por Emiliano Gallo, ex miembro del secretariado nacional de Caló, aunque es evidente el sesgo opositor de Pablo González, líder de la Seccional Villa Constitución, de impronta combativa, a quien el furlanismo no le perdona que mientras la UOM aún no pudo firmar la paritaria siderúrgica, aquel dirigente haya acordado con la Cámara del Acero un aumento salarial a cuenta para el personal de Acindar.
A González también le endilgan estar ayudando a Derosso para que pueda competir contra Furlán en Zárate-Campana. Por eso, según deslizan, hubo un dirigente furlanista que le gritó “traidor” a González en un reunión de la comisión directiva de la UOM nacional, en Avellaneda: “Hubo piñas y sopapos”, aseguran.
También hay peleas en lo más alto de la Seccional La Plata entre su titular, Antonio Di Tomasso, y tres dirigentes de su conducción a los que excluyó y ahora recurrieron a la justicia denunciando “persecución”.
Hay quienes hablan de posibles problemas para el jefe de la Seccional Avellaneda, Daniel Daporta, porque cerró la fábrica de donde proviene. Incluso trascendió que volvería al ruedo Francisco ”Barba» Gutiérrez para tratar de recuperar la Seccional Quilmes, que perdió en 2022, algo desmentido por la gente que rodea a Furlán.
El clima tenso también dispara versiones sobre cortocircuitos entre Furlán y su secretario adjunto a nivel nacional, Naldo Brunelli, que maneja la Seccional San Nicolás y es dirigente de la UOM desde 1973.
Ahora, como un dato sugestivo que alimenta los rumores, la Seccional San Nicolás no fue elegida por Furlán para integrar la junta electoral que fiscalizará los comicios de la UOM de 2026. “Nada que ver, fue acordado entre ellos”, afirmó un allegado al líder metalúrgico.
Ningún dirigente aún se anima a decirlo en público, pero varios jefes de seccionales se quejan de que Furlán prioriza su tarea como miembro del Consejo Nacional del PJ y militante incondicional de Cristina Kirchner. “Abel usó la UOM para hacer política y se olvidó de que tiene que dedicarse al sindicato”, dijo un metalúrgico de peso. “Juega mucho a la política con el kirchnerismo, pero no se dedicó a resolver las paritarias y los problemas de la gente”, sostuvo otro referente del gremio.
En forma paralela a la interna de la UOM, Furlán está en plena campaña de captación de apoyos para convertirse en el único secretario de la CGT cuando se elijan las nuevas autoridades, el 5 de noviembre próximo.
Por ahora no le dan los números y por eso su plan B es mantener su estratégico cargo de secretario del Interior, desde donde, acompañado por Horacio Otero, piloteó el proceso de normalización de 79 de las 82 regionales de la CGT, pero sus rivales cegetistas harán todo lo posible para correrlo de allí y darle un puesto de menor relevancia en el Consejo Directivo.
En varios frentes, tanto en su sindicato como en la CGT, el jefe metalúrgico afronta serios riesgos para su poder. Con menos trabajadores por la crisis industrial (la UOM tenía 250 mil afiliados y hoy, unos 215 mil), salarios en baja y despidos, más las disidencias internas que crecen, Furlán parece estar algo lejos de ser votado por unanimidad como tanto le gustaba a Lorenzo Miguel.
POLITICA
Caso Adorni: la Justicia pide la intervención de un organismo clave para analizar los contratos de Grandio con la TV Pública
La investigación judicial por el viaje del jefe de Gabinete Manuel Adorni a Punta del Este en vuelos privados sumó un nuevo capítulo judicial. El fiscal federal Gerardo Pollicita presentó un dictamen en el que solicitó al juez federal Ariel Lijo que autorice una serie de medidas para profundizar la pesquisa, entre ellas el acceso de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) al expediente, pedidos de información a la Dirección Nacional de Migraciones y requerimientos a la empresa propietaria de la aeronave involucrada.
El planteo del fiscal se inscribe en la causa caratulada “Adorni, Manuel s/malversación de caudales públicos y otro”, en la que se investiga el viaje del funcionario y el financiamiento de los vuelos privados. En su presentación, Pollicita sostuvo que las diligencias solicitadas buscan continuar colaborando con la profundización de la investigación y complementar medidas que ya fueron ordenadas por el juzgado.
Entre los pedidos centrales, el fiscal requirió que se libre un oficio a Migraciones para que remita la totalidad de los registros de egreso y reingreso al país de Manuel Adorni y del periodista Marcelo Grandio desde el 1° de enero de 2023 hasta la actualidad.
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También solicitó información sobre los movimientos migratorios de la esposa del vocero presidencial, Bettina Julieta Angeletti, y de otras personas que hayan integrado los vuelos investigados, con especial foco en los desplazamientos registrados entre el 12 y el 17 de febrero de 2026.
El requerimiento incluye datos detallados: fechas, horarios, pasos fronterizos utilizados, medios de transporte y cualquier otra constancia disponible. Además, el fiscal pidió que el organismo realice un cruce de la información para determinar si las personas mencionadas realizaron otros viajes en conjunto o hacia los mismos destinos en fechas cercanas.
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Otro punto del dictamen apunta al registro interno de esos movimientos en el sistema migratorio. Pollicita solicitó que se identifique a los usuarios del organismo que intervinieron en la carga, validación o modificación de los registros vinculados a los vuelos investigados, con detalle de nombres, áreas de pertenencia, fechas, horarios e incluso las terminales e IP utilizadas en el proceso.
En paralelo, el fiscal pidió que el juez autorice a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas a intervenir en el expediente y en actuaciones complementarias. Según surge del dictamen, el objetivo es que ese organismo pueda analizar aspectos vinculados con la actuación administrativa de los funcionarios y de terceros involucrados en el caso.
La intervención de la PIA, de concretarse, permitiría que ese organismo examine la documentación del expediente y utilice las herramientas con las que cuenta para evaluar eventuales irregularidades administrativas relacionadas con el uso de recursos del Estado y con la actuación de quienes aparecen mencionados en la causa.
El dictamen también incluye un requerimiento dirigido a la empresa JAG Executive Aviation S.A., propietaria del avión involucrado en los vuelos investigados. Pollicita solicitó que la firma informe si recibió alguna carta documento u otra intimación vinculada con los hechos del expediente, en particular la que, según declaró una testigo, habría sido enviada en el marco del conflicto por la factura correspondiente al tramo de regreso del viaje.
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El pedido apunta a que la empresa detalle la fecha de recepción de esa comunicación, quién la remitió, quién la recibió dentro de la firma, qué tratamiento interno se le dio y si fue respondida. También solicitó que se acompañe copia de la documentación vinculada con ese intercambio.
Las nuevas medidas se suman a una serie de movimientos recientes dentro del expediente. En los últimos días, el juez Lijo dictó medidas de protección para una testigo clave de la causa, Vanesa Elizabeth Tossi, secretaria de la empresa aérea JAG Executive Aviation. La decisión se tomó luego de un pedido del fiscal Pollicita, tras la denuncia de la mujer sobre presuntos hostigamientos y presiones.
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Según se informó, el magistrado ordenó que el periodista Marcelo Grandio —amigo de Adorni y uno de los implicados en la investigación— se abstenga de contactarla por cualquier vía y estableció una restricción de acercamiento a su domicilio, su lugar de trabajo y otros ámbitos de concurrencia habitual. La medida se adoptó después de que la testigo relatara que, mientras declaraba ante la Justicia, recibió llamados y mensajes de Grandio.
En su testimonio, Tossi sostuvo que el periodista fue quien pagó el traslado y que habría pedido que no se emitiera factura por ese servicio. A partir de ese episodio, el fiscal impulsó además una investigación paralela para determinar si existieron amenazas o coacciones relacionadas con su declaración.
Manuel Adorni, Gerardo Pollicita, Ariel Lijo
POLITICA
Entidades empresarias respaldaron el proyecto de la Corte Suprema para reformar el mecanismo de selección de jueces
Agrupaciones empresarias celebraron los cambios en el proceso de selección de jueces impulsados por la Corte Suprema de Justicia. Destacan que la reforma favorece un sistema más transparente y agiliza las designaciones en el Poder Judicial, lo que genera un entorno institucional más sólido y confiable para las inversiones.
“Como Cámara alentamos las medidas que promueven mayor transparencia, previsibilidad y menor discrecionalidad, elementos indispensables para el desarrollo sostenible del país y la construcción de un entorno confiable para la inversión, la generación de empleo y el desarrollo económico”, aseguraron en la Cámara de Comercio de Estados Unidos (AmCham) en Argentina.
En un comunicado difundido esta tarde, la entidad consideró que la propuesta del máximo tribunal “representa un avance significativo frente a las debilidades que presenta el sistema actual, caracterizado por la opacidad de los Concursos Públicos en el Consejo de la Magistratura y la gran cantidad de vacantes existentes en los Juzgados”.
“Esta iniciativa no solo contribuye a reducir márgenes de arbitrariedad, sino también apunta a agilizar los procesos y mejorar la calidad de las designaciones. Un sistema judicial más eficiente, profesional e independiente es una condición necesaria para fortalecer el Estado de Derecho”, continuaron.
No es la primera vez que la AmCham destaca la necesidad de fortalecer la transparencia del Poder Judicial. En febrero del año pasado, la cámara empresaria había rechazado el intento de Javier Milei de designar como jueces de la Corte Suprema a Ariel Lijo y Manuel García Mansilla por decreto. Señaló que, si bien los nombramientos por esa vía eran constitucionales, suponían un “riesgo potencial” para el equilibrio institucional que “debe regir en una democracia” y socavaba las posibilidades de atraer inversiones.
“La seguridad jurídica es un pilar fundamental para la competitividad y crecimiento sostenido, y su debilitamiento solo contribuye a demorar la recuperación económica y social que requiere la República Argentina”, advirtieron.
El proyecto de reforma que ahora celebra la AmCham Argentina fue presentado el lunes último por los tres jueces de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Plantearon un nuevo mecanismo de selección de jueces que constará de dos instancias: por un lado, una evaluación general de derecho mediante un multiple choice de corrección informática y, por otro, la redacción de una sentencia. También se tendrá en cuenta el desempeño universitario y académico de los magistrados y sus publicaciones en revistas indexadas.
“La evaluación escrita tendrá garantías reales de objetividad: un múltiple choice de corrección informática y redacción de sentencias”, había explicado Rosenkrantz: “Nos sentimos obligados a promover la iniciativa por una necesidad imperiosa de mejorar el procedimiento de selección de magistrados”.
La reforma cuenta también con el respaldo de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE). “Queremos animar a los miembros de los tres poderes de nuestra República a que prontamente restauren la situación del Poder Judicial, que ha sufrido la descomposición institucional durante muchas décadas. En este sentido, destacamos y apoyamos la iniciativa de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como cabeza del Poder Judicial, que ha presentado una propuesta de reglamento de concursos para la selección de magistrados, con el espíritu de generar un proceso transparente”, expresaron.
La agrupación empresaria destacó también la decisión del gobierno nacional de enviar los pliegos de candidatos para cubrir las más de 300 vacantes judiciales que se acumularon desde el último año de gestión de Alberto Fernández. Entre los candidatos, se encuentra Emilio Rosatti, hijo del juez de la Corte Suprema Horacio Rosatti, para un tribunal federal de juicio de la ciudad de Santa Fe.
El proyecto de la Corte Suprema ya había recibido también el apoyo del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA). “Desde hace varios años, IDEA insiste en la necesidad de contar con mayor transparencia en el proceso de selección de jueces para evitar arbitrariedades. Esta medida constituye una sana y oportuna reacción de la Corte para mejorar el marco institucional de la Argentina, condición necesaria para promover la inversión y el desarrollo sostenible del país”, afirmó la entidad.
cambios en el proceso de selección de jueces,vacantes existentes en los Juzgados,@CorteSupremaAR,April 1, 2026,la cámara empresaria había rechazado,fue presentado el lunes último,enviar los pliegos de candidatos,apoyo del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA),Corte Suprema de Justicia,Conforme a,Corte Suprema de Justicia,,Senado. El Gobierno incluyó al hijo de Rosatti y a la esposa del juez del caso $LIBRA en los pliegos para cargos judiciales,,Un importante paso tendiente a una mejor Justicia,,Fuerte mensaje político. La Corte reivindicó el rol del Congreso y advirtió a los jueces que las leyes están para cumplirlas
POLITICA
El peronismo en Diputados presentó un proyecto para reparar económicamente a ex combatientes de Malvinas
El bloque peronista en la Cámara de Diputados de la Nación impulsó un proyecto de ley que propone una “Reparación Histórica Malvinas” para quienes participaron en el conflicto del Atlántico Sur en 1982, estableciendo un beneficio económico para ex soldados y civiles afectados. La iniciativa, acompañada por 19 legisladores, busca saldar una deuda pendiente con quienes fueron protagonistas durante la guerra y sus familias, de acuerdo con la documentación parlamentaria.
La iniciativa de “Reparación Histórica Malvinas” lleva la firma de Victoria Tolosa Paz, Aldo Leiva, Guillermo Michel, Kelly Olmos, Nancy Sand, Jorge Araujo Hernández, Pablo Yedlin, Claudia Palladino, Marianela Marclay, Guillermo Snopek, Jorge Mukdise, Juan Pablo Luque, Ana María Ianni, Hilda Aguirre, Ernesto Alí, Graciela de la Rosa, Cristian Andino, Ariel Rauschenberger y Gabriela Pedrali.
El texto presentado en el Congreso de la Nación establece que el beneficio alcanzará a las personas que, cumpliendo con el Servicio Militar Obligatorio, participaron como soldados en acciones de combate en el Teatro de Operaciones Malvinas (TOM), en las Islas Georgias y Sándwich del Sur, así como a civiles con funciones de apoyo en esos escenarios. Según consta en el proyecto, también se incluyen a quienes intervinieron en el área del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur (TOAS), siempre que la participación haya sido debidamente certificada por las autoridades competentes, en concordancia con la Ley 23848 y el decreto reglamentario 2634/90.
El proyecto estipula que el beneficio económico será equivalente a 104 haberes mínimos jubilatorios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), pagaderos en 24 cuotas consecutivas y actualizadas conforme a la Ley de Movilidad Jubilatoria 24241. La base del cálculo incorpora tanto el haber mínimo garantizado por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) como el bono previsional vigente. De acuerdo con la iniciativa, la suma se encuentra exenta del Impuesto a las Ganancias, lo que implica un impacto directo en el poder adquisitivo de los beneficiarios.
El articulado prevé que, en caso de fallecimiento del titular, el derecho a la reparación histórica se traslada a los derechohabientes, incluyendo padres, madres, viudas, viudos, convivientes e hijos menores de edad. El texto detalla la forma de distribución del beneficio y especifica la compatibilidad con otros ingresos previsionales, remunerativos u honoríficos de carácter nacional, provincial o municipal. Los legisladores aclararon que, si el titular falleció antes de la eventual sanción de la ley, los derechohabientes igualmente podrán solicitar el beneficio.
La adhesión a la “Reparación Histórica Malvinas” implica la renuncia a reclamos administrativos o judiciales por retroactivos vinculados a la pensión de guerra de la Ley 23848. El proyecto faculta al Poder Ejecutivo a reglamentar la norma en un plazo máximo de 60 días, tras lo cual la ley se considerará operativa y la certificación de los beneficiarios estará a cargo del Ministerio de Defensa. La ejecución y el pago quedarán bajo la órbita de la ANSES, organismo encargado de la seguridad social en Argentina.
El texto parlamentario surge tras un proceso de diálogo con agrupaciones de ex combatientes, como la Mesa de Coincidencias Malvinas, el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) La Plata y el Centro de Veteranos de Guerra de Malvinas (CEVECIM) Berisso. Los fundamentos del proyecto recuerdan que, tras el regreso de los soldados, el Estado demoró en implementar políticas de contención y reconocimiento para quienes participaron en el conflicto, situación que provocó graves consecuencias sociales y personales.
Los autores del proyecto remarcaron que en 1990 se sancionó la primera ley que otorgó una pensión graciable a los ex combatientes, aunque durante años el acceso al trabajo y la inserción social resultaron problemáticos. “Las secuelas que dejó el conflicto fue desbastadora, se estima que existieron la misma cantidad de bajas producidas en la guerra que en la posguerra”, detalla el texto, que también subraya la discriminación laboral y la falta de respuesta estatal en los primeros años de la democracia.
En los fundamentos, los diputados señalaron que recién a partir de 2004, con la gestión del presidente Néstor Kirchner, se inició un proceso de reconocimiento más activo hacia los ex combatientes, a través de decisiones políticas orientadas a reparar la deuda histórica con ese colectivo. Según la argumentación presentada, la propuesta busca ampliar ese camino y otorgar un reconocimiento económico adicional a quienes debieron afrontar el conflicto y la desprotección posterior, así como a las familias de quienes fallecieron.
El articulado contempla que si no existen derechohabientes directos, el beneficio podrá ser percibido por hijos mayores de edad, distribuyéndose de manera equitativa. El monto del beneficio se revisará periódicamente y la ANSES tendrá la responsabilidad de instrumentar los pagos. El Poder Ejecutivo, en tanto, podrá realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias para garantizar la implementación de la ley.
“El Estado tiene la obligación de reparar, reconocer y agradecer. Porque la soberanía se construye con memoria y el futuro exige justicia. Honrar a nuestros ex combatientes y a sus familias es defender la Argentina que queremos: con dignidad, con derechos y con un profundo sentido nacional y patriótico”, afirmó la diputada Victoria Tolosa Paz, una de las impulsoras.
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