POLITICA
La reforma de la ley de DNU: es ahora

En el medio de semanas informativamente convulsionadas, pasó desapercibida una noticia cardinal: hoy la Cámara de Diputados tiene en agenda tratar la reforma de la Ley 26.122 que ya aprobó el Senado. Si se aprobara, y el presidente Javier Milei no la vetara, la Argentina tendría una nueva ley que garantizaría un control real del Congreso sobre los decretos de necesidad y urgencia (DNU). A diferencia de la ley vigente, aprobada durante el mandato de Néstor Kirchner precisamente para facilitar el gobierno por decreto, el proyecto dictaminado en la Cámara Baja pone un plazo a los DNU: si no son aprobados por las dos cámaras en 90 días, se caen. Si se aprobara este proyecto, entonces, cambiaría drásticamente la manera en la que se gobierna la Argentina.
Una reforma de este tipo ha sido ansiada por los partidos que se jactan —con justicia o sin ella— de su compromiso republicano. En 2010, de hecho, la Cámara de Diputados sancionó un proyecto similar con el voto de Patricia Bullrich y Fernando Iglesias. Hoy, sin embargo, estos sectores se oponen a lo que entonces defendían. Su argumento es el siguiente: dado que otros presidentes han gozado de la libertad para gobernar por decreto que les daba la Ley 26.122, se debe garantizar lo mismo para Milei hasta el fin de su mandato. Debemos reformar esa ley —nos dicen— pero a ciegas, recién para el presidente que asuma en 2027.
En otra época, este argumento se contestaba solo: si algo está mal, está mal para todos, y debe remediarse apenas se pueda. La calidad institucional no es una competencia en la que haya que nivelar la cancha a lo largo del tiempo. Compensar al gobierno actual por las ventajas inconstitucionales que tuvieron los anteriores implicaría, por ejemplo, permitirle al Presidente perseguir periodistas o presionar jueces porque sus antecesores también lo hicieron. Se trata de la lógica de “Seño, empezó él” que en la mayoría de los ámbitos aprendemos a abandonar a una edad de un dígito.
Sin embargo, dado que el argumento anterior puede parecer algo naïf para esta época desembozada, me permitiré otro argumento algo más contingente. Modificar la Ley 26.122 con efecto inmediato se justifica no solamente porque es correcto en abstracto, sino también porque el gobierno de Milei ha sido el que más ha abusado de los DNU desde que esa ley existe.
Los números dan una pista: con la sola excepción del período de pandemia, y a un ritmo de casi uno por semana, Milei es el que proporcionalmente más DNU ha dictado desde que se aprobó la ley en 2006. Desde ya, este número por sí mismo no significa mucho: contar decretos no tiene sentido si no se analiza también su contenido y su contexto. Pues bien: el DNU 70, dictado a días de inaugurar su mandato, es, de lejos, el más extenso de la historia y deroga o modifica más de 80 leyes. Si cupiera alguna duda, ha sido el propio Milei quien ha usado este criterio cuantitativo para ufanarse de que el DNU 70 había sido la “reforma estructural más grande de la historia”.
No se trata, por supuesto, de un mero conteo aritmético, sino de una diferencia cualitativa. Milei ha reformado por DNU todo lo que ha podido, y -con poquísimas excepciones- todos los proyectos que ha enviado al Congreso versaban sobre temas tributarios, penales o electorales (es decir, precisamente los temas que están excluidos de los DNU). El Congreso, como se ve, ha pasado a ser un obstáculo a evitar.
Precisamente por esto, Milei ha reformado por DNU normas de carácter permanente que presidentes anteriores no habían osado modificar más que en algún aspecto puntual. Ha reformado, por ejemplo, artículos troncales del Código Civil y Comercial, debatido por expertos durante años a lo largo del país. Ha modificado la Ley de Nacionalidad, de 1869, para dificultar la adquisición de la ciudadanía argentina. Ha modificado la Ley de Sociedades, el Código Aduanero, el Código Aeronáutico, la Ley de Contrato de Trabajo. También ha excedido lo que puede hacerse por DNU, autorizándose a sí mismo a cosas a las que sólo puede autorizarlo el Congreso: a salir del país, a permitir el ingreso de tropas extranjeras, a tomar deuda con el Fondo Monetario Internacional. En todo esto, Milei ha incrementado, y en mucho, la ya creciente tendencia al abuso de la herramienta.
De todos modos, no se trata solamente de lo que el gobierno ha hecho sino de cómo lo han justificado. A diferencia de gobiernos anteriores, los DNU ya no son presentados como un último recurso o un mal necesario. En el gobierno de Milei existe una jactancia de actuar por decreto para superar su minoría parlamentaria (como si ésta fuese una desgracia de la naturaleza y no resultado de la decisión del electorado al votar senadores y diputados). Cuando se dictó el DNU 70, el hoy ministro Federico Sturzenegger explicó que habían decidido dictarlo como DNU (y no enviarlo al Congreso) para dar una “imagen de cambio de régimen”: en el nuevo “régimen”, se ve, no se negocia ni se argumenta, se actúa con la lógica de los hechos consumados. Por la misma época, explicó que lo único que detendría el dictado de DNU sería afectar los temas prohibidos: “¿Se abordan temas tributarios, penales, electorales o de partidos políticos? No. Listo. Cerrado el tema”, arengó.
Por estos motivos, entonces, el país necesita un nuevo régimen de control de los DNU. No hay motivo para esperar a un próximo gobierno: el abuso de los DNU debe ser detenido hoy, que existen las mayorías e incentivos para hacerlo. En el debate parlamentario de 2010, cuando votó por su control más estricto, Bullrich celebró la aprobación de “una nueva ley de regulación de los DNU que nos limite a todos: a los que gobiernan y a aquellos que gobernemos este país, si el pueblo quiere”. Hoy que el pueblo quiso, seguramente honrará la lógica impecable de aquel momento. Salvo, claro, que rece en nombre de las instituciones argentinas la famosa oración de San Agustín: “Señor, hazme casto, pero todavía no”.
Sebastián Guidi es profesor de derecho constitucional (Universidad Torcuato Di Tella) y de derechos fundamentales (Universidad de San Andrés)
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POLITICA
Patricia Bullrich: “La Justicia no puede interponerse sobre la voluntad de los legisladores”

“La Justicia no puede interponerse sobre la voluntad de los legisladores”. La advertencia de Patricia Bullrich coloca en primer plano la tensión por eventuales impugnaciones legales a la reforma laboral que avanza hacia una definición clave en el Senado argentino, donde está previsto que se decida sobre los cambios impulsados por la Cámara de Diputados.
El proceso ha sido calificado como “una construcción muy democrática de esta ley” y, según la senadora, el objetivo es que “la Argentina amanezca con un, un nuevo paradigma laboral que nos permita […] a los argentinos concentrarnos en que empresas y trabajadores puedan lograr […] conciliación, convivencia y buenas prácticas”.
De acuerdo con Bullrich, el cronograma parlamentario establece que la reforma será votada el viernes: “El viernes se debate la reforma laboral, el jueves el régimen Penal Juvenil y Mercosur, así que tenemos una agenda importante”.
En cuanto a las expectativas de cumplir todos los plazos antes del 1 de marzo, día del discurso del presidente Javier Milei ante la Asamblea Legislativa por la apertura del período de sesiones ordinarias, la legisladora sostuvo una visión optimista: “Esperemos que sí, esperemos que eso sea lo que logremos. Creemos que acá se ha armado un equipo muy sólido, de grupos […] reformistas, de un equipo reformista que quiere ayudar a que la, el país se reforme y aportar, porque ha tenido […] aportes de todos, de la Unión Cívica Radical, del PRO, de los bloques provinciales”.
Bullrich habló antes de ingresar al Senado para participar de la reunión del plenario de Trabajo y Presupuesto, donde se deberá formalizar la eliminación del artículo 44 de la reforma laboral votada ayer en la Cámara de Diputados.
El jueves, de acuerdo a lo que anticipó Bullrich, se discutirá la ley penal juvenil -que tuvo aprobación en Diputados-, la aprobación de la designación de Fernando Iglesias como embajador en Bélgica y ante la Unión Europea, y la denominada Ley de Glaciares.
El viernes próximo, en tanto, está previsto que se lleve al recinto la reforma laboral, el proyecto que tuvo anoche una aprobación de Diputados. La Cámara baja modificó la redacción original que la semana pasada había aprobado el Senado. Al eliminar el artículo 44, la iniciativa debe volver en revisión a la Cámara de origen. De acuerdo a los cálculos que tiene el Gobierno, el proyecto no tendrá inconvenientes para convertirse en ley.
También, ese mismo día, está prevista la discusión del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, que tuvo ya en Diputados una aprobación holgada, incluso con votos peronistas.
Tanto para la reforma laboral como la baja de la edad de imputabilidad y el acuerdo comercial con Europa, el Gobierno consiguió apoyo de legisladores del peronismo, por lo que el oficialismo descarta que en la Cámara alta no habrá complicaciones para conseguir la aprobación.
La única fuerza que se opuso en todas las iniciativas que llevó el Gobierno a las sesiones extraordinarias fue el sector de Unión por la Patria que está alineado y responde al liderazgo de Cristina Kirchner, presidenta del PJ Nacional y que cumple una condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua por la “Causa Vialidad”.
El Senado ya había aprobado con 42 votos en general y 38 en particular la reforma laboral. Por eso, en la sesión del viernes próximo, La Libertad Avanza descuenta que se repetirá el mismo escenario. Más aun, porque la Cámara alta podrá votar de manera más rápida si acepta o no el cambio que se ejecutó en la Cámara baja.
En concreto, los diputados, con acuerdo el oficialismo, removieron el artículo 44 que tenía la limitación del pago de las licencias médicas.
POLITICA
Roberto Baradel se sumó al paro docente contra el Gobierno de Axel Kicillof

Este 2 de marzo comienza el ciclo lectivo 2026 en la provincia de Buenos Aires, aunque este podría posponerse un día debido a la huelga que preparan los sindicatos docentes a nivel provincial contra el Gobierno de Axel Kicillof.
A esta medida de fuerzo se sumó el gremio docente más grande, que es el Suteba, dirigido por el polémico Roberto Baradel. Lo que le da al paro una magnitud imprevista frente al Gobierno bonaerense.
Tras dos semanas de negociaciones sin acuerdo en la paritaria, los gremios que integran el Frente de Unidad Docente Bonaerense -FEB, Suteba, Amet, Sadop y Udocba – confirmaron una huelga para el 2 de marzo, fecha prevista para el inicio de clases. La medida impacta sobre millones de estudiantes de todos los niveles educativos de la provincia.
El Gobierno de Axel Kicillof financió al Grupo Indalo con más de $7 mil millones en 2025
El conflicto se activo luego de que los gremios rechazaran la propuesta oficial de incremento salarial y anticipara medidas de fuerza. La decisión, inicialmente de la FEB, terminó arrastrando al resto de las organizaciones.
Suteba es el más grande de estos sindicatos, y su decisión de sumarse al paro supone un quiebre en la alianza de este gremio y el Gobierno de Kicillof.
Además de criticar al Gobierno Nacional por la eliminación del Fondo de Incentivo Docente (FONID), se da frente a lo que los gremios consideran como ofertas salariales insuficientes por parte del Ejecutivo bonaerense. La propuesta oficial contemplaba un aumento del 3% para febrero, lo que llevaba el salario inicial de un maestro a 760 mil pesos y superaba los 1,5 millones de pesos para los de jornada completa.
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El Gobierno busca aplacar las internas por la reforma laboral con la sanción de la ley en el Senado

Luego de varias idas y vueltas, el Gobierno finalmente quitó de la reforma laboral el artículo referido a las licencias médicas, el cual había generado críticas por parte de distintos sectores de la oposición, y el proyecto quedó a un paso de ser aprobado en el Congreso, aunque continúa el ruido interno por la decisión de haber sumado en un principio ese apartado.
Cuando se inició la polémica, las autoridades nacionales primero salieron públicamente a defender la medida que se había incorporado al texto original 48 horas antes de su votación en el Senado.
Uno de los referentes del Gabinete que lo hizo fue el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien justificó la reducción del salario al 50% por parte de los privados en determinadas situaciónes, al argumentar que “si te lastimaste jugando al fútbol, la empresa no tuvo nada que ver” y, por lo tanto, no debe afrontar toda la carga que demanda tener un empleado menos durante su recuperación.
Sin embargo, en los pasillos de la Casa Rosada reconocían que se trató de un error por parte del oficialismo y al poco tiempo anticiparon que esa iniciativa iba a ser eliminada antes del debate en la Cámara de Diputados, lo que efectivamente sucedió.

Incluso, en los pasillos de la Casa Rosada responsabilizaron directamente a Sturzenegger, al considerar que con esas declaraciones “se mandó una de más, como siempre”, porque esos dichos habrían provocado el malestar contra las modificaciones en las licencias médicas.
En tanto, consultados por Infobae sobre esta interna, en el entorno del funcionario aseguraron que estaban “tranquilos” y que iban a continuar trabajando en todos los temas que están en agenda.
Además, aseguraron que la inclusión de este artículo la reforma laboral no fue un pedido de esta cartera: “No estaba en el proyecto que envió el Poder Ejecutivo. Por ende, está claro aue no es algo que se impulso desde el Gobierno o el Ministerio”, señalaron.
Lo cierto es que la medida fue sumada poco antes de que el texto recibiera media sanción del Senado, y establecía que, “en caso de sufrir un accidente o una enfermedad que no sea consecuencia de la prestación de tareas derivadas del contrato de trabajo, y que impida dicha prestación, el trabajador tendrá derecho a percibir el 50% de su remuneración”, siempre que esa condición “fuera producto de una actividad voluntaria y consciente”
Asimismo, se remarcaba que, “si la imposibilidad de trabajar no fuera producto de una actividad voluntaria y consciente del trabajador sobre el riesgo en la salud, percibirá el 75% de tal remuneración”.
Ante la presión de los bloques aliados y de algunos gobernadores, La Libertad Avanza optó por quitar todo este apartado antes de que la medida fuera votada en Diputados, lo que obligó a que el texto volviera al Senado, que lo tratará el viernes que viene, por lo que se demoró su sanción definitiva.
“No pedimos nada de ese artículo. Es más, la UIA (Unión Industrial Argentina) ya manifestó que ellos tenían propuestas sobre ese tema y la decisión consensuada era la de no hacer cambios sobre el proyecto enviado. No vino de nosotros”, insisten desde el lado de Sturzenegger.
En una entrevista en Infobae en vivo, el presidente de esa entidad, Martín Rappallini, lamentó que se haya retirado esa iniciativa y opinó que “es un tema muy complejo, porque hay muchas variables”.
Efectivamente, el empresario contó que la cuestión fue analizada durante las reuniones del Consejo de Mayo, mesa de trabajo impulsada por el Ejecutivo y en la que comparte un lugar junto al ministro.
“Nosotros habíamos planteado en algún momento que fuera el 100% no remunerativo, sin cargas, para que el Estado se hiciera cargo”, detalló.
Por su parte, tras la interna, Sturzenegger se encuentra ahora abocado a otras tareas que tenía en agenda, como la preparación de las normas que se tienen que implementar para que pueda comenzar a regir el acuerdo comercial entre la Argentina y los Estados Unidos.

La administración libertaria se comprometió en ese tratado a adaptar la legislación local y también adoptar una serie de puntos para facilitar el intercambio de bienes y servicios con Washington.
De acuerdo con lo que precisaron a este medio fuentes de la cartera de Desregulación, “no todas estas medidas son leyes”, sino que en algunas ocasiones “solo implica cambios normativos de menor nivel”.
En esos casos, las modificaciones necesarias podrían hacerse “a través de Decretos o incluso Resoluciones”, en los cuales ya está trabajando el funcionario desde la firma del acuerdo.
De todas formas, el convenio tiene todavía que ser aprobado en el Congreso, pero su debate se demoraría hasta el mes próximo. Esta semana será la última semana de las sesiones extraordinarias y los diputados y senadores tienen varios temas en agenda.
Luego de la aprobación de la reforma laboral del jueves pasado, el proyecto terminará de ser discutido en la Cámara alta el viernes próximo, junto con el nuevo régimen penal juvenil y el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea.
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